Maternidad subrogada en México: documentan casos de discriminación y abusos por mala regulación
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Maternidad subrogada en México: documentan casos de discriminación y abusos por mala regulación

La organización GIRE expuso en un informe la falta de una normativa adecuada tanto a nivel federal como en Tabasco, para regular la reproducción asistida o maternidad subrogada.
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Por Redacción Animal Político
7 de agosto, 2017
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A cambio de gestar en su vientre un bebé para una pareja estadounidense, a Lisa le prometieron 10 mil pesos al mes y apoyo para seguir estudiando.

La oferta, que además incluía ayuda para encontrar trabajo, parecía satisfactoria, por lo que la tabasqueña de 33 años aceptó la gestación subrogada.

Un procedimiento médico que en México solo está regularizado en Tabasco y Sinaloa, el cual consiste en que una mujer se somete voluntariamente a una técnica de reproducción asistida para gestar hijos para un tercero, con quien puede o no tener vínculo genético.

Sin embargo, Lisa pronto sospechó que algo no estaba bien: nunca firmó un contrato que amparara el acuerdo con la agencia que hizo de intermediara entre ella y la pareja estadounidense. Y poco después, confirmó su sospecha: la mujer conoció durante el embarazo a una de las personas para quien estaba gestando, en una visita que ésta hizo a Tabasco. Ella no hablaba inglés. Y él casi nada de español. Pero fue suficiente para descubrir que Lisa no había recibido ni un peso del dinero que la pareja había depositado a la agencia para compensarla por los gastos del embarazo.

Descubierta la estafa, Lisa y la pareja contratante decidieron abandonar la agencia y continuar con su acuerdo de manera independiente.

El riesgo de no tener contrato: abandonada tras complicaciones en el parto

Pero los problemas no acabaron con ese nuevo acuerdo verbal. En octubre de 2015, ya con siete meses de gestación, y tras haber sufrido una fuerte criminalización por acceder a la gestación subrogada –agentes de policía llegaron incluso a presentarse en su casa acusándola de “querer robarse un niño”-, Lisa dio a luz a un bebé con complicaciones respiratorias, lo que implicó cuidados especiales muy costosos.

La pareja estadounidense solo afrontó los gastos durante siete días. Entonces, Lisa ofreció dar de alta al niño en su seguro médico, pero tuvo que hacerlo como si fuera suyo y de su esposo.

El bebé pasó tres meses hospitalizado. Y antes de que recibiera el alta, uno de los padres contratantes le dijo a Lisa que tenía que volver a California, pero volvería pronto a por el niño.

Sin embargo, nunca regresó. Y Lisa no volvió a saber de ellos.

El bebé tiene ahora un año y tres meses. La tabasqueña y su esposo decidieron hacerse cargo de su crianza, pero por falta de dinero no han podido llevar al niño a una evaluación médica para determinar cuál es su desarrollo físico y mental.

El ‘boom’ de la gestación subrogada en Tabasco

La falta de un contrato que la ampare. Estafada por una agencia intermediaria. Y abandonada por una pareja que, al tener solo un acuerdo verbal, se desentendió de todo y la abandonó junto con el bebé enfermo de por vida. La historia de Lisa aglutina en un solo caso muchos de los que recabó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en su informe ‘Gestación Subrogada en México: Resultados de una mala regulación’, el cual fue presentado este lunes 6 de agosto.

Se trata de una investigación en la que GIRE expuso que la falta de una normativa federal que regule la reproducción asistida, así como las deficiencias detectadas en la normativa actual de Tabasco sobre gestación subrogada, está provocando muchos casos de abusos como el de Lisa.

Cabe recordar que Tabasco reconoce la figura de la maternidad subrogada en su Código Civil desde 1997. Aunque en 2016, tras el ‘boom’ de personas y parejas que llegaban a Tabasco procedentes de países como España, Francia y Alemania, donde está penada la gestación subrogada, llevó a las autoridades locales a aprobar unas modificaciones al Código Civil para ponerle más ‘candados’ a esta práctica.

Agencias intermediarias, sí… pero reguladas por el Estado

No obstante, GIRE documentó que estos ‘candados’ lejos de proteger a todas las partes en una gestación subrogada –la madre gestante, la persona o paraje contratante, y el bebé-, los está dejando en una situación de vulnerabilidad ante los abusos y violaciones a derechos humanos.

Por ejemplo, uno de esos ‘candados’ que trajo la reforma al Código de Tabasco es penalizar el uso de agencias intermediarias en contratos de gestación subrogada. En este sentido, aunque GIRE admite que hay agencias nacionales e internacionales que estafaron a mujeres como Lisa, su no inclusión en la legislación tabasqueña fomentará, precisamente, que más casos como este se repitan en la clandestinidad.

La organización civil planteó en su informe que la legislación debe reconocer la existencia de ‘intermediarios’ en la gestación subrogada, y definir qué instituciones del Gobierno deben encargarse de su regulación y vigilancia, tal y como ya se hace en los casos de adopción.

“Abandonen el bebé y vuelvan a su país”

La normativa vigente en Tabasco reconoce en el contrato de gestación la existencia de “una madre y un padre contratantes”, definición que excluye a personas solteras y parejas del mismo sexo.

Lo anterior ha provocado casos como el de José y su esposo, una pareja española que viajó a Tabasco para realizar un procedimiento de gestación subrogada. Al nacer su bebé, quedó registrado como hijo de José ya que en la clínica les aseguraron que ésta era la manera correcta de hacerlo, pues los formatos de acta de nacimiento de la entidad no admiten la posibilidad de tener dos padres.

Una vez superado ese escollo, llegó lo peor: obtener un pasaporte para el bebé. José y su pareja viajaron a la Ciudad de México para tramitar el documento, pero el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores se lo negó por no haber una madre en el acta de nacimiento. De vuelta en Tabasco, una delegada de Relaciones Exteriores admitió no estar de acuerdo con la gestación subrogada, por lo que no haría nada por ellos.

“La solución es que abandonen el bebé y regresen a su país”, les dijo.

Finalmente, siete meses después de nacer, la pareja española pudo regresar a su país con el pasaporte del bebé.

Compensación económica

Otra modificación importante al Código Civil de Tabasco establece la obligación de los padres contratantes de hacerse cargo de los gastos médicos derivados del embarazo, parto y postparto, así como contratar un seguro de gastos médicos mayores para la mujer gestante.

GIRE recalcó en su investigación que se trata de un cambio “positivo”, puesto que contribuye a proteger la vida y la salud de las mujeres gestantes.

Sin embargo, limitar la compensación económica a solo los gastos médicos, dejaría a la madre gestante indefensa a la hora de reclamar otros gastos derivados del embarazo, como transporte, vestido o alimentación.

Además, si la legislación no reconoce la compensación económica como una parte de la gestación subrogada, GIRE consideró que se fomentaría que los acuerdos económicos se lleven a cabo también en la “clandestinidad”. Lo cual, aunado a que en muchos casos la mujer no obtiene copia del contrato de gestación, provoca una situación de mayor desamparo.

Recomendaciones para una ley modelo

Ante estas y otras medidas discriminatorias –con la reforma, las personas extranjeras no pueden acceder a la gestación subrogada, y las mujeres contratantes de menos de 25 y más de 40 años, y las gestantes fuera del rango de 25 a 35 años, tampoco-, GIRE planteó en su informe un batería de recomendaciones para lograr “una legislación modelo”.

Por ejemplo, la organización civil planteó que los contratos de gestación sean revisados por notarios y/o un juez, con lo cual se evitarían casos de abandono como el de Lisa y el bebé.

Aquí puedes leer todos los testimonios de abusos documentados por GIRE, así como todas las recomendaciones emitidas.

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Elecciones en Nicaragua: 3 claves para entender la esperada tercera reelección consecutiva

Daniel Ortega avanza hacia un nuevo mandato en Nicaragua en medio de denuncias por las trabas a la participación de la oposición.
Getty Images
7 de noviembre, 2021
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Como hace cinco años, este domingo se espera un nuevo triunfo de Daniel Ortega sin oposición.

El presidente de Nicaragua se declaró ganador en las presidenciales de 2016 de manera arrolladora. El colegio electoral le adjudicó el 72% de los votos. Pero los comicios quedaron manchados porque el mandatario izquierdista no tuvo competencia: el poder judicial, que según sus críticos está controlado por él, había ilegalizado a la oposición.

Este domingo se espera que Ortega, quien cumplirá 76 años a final de mes, sea elegido presidente por cuarta vez, la tercera de manera consecutiva, en un contexto similar al de hace cinco años.

“El poder no está en juego, no hay competencia electoral”, dice tajante a BBC Mundo el analista político Eliseo Núñez. “Ortega controla todo y ahora en 2021 con mano de hierro”, destaca.

En los últimos cuatro meses, la Justicia ordenó el encarcelamiento de siete precandidatos que se perfilaban como rivales de Ortega en los comicios junto a 32 líderes opositores y empresarios -otrora aliados- que están acusados de “conspiración y traición a la patria”.

Una reciente encuesta de Gallup divulgada hace dos semanas destacó que hasta el más impopular de todos los candidatos opositores presos habría derrotado al líder izquierdista que gobierna Nicaragua desde 2007, luego de un primer periodo presidencial en los años ochenta.

El sondeo reveló un dato nunca visto para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el fuerte partido político que lidera Ortega: su simpatía política había bajado a 9%, luego de sobrepasar el 70% en 2016.

“En 2016 le bastó nada más ilegalizar a la oposición, ahora apresó a todos los candidatos”, dice Núñez, exiliado en Costa Rica.

“No eran ni precandidatos ni de su propio grupo, mucho menos que fueran precandidatos presidenciales. Eso nunca existió”, dijo Ortega tras los arrestos de los opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, entre otros.

Oscar René Vargas, un sociólogo que fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dice que Ortega no quiso competir en las elecciones porque sabe que perdió el apoyo de la población.

“Las encuestas no mienten, por eso tiene a partidos comparsas o zancudos como sus contrincantes”, dice Vargas.

En BBC Mundo resumimos en tres claves el momento político que explica la esperada reelección de Ortega.

Protestas en Nicaragua

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1. Las protestas de 2018

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y hasta 2018 gozó de altos niveles de popularidad, según diversas encuestas. En abril de 2018 estudiantes universitarios y campesinos salieron a las calles a protestar contra una reforma a la seguridad social que disminuía beneficios sociales a los jubilados. Las revueltas fueron reprimidas violentamente por la policía.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuantificó 328 personas fallecidas durante las protestas, la mayoría opositores al gobierno a manos de policías o civiles armados leales a Ortega.

El gobierno calificó las protestas como “un intento de golpe de estado” y acusó a Estados Unidos y la Iglesia Católica de alentarlas.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

Getty Images

Desde entonces, el país centroamericano de 6,2 millones de habitantes y uno de los más pobres de América Latina vive una continua crisis política agravada en 2021.

El gobierno no solo apresó este año a los líderes opositores más visibles, sino que también cerró el principal diario del país, La Prensa, con casi 100 años de historia, encarceló a su gerente general, al que señaló de lavado de dinero, y obligó a buena parte de sus periodistas más críticos a irse al exilio.

“Seguimos vivos en la parte digital, pero nuestros periodistas trabajan casi clandestinos en Nicaragua”, dice a BBC Mundo una autoridad de La Prensa que tuvo que salir del país.

2. La respuesta de la comunidad internacional

La situación en Nicaragua ha llamado la atención de la comunidad internacional. Estados Unidos ha dicho que las de este domingo no son unas elecciones libresy ha sancionado a 28 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta del país y esposa de Ortega, Rosario Murillo, junto a cuatro de sus hijos.

A esa condena se ha sumado Canadá y la Unión Europea y la OEA (Organización de Estados Americanos), que ya tiene una sesión programada para el 10 de noviembre para analizar la situación de Nicaragua.

Experto en negociar al filo del abismo, “Ortega está aislado internacionalmente y si bien es cierto que las sanciones económicas impuestas por varios países no han impactado directamente los préstamos del país con la comunidad internacional, pronto comenzarán a sentirse los efectos”, dice Vargas.

Opositores en el exilio

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Además de detenidos, otros opositores han salido del país y hacen política desde fuera.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta semana una ley, a la que han llamado Renacer, que está pensada para poner más presión a Ortega hasta que haya elecciones “libres y justas”.

“Con Ortega encarcelando a más de 150 presos políticos, incluidos prácticamente a todos los candidatos presidenciales de la oposición, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras su régimen consolida una tercera dictadura en América Latina”, dijo el senador Bob Menéndez.

La ley, ahora en el despacho de Joe Biden para que sea firmada por el presidente, obliga a los representantes de Washington en los organismos internacionales a limitar el acceso a préstamos de Nicaragua.

Pero el punto más importante de la ley es el relacionado con la posible revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Nicaragua, mediante el cual ingresan libre de aranceles o con tasas preferenciales el 60% de las exportaciones nicaragüenses a suelo estadounidense. El tratado tiene una cláusula sobre gobernabilidad y derechos humanos y eso piden revisar los legisladores.

“Si Estados Unidos pone a revisión ese tratado, sería catastrófico para la economía de Nicaragua y el fin de Ortega”, dice un economista nicaragüense que pide anonimato por miedo a represalias.

Ortega acusa a Estados Unidos de injerencia y de promover desde hace años un cambio de gobierno en el país.

Camisetas a favor de Ortega.

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Daniel Ortega alcanzará los 20 años en el poder al final del mandato que casi con seguridad ganará este domingo.

Pero ni la presión internacional de los últimos meses obligó a Nicaragua a permitir observación electoral nacional o internacional. En 2014, una reforma electoral aprobada por la mayoría de diputados leales a Ortega cambió el terminó de “observador” por “acompañante”. Y ningún organismo de peso como la OEA, Unión Europea o el Centro Carter estará observando las elecciones.

Ortega aseguró en junio que las sanciones no doblegarían a su administración y analistas opinan que, a pesar de aislar al país aún más, no provocarían un cambio de gobierno, como tampoco ha sucedido en Cuba y Venezuela.

3. Los efectos de la crisis en la calle

Con la bonanza económica impulsada por US$600 millones anuales en cooperación petrolera venezolana e inversión extranjera directa, Nicaragua mantuvo altos niveles de crecimiento económico hasta 2017. El país crecía a un promedio de 4%, según cifras del Banco Mundial (BM)

Debido a las protestas que paralizaron el país en 2018 y a los efectos de la pandemia del coronavirus en 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo casi 9%, según el Banco Mundial.

Mercado de Managua

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106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018.

“La pobreza va en aumento ya que las principales fuentes de ingresos, los salarios y las entradas de las empresas familiares siguen estando afectadas”, dijo el BM.

Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo, podrían usar las sanciones para justificar la contracción económica del país más grande de Centroamérica.

Algunos analistas creen que Ortega y Murillo buscarán negociar con sectores empresariales de peso para reactivar la economía, buscando un efecto estabilizador para su administración y normalizador de la sociedad como antes de 2018.

Hombre delante de una pancarta de la campaña de Ortega

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Pero entre las recientes detenciones están las de los líderes del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy Lacayo y Álvaro Vargas, quienes enfrentan cargos similares a los precandidatos presidenciales detenidos.

En medio de la crisis política, más de 106.000 nicaragüenses se han ido del país desde 2018, según cálculos de Naciones Unidas. Y en el último año, por la pandemia, la migración se ha acelerado.

En enero pasado, 595 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos. En julio ya habían sido detenidos en los mismos puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses, según cifras oficiales.

La salida de nicaragüenses influye en la economía. El Banco Central de Nicaragua proyecta que para el cierre de 2021 habrán ingresado al país en remesas US$2.000 millones, el 17% del Producto Interno Bruto (PIB), un gran incentivo para un país que, según las proyecciones, seguirá expulsando migrantes en los próximos años.


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