Han transcurrido siete años desde que se cometió la masacre de 72 migrantes en un rancho ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 15 personas consignadas, pero ni una sola condenada.
[contextly_sidebar id=”6QfHMYdrsFNfEl5ljCopuwq7BSxRSZhi”]Esa fue la información que la Unidad de Investigación para Personas Migrantes de la PGR, a cargo de Leonor Figueroa, dio a conocer a las familias de las víctimas, quienes estuvieron en México la semana pasada para recordar que en todo este tiempo las autoridades mexicanas poco han hecho para aclarar el caso, y administrar justicia a los deudos.
Se trata de una cifra que no se ha podido corroborar con el expediente, pues hasta el momento no han tenido acceso íntegro a ese documento, explicó Ana Sandra Salinas, integrante del área jurídica de la Fundación para la Justicia, una de las organizaciones de las sociedad civil que ha acompañado el caso de la masacre en San Fernando.
Y puntualizó que “desde que la Unidad de Investigación para Persona Migrantes tiene el caso no ha hecho nada por darle seguimiento a las consignaciones y condenas”.
Además de la falta de información, el trato que recibieron los familiares de las víctimas por parte de funcionarios de la PGR fue “muy poco respetuoso”, acusó: primero los quisieron atender en un cubículo pequeño en lugar de una sala amplia, luego el personal auxiliar del ministerio público, presente en la reunión, respondió de manera poco sensible a las peticiones.
Ana Sandra cuenta que se pidió que las autoridades mexicanas viajaran a los países de origen de los migrantes para reunirse con las familias de los asesinados para explicarles los procedimientos de identificación y el trabajo realizado en materia penal.
“Un licenciado que estaba en la sala, auxiliar de la Ministerio Público a cargo del caso, dijo que las familias tenían que comprender que no tenían tiempo ni personal, y mientas las familias externaban sus dudas vimos algunos ademanes no gratos hacia ellos”, dijo Ana Sandra.
La activista también informó que acaban de ganar un amparo para tener acceso a la documentación, pero que en la reunión, que se llevó a cabo el pasado miércoles en las instalaciones del PGR, les informaron que la copia que les entregarán estará testada.
Desde marzo del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los familiares de los migrantes asesinados deben ser considerados víctimas directas de la masacre, a pesar de ello, aún no han recibido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
Por ello, agrega Ana Sandra: “hay demasiada falta de sensibilidad en las autoridades. Si para todos los mexicanos es difícil que podamos acceder a la justicia, pues para las familias de los migrantes es todavía más difícil. Son personas humildes, algunas de ellas son de comunidades indígenas”.
En 2009, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicó a Tamaulipas como la tercera entidad con el mayor número de secuestros de migrantes, una actividad que de acuerdo con la institución dejó en ese año un aproximado de 50 millones de dólares a las redes del crimen organizado.
El informe también señaló que en los casos investigados en ese año hubo participación de autoridades mexicanas en los secuestros, lo que “revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”.
Cuestionada al respecto, Ana Sandra dijo que en la reunión con la PGR sólo les mostraron la lista de nombres, pero no tienen certeza si policías municipales de San Fernando, o algún otro funcionario, están entre los imputados.
¿Qué dice PGR sobre el caso San Fernando?
En una tarjeta informativa, la Procuraduría General de la República explicó que los familiares de las víctimas no pudieron revisar todos los tomos de la indagatoria debido a que la misma “se encuentra en integración, por lo que no se puede compartir ni en copias certificadas, como lo han solicitado las familias toda vez que contiene datos de otras víctimas que no son sus familiares y los representantes, no lo son de todas las víctimas”.
Sobre las 15 personas consignadas, la PGR señaló que fueron acusadas de delitos, como: delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas de uso reservado del Ejército, corrupción de personas menores y homicidio calificado, que se encuentran detenidos y que están a la espera de la sentencia que emitirá el órgano jurisdiccional.
La PGR agregó que “los familiares y representantes de las víctimas solicitaron rectificación de restos, con la participación de Comisión Forense (expertos independientes y peritos de la PGR), por lo que se enviará la solicitud de asistencia jurídica”.
De acuerdo con la dependencia federal, entre los casos de familiares y representantes que solicitaron la rectificación de los restos encontrados en San Fernando hay una familia de El Salvador que solicitó por tercera ocasión que se realice la identificación de su familiar.
“El compromiso de la Unidad es volver a enviar la asistencia jurídica; sin embargo será decisión de los países cómo proceder”, dijo la PGR, que detalló que se continúa en la búsqueda de posibles coincidencias de tipo forense, a través de denuncia o de asistencias jurídicas internacionales a fin de poder identificar a las 10 personas restantes, por lo que se han levantado denuncias en Guatemala, Honduras y el Salvador, con el propósito de garantizar el acceso a las personas migrantes y sus familias.
