Opacidad y cuerpos sin identificar: los pendientes a 7 años de la masacre en San Fernando
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Ernesto Aroche

Opacidad y cuerpos sin identificar: los pendientes a 7 años de la masacre en San Fernando

Familiares de las víctimas de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, acusan que no les han dado acceso a los expedientes y que no se ha cumplido con la reparación del daño.
Ernesto Aroche
Por Ernesto Aroche Aguilar
24 de agosto, 2017
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A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, familiares de las víctimas y líderes de organizaciones civiles acusaron que aún no se ha identificado a todos los cuerpos, no se les ha dado acceso a los expedientes y que las autoridades ni siquiera han cumplido en su totalidad con la reparación del daño.

“En 2010 empezamos con esta pesadilla”, dice Glenda, quien perdió a su padre y a tres de sus hermanos en la masacre de San Fernando.

La definición que hace Glenda de la masacre encuentra eco en las palabras de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que han acompañado a las víctimas, quien acusa: “Seguimos sin que se haya cumplido con la reparación del daño y las familias siguen con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son de sus familiares”.

Hasta el momento, hay 10 cuerpos que permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense, luego de que, según Delgadillo, fue hasta tres años después de la masacre que comenzó a sistematizarse la investigación e identificación de los restos, gracias al trabajo de la Comisión Forense, conformada por peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ese equipo de peritos recuperó restos que habían sido enterrados en fosas comunes en San Fernando y Ciudad Victoria, también en Tamaulipas, y en el panteón de Dolores de la Ciudad de México. Antes de eso la entrega de restos era irregular, sin información para aclarar las dudas a las familias, dijo la activista.

Leer más: Autoridades y CNDH sabían que Los Zetas abusaban y mataban migrantes en San Fernando.

La lucha jurídica tras la masacre

Siete años después de los hechos en San Fernando, la lucha jurídica por conocer la verdad ha implicado siete amparos y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A pesar de ello ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han hecho públicos los expedientes de sus investigaciones, ni tampoco se ha investigado a profundidad la responsabilidad del estado en la masacre.

En mayo pasado, la SCJN obligó a la CNDH a reclasificar el caso de los 72 migrantes para calificarlo como “violación grave a los derechos humanos”, lo que permite abrir la información, aunque hasta el momento la CNDH no ha entregado las copias del expediente.

Leer más: En la masacre de San Fernando hubo graves violaciones a derechos humanos, reconoce la CNDH.

En el caso de la PGR, las solicitudes de información se presentaron desde el 6 de diciembre de 2011. Ante la negativa a entregar la información, posición que fue avalada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Articulo 19 promovió dos amparos. El caso ya llegó a la SCJN, pero aún está pendiente de resolverse.

Al respecto, Ana Cristina Ruelas, directora de Articulo 19, acusó que la historia de México como un país abierto y transparente es mentira, pues ni siquiera las víctimas han podido conocer el expediente íntegro. “Han tenido que verlo (el expediente) todo testado, han tenido que enfrentarse a la opacidad, a la falta de capacidad del estado para hacer una investigación diligente”.

Una de las víctimas respalda los dichos de la directora de Artículo 19. Luego de viajar desde Guatemala, Glenda vio cómo sus esperanzas de saber qué pasó con sus familiares se diluyeron al reunirse con autoridades mexicanas en 2016.

“Estuvieron reunidos con nosotros siete minutos y lo que nos dijeron es información que hasta mis sobrinos encuentran en internet. Viajamos desde tan lejos para venir y escuchar noticias de esperanza: ya tenemos esto, hemos logrado esto… y no, el Estado no ha hecho nada. Seguimos esperando justicia, seguimos esperando la verdad”, dice.

El caso de Glenda

masacre

“En 2010 empezamos con esta pesadilla”, dice Glenda.

A principios de agosto de 2010, Richard le dijo a su hermana Glenda que cuidara a su mamá.

Richard salió de una población en Guatemala, junto con Nancy, otra de sus hermanas y Efraín, su padre, con rumbo a Estados Unidos.

El 19 de agosto, Richard  se comunicó con su familia. Les dijo que ya no tenían dinero ni zapatos, pero que seguían en su ruta a EU. Esa fue la última vez que hablaron con él, puesto que días después fue secuestrado y asesinado junto con otras 71 personas, entre ellas sus dos hermanas y su papá, en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México.

El 2 de noviembre llegaron a Sipacate dos ataúdes. Dijeron que eran los restos de Efraín y Richard, pero Glenda y sus familiares no pudieron abrir los féretros. Los restos de Nancy regresaron a su país hasta marzo de 2011.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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