[contextly_sidebar id=”F2gLJF5rVeOcubVeraJ4T7epP5ZWlEIq”]La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), el poder plenipotenciario que dirige el país desde hace dos semanas, se atribuyó este viernes funciones legislativas del Parlamento, controlado por la oposición.
La ANC, en la que no está representada la oposición, que la considera un órgano fraudulento, había convocado para la sesión de este viernes a la junta directiva, que no acudió porque no la reconoce.
Ante la ausencia, el primer vicepresidente de la ANC indicó que asumirá las competencias legislativas del Parlamento para “garantizar la preservación de la paz, la soberanía y las finanzas del Estado”.
La ANC podrá además dictar actos parlamentarios en forma de ley.
“La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus poderes (…) decreta asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, el sistema socioeconómico y financiero”, se lee en el decreto aprobado por unanimidad.
La retirada a final de marzo por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las funciones legislativas a la Asamblea Nacional, nombre que recibe el Parlamento en Venezuela, desató una ola de protestas contra el gobierno que ha provocado desde entonces la muerte de más de 120 personas.
REUTERSComo consecuencia del conflicto político, el gobierno planteó una Asamblea Constituyente que está por encima de todos los poderes del Estado y controlada enteramente por el oficialismo ante el boicot de la oposición.
Tiene como función redactar una nueva Constitución para Venezuela y emitir decretos de obligado cumplimiento.
“En desacato”
La Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo, está dominado por la mayoría opositora desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Desde entonces, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia anuló sus principales iniciativas legales por considerarla en desacato.
La Constituyente se instaló hace dos semanas, cuenta con un poder absoluto y todas las instituciones del Estado están sometidas a sus decisiones.
REUTERSSe estima que estará vigente por dos años, en los que tendrá como misión redactar una nueva Constitución y emitir decisiones de obligado cumplimiento por los otros poderes del Estado.
Países de América Latina, Norteamérica y Europa no reconocen a la Constituyente, formada por 545 miembros elegidos el 30 de julio sin la participación de la oposición, que califica de fraudulento todo el proceso.
Hasta 12 países de la región y la oposición la consideran como la prueba de que el gobierno de Venezuela no es democrático.
Análisis del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García Marco
La Constituyente argumenta que la decisión de este viernes no supone la disolución del Parlamento, que seguirá sesionando a pocos metros de donde lo hace la plenipotenciaria Constituyente.
Pero en realidad la Asamblea Nacional, controlada por la mayoría opositora desde las legislativas de 2015, lleva meses anulada. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la considera en desacato, por lo que ha anulado todas sus iniciativas legislativas.
El propio presidente del país, Nicolás Maduro, dijo que la idea de la Constituyente la tuvo al poco de la derrota del oficialismo en las legislativas de diciembre de 2015.
A la Constituyente se han subordinado en sus dos primeras semanas todos los poderes. Este viernes era el turno del Parlamento, único controlado por la oposición, que como era de esperar se negó al considerarla “un poder de facto”.
La Constituyente ahonda así en la lucha de poderes y en el conflicto político entre los dos bandos.
AFPEn las dos semanas desde su instalación todas decisiones, aprobadas por unanimidad, han sido políticas: destituir como fiscal general a Luisa Ortega, que se había convertido en la mayor crítica; conformar una comisión de la verdad que busca investigar a los líderes de las protestas antigubernamentales; o adelantar a octubre unas elecciones regionales cuyos candidatos (de oposición) serán sometidos a revisión.
Pero las medidas económicas para atajar la grave crisis que azota el país y que han sido prometidas por la Constituyente aún no llegan.
Tras la decisión de este viernes, el suprapoder asume las decisiones en materia socioeconómica y financiera. Entre ellas, la facultad de permitir nuevos endeudamientos, pese a que muchos países no reconocen la Constituyente y la oposición ya ha advertido que en caso de un futuro cambio de gobierno, no reconocerá esas obligaciones de pago.
“Un poder de facto”
La junta directiva del Parlamento, en un comunicado publicado este viernes, ya había anunciado que no aceptaría la invitación de acudir a la Constituyente, a la que considera “un poder de facto, una estructura de dominación nacida al margen de la Constitución de 1999 y de espaldas al pueblo”.
“No estamos obligados a hacerlo. En cambio, tenemos el deber de permanecer del lado de la Constitución de 1999 y de los más de catorce millones de electores que nos convirtieron en legítimos representantes de la soberanía popular”, se lee en el comunicado, firmado por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
AFPLa mayoría opositora aseguró que no reconocerá ni acatará la decisión y lo relacionó con las sentencias del TSJ de final de marzo que fueron la mecha para las protestas que ahora se han apaciguado.
La oposición convocó para mañana sábado una sesión especial en el Palacio Legislativo, a la que acudirán miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.
