Diputados piden destituir a delegado de Tláhuac; me acusan con puras especulaciones, responde
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Diputados piden destituir a delegado de Tláhuac; me acusan con puras especulaciones, responde

El delegado Rigoberto Salgado negó cualquier vínculo con grupos del crimen y pidió que se muestren las pruebas. Los diputados critican que el morenista fue omiso ante la inseguridad.
Cuartoscuro
Por Redacción Animal Político
2 de agosto, 2017
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Tras la comparecencia de Rigoberto Salgado ante la Asamblea Legislativa, el diputado del PRD, Iván Texta, solicitó a la Comisión de Gobierno y Jurisdiccional que inicien el procedimiento de remoción del delegado de Tláhuac.

Al salir de la reunión, Rigoberto Salgado negó todas las acusaciones que los diputados hicieron en su contra, por su supuesta complicidad con líderes criminales en la delegación.

“La gente de Tláhuac tiene paz, tiene gobernabilidad, más allá de que con elementos parciales, subjetivos, se pretenda construir una verdad jurídica…Cualquier situación que tenga que ver con carácter legal de cara a mi persona, háganla del conocimiento de las autoridades correspondientes” retó el delegado.

Rigoberto Salgado también aseguró que se pondrá en contacto con el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para cooperar en la investigación que realiza el Gobierno Federal en la demarcación.

Estas son algunas de las acusaciones y respuestas con las que se defendió el delegado durante la primera parte de su comparecencia:

Diputados del PRI, Verde, Movimiento Ciudadano y PRD señalaron los presuntos vínculos de Salgado con criminales que operan en Tláhuac.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Nury Delia Cruz Ovando cuestionó al delegado sobre sus vínculos con integrantes de grupos criminales, criticó que haya sido el último en enterarse de los problemas de seguridad en Tláhuac.

Salgado negó cualquier relación con integrantes de grupos delincuenciales, aseguró que la Procuraduría deberá acreditar estas acusaciones, que calificó como “producto de infamia y calumnia”.

El diputado del PVEM, Javier López Adame señaló que hubo una “omisión culposa” de Salgado en materia de seguridad pues no presentó su programa de seguridad y dejó se asistir a las reuniones de seguridad pública con el gobierno central.

El delegado se defendió diciendo que ha mandado 1,000 oficios al gobierno de Miguel Ángel Mancera donde solicita mayor patrullaje en la delegación y le hace saber todas las denuncias que han presentado los ciudadanos.

Aseguró que su primera tarea como delegado fue atender la inseguridad, que nunca ha dejado de tener coordinación con dependencias de seguridad y que el gabinete de seguridad de la demarcación – integrado por autoridades del gobierno central y de Tláhuac – ha sesionado más de 450 veces.

Respecto a la desaparición de 64 personas que manejaban mototaxis en esa demarcación, sostuvo que las autoridades de Tláhuac solo tienen conocimiento de uno de ellos.

Sin embargo, el diputado de Nueva Alianza, Juan Gabriel Corchado cuestionó que si tras el envío de estos oficios el gobierno central de la ciudad no atendió sus peticiones de seguridad no pidiera ayuda a las autoridades federales.

El pasado 20 de julio, elementos de la Marina abatieron a Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos” y a siete presuntos delincuentes en calles de la delegación Tláhuac.

Jesús “N” “era líder de una organización delictiva extremadamente violenta”, que presuntamente se dedica al narcomenudeo, secuestro, extorsión y homicidios, y que opera en las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa.

Los diputados de Morena salieron en defensa del delegado.

La morenista Minerva Citlalli Hernández Mora dijo que hay un sesgo político en las acusaciones contra el delegado, pues pareciera que se busca “linchar a una sola persona” por los problemas de seguridad, en lugar de evaluar también las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno.

Mientras el diputado Felipe Félix de la Cruz criticaba que Miguel Ángel Mancera niegue que hay crimen organizado en la ciudad y pedía que el titular de la SSP, Hiram Almeida debe comparecer y explicar el alza de los delitos en la capital, legisladores de Morena mostraban carteles con el rostro del jefe de gobierno.

Los contratos otorgados a cercanos de Salgado

Los diputados también señalaron también irregularidades en la entrega de contratos a varias personas que apoyaron con recursos económico su candidatura.

El jefe delegacional, Salgado Vázquez afirmó que en el periodo de octubre a diciembre 2016 no se realizó ningún movimiento de este tipo.

Aseguró que no tiene ningún vínculo con los proveedores, refirió que entre enero y julio de ese año fueron otorgados 33 contratos por adjudicación directa, apegados a procedimientos administrativos.

Además, dijo, que no hay ninguna violación a la Ley de Adquisiciones, por lo que subrayó que el conflicto de intereses no existe y las acusaciones en su contra son falsas y carecen de sustento jurídico.

Reiteró que no he vulnerado Ley de Servidores Públicos, porque los supuestos donadores habrían entregado los recursos al Morena y no a su persona.

“El asunto se dirimió en instancias electorales y ha causado efectos. No hay elementos que determinen que hubo pago de favores por donación. No hay responsabilidad porque aportaciones de militantes están reglamentadas en ley de partidos”, puntualizó el delegado.

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'Arriesgo mi vida para tratar a pacientes de covid-19 pero mañana puedo ser deportado a México'

Como enfermero en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Carolina del Norte, Jonathan Vargas Andrés trata a pacientes con covid-19 todos los días. Pero pronto puede encontrarse con una orden de deportación.
13 de mayo, 2020
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Guillermo y Jonathan Vargas Andrés

Jonathan Vargas
Guillermo y Jonathan Vargas Andrés llevan 18 años en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos está revisando un caso que podría poner en riesgo de deportación a miles de personas que llegaron de forma ilegal al país cuando eran niños.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, aprobada en 2012) les dio a estos jóvenes la oportunidad de trabajar y estudiar legalmente en EE.UU., pero el presidente Donald Trump quiere revocarla.

Y muchos de los que están en riesgo son trabajadores de la salud que se enfrentan a la pandemia de coronavirus.

A principios de abril, una larga fila de autos de policía rodeó un hospital en Winston-Salem, en Carolina del Norte, con sus luces azules parpadeando.

Era un tributo, dijeron, a los trabajadores sanitarios que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes de covid-19.

Pero al mexicano Jonathan Vargas Andrés, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos que trata a pacientes de coronavirus en ese hospital, le parecen, de alguna manera, gestos vacíos.

Lleva cuatro años trabajando en la misma unidad que su esposa y su hermano, también enfermeros, y la semana pasada ha visto un aumento en el número de casos.

Jonathan también es indocumentado y en las próximas semanas sabrá si el país por el que está arriesgando su vida decidirá deportarlo.

“Trato de no pensar en eso, porque si lo pienso mucho me canso”, dice Jonathan en su suave acento sureño. “Básicamente, tuve que desconectar por mi propia salud”.

“Es el miedo más que nada”.

El programa DACA

Jóvenes protestando frente a la Corte Suprema en apoyo al programa DACA.

Getty Images
La mayoría de los beneficiados por el programa DACA son de América Latina, pero también hay de otras partes del mundo.

Jonathan se benefició del programa DACA, una norma de la era Obama que protegía de la deportación a los jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que les proporcionó permisos de trabajo y estudio.

Jonathan llegó de México cuando tenía 12 años.

En 2017, Donald Trump detuvo el programa y actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema estadounidense.

En cualquier momento, a Jonathan se le podría decir que ya no tiene derecho a trabajar o vivir en Estados Unidos.

Hay aproximadamente 800.000 beneficiarios de DACA en Estados Unidos. El Centro para el Progreso Americano, un think tank de izquierda, estima que 29.000 de ellos son trabajadores de atención médica en primera línea (médicos, enfermeros, paramédicos) y otros 12.900 se desempeñan en otros sectores de la industria de la salud y el cuidado.

Jonathan describe su trabajo como una vocación.

Le encanta ser enfermero a pesar de enfrentar una pandemia a los cuatro años de haber iniciado su carrera.

“Obviamente, da miedo cuando estás allí”, dice. “Te vuelves muy, muy, muy paranoico con lo que tocas”.

“Pero tienes que dejar ese pensamiento de lado, porque estás allí para ayudar a estas personas. No se trata de ti”.

Su hospital tiene suficientes equipos de protección personal. Los están usando con moderación, lo que lo pone nervioso, pero lo que es más difícil, cuenta, es tener que ver a la gente morir sola.

“Es muy triste, muy deprimente ver a las familias tener que despedirse a través de un iPad”, dice.

“No solo es estresante, sino emocionalmente agotador“.

Al menos en la unidad hay solidaridad, pero a veces siente que está viviendo una doble vida.

“Cuando voy a trabajar y hablo con mis compañeros de trabajo, ellos no saben sobre mi estatus”, dice.

“Pero luego regreso a casa y me doy cuenta de que, ya sabes, estoy viviendo fuera del radar”.

“Ni siquiera sabes si algo de lo que estás haciendo para ayudar a tu país será apreciado. Y en un par de meses, podría ser deportado“.

Cambio de vida

Protesta de "Dreamers" afuera de la Corte Suprema en noviembre.

Getty Images
El programa DACA está actualmente bajo revisión por la Corte Suprema de EE.UU.

Jonathan nació en México, en un pequeño pueblo cerca de Puebla, en 1990.

Su padre manejaba un autobús para ganarse la vida, pero apenas podía mantener a la familia.

Él recuerda la casa en la que vivían: no tenía ventanas, el piso era de tierra, y no había agua corriente.

Su padre se fue primero a Estados Unidos, en el año 2000, y trajo a su familia dos años después.

Junto con su hermano y su madre, Jonathan cruzó el río que separa a México de Estados Unidos y el desierto, entrando a territorio estadounidense ilegalmente.

Hasta 2012, toda la familia vivía fuera del radar. Como niños indocumentados, podían asistir a la escuela pública, pero no a las universidades públicas ni a las universidades privadas, que eran demasiado caras.

Cuando terminó la escuela secundaria, consiguió trabajos ocasionales. Trabajaba reparando neumáticos cuando se anunció el programa DACA.

“Fue un cambio de vida”, dice. “No sé cómo describirlo. Saber que iba a tener la oportunidad de trabajar legalmente y tener la posibilidad de ir a la universidad”.

Llevaba en Estados Unidos 10 años en ese momento y aunque dice que se sentía estadounidense, no tenía la documentación para demostrarlo.

Cuando se aprobó el programa DACA, él y su hermano inmediatamente intentaron inscribirse en el ejército, pero fueron rechazados por su estatus de ciudadanía.

Su deseo de servir los llevó a la enfermería.

“Vuelve a cruzar el río”

Aunque le encanta su trabajo, los últimos cuatro años han sido un período de mucha ansiedad.

Jonathan ha comenzado a apretar la mandíbula mientras duerme. A veces lo hace tanto que la articulación se hincha y le duele cuando come o habla. Es una condición que generalmente está vinculada al estrés.

“He estado lidiando con este estrés desde 2015, cuando Donald Trump anunció que se postulaba para presidente y lo primero que hizo fue atacar a los mexicanos“.

“Se volvió muy, muy real cuando asumió el cargo”.

Desde entonces, dice que ha sentido más animosidad hacia él y ha experimentado un racismo manifiesto. Cree que algunas personas ahora se sienten con el derecho a mostrar intolerancia.

Describe un incidente fuera de su gimnasio, antes de la cuarentena, en el que un hombre le gritó improperios racistas y le dijo que “volviera a cruzar el río” porque había estacionado incorrectamente.

Una joven con la solicitud para el programa DACA en 2012.

Getty Images
El derecho a trabajar de Jonathan depende del programa DACA.

Camuflaje

Jonathan se casó hace dos años y su esposa es ciudadana estadounidense. Ha solicitado una green card -residencia temporal-, pero no es un hecho que se la vayan a dar.

Su entrada ilegal al país siendo niño podría jugar en su contra.

Si un niño indocumentado no abandona Estados Unidos en el año antes de cumplir su mayoría de edad, asume la responsabilidad legal de su ingreso.

Y si la decisión de la Corte Suprema detiene el programa DACA, podría perder su derecho a trabajar.

Jonathan está tratando de no pensar en lo que sucederá si la decisión va en su contra. Dice que no volverá a México, ya que no cree que la profesión de enfermería sea valorada allí, pero él y su hermano han estado investigando para mudarse a Canadá.

Tendría que dejar a sus padres y su vida de los últimos 18 años atrás. Actualmente está estudiando a tiempo parcial para obtener una calificación adicional en enfermería, y es posible que también tenga que dejarlo.

Aunque el miedo a la covid-19 y la decisión de la Corte Suprema se ciernen sobre él todos los días, tiene una sensación de seguridad dentro de su uniforme de color azul oscuro.

“A veces siento que mi uniforme de trabajo es un tipo de camuflaje”, dice.

“La gente me ve con la bata y asumen que soy de los ‘buenos’ o que estoy aquí legalmente”.

“Pero tan pronto como me cambio, no hay forma de que sepan que soy enfermero, así que me vuelvo un ‘espalda mojada’ como suponen sobre todos los demás que parecen hispanos”.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=3FlrsNfKguk&t=35s

https://www.youtube.com/watch?v=85PHSOeDz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=QZ9JbrioTiw

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