[contextly_sidebar id=”6iEBtZ4wEM43XfwGYIGUXdXNMDqHqT9W”]La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación por las denuncias de presuntos abusos sexuales y maltratos físicos, en cinco albergues de La Ciudad de los Niños, dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez, ubicados en Guanajuato y Michoacán.
La jueza, Karla María Macías Lovera Durante, sentenció que existe evidencia de una serie de abusos físicos, sexuales y psicológicos cometidos contra varias niñas, niños y adolescentes, que viven bajo la tutela y vigilancia del padre Pedro Gutiérrez. Y ordenó la intervención del DIF estatal para la protección de los menores.
La juzgadora advirtió que “han existido omisiones de las autoridades (locales) que han propiciado los posibles abusos”.
Por ejemplo, el informe “Institucionalización y Violencia en la Ciudad de los Niños”, hecho por el Centro de Promoción de los Derechos Humanos, de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), señala que el sacerdote Pedro Gutiérrez registró como sus propios hijos a 134 niñas y niños; sin importar que este tipo de adopción sea ilegal, según el código penal estatal, que considera el acto como una usurpación de filiación.
El portal Zona Franca, y otros medios locales, revelaron que “según testimonios de los niños y funcionarios que obran en el expediente, es evidente que los menores acogidos han sufrido violencia física, sexual y psicológica que pone en riesgo su integridad, por lo que la juez federal pide que sean reubicados los internos de dicha asociación”.
La investigación para determinar si los niños y jóvenes en los albergues “Ciudad de los Niños” y “Ciudad Juvenil” de Guanajuato y Michoacán fueron abusados y torturados durante varios años, será realizada por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), de la PGR, quien determinará si existe un delito federal que perseguir.
Pese a las advertencias sobre las omisiones de autoridades locales que hizo la jueza, la PGR señaló en su comunicado que las niñas, niños y adolescentes aún albergados son supervisados “por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guanajuato, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección a Niñas Niños y Adolescentes (SIPINNA) del mismo estado”.
También se advirtió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, tendrán que elaborar un plan de restitución integral de derechos a las niñas, niños y adolescentes que han vivido en los albergues dirigidos por el sacerdote.
