Así inició la investigación de #LaEstafaMaestra
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Así inició la investigación de #LaEstafaMaestra

La investigación de #LaEstafaMaestra da seguimiento a lo publicado en diversos medios de comunicación sobre las irregularidades detectadas por la ASF que, desde su revisión de la Cuenta Pública 2013, informó sobre este mecanismo para el desvío de recursos.
Por Redacción Animal Político
7 de septiembre, 2017
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La Estafa Maestra empezó a ser documentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde su revisión de la Cuenta Pública 2013. Aunque existen registros de que este mecanismo para el desvío de recursos empezó, al menos, en 2010, como la misma institución consignó.

En su análisis de la Cuenta Pública 2013, que —como marca la ley— la ASF presentó en febrero de 2015, se alertó que el gobierno federal usaba a las universidades públicas para triangular recursos y entregarlos a empresas irregulares.

Destacó, ese año, el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la que se le detectaron operaciones irregulares por más de 650 millones de pesos.

Un año después, la misma ASF insistió en el tema, denunció específicamente el uso de cuatro universidades públicas para desviar recursos y documentó probables irregularidades por poco más de 800 millones de pesos.

Ambos reportes fueron difundidos por medios de comunicación, los cuales resumieron las denuncias que presentó la Auditoría en conferencia de prensa.

La repetición de este esquema motivó a periodistas de diferentes medios a revisar a detalle los reportes y a publicar textos en diferentes medios, con los detalles de los descubierto por la ASF.

Un ejemplo de esto es la nota “Universidades públicas demuestran maestría en desvíos por mas de 3 mil mdp”, publicada por Huffpost.com.mx o “Universidades en el triángulo de la corrupción” en Newsweek en Español.

En el diario Excélsior se publicó “Universidades simulan contratos; daño al erario por 831 millones”; o en Eje Central,Desfalco en educación superior“.

Animal Político también presentó información sobre los reportes de la ASF, como el presunto desvío de 800 millones de pesos de las Universidades del Estado de México y Zacatecas.

La revista Proceso dio un paso más y documentó las irregularidades en el programa social más importante del sexenio, en el reportaje “Desnuda ASF fraude masivo en Cruzada contra el Hambre”; e incluso le dio seguimiento al tema con “Reincide Universidad de Morelos en desvío millonario en fondos de la Sedesol“. 

Otros medios aprovecharon los informes de la ASF para enriquecer reportajes sobre temas vinculados a corrupción o crimen organizado, como es el caso de Aristegui Noticias y la nota “Financiero del Cártel de Juárez es proveedor de Cruzada contra el Hambre”.

La cobertura de estas irregularidades en diferentes medios, sin embargo, no ha sido suficiente para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe del resultado de las investigaciones que se han dado a raíz de las denuncias de hechos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación,  —al menos 15 hasta la revisión de la Cuenta Pública 2014—.

Esto, incluso cuando algunas dependencias, como la Secretaría de Educación Pública, se han sumado a estas denuncias, ante los presuntos desvíos registrados.

Esta semana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político han presentado una investigación que pretende continuar el camino trazado por la Auditoría.

Ahí donde la Auditoría denunció presuntas irregularidades, Animal Político y MCCI revisaron el status legal de las empresas que recibieron recursos públicos, visitaron sus oficinas, cotejaron su situación legal y fiscal, y entrevistaron a quienes son sus propietarios, según las actas constitutivas obtenidas.

El resultado: 73 convenios revisados, 186 empresas investigadas y 7 mil 670 millones de pesos entregados en contratos ilegales.

Para lograrlo, se realizaron más de 500 solicitudes de información y se creó una base de datos con más de 13 mil registros que dan cuenta sobre las características de cada una de las empresas subcontratadas, lo cual no había sido investigado.

Esto permitió confirmar que en #LaEstafaMaestra, al menos 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron en empresas ilegales, otros mil millones se convirtieron en comisiones para las universidades y, el resto, se convirtió en servicios contratados a precios inflados.

Los hallazgos de #LaEstafaMaestra dan seguimiento a lo publicado en diversos medios de comunicación sobre las irregularidades detectadas por la ASF.

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La mujer chilena que quiere que le dejen interrumpir su embarazo tras tomar anticonceptivos defectuosos

Más de 170 mujeres quedaron embarazadas luego de que el sistema de salud público chileno les diera anticonceptivos defectuosos. Esta es la historia de una de ellas.
20 de marzo, 2021
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Fue en octubre del año pasado cuando Javiera*, de 32 años, descubrió que estaba embarazada.

La noticia le resultó sorprendente. Hacía tres años que tomaba anticonceptivos.

Sin embargo, el test salió positivo.

La mujer descubrió entonces que no era la única.

Ella y otras 170 mujeres en Chile habían sido víctimas de un escándalo que ha golpeado fuertemente al sistema de salud público de ese país: la administración, por error, de anticonceptivos defectuosos a miles de mujeres.

La pastilla se llama Anullete CD, del Laboratorio Silesia S.A, y, hasta hace siete meses era repartida a más de 300.000 personas acogidas al programa de planificación familiar del Estado.

El Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile alertó de esta situación en agosto del año pasado, solicitando el retiro del mercado de estos anticonceptivos.

Pero la medida llegó demasiado tarde. El comprimido había estado en circulación por más de un año y las denuncias sobre embarazos no deseados aumentaban todos los días.

A pesar de que la mayoría de esas 170 mujeres ha optado por continuar con sus embarazos, Javiera decidió solicitar un aborto.

Así, el 17 de diciembre del año pasado, la joven se dirigió al Centro de Salud Familiar (Cesfam) donde la atendían y presentó su petición.

mujer embarazada

Getty Images
La mayoría de las chilenas afectadas por los anticonceptivos defectuosos han decidido continuar con sus embarazos.

En Chile, la interrupción del embarazo está permitida bajo tres causales: la inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre o violación. Para las dos primeras, no hay límite en las semanas de gestación del embarazo.

Javiera se acogió a la segunda causal, argumentando que, producto de la situación en la que se encuentra, estaba sufriendo un importante daño psicológico y, en consecuencia, su vida estaba en peligro.

El Cesfam no respondió a su solicitud y entonces Javiera decidió acudir a los tribunales.

Argumentos del recurso de protección

Desbalance en su salud psíquica, crisis de pánico, angustia, falta de apetito, síntomas de desánimo e incluso carencia de motivación que le han impulsado a tener “ideas suicidas” fueron parte del cuadro de salud que la mujer esgrimió ante la justicia chilena.

La joven aseguró además que no cuenta con medios económicos ni redes de apoyo para cuidar a un hijo o hija, pues recién está dando los primeros pasos para ejercer su profesión técnica.

movimiento feminista chile

Getty Images
El movimiento feminista en Chile ha abogado fuertemente por los derechos reproductivos de la mujer.

El recurso de protección presentado ante los tribunales por la defensa de Javiera -quien hoy ya tiene 23 semanas de embarazo-, plantea que el Cesfam donde se atendía tuvo un “actuar ilegal y arbitrario” al omitir la solicitud de aborto y solicita que se evalúe su estado psíquico con el fin de optar a una interrupción del embarazo.

Un fallo “significativo” para los derechos de las mujeres en Chile

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de San Miguel, en Santiago, acogió el requerimiento de la joven, marcando un importante precedente para los derechos reproductivos de las mujeres en Chile.

En un fallo unánime, el tribunal resolvió que en el caso de Javiera hubo vulneración al derecho a la vida, integridad física y psíquica de la mujer, como también una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley.

Además, la sentencia concluyó que al no responder a la solicitud inicial de la mujer, el Cesfam había actuado, en efecto, no solo de forma “caprichosa” y “arbitraria” sino también “ilegal”.

La Corte de Apelaciones ordenó que dentro del plazo de cinco días el Centro de Salud Familiar evalúe a la mujer para determinar si se puede o no acoger a la causal de interrupción del embarazo.

De acuerdo con el dictamen, el Estado de Chile tiene una “obligación proactiva de cuidar la vida y la integridad física y psíquica de las personas” y “abandonó esta obligación desde que entregó anticonceptivos defectuosos”.

Los jueces, además, afirmaron que “la falta de medios físicos, espirituales, económicos y sociales” en un embarazo no deseado representa un riesgo vital en sí mismo, que muchas veces “perpetúa la precariedad de las mujeres”.

aborto manifestaciones

Getty Images
En Chile, el aborto es legal solo en tres causales.

“Este fallo es muy significativo en la posibilidad de avanzar, tanto en términos jurídicos como sociales, en los derechos reproductivos de las mujeres en Chile”, dice a BBC Mundo la abogada Laura Dragnic, de la Corporación Miles, que representó a Laura en el requerimiento.

La abogada, además, asegura que la sentencia marca un precedente respecto a la ley de aborto en el país sudamericano.

“El fallo habla de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho legal. Y eso es importante porque en general la interpretación de la ley de aborto en Chile es para circunstancias de extrema necesidad”, señala.

“Hasta ahora no se ha comprendido como un derecho propiamente. Y eso es muy significativo, sobretodo considerando las discusiones que se avecinan en cuanto al aborto legal dentro del proceso constituyente”, agrega.

Pero a Javiera todavía le queda camino por recorrer. La Cesfam deberá pronunciarse respecto a su salud y, luego, se resolverá si puede interrumpir o no su embarazo.

De todas maneras, la demora en el proceso no la ha ayudado. Con 23 semanas de embarazo, un aborto no es lo más recomendado.

Al respecto, Laura Dragnic afirma que la decisión la tomará una vez que exista una resolución final por parte del Cesfam.

*La organización querellante solicitó mantener la confidencialidad respecto al verdadero nombre de Javiera, con el fin de resguardar su privacidad.


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