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Cuartoscuro

Sin resolver 7 de cada 10 casos en nuevo sistema por incapacidad para investigar, admite la PGR

Un diagnóstico de la PGR revela que la mediación en el nuevo sistema penal no se aplica, falta personal especializado y priva el desorden en normas y sistemas.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel @arturoangel20
12 de julio, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.

Y de los casos que si logra “resolver”, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.

Así lo revela un diagnóstico oficial realizado por la PGR sobre su desempeño en el nuevo sistema penal acusatorio, en el que se reconoce que la dependencia está rebasada por las exigencias de la nueva norma.

Entre las fallas destaca la saturación que tienen de casos por la incapacidad para investigarlos y resolverlos.

El documento, firmado por el propio procurador Raúl Cervantes y que obtuvo Animal Político vía una solicitud de transparencia, hace un corte de caja del destino que han tenido las carpetas de investigación abiertas  entre noviembre de 2014 —cuando se comenzó a implementar el nuevo sistema a nivel federal— y diciembre de 2016.

En ese lapso se abrieron 63 mil 59 carpetas de investigación en los Ministerios Públicos Federales, de las cuales solo en 34.4%, que son 21 mil 728 casos, se ha tomado alguna determinación.

Las restantes 41 mil 331 carpetas de investigación se encuentran pendientes de determinación. Esto supone, según el análisis oficial, que 65.5% de los asuntos que ha conocido la PGR en los últimos dos años “se encuentran sin decisión alguna”.

“De los datos anteriores se percibe que una de las causas probables por las que no se atienden los asuntos puede encontrarse en una debilidad en las habilidades de investigación que impide una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución, aun en aquellos iniciados con detenido”, señala el diagnóstico denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia”.

El documento de la PGR reconoce que, en el mejor de los casos, las carpetas donde hay personas detenidas desde un inicio son los que se resuelven en mayor medida. El problema es que estos casos apenas representan 19% de todas las averiguaciones abiertas a nivel federal.

“Las investigaciones que se realizan sin detenido no terminan por identificar a los presuntos responsables de los hechos que se persiguen, dejando las carpetas de investigación sin actuaciones que permitan resolverlas en algún sentido”, subraya el diagnóstico.

Prevalece la impunidad con el nuevo sistema

La Procuraduría reportó que en el periodo de análisis, el Ministerio Público logró tomar una determinación en 21 mil 728  carpetas de investigación. Pero los datos oficiales evidencian que de esos casos “resueltos” son una minoría los que terminan con una acusación ante el juez o con un acuerdo que beneficie a las víctimas.

De acuerdo con el desglose, hay 9 mil 857 carpetas en las que la resolución del Ministerio Público fue enviar el caso al “archivo temporal”, mientras que en 8 mil 380 casos lo que se determinó fue el “no ejercicio de la acción penal” al no haber pruebas suficientes, y en 114 ejerció una facultad de “abstenerse de investigar”. Se trata de 84% de los casos.

En tanto, hay 3 mil 126 casos en los que se consignó la averiguación ante el juez y se resolvió el caso sin llegar al juicio oral por un acuerdo entre las partes; hay otros 60 casos que sí llegaron a un juicio oral y 40 resueltos durante el proceso.

Solamente en 151 casos, la PGR consiguió resolver el caso mediante los mecanismos alternativos que contempla el nuevo sistema penal, lo que representa apenas a 0.6% de los casos resueltos.

La Procuraduría reconoció que la mayor parte de las carpetas de investigación que se han resuelto corresponden a casos en los que hay una persona detenida, es decir, se depende en gran medida de que las policías o los militares presenten el caso ya con el probable responsable. De lo contrario los resultados son escasos.

Animal Político publicó el 28 de junio que, de acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, 85% de los casos consignados por la PGR ante jueces federales son hechos en flagrancia y no corresponden a investigaciones.

“Es posible inferir que la efectividad de la conducción de la investigación en la procuración de justicia en el ámbito federal se supedita principalmente a la detención en flagrancia y puesta a disposición de parte del primer respondiente (policías o militares) ante el Ministerio Público de la Federación” señala el diagnóstico.

Fallas y carencias

El análisis de la PGR reconoce que los pobres resultados en la resolución de los casos obedecen a deficiencias en la investigación que fueron heredadas del sistema penal anterior y que poco o nada han cambiado luego de que entró en funcionamiento el nuevo sistema penal con herramientas que no se están aprovechando.

Por ejemplo, se establece que los Ministerios Públicos no están usando las herramientas de análisis e investigación que proveen las Unidades de Análisis Criminal instaladas en todas las delegaciones de PGR y que contienen datos que podrían ayudar en la investigación de los casos.

La mediación, que ayudaría a resolver casos antes de llegar al juez, prácticamente no se busca ni se aplica. Una de las causa es que los “facilitadores, que son personas especializadas en impulsar este tipo de soluciones, no cuentan con un perfil adecuado.

“Las carencias que presentan los facilitadores no se resuelven con la capacitación que se les está dando. La formación continua que reciben dista mucho de ser la adecuada para el cabal desempeño de su labor, pues no garantiza el fomento de las habilidades que requiere un facilitador”, dice el análisis.

A esto se suma que apenas 4 de las 35 unidades de mediación que la PGR instaló en el país cuenta con salas de conciliación. Y aunque 31 unidades cuentan con un espacio físico, dichos espacios “no cumplen siquiera con los requerimientos mínimos establecidos en el modelo arquitectónico de la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma”.

Los protocolos de mediación también son inexistentes, reconoce la PGR.

La Procuraduría señala que los recursos humanos con los que cuenta son insuficientes para las exigencias del nuevo sistema penal, sobre todo por debilidades en la capacitación, la cual es calificada como “aislada y disociada”

Un problema que agrava esto, reconoce el documento del procurador Raúl Cervantes, es que 1 de cada 3 fiscales de la PGR llegan al puesto por “designaciones especiales”, es decir, no son funcionarios profesionales provenientes del servicio.

No sólo eso. La PGR detectó que hay un total desorden en normas internas que rigen el funcionamiento de la dependencia, pues se han emitido un sinfín de circulares que carecen de la mínima organización.

Los sistemas tecnológicos, que son clave en el nuevo sistema, también se encuentran aislados entre distintas áreas de la propia PGR sin que haya al menos una comunicación entre todos, y sin que cuenten con una protección adecuada.

“Esto ha traído como consecuencia que los sistemas sean funcionales para la operación específica para la que fueron diseñados pero que no responden a las condiciones mínimas de seguridad, trazabilidad, comunicación entre sistemas ni alimento de información a una sola base de datos estructurada”.

Finalmente se identifican unas condiciones laborales desfavorables para el personal de base de la Procuraduría, pues no hay políticas claras de desarrollo, lo peor es en el área de servicios periciales donde no hay ninguna posibilidad de mejora, ni siquiera salarial, lo que desincentiva el desarrollo de un trabajo adecuado.

En este contexto, el diagnóstico concluye que es urgente el diseño de “un nuevo modelo de arquitectura institucional” que haga posible afrontar las exigencias del nuevo sistema penal, pues el actual no responde a la tarea de procurar justicia pronta y expedita.

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Juan Sánchez, el empresario de origen mexicano que ganó millones con la detención de niños migrantes en EU

Juan Sánchez, exdirector ejecutivo de Southwest Key, la mayor red de refugios para niños migrantes en EU, renunció a su cargo tras ser acusado de recibir millonarios pagos. Sánchez dice que ha sido criticado injustamente.
6 de septiembre, 2019
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Juan Sánchez dirigió durante más de 30 años una organización sin fines de lucro que él mismo fundó: Southwest Key, que en la actualidad controla la mayor red de centros para niños migrantes detenidos en Estados Unidos.

Más de 4.500 menores no acompañados permanecen en 26 refugios que tiene la organización en Arizona, California y Texas, incluyendo un supermercado Walmart que fue remodelado para ese fin bajo el nombre de Casa Padre.

Sánchez, un estadounidense de origen mexicano que creció en el seno de una familia pobre en Browsville, Texas, trabajó cuando era niño en el campo durante los veranos y vivió bajo duras condiciones.

En los años 70 se convirtió en un defensor de la justicia social y los derechos de la población latina.

Apodado como “El Presidente”, Sánchez dio un gigantesco salto desde el barrio en el que creció hasta la Universidad de Harvard, en la que se licenció como doctor en Educación.

“Crecí en un pueblo a lo largo de la frontera sur de Texas. Al principio me di cuenta de que los niños de color estaban sobrerepresentados en las cárceles y subrepresentados en colegios y universidades. Entonces supe que la educación era clave para crear un cambio”, escribió Sánchez.

Se hizo conocido como un joven rebelde que abogaba contra la discriminación y a favor de los derechos de la población latina en EE.UU.

Madre con su hijo, reunificados tras su detención.

Getty Images
Southwest Key fue fundada como una organización sin fines de lucro en 1987. Con el tiempo, se dedicó a albergar a niños migrantes detenidos.

Cuando regresó a Brownsville se puso a trabajar en un reformatorio juvenil creado por un sacerdote que funcionaba como una alternativa al encarcelamiento.

A partir de esa experiencia, Sánchez fundó la organización sin fines de lucro Southwest Key en 1987.

En la medida que la organización creció, el enfoque de su trabajo cambió hacia la creación de una red de centros para menores migrantes no acompañados.

En las últimas tres décadas, “hemos ayudado a decenas de miles de niños a permanecer fuera de las cárceles y las instalaciones de detención”, ha dicho Sánchez en actos públicos.

El flujo de niños indocumentados ha crecido tan vertiginosamente en los últimos años que la pequeña organización de beneficencia que fundó Sánchez terminó convirtiéndose en un imperio.

Niños separados de sus familias

Southwest Key se financia con fondos provenientes del gobierno y quedó expuesta al escrutinio público el año pasado cuando el más grande de sus centros, Casa Padre, fue duramente criticado por recibir a niños separados de sus familias en el marco de la política migratoria del presidente Donald Trump.

“Yo duermo tranquilo”, dijo Sánchez en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR. “Si no hubiéramos recibido a esos niños, habríamos tenido que renunciar a esto”.

Casa Padre es uno de los mayores albergues para menores en Estados Unidos.

Getty Images
Casa Padre es el mayor refugio de niños detenidos de Southwest Key. Solía ser un supermercado de Walmart.

Cultivando su imagen de defensor de los derechos humanos, el empresario se sentía muy orgulloso de hablar sobre los principios que inspiraban su misión.

“El revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor”, le dijo Sánchez a la revista The Atlantic el año pasado, citando una frase del Che Guevara, cuya foto colgaba en la pared de su oficina, junto a la de Martin Luther King.

“Eso es muy significativo en el trabajo que hago”.

Sánchez aún estaba lidiando con las críticas por su rol en la política migratoria de Trump, cuando estalló un inesperado escándalo.

El periódico The New York Times denunció en uno de sus artículos que se había hecho rico gracias a la crisis migratoria de los últimos años y a su participación en presuntas irregularidades financieras.

Ganó millones albergando niños migrantes“, señaló el periódico, agregando que el Departamento de Justicia de EE.UU. abrió una investigación sobre el caso.

Dos meses después de la denuncia, Sánchez renunció sorpresivamente a su cargo, luego de 32 años al mando de la organización.

“La incomprensión generalizada de nuestro negocio y las críticas injustas a nuestra gente se han convertido en una distracción que nuestros empleados no se merecen. Es hora de un nuevo comienzo”, señaló en una declaración pública.

BBC Mundo solicitó una entrevista con Juan Sánchez a través de su abogada, Jennifer S. Freel, quien informó que su cliente “declina hacer comentarios”.

Presunta especulación comercial

Juan Sánchez

Facebook/Southwest Key
Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017.

Como director ejecutivo de Southwest Key, Sánchez registró ingresos por US$3,6 millones en 2017, según la última declaración de impuestos hecha por una empresa subsidiaria de la organización.

Supuso un gigantesco aumento, considerando que en 2015 ganó US$786.222 y un año después, US$1,48 millones.

Entrevistado por BBC Mundo, el abogado Marcus Owens, exfuncionario del Servicio Interno de Impuestos de EE.UU. (IRS, por sus siglas en inglés), dice que la información operacional y financiera de Southwest Key contenida en la declaración impositiva refleja “el pago de altas compensaciones a personal clave de la organización, incluyendo a Sánchez y su esposa“.

Pero si se sumaran los beneficios recibidos en años anteriores, es probable que la suma alcance una gran magnitud.

Es difícil calcular el monto total recibido por Sánchez basándose en el Formulario 990″, (que es el método de rendición de cuentas utilizado por las organizaciones benéficas o sin fines de lucro), explica Owens.

“Sin embargo, es probable que esté en un rango de múltiples millones de dólares“, agrega.

Especulación parece ser una apropiada descripción del flujo de fondos hacia Sánchez y otros directivos”.

Fueron seis los líderes de la organización que ganaron más de US$1 millón en 2017, incluida la esposa del empresario, Jennifer Nelson, y la jefa de finanzas, Melody Chung.

¿Qué dice Southwest Key?

Al conocerse públicamente la información, representantes de Southwest Key argumentaron que ese dinero fue parte de un programa para financiar seguros de vida y fondos de jubilación, afirmando que no tiene relación con un aumento salarial.

Joella Brooks, ex jefa de operaciones de la organización y actual directora ejecutiva interina de la organización -que también registró ingresos superiores al millón de dólares en el último año fiscal- hizo una declaración en julio en la que anunció que Southwest Key estaba poniendo fin a ese programa, y que ella y otros líderes “acordaron devolver una parte considerable de los beneficios del seguro de vida”.

Southwest Key envió una declaración a BBC Mundo en la que se refiere a los cambios implementados por la organización tras la salida de Sánchez.

Padre con su hijo

Getty Images
El negocio de Southwest Key creció en la medida que aumentó el flujo de niños indocumentados en EE. UU.

Hemos recuperado cientos de miles de dólares de exejecutivos que nos han dejado y estamos haciendo todo lo posible para rectificar las preocupaciones sobre las compensaciones pasadas y avanzar con más transparencia”, señala la organización a través de un correo electrónico.

“Tenemos un nuevo equipo ejecutivo”, agrega la declaración, “para garantizar que nuestros modelos de compensación sean razonables y competitivos”.

En el mismo email la organización señala que está haciendo “todo lo posible para abordar los problemas relacionados con decisiones anteriores” y apunta que la nueva directiva resolvió “mejorar la supervisión y gestión”.

“Funcionaba como un banco”

Según la investigación del The New York Times, la organización “les prestó millones de dólares a empresas inmobiliarias, actuando más como un banco que como una organización benéfica tradicional”.

Consultada por BBC Mundo, la organización estadounidense CharityWatch cuestionó las presuntas prácticas de la organización.

“No creemos que las organizaciones benéficas como Southwest Key Programs deban otorgar préstamos a empresas con fines de lucro“, dice Daniel Borochoff, presidente de CharityWatch.

“Las organizaciones de beneficencia, a diferencia de los bancos, no están en una posición de tener una cartera de préstamos grande y diversificada que pueda servir como protección contra préstamos incobrables o una recesión económica”.

Familia de migrantes detenida.

Getty Images
Southwest Key fue denunciada por presuntas irregularidades financieras cuando Sánchez era el director ejecutivo.

Otra de las denuncias hechas por el periódico, es que Southwest Key ha alquilado varios edificios donde funcionan los refugios en lugar de comprarlos, lo que sería una práctica inusual “que ha demostrado ser lucrativa para los dueños de los refugios, incluyendo a Sánchez”.

Es lo que se conoce como self-dealing o autocontratos, un esquema bajo el cual los ejecutivos de la organización habrían cobrado un alquiler pagado con fondos públicos, utilizando complejas fórmulas contractuales.

El periódico concluye que la organización “ha acumulado decenas de millones de dólares de los contribuyentes con poca supervisión del gobierno y posiblemente ha incurrido en auto-ontratos con sus máximos directivos”.

Consultado por BBC Mundo, el Departamento de Justicia de EE.UU. no se refirió al caso.

Hasta ahora se desconoce a qué se dedica Juan Sánchez. Tras su renuncia, el joven revolucionario convertido en uno de los mayores empresarios de refugios infantiles para migrantes ha desaparecido de la vida pública.

Su última declaración fue hecha el día en que abandonó el cargo, cuando dijo que su negocio era objeto de críticas injustas.

Habrá que ver si la justicia investiga las denuncias hechas contra Sánchez y si “El Presidente” ha conducido sus negocios con el mismo espíritu que lo llevó a crear la organización de beneficencia hace más de tres décadas.

Por lo pronto, el final de la historia aún no se ha escrito.


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