A finales de 2009, José Carlos Lorenzo Janeiro transfirió más de un millón 80 mil pesos a la cuenta de Celestino Ruiz Aguirre. La transacción se hizo como pago por varias decenas de cajas de licor importado, pero las botellas nunca se entregaron. Luego de no recibir el producto, en marzo de 2010, Lorenzo Janeiro presentó ante la Fiscalía de Puebla una denuncia por el delito de fraude.
[contextly_sidebar id=”s3wMWjAfxaoYj4A7lygjqfaLsUo2Dxw5″]Siete años después, y a pesar de que ha presentado pruebas y de que incluso la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla) intervino en dos ocasiones ante la inacción de la Fiscalía del estado, la justicia no ha llegado para José Carlos Lorenzo Janeiro.
Este es un caso que sirve para ejemplificar las fallas en la impartición de justicia en Puebla.
Datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, muestran que Puebla, junto con la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo encabezan el ranking de entidades en las que la gente no denuncia por causas atribuibles a la autoridad, en porcentajes que van de 64.9 a 76.5%.
En Puebla, el fraude es el segundo delito con la tasa negra más alta, 95.1%, lo que significa que solo 5 de cada 100 casos son denunciados. Y uno de ellos es el de José Carlos Lorenzo Janeiro.
Los retrasos de la Fiscalía de Puebla
Lorenzo Janeiro presentó la denuncia el 26 de julio de 2010, como una “querella” (es decir una acción vinculatoria a una acción penal), pero la agente del Ministerio Público a cargo de la mesa matutina de la Séptima Agencia Investigadora, María Guadalupe Marín Loeza, la registró como una “constancia de hechos”, por lo que el demandante tuvo que esperar hasta el 12 de octubre, para que la denuncia se convirtiera en una Averiguación Previa.
Ese fue el primer escollo, pero vendrían muchos más.
“La MP me hacía dar de vueltas, me decía que la información de la Ciudad de México no había llegado. Cuando hablé a la PGJDF para preguntar por la información me dijeron que ya la habían mandando y me dieron el talón de embarque con los documentos que se enviaron”.
José Carlos esperó unos días y volvió a la Fiscalía de Puebla para encontrarse con la misma respuesta: “No, nos han llegado”, por lo que le mostró la copia del talón de embarque a la agente del Ministerio Público, quien tomó los papeles, salió de la oficina y un rato después regresó diciendo que ya los tenían, que había habido una confusión.
Sin embargo, ante el retraso en la integración del expediente, José Carlos Lorenzo Janeiro acudió a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, para presentar una denuncia contra la Procuraduría estatal y los funcionarios a cargo. La queja entró en conciliación y meses después se le notificó que la dependencia ya la había aceptado, que le darían agilidad a su caso.
“A Marín Loeza, la MP a cargo, le quitaron del caso. Un día que iba a entrando a la dependencia me la encontré en los pasillos y ella con total prepotencia me dijo ‘para su información el expediente ni lo leí, ahí está arrinconado’”.
Lee: Empresario denunció fraude hace 6 años y la PGJCDMX apenas va a investigar, obligada por un juez.
Cuando el caso finalmente llegó a un juzgado, el Segundo de lo Penal, la primera reacción de la juez a cargo fue rechazar el expediente por que estaba mal integrado.
Aunque la primera intervención de la CDH logró la remoción de la agente del MP, tampoco ayudó a darle celeridad, porque la denuncia sigue estancada. Hasta el momento la Fiscalía de Puebla no ha liberado las órdenes de aprehensión.
Ante eso, José Carlos recurrió de nueva cuenta a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, para tratar de agilizar la respuesta.
Se inició una nueva conciliación pero la dependencia ha ignorado los citatorios.
La CDH Puebla documentó que tras más de 1 año 6 meses, la agencia de investigación no ha cumplido con su obligación de detener al acusado.
Además, no pudo demostrar que se hubiera pedido la colaboración de las 32 entidades del país y que la petición que se hizo a la Interpol para que interviniera no se le dio seguimiento necesario, pues no se entregó la información que pidió la organización internacional para emitir la alerta roja.
Por ello, la CDH notificó de la queja y la propuesta de conciliación a la Fiscalía desde el pasado 20 de abril, y estableció un plazo de seis días naturales para respondiera a esos oficios, y hasta el pasado 27 de mayo, es decir, más de un mes después, no se había recibido respuesta, como reconoció el organismo de los derechos humanos a Animal Político.
De acuerdo con el reglamento de la CDH (artículo 102), lo que sigue es iniciar el proceso para emitir una recomendación.
Las recomendaciones a la Fiscalía de Puebla no son una novedad. De 2010 a mayo de 2017, la dependencia estatal acumula 75 recomendaciones, y es la institución que ha recibido más señalamientos por violación a los derechos humanos.
De ese total, 64% de las recomendaciones que ha recibido son por violaciones al derecho a la Seguridad jurídica, es decir la misma categoría en la que se encuentra la queja de Lorenzo Janeiro.
“Mi expediente entró a la Fiscalía cuando aún estaba el edificio antiguo, ya lo tumbaron y lo volvieron a levantar (en enero de 2014) y mi caso sigue ahí adentro, sin resolución. Entró cuando Marín era el gobernador, y ya hasta se fue Moreno Valle y llegó (Antonio) Gali y nada ha cambiado”, lamenta el empresario.
Aunque se pidió a la Fiscalía del Estado de Puebla una postura sobre la denuncia, las conciliaciones y la falta de respuesta a la CDH de la entidad desde el pasado 29 de mayo, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.
