Sin resolver 7 de cada 10 casos en nuevo sistema por incapacidad para investigar, admite la PGR
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Sin resolver 7 de cada 10 casos en nuevo sistema por incapacidad para investigar, admite la PGR

Un diagnóstico de la PGR revela que la mediación en el nuevo sistema penal no se aplica, falta personal especializado y priva el desorden en normas y sistemas.
Cuartoscuro
Por Arturo Angel @arturoangel20
12 de julio, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.

Y de los casos que si logra “resolver”, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.

Así lo revela un diagnóstico oficial realizado por la PGR sobre su desempeño en el nuevo sistema penal acusatorio, en el que se reconoce que la dependencia está rebasada por las exigencias de la nueva norma.

Entre las fallas destaca la saturación que tienen de casos por la incapacidad para investigarlos y resolverlos.

El documento, firmado por el propio procurador Raúl Cervantes y que obtuvo Animal Político vía una solicitud de transparencia, hace un corte de caja del destino que han tenido las carpetas de investigación abiertas  entre noviembre de 2014 —cuando se comenzó a implementar el nuevo sistema a nivel federal— y diciembre de 2016.

En ese lapso se abrieron 63 mil 59 carpetas de investigación en los Ministerios Públicos Federales, de las cuales solo en 34.4%, que son 21 mil 728 casos, se ha tomado alguna determinación.

Las restantes 41 mil 331 carpetas de investigación se encuentran pendientes de determinación. Esto supone, según el análisis oficial, que 65.5% de los asuntos que ha conocido la PGR en los últimos dos años “se encuentran sin decisión alguna”.

“De los datos anteriores se percibe que una de las causas probables por las que no se atienden los asuntos puede encontrarse en una debilidad en las habilidades de investigación que impide una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución, aun en aquellos iniciados con detenido”, señala el diagnóstico denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia”.

El documento de la PGR reconoce que, en el mejor de los casos, las carpetas donde hay personas detenidas desde un inicio son los que se resuelven en mayor medida. El problema es que estos casos apenas representan 19% de todas las averiguaciones abiertas a nivel federal.

“Las investigaciones que se realizan sin detenido no terminan por identificar a los presuntos responsables de los hechos que se persiguen, dejando las carpetas de investigación sin actuaciones que permitan resolverlas en algún sentido”, subraya el diagnóstico.

Prevalece la impunidad con el nuevo sistema

La Procuraduría reportó que en el periodo de análisis, el Ministerio Público logró tomar una determinación en 21 mil 728  carpetas de investigación. Pero los datos oficiales evidencian que de esos casos “resueltos” son una minoría los que terminan con una acusación ante el juez o con un acuerdo que beneficie a las víctimas.

De acuerdo con el desglose, hay 9 mil 857 carpetas en las que la resolución del Ministerio Público fue enviar el caso al “archivo temporal”, mientras que en 8 mil 380 casos lo que se determinó fue el “no ejercicio de la acción penal” al no haber pruebas suficientes, y en 114 ejerció una facultad de “abstenerse de investigar”. Se trata de 84% de los casos.

En tanto, hay 3 mil 126 casos en los que se consignó la averiguación ante el juez y se resolvió el caso sin llegar al juicio oral por un acuerdo entre las partes; hay otros 60 casos que sí llegaron a un juicio oral y 40 resueltos durante el proceso.

Solamente en 151 casos, la PGR consiguió resolver el caso mediante los mecanismos alternativos que contempla el nuevo sistema penal, lo que representa apenas a 0.6% de los casos resueltos.

La Procuraduría reconoció que la mayor parte de las carpetas de investigación que se han resuelto corresponden a casos en los que hay una persona detenida, es decir, se depende en gran medida de que las policías o los militares presenten el caso ya con el probable responsable. De lo contrario los resultados son escasos.

Animal Político publicó el 28 de junio que, de acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, 85% de los casos consignados por la PGR ante jueces federales son hechos en flagrancia y no corresponden a investigaciones.

“Es posible inferir que la efectividad de la conducción de la investigación en la procuración de justicia en el ámbito federal se supedita principalmente a la detención en flagrancia y puesta a disposición de parte del primer respondiente (policías o militares) ante el Ministerio Público de la Federación” señala el diagnóstico.

Fallas y carencias

El análisis de la PGR reconoce que los pobres resultados en la resolución de los casos obedecen a deficiencias en la investigación que fueron heredadas del sistema penal anterior y que poco o nada han cambiado luego de que entró en funcionamiento el nuevo sistema penal con herramientas que no se están aprovechando.

Por ejemplo, se establece que los Ministerios Públicos no están usando las herramientas de análisis e investigación que proveen las Unidades de Análisis Criminal instaladas en todas las delegaciones de PGR y que contienen datos que podrían ayudar en la investigación de los casos.

La mediación, que ayudaría a resolver casos antes de llegar al juez, prácticamente no se busca ni se aplica. Una de las causa es que los “facilitadores, que son personas especializadas en impulsar este tipo de soluciones, no cuentan con un perfil adecuado.

“Las carencias que presentan los facilitadores no se resuelven con la capacitación que se les está dando. La formación continua que reciben dista mucho de ser la adecuada para el cabal desempeño de su labor, pues no garantiza el fomento de las habilidades que requiere un facilitador”, dice el análisis.

A esto se suma que apenas 4 de las 35 unidades de mediación que la PGR instaló en el país cuenta con salas de conciliación. Y aunque 31 unidades cuentan con un espacio físico, dichos espacios “no cumplen siquiera con los requerimientos mínimos establecidos en el modelo arquitectónico de la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma”.

Los protocolos de mediación también son inexistentes, reconoce la PGR.

La Procuraduría señala que los recursos humanos con los que cuenta son insuficientes para las exigencias del nuevo sistema penal, sobre todo por debilidades en la capacitación, la cual es calificada como “aislada y disociada”

Un problema que agrava esto, reconoce el documento del procurador Raúl Cervantes, es que 1 de cada 3 fiscales de la PGR llegan al puesto por “designaciones especiales”, es decir, no son funcionarios profesionales provenientes del servicio.

No sólo eso. La PGR detectó que hay un total desorden en normas internas que rigen el funcionamiento de la dependencia, pues se han emitido un sinfín de circulares que carecen de la mínima organización.

Los sistemas tecnológicos, que son clave en el nuevo sistema, también se encuentran aislados entre distintas áreas de la propia PGR sin que haya al menos una comunicación entre todos, y sin que cuenten con una protección adecuada.

“Esto ha traído como consecuencia que los sistemas sean funcionales para la operación específica para la que fueron diseñados pero que no responden a las condiciones mínimas de seguridad, trazabilidad, comunicación entre sistemas ni alimento de información a una sola base de datos estructurada”.

Finalmente se identifican unas condiciones laborales desfavorables para el personal de base de la Procuraduría, pues no hay políticas claras de desarrollo, lo peor es en el área de servicios periciales donde no hay ninguna posibilidad de mejora, ni siquiera salarial, lo que desincentiva el desarrollo de un trabajo adecuado.

En este contexto, el diagnóstico concluye que es urgente el diseño de “un nuevo modelo de arquitectura institucional” que haga posible afrontar las exigencias del nuevo sistema penal, pues el actual no responde a la tarea de procurar justicia pronta y expedita.

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Tokio: Por qué los Juegos Olímpicos dejarán ‘enormes’ pérdidas económicas para Japón

Las proyecciones iniciales sobre el costo de albergar el evento fueron ampliamente superadas. Varios economistas consideran que los Juegos se han convertido en un "mal negocio".
2 de agosto, 2021
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Protestas en Tokio

Getty Images
Dos tercios de la población japonesa se oponen a los Juegos Olímpicos en Tokio.

Estadios vacíos, hoteles y restaurantes sin turistas extranjeros y negocios con pocos clientes.

La decepción de quienes habían hecho grandes inversiones a la espera de un boom comercial gatillado por los Juegos Olímpicos ha sido brutal.

Es que el evento en Tokio, que fue pospuesto el año pasado por la pandemia de covid-19, se está desarrollando sin público y en una ciudad en estado de emergencia por la crisis sanitaria.

Pese a las persistentes protestas contra la celebración de los Juegos y a que de dos tercios de la población japonesa se oponen a ellos por temor a que se conviertan en un evento “superpropagador” de la pandemia, las competiciones siguen adelante.

No sin polémica. Uno de los grandes auspiciadores del evento, la automotriz Toyota, anunció hace unos días que no utilizará avisos comerciales conectados con los Olímpicos de Tokio por la preocupación que existe en el país en relación con la pandemia.

Y algunos líderes empresariales en Japón como Takeshi Niinami, director ejecutivo de la empresa Suntory, declaró que los Juegos Olímpicos están perdiendo su valor comercial y que su firma decidió no ser parte de los patrocinadores por considerarlos “demasiado caros”.

Algo que ya habían advertido expertos del mundo financiero como Takahide Kiuchi, economista del Instituto de Investigación Nomura, quien escribió en un informe que “gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón”.

“Hubiera sido mejor no tenerlos”, declaró Suehiro Toru del banco de inversión Daiwa Securities, pese a los costos que habría supuesto suspenderlos.

La perspectiva comercial es sombría, aunque no solo por los estragos que ha causado la pandemia.

Un “mal negocio”

Desde hace años varios economistas han publicado investigaciones para demostrar que los Olímpicos son un “mal negocio” para la ciudad -y el país- que los alberga.

Los argumentos que más se repiten son que, en lugar de consumo, turismo y prestigio, el evento deja una millonaria deuda y obras de infraestructura que terminan convertidas en “elefantes blancos” completamente inútiles.

Negocio callejero en Tokio

Getty Images
Desde pequeños negocios hasta las grandes cadenas de hoteles han sufrido el impacto de unos Juegos sin público.

“Las pérdidas serán enormes”, le dice a BBC Mundo Robert Baade, profesor de Economía de la Universidad Lake Forest en Estados Unidos y expresidente de la Asociación Internacional de Economistas del Deporte.

Aunque es difícil poner en cifras la verdadera magnitud de las pérdidas económicas para Japón, porque los cálculos operan sobre la base de valores estimados en relación a lo que habrían sido las “ganancias” generadas por el evento en otras circunstancias, el economista dice que, de todos modos, es posible hacer una proyección.

Desde su perspectiva, las pérdidas pueden ser de unos US$15.000 millones.

Lo que se sabe a ciencia cierta es que se han esfumado unos US$800 millones por la venta de entradas. Pero el asunto se torna más complejo cuando hay que estimar cuánto ha perdido el sector turístico y todos los negocios asociados a él, además de otros sectores que confiaban en un renacer económico gracias a los Juegos.

Qué dice el gobierno

El evento se ha convertido en todo un desafío para la nación del sol naciente, que “cuando ganó esta oportunidad esperaba que le sirviera para demostrar su renacer tras la triple crisis de 2011 y su vuelta a la primera línea mundial, con un ojo puesto en Pekín, que acogerá los siguientes, los de invierno en 2022”, explica Tamara Gil, enviada especial de BBC Mundo a Tokio.

En medio de la vorágine, el gobierno de Japón ha salido a tratar de calmar las aguas.

El primer ministro Yoshihide Suga

Getty Images
El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, declaró el estado de emergencia por la pandemia de covid-19.

El primer ministro Yoshihide Suga ha dicho que está seguro de que las medidas para mantener al público alejado del evento evitarán una escalada de la pandemia y que el país aún se beneficiará de una enorme audiencia televisiva mundial.

“Decidí que los Juegos Olímpicos pueden seguir adelante sin comprometer la seguridad del pueblo japonés”, dijo Suga en una entrevista.

“Lo más simple y lo más fácil es detenerlos”, agregó. Pero “el trabajo del gobierno es abordar los desafíos”.

Suga no está en una posición cómoda, considerando que su nivel de aprobación ha bajado y que enfrentará elecciones hacia fines de este año.

Por otro lado, la apuesta por convertirse en país sede del evento fue hecha hace casi una década por su predecesor, Shinzo Abe, un aliado político de Suga, que heredó este gran desafío.

El problema es que cada vez hay menos interés por parte de los gobiernos para albergar el evento, precisamente porque se han puesto en duda los beneficios que genera.

Los únicos interesados en responder al último llamado para organizar los Juegos posteriores a Tokio fueron Pekín y Almaty (Kazajastán). La apuesta la ganó China.

¿Qué tan costosos han resultado estos Olímpicos?

Como suele ocurrir con los Juegos Olímpicos, el presupuesto previsto para el evento terminó escalando más allá de las previsiones iniciales.

En 2013, el costo del evento fue calculado oficialmente en US$7.300 millones. A fines de 2019 subió a US$12.600 millones y más tarde a US$15.400 millones.

Posteriormente, la Junta Nacional de Auditoría de Japón informó que el costo final se acerca a los US$22.000 millones.

Y luego los medios locales Nikkei y Asahai hicieron sus propias investigaciones situando la cifra en US$28.000 millones.

El costo de los Juegos Olímpicos de Tokio. [ US$22.000 millones Costo estimado del evento según la Junta Nacional de Auditoría de Japón. ] [ US$7.300 millones Estimación oficial del costo del evento en 2013 ], Source: Fuente: BBC Mundo, Image:

A final de cuentas, sea cual sea el cálculo que se considere más preciso, no cabe duda de que las proyecciones iniciales quedaron ampliamente superadas, algo que ha sido una constante durante los últimos años.

“La historia muestra que los Juegos Olímpicos terminan generando pérdidas para los países que se convierten en sede”, explica Baade. “Lo que está ocurriendo en Japón venía desde mucho antes de la pandemia”.

Las firmas patrocinadoras japonesas que aportaron unos US$3.300 millones están preocupadas por la manera en que ha evolucionado esta saga.

Y las pérdidas, dicen expertos, podrían aumentar si finalmente los Juegos terminan siendo el “evento superpropagador” que algunos temen.

“Eso sería un desastre que se sumaría a las pérdidas actuales”, apunta Baade. “Crucemos los dedos para que eso no ocurra”.

¿Quién pierde más?

Según Victor Matheson, profesor de Economía de la Universidad de la Santa Cruz en Massachusetts, Estados Unidos, el costo -no oficial- de los Juegos Olímpicos podría haber llegado a los US$25.000 millones, incluso antes de los gastos adicionales que ha provocado la contención de la pandemia.

Como contraparte, los millonarios ingresos por concepto de entradas, patrocinadores o turismo para Japón, han caído dramáticamente, le dice Matheson a BBC Mundo.

Pero los que no han sufrido un gran impacto financiero, argumenta, son los organizadores del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Los ingresos del COI permanecen intactos mientras los juegos continúen siendo televisados”, señala.

“Todavía hay una oportunidad importante”

Varias de las más de 60 empresas que invirtieron en el evento han mostrado su preocupación por la rentabilidad de sus fondos.

“Esta no es una situación ideal”, reconoció Michael Payne, exjefe de marketing del Comité Olímpico Internacional en una entrevista.

El Estadio Internacional de Yokohama

Getty Images
El Estadio Internacional de Yokohama será la sede de la final del fútbol olímpico.

Sin embargo, su pronóstico aún mantiene un cierto nivel de esperanza.

Las empresas aún podrían quedar “gratamente sorprendidas por el potencial beneficio que dejará el legado de estos juegos tan difíciles”.

“Todavía hay una oportunidad importante”, agregó.

Una solución radical

Andrew Zimbalist, quien ha publicado tres libros sobre la economía de los Juegos Olímpicos, ha criticado los beneficios que deja el evento en las ciudades que lo albergan.

Y en el caso de Tokio, sostiene que el gobierno ha gastado unos US$35.000 millones, la cifra más alta que se ha puesto sobre la mesa.

GHF

Getty Images
Andrew Zimbalist propone que la misma ciudad sea sede de los Juegos cada dos años

Su postura es que las gigantescas inversiones en infraestructura que se hacen para acoger el evento -como construcción de estadios, villas olímpicas o renovación de las instalaciones existentes- suelen terminar beneficiando a las empresas constructoras, más que a la economía local.

En una entrevista con el diario The New York Times, Zimbalist propuso que si viviéramos en un mundo racional, “tendríamos la misma ciudad sede de los Juegos cada dos años”. No hay razón para reconstruir obras cada cuatro años, apuntó. “No tiene sentido para las ciudades”.

“Cuando se crearon los Juegos Olímpicos modernos en 1896, no teníamos telecomunicaciones internacionales ni viajes internacionales en aviones. Entonces, para que el mundo participara y disfrutara de los Juegos Olímpicos, tenía que moverse. Ya no tenemos que hacer eso”, propuso el investigador.

Una propuesta que hasta ahora no parece haber ganado adeptos, al menos en el debate público, pero que después de los Juegos de Tokio y con los efectos que ha causado la pandemia de covid-19 en el mundo, quizás podría comenzar a debatirse.


#BBCMundoenTokio

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