Promesas incumplidas y pozos envenenados: así vive la gente cerca del contaminado Río Sonora
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Foto: Cuartoscuro

Promesas incumplidas y pozos envenenados: así vive la gente cerca del contaminado Río Sonora

Tras el derrame del río Sonora en 2014, ciudadanos demandan atención médica y plantas potabilizadoras que el gobierno estatal y Grupo México prometieron.
Foto: Cuartoscuro
Por Ernesto Aroche Aguilar
2 de agosto, 2017
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Pese a que el gobierno estatal aseguró que ya no había contaminación en el río Sonora, tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados, en 2014,—todo proveniente de la mina de Buenavista del Cobre de Grupo México en Cananea—, un juez determinó que en la zona al menos los pozos de agua de Sinoquipe y La Labor tienen altos niveles tóxicos, superiores a los permitidos para el consumo humano, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos acuíferos son utilizados para abastecer a siete municipios sonorenses —Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures—, que bordean el río que la empresa que encabeza Germán Larrea contaminó. Incluso, son utilizados para bebederos escolares sin ningún tratamiento de purificación previo, por eso, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), que agrupan a ciudadanos afectados por el derrame en la mina, demandaron a tres instituciones de salud —ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud— por la falta de atención médica.

El 6 de agosto de 2014, el río Sonora y sus afluentes recibieron una mezcla de químicos de alto impacto en la salud, como el arsénico y el manganeso, por una negligencia empresarial, que fue calificada por autoridades federales como “el desastre ecológico más grande de México”.

“El desastre ecológico” no solo dejó daños ambientales y de salud: se tienen contabilizadas 381 personas afectadas, el 1.5 por ciento de la población de la ribera del río, y una serie de promesas incumplidas de la empresa y gobierno.

Las promesas del Gobierno de Sonora y Grupo México

“A los días del derrame nos dijeron que iba a construirse 36 plantas potabilizadoras para limpiar el agua de metales pesados, después nos dijeron que no, que serían 28, y en abril de 2017 la gobernadora (Claudia Pavlovich Arellano) anunció que sólo serán 9. Una que está en Bacanuchi, el pueblo más cercano a la mina ya está medio construida, pero ni nueve ni 36 ni nada”, dijo Mario Alberto Salcido Romo, integrante de los Comités Cuenca del Río Sonora.

“No tenemos ninguna certeza de que el agua esté limpia, al contrario, hoy tenemos una sentencia que reconoce que hay contaminación en la zona”, advirtió el líder comunitario.

En un informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, que fue dado a conocer a finales de junio pasado, se detalló que la empresa justificó la ausencia de las plantas potabilizadoras argumentando que las autoridades municipales “no tenían capacidad” para operarlas, por lo que sería “irresponsable” su construcción.

Leer también: Un juez ordena vigilar e impedir que empresas sigan contaminando el Río Alto Atoyac

“A principio se habló de 19 enfermos, para 2015 ya eran 280, en 2016 nos dijeron que el número había subido a 361. El último dato que tenemos es que son 381, pero creemos que son muchos más”, detalló Francisco Ramón Mirada, integrante de los comités denunciantes.

Pero, según advierte un reporte realizado por la organización Proyect Poder “los metales pesados son bioacumulables, por lo que las afectaciones a la salud por consumirlos mediante el agua pueden tardar meses, o años, en aparecer. A partir del derrame, las enfermedades del estómago y de la piel se han vuelto frecuentes entre los habitantes de la región.”

Los ciudadanos no confían en la cifra oficial, que dice que solo 22 mil habitantes habitantes de la ribera del río Sonora están afectados directamente por el derrame. El CCRS estima que la cifra solo es representativa de los 250 mil pobladores de los siete municipios que bordean el río, y que “fueron afectados indirectamente”.

Los integrantes del comité también señalaron que la atención que reciben a través de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental se ofrece en una casa adaptada, porque la clínica que se iba a construir como parte de los compromisos que asumió Grupo México está inconclusa.

El reporte de Proyect Poder también advirtió que “contar con un espacio para la vigilancia epidemiológica en la región hasta el año 2029, era una de las medidas de reparación a las que se comprometieron tanto la empresa como las autoridades”.

La sanción: una multa por 24 millones y pagos “irregulares”

A pesar del daño ambiental y social que provocó la empresa de Germán Larrea, según la revista Forbes el segundo multimillonario más rico de México, ésta solo recibió una multa por 24 millones de pesos; un monto que representa solo el 0.22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre del año. También le pidieron crear un fideicomiso por 2 mil millones, para la indemnización de los afectados.

El informe del grupo de trabajo de la ONU señaló que el pago de indemnizaciones que hizo Grupo México a través del Fideicomiso fue arbitrario, “se estableció un número máximo de cabezas de ganado pagadas, sin tomar en cuenta el número real de animales afectados”.

De acuerdo con los datos de la página Fideicomisosonora.mx, que se creó para el seguimiento del uso de estos recursos,  solo hay reportes de pago por mil 028 millones de pesos, que el CCRS no reconoce hayan sido utilizados para beneficio de la población, ni el saneamiento del medio ambiente contaminado.

En junio de 2016, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales “remita a esta Comisión Permanente un informe sobre las medidas dictadas para la reparación del daño ambiental que causó Grupo México”.

En la petición se planteó que el informe “se deberá comunicar el estado de cumplimiento y las sanciones aplicadas hasta esta fecha”, pero la dependencia aún no da ninguna respuesta.

 

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Twitter: cómo el primer tuit de la red social generó una subasta millonaria

El cofundador de Twitter decidió poner a subasta su primer tuit y su iniciativa se convirtió rápidamente en una puja millonaria.
Por BBC
7 de marzo, 2021
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La subasta online por el primer tuit de la historia llegó a tener pujas de hasta 2,5 millones de dólares  este sábado.

Todo se debe al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, que decidió poner a subasta su primer tuit y su iniciativa se convirtió rápidamente en una puja millonaria.

“Just setting up my twttr”, se lee en inglés en el post publicado en marzo de 2006 ( “Sencillamente configurando mi twttr”, en español).

La publicación será vendida en forma de NFT (token criptográfico), un certificado digital exclusivo que establece quién posee una fotografía, un video u otra forma de contenido online.

No obstante, el comentario de Dorsey seguirá estando disponible para el público en Twitter incluso después de que acabe en manos de un nuevo propietario.

El comprador recibirá un certificado, firmado digitalmente y verificado por el propio Dorsey, junto a los metadatos del tuit original, que incluirá información como el momento en que se publicó el tuit y su contenido.

Gran parte de esa información, no obstante, ýa está públicamente disponible.

¿Como un “souvenir”?

La subasta se lleva a cabo a través de la web Valuables, lanzada hace tres meses para vender tuits usando estos mecanismos.

En una publicación en esta plataforma, sus fundadores comparan la compra de un tuit como la de un autógrafo más tradicional o un souvenir.

“Tener cualquier contenido digital puede ser una inversión financiera“, señalan. “ valor sentimental. Tal y como un autógrafo en una tarjeta de béisbol, el NFT en sí mismo es la firma de su creador en el contenido, convirtiéndolo en algo único, limitado y valioso”.

https://twitter.com/jack/status/20

Ofertas anteriores al tuit de Dorsey sugieren que fue sacado a la venta en diciembre, pero la subasta atrajo mayor atención después de que el propio cofundador tuiteara un vínculo a ésta el viernes. Ese comentario ha sido compartido miles de veces desde entonces.

En cuestión de minutos, la puja por el tuit llegó a los más de US$88.000 y se disparó este sábado, con una oferta de US$1,5 millones siendo usurpada por otra de US$2 millones alrededor de las 15:30 GMT.

Según las condiciones de Valuables, el 95% de las ventas del tuit irán destinadas al creador original y el restante a la página web.

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BBC

Análisis de Rory Cellan-Jones, periodista de la BBC especializado en Tecnología

Los tuits son el último activo digital en ser monetizado a través de los llamados NFT.

Los NFT utilizan la tecnología de contratos blockchain, popular por ser usada en criptomonedas como el bitcoin, para crear certificados exclusivos de adquisición de cualquier contenido digital.

Pese a que la idea de que artistas digitales pueden obtener ingresos al ofrecer a los compradores cierto sentido de propiedad tiene sus alicientes, la “venta” de tuits dejará a más de uno perplejo.

Valuables, la plataforma que comercializa el tuit de Dorsey, parece reconocer que el concepto provocará cierto desconcierto. En el apartado de preguntas frecuentes de su página web, explica que “poseer cualquier tipo de contenido digital puede… tener valor sentimental y forjar una relación entre el coleccionista y el creador”.

La mayoría de nosotros pensaría que este es un precio muy alto a pagar por una relación con el jefe de Twitter, pero dado el estado frenético y a menudo irracional de cualquier tipo de mercado relacionado con las criptomonedas, quizá el comprador confía en que pronto habrá alguien que le quitará el tuit de las manos a un precio incluso superior.

Por mi parte, basado en el dicho de que “si no puedes con ellos, mejor únete”, he puesto uno de mis tuits a la venta.

Es un tuit sobre este artículo y acabo de aceptar una puja por él de US$1. Puede sonar algo modesto, pero teniendo en cuenta que tengo otros 72.466 tuits disponibles puede ser el comienzo de algo grande…

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BBC

 

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