A siete años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, familiares de las víctimas y líderes de organizaciones civiles acusaron que aún no se ha identificado a todos los cuerpos, no se les ha dado acceso a los expedientes y que las autoridades ni siquiera han cumplido en su totalidad con la reparación del daño.
[contextly_sidebar id=”4fTlG3VQNEd47SXhw2dJX4lVj8MYYPeV”]“En 2010 empezamos con esta pesadilla”, dice Glenda, quien perdió a su padre y a tres de sus hermanos en la masacre de San Fernando.
La definición que hace Glenda de la masacre encuentra eco en las palabras de Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones que han acompañado a las víctimas, quien acusa: “Seguimos sin que se haya cumplido con la reparación del daño y las familias siguen con la incertidumbre sobre si los restos que les entregaron son de sus familiares”.
Hasta el momento, hay 10 cuerpos que permanecen sin identificar en el Servicio Médico Forense, luego de que, según Delgadillo, fue hasta tres años después de la masacre que comenzó a sistematizarse la investigación e identificación de los restos, gracias al trabajo de la Comisión Forense, conformada por peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Ese equipo de peritos recuperó restos que habían sido enterrados en fosas comunes en San Fernando y Ciudad Victoria, también en Tamaulipas, y en el panteón de Dolores de la Ciudad de México. Antes de eso la entrega de restos era irregular, sin información para aclarar las dudas a las familias, dijo la activista.
La lucha jurídica tras la masacre
Siete años después de los hechos en San Fernando, la lucha jurídica por conocer la verdad ha implicado siete amparos y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de ello ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ni la Procuraduría General de la República (PGR) han hecho públicos los expedientes de sus investigaciones, ni tampoco se ha investigado a profundidad la responsabilidad del estado en la masacre.
En mayo pasado, la SCJN obligó a la CNDH a reclasificar el caso de los 72 migrantes para calificarlo como “violación grave a los derechos humanos”, lo que permite abrir la información, aunque hasta el momento la CNDH no ha entregado las copias del expediente.
Leer más: En la masacre de San Fernando hubo graves violaciones a derechos humanos, reconoce la CNDH.
En el caso de la PGR, las solicitudes de información se presentaron desde el 6 de diciembre de 2011. Ante la negativa a entregar la información, posición que fue avalada por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Articulo 19 promovió dos amparos. El caso ya llegó a la SCJN, pero aún está pendiente de resolverse.
Al respecto, Ana Cristina Ruelas, directora de Articulo 19, acusó que la historia de México como un país abierto y transparente es mentira, pues ni siquiera las víctimas han podido conocer el expediente íntegro. “Han tenido que verlo (el expediente) todo testado, han tenido que enfrentarse a la opacidad, a la falta de capacidad del estado para hacer una investigación diligente”.
Una de las víctimas respalda los dichos de la directora de Artículo 19. Luego de viajar desde Guatemala, Glenda vio cómo sus esperanzas de saber qué pasó con sus familiares se diluyeron al reunirse con autoridades mexicanas en 2016.
“Estuvieron reunidos con nosotros siete minutos y lo que nos dijeron es información que hasta mis sobrinos encuentran en internet. Viajamos desde tan lejos para venir y escuchar noticias de esperanza: ya tenemos esto, hemos logrado esto… y no, el Estado no ha hecho nada. Seguimos esperando justicia, seguimos esperando la verdad”, dice.
El caso de Glenda
A principios de agosto de 2010, Richard le dijo a su hermana Glenda que cuidara a su mamá.
Richard salió de una población en Guatemala, junto con Nancy, otra de sus hermanas y Efraín, su padre, con rumbo a Estados Unidos.
El 19 de agosto, Richard se comunicó con su familia. Les dijo que ya no tenían dinero ni zapatos, pero que seguían en su ruta a EU. Esa fue la última vez que hablaron con él, puesto que días después fue secuestrado y asesinado junto con otras 71 personas, entre ellas sus dos hermanas y su papá, en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México.
El 2 de noviembre llegaron a Sipacate dos ataúdes. Dijeron que eran los restos de Efraín y Richard, pero Glenda y sus familiares no pudieron abrir los féretros. Los restos de Nancy regresaron a su país hasta marzo de 2011.
