Rebeldía ante el despojo: ella es Marichuy, la mujer indígena que va por la presidencia en 2018
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Rebeldía ante el despojo: ella es Marichuy, la mujer indígena que va por la presidencia en 2018

María de Jesús Patricio Martínez, aspirante indígena a la presidencia en 2018, recuerda que su abuelo le inculcó la rebeldía contra la hipocresía de los políticos. "Vengo de esa parte del pueblo, de los que no estamos de acuerdo en que se nos despoje", dice la mujer del pueblo Nahua.
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Por Francisca Garay y Paris Martínez
7 de agosto, 2017
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María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, es una mujer indígena del pueblo Nahua. Es vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI), organismo que reúne las voces de 44 pueblos originarios del país, y es, también, la mujer nominada  en conjunto por el movimiento indígena y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para ser candidata en las elecciones presidenciales de 2018.

Marichuy es originaria de Tuxpan, municipio ubicado al sur de Jalisco, región en la que hace 50 años, cuando ella era apenas una niña, aún se preservaban las mismas formas de opresión contra los pueblos indígenas que se habían instaurado, 500 años antes, durante la conquista española.

“Yo lo viví –narra, rodeada de otras representantes del Congreso Nacional Indígena–: la discriminación, pues. Me acuerdo que, cuando mis abuelitos tenían que salir a otra comunidad, tenían que rentar un traje, porque los obligaban a quitarse la ropa tradicional, la que usaban en la comunidad”, relata.

Se trataba de los años 60 del siglo XX, pero para los indígenas, recuerda, era un tiempo en el que “no podían entrar a otro lugar (más allá de sus poblados), vistiendo la ropa tradicional. Si lo intentaban, no los recibían, eso me tocó a mí… y también me tocó que en las escuelas se les obligaba a los niños indígenas a que no hablaran la lengua materna. A mí, ese tiempo me tocó vivirlo: cuando se le sancionaba, pues, a quien hablaba la lengua nahua”.

Hoy, con 57 años de edad, Marichuy compara el México del pasado con el México del presente, a partir de la realidad cotidiana en la que se desenvolvió, como indígena, como mujer, como pobre, y al final de su recuento de despojos, manipulaciones y violencia, ambas realidades terminan siendo la misma, sólo con variaciones de forma y nunca de fondo, tal como si el tiempo siguiera detenido.

“Desde que yo abrí los ojos –explica la aspirante indígena a la Presidencia de la República–, pues ya estaban el PRI, y el PAN, me acuerdo, y en conjunto hacían el despojo”.

Leer: Siete frases para conocer a Marichuy

Hace 50 años, narra, “en Tuxpan ya estaba una fábrica papelera, que es la que vino a talar muchas áreas tan importantes de bosque que se tenían ahí, y que quedaron muy deforestadas”.

Luego, cuando los volúmenes de madera menguaron hasta niveles no productivos, la papelera se fue, pero los reductos de bosque sobrevivientes y las parcelas de cultivo de los pueblos nahuas de la región, siguieron tomándose como botín, entregado por la clase política ahora a un nuevo interesado: el sector agroindustrial, que vio en los territorios de Tuxpan, y de otros municipios al sur de Jalisco, una zona idónea para desarrollar el cultivo de aguacate a gran escala.

“Ahora –señala Marichuy–, el principal problema que se tiene en la región nahua del sur de Jalisco son los invernaderos que han llegado de fuera, las aguacateras, que llegaron diciendo que querían rentar las tierras ejidales. Y a quienes no se las quisieron rentar, los obligaron con amenazas, hostigándolos, diciéndoles ‘si no me las rentas, ya sé dónde vives, cuántos hijos tienes y a qué horas entran y salen'”.

De esta manera, lamenta, el sector agroindustrial arrebató sus tierras a los ejidos de Tuxpan, con contratos de renta que tienen una duración que va de 20 a 30 años, para su uso en procesos productivos que no sólo volverán estas tierras inútiles en el futuro, por el empleo intensivo de agentes químicos, sino que desde ahora afectan el ciclo del agua, y su disponibilidad.

“Ahora, las familias que fueron obligadas a rentar sus parcelas ya no saben ni dónde está su tierra, porque las aguacateras quitaron las marcas, los alambrados, y crearon una sola gran parcela. Y ahí están abriendo pozos de agua, extrayéndola, y esa es agua que hace falta para la población. Y tienen también unos cañones que llaman ‘Antigranizo’, y cuando se ve que ya viene el agua, que está la nube bonita para llover, de pronto se oye un trueno y la nube desaparece”.

Mediante estos métodos, afirma la aspirante indígena  a la presidencia y zapatista, el sector agroindustrial no sólo se ha apoderado de las tierras y el agua que yace debajo, sino también del agua que cae del cielo.

“Con esos métodos están destruyendo la tierra, porque están destruyendo el ciclo de cultivo de las comunidades indígenas, y han venido a perjudicar el cultivo del maíz, que es lo que la gente siembra ahí por temporal de lluvias. Entonces, ya ahorita la gente no sabe si sembrar o no su maíz, porque no sabemos si va a llover o no, y yo pienso que esa es otra forma de presionar a la gente, porque le dicen ‘si ya no quieres sembrar tu maíz, réntame tu tierra y yo sí la puedo cultivar poniendo aguacate o poniendo un invernadero”.

Es cierto, reconoce, que hace 50 años “ahí en mi comunidad no había pavimento, y ahora ya hay. No había casi luz eléctrica, en la noche teníamos que salir con un ocote aluzándonos, y ahora ya está todo alumbrado”.

Pero el progreso en la zona, detalla, sólo es aparente.

En los años 80 y 90, recuerda, el número de partidos políticos se amplió, pero no fue para fomentar la conciencia, la diversidad y la participación política, sino para facilitar la compra de votos y voluntades.

“Allá en mi comunidad –recuerda– antes había mucho respeto, respeto en todos sus niveles, por los jóvenes, por los adultos, todos siempre tuvieron su lugar especial. Y ahora ya no. Algo ha venido de fuera, a dividir, a individualizar. Todo esa organización que se tenía al interior de las comunidades fue sustituida por lo que se impuso de fuera, por los partidos políticos, que trabajan sobre todo para asegurar el despojo de las tierras de la comunidad”.

Y tras los nuevos partidos políticos, coordinados con los ya existentes, “llegaron las aguacateras, los invernaderos. Llegó la contratación de mano de obra barata, sin derecho a seguro social, sin prestaciones. Llegó la sequía, el agua cada vez cuesta más trabajo sacarla, por los pozos que están abriendo para el cultivo de aguacate. Llegó la contaminación de los ríos, de donde antes comíamos cuando íbamos a la parcela y nomás sacábamos un pescado y poníamos ahí nuestra olla, y ahora ya no, ahora pasa pura agua negra por ahí, porque las empresas echan sus desechos al río. Y llegó el aumento de las enfermedades, ahora hay más enfermos, ha habido casos de cáncer en la región, por estar trabajando en los invernaderos”.

Leer: Por qué, después de 23 años de insurgencia en México, los zapatistas le apuestan a la política

Heredera, por  enseñanza de su madre y de su abuela, de las tradiciones medicinales del pueblo nahua, Marichuy fundó y dirige desde 1992 el centro comunitario de salud “Calli Tecolhocuateca Tochan”, o “Casa de los Antepasados”, en español, recinto avalado por la Universidad de Guadalajara desde 1997.

Desde este espacio, señala, personalmente ha presenciado los efectos del progreso basado en la explotación intensiva de las tierras arrebatadas a los campesinos indígenas.

“Con esto de los invernaderos –explica– ha aumentado bastante las enfermedades y la falta de los medicamentos, que no hay en los centros de salud. Va la gente y nada más les extienden una receta médica para que vayan y surtan el medicamento en otro lado. Entonces, si hay un picado de alacrán, tiene que conseguir su suero y llevarlo, porque en el centro de salud no hay. Mi trabajo en la Casa de los Antepasados es con tratamientos basados en plantas medicinales, pero a raíz de toda esta descompensación del ciclo del agua, y con todos los fumigantes que echan, hay plantas medicinales que ya se están acabando”.

Estos son, concluye, “los problemas que están llevando a la muerte a las comunidades de donde yo soy, en el sur de Jalisco”, a pesar de los cuales, dice Marichuy, y cuando lo hace sonríe, existe algo que se preserva, y es “la resistencia que se tiene al interior de la comunidad”.

Luego de que en los años 60 comenzó el acaparamiento de tierras ejidales, mediante contratos forzados de renta, “hubo varios en el pueblo que no se dejaron, y yo considero que vengo de esa parte del pueblo, de los que no estamos de acuerdo en que se nos despoje”.

Esa rebeldía, explica, se la inculcó su “abuelito”, quien le enseñó a ver la hipocresía de aquellos políticos que los obligaban a quitarse su vestimenta tradicional para lograr ser recibidos en audiencia privada, pero que en actos públicos les exigía su presencia vestidos a su usanza ancestral, para poder retratarse junto a ellos y simular sensibilidad hacia los pueblos indígenas.

“Mi abuelito me decía: ‘hija, nunca te pongas tu traje para estar junto a un político, porque este traje es sagrado, y ellos lo han usado para acabarnos a nosotros mismos. Tú nunca lo vayas a usar para ir con un político’. Ese era su pensar, y yo escuchaba, y decía ‘sí, tiene razón’, y por eso, de chica entendí que era una responsabilidad grande” portar esa vestimenta, y defender lo que representa.

El pasado 28 de mayo de 2017, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN divulgaron un comunicado en el cual se afirma que, al lanzar una candidatura ciudadana a la Presidencia de la República, lo que hacen es “ir tallando la flecha que portará la ofensiva de todos los pueblos indígenas y no indígenas, organizados y no organizados” en contra del “mal gobierno”.

Una ofensiva con la que, subraya el comunicado, “no buscamos administrar el poder: queremos desmontarlo”.

La punta de esa flecha, la vanguardia de esa ofensiva, es María de Jesús Patricio, Marichuy, una serena médico tradicional nahua de 57 años, que va enfundada en una blusa de flores bordadas, el traje usado por las indígenas de Tuxpan desde antes de la llegada de los españoles.

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Cuál es la fórmula de Costa Rica para ser el país de América Latina donde mueren menos pacientes de COVID-19

Casi dos meses después de registrar su primer caso, en Costa Rica solo han fallecido seis pacientes de covid-19. ¿Qué está haciendo bien el país con menor tasa de mortalidad por el nuevo coronavirus en América Latina?
Getty Images
30 de abril, 2020
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Luego de pasar una terrible noche, con fiebre y fuertes dolores de cabeza y hombros, Henry* no dudó en acudir al sanatorio a la mañana siguiente en San José, Costa Rica.

Era 9 de marzo, tres días después de que en el país se detectara el primer caso del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que a la fecha ha dejado poco más de 700 contagios pero solo 6 muertes en la nación centroamericana.

En el centro de salud gubernamental le hicieron algunas pruebas básicas, tanto a él como a su madre, que también tenía síntomas, y los enviaron de regreso a casa.

“Me dijeron que tenía una infección muy grande en la garganta”, cuenta a BBC Mundo vía telefónica.

El venezolano de 50 años, residente en Costa Rica, sospechaba haberse contagiado de COVID-19 en su oficina, pues otro empleado dio positivo unos días antes, tras volver de un viaje a Europa.

Un hospital de campaña en Costa Rica

Getty Images
Las autoridades instalaron un hospital de campaña en San José, pero el país tiene muy pocos pacientes internados.

Para el 17 de marzo, Henry fue de nuevo al sanatorio para que le tomaran muestras. Y cuatro días después recibió un correo electrónico: él y su madre dieron positivo de COVID-19.

A pesar de tener algunas molestias, y de que su madre tiene mayor riesgo al superar los 70 años, su tratamiento debía cumplirse en casa. También su esposa y su hija estaban contagiadas.

Henry asegura que nunca se sintieron abandonados en la enfermedad, sino todo lo contrario.

“Desde el 21 de marzo y hasta hace como 10 días, los médicos venían para acá por lo menos un día sí y un día no” para seguir de cerca el tratamiento, explica Henry.

Los visitaban los trabajadores sanitarios de los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS), y su médico estuvo en contacto con la familia a través de mensajes de WhatsApp.

Una empleada de salud en una vivienda

AFP
Los trabajadores sanitarios acuden a los domicilios de los pacientes a entregar medicinas y verificar sus tratamientos.

El sistema del EBAIS ha sido la primera línea de respuesta a la pandemia en Costa Rica y representa una de las claves que han permitido al país tener la más baja tasa de letalidad por COVID-19 de América Latina, dicen los expertos.

A medida que el país llega a los dos meses desde el primer caso detectado, solo seis pacientes han muerto y hasta este miércoles había apenas 16 hospitalizados de unos 400 casos activos.

Más de 320 personas se han recuperado de la enfermedad.

Tasa de letalidad del covid-19 en los países latinoamericanos

BBC

“Nuestra mejor vacuna contra el COVID-19 es tener una población disciplinada y educada, y un sistema de salud bastante consolidado”, dice a BBC Mundo el doctor Luis Villalobos, experto en salud pública de Costa Rica.

“Nosotros no gastamos en ejército, pero sí gastamos mucho en salud, en seguridad social y en educación, y eso ha sido muy importante”, añade el también exdecano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica.

Un sólido sistema de salud

El sistema de salud costarricense estaba muy fragmentado en el siglo XX, explica Villalobos, pero reformas de las décadas de 1990 y 2000 crearon un esquema sólido que ha permitido responder a esta pandemia.

A través de más de 1.000 clínicas del EBAIS, que cuentan con médicos, enfermeras, asistentes técnicos y farmacéuticos, los sanitarios están atendiendo los casos de COVID-19 en la etapa de detección, la cual es crucial para contener los contagios.

Viandantes en San José

EPA
A comienzos de abril se dio el incremento más alto de casos confirmados de COVID-19, lo que llevó al reforzamiento de campañas de distanciamiento social.

Como en el caso de Henry, desde que se identifica un posible caso se mantiene la vigilancia activa de síntomas hasta la confirmación. Si un paciente se agrava, entonces pasa al nivel de hospitalización.

La Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con una decena de hospitales a lo largo de las siete provincias del país, explicó el Ministerio de Salud del país a BBC Mundo.

Los momentos más complicados en estos dos últimos meses se dieron entre el 19 de marzo y el 3 de abril, cuando se confirmaron 325 nuevos contagios. El peor día fue el 24 de marzo, con 60 casos.

El avance del covid-19 en Costa Rica. El primer caso confirmado se dio el 6 de marzo.. .

Sin embargo, a partir de entonces el avance de la enfermedad ha decrecido notablemente: cada día se detectan menos de 20 casos nuevos (salvo dos jornadas) e incluso menos de 10 en los últimos días.

Tener solo 16 pacientes hospitalizados ha dejado disponible casi todo el centenar de camas para tratar exclusivamente a pacientes de covid-19, según cifras del Ministerio de Salud.

Los respiradores artificiales, que muchos países luchan por obtener, son cerca de 400 en el sistema sanitario, y el gobierno anunció la adquisición de 300 más.

Una prueba de un proyecto de respirador artificial

AFP
La Universidad de Costa Rica ha trabajado en el desarrollo de respiradores artificiales que puedan ser producidos a bajo costo.

Pero solo ocho personas estaban en cuidados intensivos hasta este miércoles.

Y tener solo 6 muertes por COVID-19 en casi dos meses ha puesto a Costa Rica como uno de los países con menor tasa de mortalidad por la enfermedad de América Latina, e incluso de otras regiones del mundo.

El funcionamiento del sistema se debe en buena medida a que Costa Rica es uno de los pocos países de América (junto a EU, Canadá, Cuba y Uruguay) que invierte más del 6% del Producto Interno Bruto en salud.

Tener sistemas de salud “menos fragmentados, integrales, que manejen bien la información de las personas bajo su cuidado, y que esté bien articulados” como en Costa Rica es lo que otros países deben procurar, aconseja Villalobos.

La curva de covid-19 en Costa Rica. Del 8 de marzo al 27 de abril de 2020.. .

¿Cómo más se ha protegido el país?

Cuando el conteo de casos COVID-19 en Costa Rica llegó a su primera decena, el gobierno tomó decisiones similares a otros países.

Fueron suspendidas las reuniones masivas, los cursos escolares, las actividades turísticas y sociales y se cerró la frontera. Además, se iniciaron campañas de promoción de trabajo desde casa, de lavado de manos y de distanciamiento social.

Una calle vacía en San José, Costa Rica

Reuters
Dos terceras partes de los costarricenses viven en la zona metropolitana de San José.

Expertos y autoridades destacan que los costarricenses han acatado las instrucciones notablemente, a diferencia de otros países.

Un reporte de Google basado en ubicación de teléfonos móviles mostró que las visitas a comercios y espacios públicos se redujeron un 84%, y las de playas o centros recreativos, un 82%.

“Muchos se han comportado a la altura. Han entendido el momento histórico que estamos viviendo, es un momento muy delicado”, dijo el ministro de Salud, Daniel Salas, la semana pasada.

Personas hacen fila en Costa Rica

AFP
Las prácticas de distanciamientos social han sido respetadas en espacios públicos, dicen expertos y autoridades.

En ello coincide Villalobos, quien también dice que la transmisión de información en móviles y el acceso universal al agua potable explican parte de la fórmula de protección del país.

“El hecho de tener agua intradomiciliaria prácticamente en el 100% de la población nos permite que la comunicación de lavado de manos sea muy efectiva entre la población”, señala.

Caminando sobre “cáscaras de huevo”

Costa Rica tiene una población de 5 millones, dos terceras partes asentadas en la zona metropolitana de San José, la capital del país.

Esto ha permitido a las autoridades concentrar los recursos en los focos más importantes de contagios, por lo que en el resto del país la demanda de servicios de salud no ha sido tan apremiante.

Un policía inspeccionando a un automovilista

Reuters
La policía ha establecido revisiones para verificar que las personas no salgan de casa sin motivo justificado.

El ministro Salas señala que el modelo Centinela favoreció la detección temprana de la enfermedad: “Nos permite saber qué está ocurriendo en puntos más álgidos, más estratégicos del país”, dijo el 23 de abril.

“En el momento en que tengamos un aumento en los casos que están en esas unidades centinela en todo el país, inmediatamente nos alerta que hay circulación incrementada de un virus”, sostuvo.

Costa Rica, sin embargo, no está exenta de riesgos.

Políticos de oposición han pedido también que se practiquen pruebas masivas a la población. Las cerca de 250 por cada 100.000 habitantes colocan al país en la media de América Latina.

Además, el constante movimiento de nicaragüenses -8% de la población de Costa Rica- ha planteado preguntas sobre cómo controlar el flujo de personas del país vecino, que ha tomado nulas medidas de prevención.

Un mercado en San José

Getty Images
Henry dice que el sistema de entregas a domicilio funciona bien en San José, por lo que no hay tanta gente congregada en los mercados.

El ministro Salas se muestra cauto sobre el futuro cercano, pues advierte a los costarricenses que el regreso a lo que era la normalidad no puede acelerarse ni llegará en el mediano plazo.

“La mayoría de la población, por el corto tiempo de la presencia del virus en nuestro país, no se ha visto expuesta al virus, no se ha infectado al virus. Podemos tener un aumento de casos, cadenas de transmisión, de manera intensa, en poco tiempo”, señala.

El país están caminando sobre un “piso de cáscaras de huevo, muy frágil”, advierte.


* El entrevistado pidió que su identidad fuera reservada para no generar preocupación a sus familiares en Venezuela.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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https://www.youtube.com/watch?v=H_Q1WDFqnT0

https://www.youtube.com/watch?v=Y36en98lbNw

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