México reprueba en readaptación social: Más de la mitad de reos federales vuelve a delinquir
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Cuartoscuro

México reprueba en readaptación social: Más de la mitad de reos federales vuelve a delinquir

Una auditoría de desempeño realizada por la ASF reveló que hace falta personal, capacitación e indicadores para evaluar los resultados de los programas de readaptación social a nivel federal.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel
7 de julio, 2017
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La readaptación social en el país, por lo menos en el nivel penitenciario federal, es prácticamente inexistente. Más de la mitad de los reos federales sentenciados son reincidentes, cifra que ha aumentado en los últimos años, y aunque miles de internos reciben tratamientos de rehabilitación menos del 2 % obtienen el beneficio de la preliberación.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una revisión del desempeño a los resultados de las políticas de readaptación implementadas en el sistema penitenciario federal, que concluyó que los tratamientos brindados muestran “poco avance en esta materia”.

De acuerdo con la auditora, al cierre de 2016, existía una población de 11 mil 892 reos reincidentes, lo que equivale a 52.3% de toda la población recluida (22 mil 747 personas procesadas y sentenciadas por delitos federales).

Del total de reos reincidentes en el país, 7.2% volvió a la cárcel entre 2014 y 2016.

A consideración de la ASF, los programas de readaptación social existen pero parecen tener poca efectividad, esto a pesar de que el gobierno federal acreditó que dio distintos tipos de tratamiento a 17 mil 324 reos federales sentenciados.

El problema es que sólo 273 reos que recibieron los tratamientos de readaptación social, que equivalen a 1.6%, recibieron un beneficio de libertad anticipada. Es decir, 98 % restante recibieron los tratamientos pero realmente no lograron reinsertarse en la sociedad.

Lee: ¿Cuánto pagan los presos mexicanos por sobrevivir en las cárceles?

Otro indicador negativo identificado por la ASF es la recaptura de 172 personas que habían obtenido un beneficio de libertad anticipada en los últimos años. En todos los casos, los internos habían pasado por un procedimiento de readaptación social.

“Se trata de indicadores que evidencian la limitada efectividad de los tratamientos de reinserción social pues las personas vuelven a delinquir”, advirtieron los auditores.

El desorden de la readaptacion social

En su análisis, los auditores encontraron que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), operador del sistema penitenciario federal, carece de un programa de reinserción social integral, coordinado y bien articulado.

Lo que priva en el sistema penitenciario es el desorden en las estrategias, lo que afecta su efectividad, indicaron.

“El OADPRS no dispuso de la evidencia documental sobre la elaboración, en 2016, de un programa integral de reinserción social; y las unidades administrativas del OADPRS, en su respectivo ámbito de actuación, realizaron actividades orientadas hacia la reinserción social de los sentenciados federales, pero de manera aislada y desarticulada”, evidenció la ASF.

Los auditores también verificaron que las estrategias de reinserción implementadas y sustentadas en actividades sociales, laborales, culturales y deportivas carecen de bases y etapas que faciliten su evaluación.

Con motivo de las observaciones iniciales, las autoridades penitenciarias presentaron una estrategia asentada en cuatro etapas.

Prison Art: la moda que llega desde las cárceles de México.

Aunque no se detallaron todas esas fases, se explicó que la primera de ellas consistiría en la conformación de un plan de actividades que ordene las actividades con tiempos bien definidos; La segunda fase sería la aplicación y evaluación de dicho plan por un periodo inicial de seis meses.

De acuerdo con la ASF, el problema es que se trata de una estrategia que, al menos por el momento, no ha pasado del papel, puesto que no ha sido aprobada por la Secretaría de Gobernación. Esto sumado a que no existe un presupuesto específico para ejecutarla.

En ese contexto, la Auditoría emitió una recomendación formal de desempeño al OADPRS para que “se investiguen las causas por las que aún se encuentra como ante proyecto el Modelo de Reinserción Social y, con base en los resultados que obtenga, diseñe un programa de trabajo que considere todas las gestiones necesarias para que se autorice y aplique el modelo referido”.

Faltan manos, capacitación dudosa

La ASF revisó los recursos humanos con los que se cuenta a nivel federal para apoyar en la reinserción social de la población penitenciaria y descubrió que son insuficientes.

El dictamen establece que el OADPRS cuenta con dos mil 867 plazas disponibles relacionadas con el proceso de reinserción social,  pero solamente 76% de ellas se encuentran ocupadas. No se releva en el documento si existe alguna explicación para esto.

Los auditores también verificaron la capacitación del personal en materia de reinserción social. En esta área el plan de las autoridades consistió en 273 actividades académicas de actualización para atender a 9 mil 270 servidores públicos. Previo a ello se hizo un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación, el nivel de conocimiento y el número de personas a atender.

Aunque lo anterior es adecuado, el dictamen estableció que no existen indicadores ni resultados que permitan evaluar si la capacitación se realizó de forma correcta y si los conocimientos impartidos están teniendo un impacto positivo en la población penitenciaria.

En este contexto, la ASF hizo una observación al OADPRS para que se investiguen las causas por las que no se cuenta con los resultados de los avances en capacitación y se implemente de inmediato el mecanismo para ello.

Los auditores también identificaron que aunque hay un programa presupuestario relacionado específicamente con “lograr la reinserción social de los reos”,  las autoridades no aportan datos que permitan medir como se le está dando cumplimiento al mismo.

Persiste saturación y recorte

Pese a la construcción de nuevos centros penitenciarios en los últimos años, las condiciones de hacinamiento persisten en el sistema penitenciario del país y el mayor problema lo tienen las cárceles locales.

De acuerdo con la ASF, al cierre de 2016 había 157 centros penitenciarios estatales con problemas de sobrepoblación, pues aunque solo tienen espacio para albergar 106 mil 247 internos en realidad hay 153 mil 539 personas recluidas en los mismos. Esto representa una saturación de casi 45%.

En cambio, hay otros 222 centros penitenciarios que tienen espacio para albergar a 103 mil criminales, pero solo hay 79 mil 930 internos, por lo que operan al 77 %.

Leer: Sobrepoblación desborda a prisiones estatales; en penales federales hay 10 mil lugares disponibles

De acuerdo con los auditores, la sobrepoblación se debe a que la legislación penal actual ya no marca que un reo acusado de delitos federales necesariamente tenga que recluirse en un penal federal, y por el contrario, la prioridad es que se encuentre en un centro cercano a su lugar de residencia.

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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