Congelan los procesos penales contra Javier Duarte en Veracruz; un Tribunal analiza el caso
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Congelan los procesos penales contra Javier Duarte en Veracruz; un Tribunal analiza el caso

La revisión que hace un Tribunal en Materia Penal sobre los procesos contra Javier Duarte en Veracruz es a raíz de un recurso de inconformidad promovido por los abogados del exgobenador.
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Por Arturo Angel
11 de septiembre, 2017
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A más de dos meses de haber llegado a México, y a diferencia de lo ocurrido con el caso federal, el arranque de los procesos penales contra Javier Duarte en el estado de Veracruz se encuentra congelado, debido a la revisión que sobre el caso lleva a cabo un Tribunal federal, para determinar si hubo o no irregularidades.

El pasado 27 de junio, el Poder Judicial de Guatemala autorizó la extradición a México de Duarte, por dos órdenes de aprehensión giradas por jueces de Veracruz en su contra, luego de que la Fiscalía del estado lo acusó de haber desviado 220 millones de pesos y de usar un helicóptero oficial para escapar.

Una semana después, Guatemala también autorizó la extradición de Duarte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que la PGR le imputó a nivel federal.

Datos a los que Animal Político tuvo acceso indican que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México inició en agosto pasado una revisión del caso, luego de que los abogados del exgobernador de Veracruz promovieron un recurso de inconformidad en contra de la suspensión definitiva que un juez de amparo le había concedido a su cliente.

A pesar de que en teoría esa resolución significaba que Duarte no podía ser aprehendido y trasladado a comparecer ante los jueves en Veracruz, el juez de amparo también ordenaba que se prosiguiera con los procesos penales, y se fijara fecha de las audiencias iniciales de forma inmediata.

Lo que los abogados de la defensa alegan es que esto no puede ser ya que, desde su punto de vista, las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz que derivaron en las dos órdenes de aprehensión y por ende en la extradición de su cliente, no están bien fundamentadas y por lo tanto son ilegales desde su origen.

En síntesis, la defensa asegura que la Fiscalía del Estado y los jueces locales no contaban con los fundamentos y la motivación necesaria para proceder en contra de Javier Duarte, por los delitos que le imputan, lo que equivale a una presunta violación al artículo 16 constitucional, que otorga a toda persona garantías de que no se puede actuar ilegalmente en su contra.

Esto es lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México se encuentra analizando ahora, y se espera que la resolución se postergue por lo menos tres semanas. Mientras esto no se solucione, los jueces en Veracruz no pueden programar ni citar a las audiencias iniciales por los dos casos que hay en su contra, asentados en los expedientes 38/2017 y 56/2017.

Lo anterior significa que al día de hoy Javier Duarte permanece encarcelado en México únicamente por el caso que la PGR tiene en su contra.

El que los procesos en Veracruz no avancen impide que se le impongan a Duarte medidas cautelares por esas acusaciones. Aunque ninguno de los delitos que se le imputa es grave, los jueces en Veracruz podrían ordenar también la prisión preventiva del exgobernador  argumentando que existe riesgo de que se dé a la fuga.

Los procesos pendientes

Las dos acusaciones que enfrenta Javier Duarte en Veracruz, y cuyos procesos no se han podido iniciar, están relacionados con su fuga del país y con el presunto manejo indebido de recursos públicos. Por ello al exgobernador se le considera como probable responsable de cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

En uno de los casos se le acusa a Duarte de que haber utilizado – el 14 de octubre de 2016 – un helicóptero de la Fiscalía del estado para viajar de Xalapa a Coatzacoalcos, pese a que ya había pedido licencia al cargo dos días antes.

Este no fue un vuelo cualquiera, sino la primera parte de la ruta que siguió para escapar del país rumbo a Centroamérica. Por este mismo caso se encuentra hoy bajo proceso Flavino Ríos, quien había quedado como gobernador interino tras la licencia de Duarte.

En el otro caso la Fiscalía de Veracruz responsabiliza a Duarte de haber desviado más de 220 millones de pesos que se encontraban etiquetados en las cuentas de la Comisión Estatal de Agua de Veracruz, pero que fueron transferidos a otras cuentas distintas sin que fueran regresados.

Luego de que ambas acusaciones fueran expuestas en la audiencia del 27 de junio pasado en Guatemala, el exgobernador aceptó que se le extraditara por estos casos, ya que calificó que los cargos eran “ridículos y sin sustento”. Incluso se mofó de que no fuera acusado de otros señalamientos que se le imputaban y que supuestamente eran más graves.

Ese mismo día sus abogados emitieron un comunicado en el que señalaban que si “viajar en helicóptero fuera delito” entonces el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, lo había cometido antes, pues el propio Javier Duarte le autorizó usar el helicóptero oficial en el año 2012.

Incluso señalaron que al hijo del actual gobernador también se le facilitó un helicóptero y una aeronave oficial en el pasado. Y en cuanto al dinero tomado de la Comisión Estatal de Agua aseguran que este solo fue re-etiquetado y pueden comprobar que el mismo fue ejercido en su momento.

Serán los jueces de Control en Veracruz los que resuelvan, en su momento, si las acusaciones en contra de Javier Duarte tienen o no sustento, pero para ello es necesario que se lleven a cabo las audiencias iniciales, mismas que por el momento no se pueden llevar a cabo hasta que no se resuelva el amparo y la inconformidad promovida por los abogados ante un Tribunal Federal.

Lo anterior no significa que alguno de esos procesos se haya caído. La suspensión que en su momento el juez federal concedió a Duarte solo era para que las órdenes de aprehensión giradas en su contra no se cumplimentaran y se le trasladara a Veracruz. Las audiencias, cuando se autoricen, se realizarán vía videoconferencia.

Sin traslado a penal de alta seguridad

En la audiencia del pasado 23 de julio, donde se vinculó a proceso a Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputa la PGR, el juez Gerardo Moreno rechazó la solicitud que hicieron los fiscales de que Duarte fuera trasladado a un penal federal en Morelos.

El juez argumentó que el centro penitenciario al que se pretendía trasladar a Duarte no era de alta seguridad, como lo marca la ley para los procesados por delincuencia organizada, razón por la cual no tenía caso moverlo del Reclusorio Norte en la Ciudad de México. En ese contexto el juez le pidió a los fiscales solicitar el traslado a un penal de máxima seguridad.

Pero hasta ahora la PGR no ha formalizado ese requerimiento por, lo que el exgobernador de Veracruz permanece en el Reclusorio Norte separado de la población general, en el área especial de observación.

Cabe recordar que el exgobernador realizó una huelga de hambre durante 15 días, con el argumento de reclamar por supuestos abusos contra excolaboradores suyos procesados en Veracruz. La huelga concluyó por recomendación médica luego de que Duarte sufriera de mareos. Actualmente se le reporta en buen estado de salud.

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Por qué en México están apareciendo “antimonumentos” (y cómo reflejan los episodios más oscuros de su historia reciente)

Instalados por movimientos sociales en las calles de la capital mexicana, los "antimonumentos" intentan que las víctimas de casos de violencia emblemáticos y a la espera de justicia no se olviden.
8 de diciembre, 2020
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En México, un país donde nueve de cada diez delitos denunciados quedan impunes, los familiares de las víctimas luchan por conseguir que sus casos no caigan en el olvido.

Con ese objetivo afloraron en los últimos años en el país los llamados “antimonumentos”, unos memoriales que simbolizan historias muy distintas pero que comparten una finalidad: el recordar que sus casos continúan a la espera de justicia.

Todos fueron colocados en espacios de la vía pública por ciudadanos y movimientos sociales al margen de las autoridades, ya que precisamente lo que persiguen es “denunciar la inacción o poca empatía del Estado”, le dice a BBC Mundo el doctor en Antropología Alfonso Díaz Tovar.

Autor de la investigación “Antimonumentos. Espacio público, memoria y duelo social en México”, el experto destaca cómo los monumentos “tradicionales” son instalados por el Estado para que perduren en el tiempo y representen “discursos oficiales y verdades históricas”.

“Pero los antimonumentos surgen para deconstruir esas posturas oficiales mediante una apropiación del espacio público, digamos ‘caótica’, y que sí tienen una temporalidad”, apunta.

Así, según Díaz Tovar, mientras los monumentos representan ideas generales sobre la historia de una nación, los antimonumentos simbolizan historias que aún no han terminado, que actúan como una memoria que no está cerrada sobre algo pendiente y que no ha podido acceder a la justicia.

Varios de estos conjuntos están distribuidos por buena parte de México, como la imponente cruz de clavos en Chihuahua (y su réplica en Ciudad Juárez) que fue uno de los primeros que se instaló para representar a cada una de las mujeres asesinadas o desaparecidas desde los años 90.

Sin embargo, probablemente son los antimonumentos de la capital del país los que logran mayor atención, al haberse levantado en puntos emblemáticos y muy transitados de una de las ciudades más pobladas del mundo.

Esta es la historia -y la reivindicación- de los siete antimonumentos de Ciudad de México.

1. Los 43 de Ayotzinapa

Antimonumento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Marcos González

El primer antimonumento fue levantado en 2015 en memoria de uno de los casos de desaparición forzada más escandalosos y reconocidos internacionalmente en la historia reciente de México.

Un año antes, 43 jóvenes estudiantes de una escuela de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en el municipio de Iguala.

Seis años después, el caso sigue sin resolver y está considerado como uno de los mayores episodios de violaciones de derechos humanos en el país.

El Paseo de la Reforma, una de las arterias principales de la capital mexicana, se convirtió en escenario de habituales protestas por este caso y fue el lugar donde sus padres inauguraron un gran “+ 43” en rojo, en alusión a las otras miles de personas desaparecidas en México.

“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se lee en la base del antimonumento.

2. La desaparición de David y Miguel

Antimonumento a la desaparición de Miguel y David

Marcos González

A pocos metros, se encuentra otro antimonumento que recuerda precisamente otro caso de desaparición que tampoco fue resuelto.

Se trata de David Ramírez y Miguel Rivera, dos jóvenes secuestrados en 2012 cerca de Ciudad Altamirano cuando se dirigían al estado de Guerrero para festejar el 20º cumpleaños de uno de ellos.

Los captores se comunicaron con la familia, que llegó a pagar un rescate. Las autoridades iniciaron una investigación pero, en todo este tiempo, ni los jóvenes fueron liberados ni se logró detener a los responsables.

Sus familiares, sin embargo, denunciaron en numerosas ocasiones “inacción” por parte de la policía, y aseguraron que fueron ellos mismos quienes investigaron el paradero de sus hijos rastreando por ejemplo la señal de sus teléfonos, que los secuestradores siguieron utilizando.

La instalación representa una forma de letra T azul que simula dos siluetas dividas a la mitad y los transeúntes son llamados a colocar un candado en su base como muestra de apoyo.

3. Incendio de la guardería ABC

Antimonumento a los 49 niños muertos en el incendio de la guardería ABC.

Marcos González

En el mismo Paseo de la Reforma, un “ABC” de colores recuerda a los 49 niños que murieron en 2009 en el incendio de la guardería que llevaba este nombre en Hermosillo, estado de Sonora. Más de un centenar resultaron heridos.

El fuego se originó en los archivos de un edificio del gobierno estatal contiguo a la guardería mientras los pequeños dormían la siesta. Parte del personal se encontraba en la hora de la comida, y otros ya habían concluido su turno.

Las labores de evacuación fueron caóticas y se prolongaron durante 30 minutos. Vecinos de la zona abrieron boquetes en las paredes incluso con vehículos ante la falta de salidas de emergencia y extintores suficientes.

Cerca de 20 personas, entre funcionarios y encargados del cuidado de los niños, fueron condenadas a prisión. Pero cuando el año pasado se cumplió una década de la tragedia, ninguna había ingresado en la cárcel mientras se resuelven sus recursos de amparo.

Los familiares denuncian que no se ha hecho justicia y por eso colocaron el antimonumento frente a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del cual la guardería prestaba sus servicios de manera subrogada.

4. La explosión en la mina de Pasta de Conchos

Antimonumento a los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos.

Marcos González

Un gran “+ 65” pide justicia para los 65 trabajadores que fallecieron en 2006 atrapados por una explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila.

Un año después, la compañía a cargo de la explotación de la mina suspendió las tareas de rescate tras haber recuperado solo dos cuerpos. Argumentó que se ponía en riesgo la vida de los equipos de emergencia.

Varias familias denunciaron que, de ser rescatados los cadáveres, podría evidenciarse que las condiciones de trabajo en la mina no eran adecuadas para garantizar la seguridad de los mineros, como concluyó después la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El pasado octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2021 se reanudará el rescate de los cuerpos atrapados. También confirmó que este año los familiares de los fallecidos recibirían sendas indemnizaciones.

Su antimonumento se encuentra desde 2018 en Reforma, frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, los familiares colocaron junto a él decenas de cascos como símbolo de los mineros que quedaban por rescatar.

5. La masacre de Tlatelolco

Antimonumento a la masacre de Tlatelolco.

Marcos González

El simbólico Zócalo de Ciudad de México fue el lugar elegido para inaugurar un antimonumento cuando se cumplieron 50 años de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Aquel día, miles de personas se reunieron en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, convocadas por un movimiento de estudiantes cada vez más activo que protestaba contra el gobierno y la violencia de la policía.

Pero ese 2 de octubre la actuación fue aún más desmedida. Cientos de soldados y miembros de grupos paramilitares iniciaron una balacera contra la multitud que participaba en un mitin pacífico. No hay un balance oficial de víctimas, aunque se estima que mataron a cientos de personas.

No fue hasta 2006 que el expresidente Luis Echeverría -quien era secretario de Gobernación en 1968 en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz- quedó en arresto domiciliario acusado de genocidio, aunque fue exonerado tres años después. Ningún funcionario fue declarado nunca culpable.

La emblemática frase “2 de octubre no se olvida” y otra que reza “Fue el Ejército, fue el Estado” pueden leerse en el antimonumento dedicado a una masacre que dio un vuelco a la vida política y social de México para siempre.

6. “Antimonumenta” contra los feminicidios

Antimonumento a los feminicidios

Marcos González

Un antimonumento para denunciar la violencia contra las mujeres parece inevitable en México, un país donde diez mujeres son asesinadas cada día.

El conocido como “Antimonumenta” fue inaugurado en el marco del Día Internacional de la Mujer del año pasado frente al Palacio de Bellas Artes.

Convertido en punto central de muchas de las marchas de mujeres organizadas en los últimos meses en la capital mexicana, junto a él suelen verse veladoras, flores, cruces rosas, fotografías de decenas de mujeres asesinadas o desaparecidas en el país y mensajes exigiendo justicia.

“Ni una más. No más feminicidios”, se lee en este antimonumento que fue saboteado durante una marcha de opositores al aborto el pasado año.

7. Masacre de migrantes de San Fernando

Antimonumento de la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas.

AFP

El último en sumarse a la lista de antimonumentos de Ciudad de México fue un “+72” instalado el pasado agosto en Reforma, frente a la Embajada de Estados Unidos, para reclamar justicia por la masacre ocurrida en San Fernando diez años antes.

En agosto de 2010, 72 personas migrantes -la mayoría de origen centroamericano- fueron brutalmente asesinadas en esta localidad del estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México.

El grupo fue secuestrado mientras viajaba en autobús por el cartel de Los Zetas, que los acribilló después de negarse a pagar el dinero que les exigían por dejarlos libres.

Los captores los vendaron, los obligaron a apoyarse contra un muro y luego los balearon. Solo dos personas lograron escapar. Ninguna persona llegó a ser condenada por este espeluznante hecho.

Con el mensaje “migrar es un derecho humano”, el antimonumento fue colocado como homenaje a las víctimas de esta masacre y a todos los migrantes muertos o desaparecidos en el peligroso viaje que emprenden cada año hacia territorio estadounidense.


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