[contextly_sidebar id=”WdSztiZCGw3ApkdpSHhlcMDGWGo6Z1cX”]La readaptación social en el país, por lo menos en el nivel penitenciario federal, es prácticamente inexistente. Más de la mitad de los reos federales sentenciados son reincidentes, cifra que ha aumentado en los últimos años, y aunque miles de internos reciben tratamientos de rehabilitación menos del 2 % obtienen el beneficio de la preliberación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una revisión del desempeño a los resultados de las políticas de readaptación implementadas en el sistema penitenciario federal, que concluyó que los tratamientos brindados muestran “poco avance en esta materia”.
De acuerdo con la auditora, al cierre de 2016, existía una población de 11 mil 892 reos reincidentes, lo que equivale a 52.3% de toda la población recluida (22 mil 747 personas procesadas y sentenciadas por delitos federales).
Del total de reos reincidentes en el país, 7.2% volvió a la cárcel entre 2014 y 2016.
A consideración de la ASF, los programas de readaptación social existen pero parecen tener poca efectividad, esto a pesar de que el gobierno federal acreditó que dio distintos tipos de tratamiento a 17 mil 324 reos federales sentenciados.
El problema es que sólo 273 reos que recibieron los tratamientos de readaptación social, que equivalen a 1.6%, recibieron un beneficio de libertad anticipada. Es decir, 98 % restante recibieron los tratamientos pero realmente no lograron reinsertarse en la sociedad.
Otro indicador negativo identificado por la ASF es la recaptura de 172 personas que habían obtenido un beneficio de libertad anticipada en los últimos años. En todos los casos, los internos habían pasado por un procedimiento de readaptación social.
“Se trata de indicadores que evidencian la limitada efectividad de los tratamientos de reinserción social pues las personas vuelven a delinquir”, advirtieron los auditores.
El desorden de la readaptacion social
En su análisis, los auditores encontraron que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), operador del sistema penitenciario federal, carece de un programa de reinserción social integral, coordinado y bien articulado.
Lo que priva en el sistema penitenciario es el desorden en las estrategias, lo que afecta su efectividad, indicaron.
“El OADPRS no dispuso de la evidencia documental sobre la elaboración, en 2016, de un programa integral de reinserción social; y las unidades administrativas del OADPRS, en su respectivo ámbito de actuación, realizaron actividades orientadas hacia la reinserción social de los sentenciados federales, pero de manera aislada y desarticulada”, evidenció la ASF.
Los auditores también verificaron que las estrategias de reinserción implementadas y sustentadas en actividades sociales, laborales, culturales y deportivas carecen de bases y etapas que faciliten su evaluación.
Con motivo de las observaciones iniciales, las autoridades penitenciarias presentaron una estrategia asentada en cuatro etapas.
Aunque no se detallaron todas esas fases, se explicó que la primera de ellas consistiría en la conformación de un plan de actividades que ordene las actividades con tiempos bien definidos; La segunda fase sería la aplicación y evaluación de dicho plan por un periodo inicial de seis meses.
De acuerdo con la ASF, el problema es que se trata de una estrategia que, al menos por el momento, no ha pasado del papel, puesto que no ha sido aprobada por la Secretaría de Gobernación. Esto sumado a que no existe un presupuesto específico para ejecutarla.
En ese contexto, la Auditoría emitió una recomendación formal de desempeño al OADPRS para que “se investiguen las causas por las que aún se encuentra como ante proyecto el Modelo de Reinserción Social y, con base en los resultados que obtenga, diseñe un programa de trabajo que considere todas las gestiones necesarias para que se autorice y aplique el modelo referido”.
Faltan manos, capacitación dudosa
La ASF revisó los recursos humanos con los que se cuenta a nivel federal para apoyar en la reinserción social de la población penitenciaria y descubrió que son insuficientes.
El dictamen establece que el OADPRS cuenta con dos mil 867 plazas disponibles relacionadas con el proceso de reinserción social, pero solamente 76% de ellas se encuentran ocupadas. No se releva en el documento si existe alguna explicación para esto.
Los auditores también verificaron la capacitación del personal en materia de reinserción social. En esta área el plan de las autoridades consistió en 273 actividades académicas de actualización para atender a 9 mil 270 servidores públicos. Previo a ello se hizo un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación, el nivel de conocimiento y el número de personas a atender.
Aunque lo anterior es adecuado, el dictamen estableció que no existen indicadores ni resultados que permitan evaluar si la capacitación se realizó de forma correcta y si los conocimientos impartidos están teniendo un impacto positivo en la población penitenciaria.
En este contexto, la ASF hizo una observación al OADPRS para que se investiguen las causas por las que no se cuenta con los resultados de los avances en capacitación y se implemente de inmediato el mecanismo para ello.
Los auditores también identificaron que aunque hay un programa presupuestario relacionado específicamente con “lograr la reinserción social de los reos”, las autoridades no aportan datos que permitan medir como se le está dando cumplimiento al mismo.
Persiste saturación y recorte
Pese a la construcción de nuevos centros penitenciarios en los últimos años, las condiciones de hacinamiento persisten en el sistema penitenciario del país y el mayor problema lo tienen las cárceles locales.
De acuerdo con la ASF, al cierre de 2016 había 157 centros penitenciarios estatales con problemas de sobrepoblación, pues aunque solo tienen espacio para albergar 106 mil 247 internos en realidad hay 153 mil 539 personas recluidas en los mismos. Esto representa una saturación de casi 45%.
En cambio, hay otros 222 centros penitenciarios que tienen espacio para albergar a 103 mil criminales, pero solo hay 79 mil 930 internos, por lo que operan al 77 %.
De acuerdo con los auditores, la sobrepoblación se debe a que la legislación penal actual ya no marca que un reo acusado de delitos federales necesariamente tenga que recluirse en un penal federal, y por el contrario, la prioridad es que se encuentre en un centro cercano a su lugar de residencia.
