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Ni Fiscalía de Puebla ni Cabify actuaron ante reporte de desaparición de Mara

Aunque las pruebas mostraban que el chofer de Cabify fue el último en ver a Mara, la empresa de servicios no dio aviso a la autoridad y la fiscalía tardó 2 días para arrestar al presunto asesino de la joven de 19 años.
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Por Ernesto Aroche y Nayeli Roldán
19 de septiembre, 2017
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La empresa Cabify supo que Mara estaba desaparecida, pero no avisó a ninguna autoridad. La fiscalía de Puebla no interrogó a quien resultó presunto responsable del feminicidio, hasta que éste se presentó voluntariamente ante la autoridad, a pesar de que ya había pruebas de que él había sido el último en verla.

Sólo Karen investigó la desaparición de su hermana Mara en las primeras horas. Incluso habló por teléfono con el presunto responsable del homicidio.

Peor aún, la empresa Uber presumió este lunes que al presunto responsable del asesinato de Mara ya lo había despedido “por conducta inapropiada y por incumplir los protocolos de seguridad con usuarios y empresa”, pero no le avisó en su momento a ninguna autoridad ni explicó qué había hecho su chofer para ameritar el despido.

Ricardo Alexis “N” fue vinculado a proceso por el secuestro de Mara, este martes fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla, donde permanecerá en prisión preventiva los próximos cuatro meses mientras se realiza la investigación complementaria.

Estas son las conclusiones de lo sucedido en las primeras horas de la desaparición de Mara Fernanda Castilla, de acuerdo a las versiones proporcionadas por su familia y por la propia fiscalía.

Cabify y Uber declinaron dar información sobre lo sucedido.

La búsqueda empezó a las 9:30

A las 9:30 de la mañana del viernes 8 de septiembre, Karen Castilla, hermana de Mara, se dio cuenta que la joven de 19 años no había llegado a casa. La última vez que hablaron por teléfono había sido a las 5 de la mañana de ese mismo día, cuando el grupo de amigos con quienes Mara había salido fue detenido en un alcoholímetro.

De acuerdo a lo que Karen narra, ella misma revisó el correo electrónico de Mara y ahí encontró el recibo de cobro por el servicio de Cabify. Karen confirmó con los amigos de su hermana que había decidido usar este servicio para llegar a su casa.

De acuerdo con el recorrido marcado en el recibo, Mara había llegado a su domicilio a las 5:48 de la mañana.

Preocupada por la ausencia de su hermana, Karen revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de su fraccionamiento. Confirmó que un auto llegó, estuvo estacionado unos minutos y se fue. Pero desde ese momento tuvo claro que Mara nunca bajó.

Karen continuó la búsqueda con la empresa Cabify. Habló por teléfono, explicó lo que había pasado con su hermana y así consiguió que le proporcionaran los datos del recorrido y el teléfono del conductor. Después de eso la familia no tuvo ninguna comunicación con la empresa y ésta tampoco dio aviso a la autoridad.

A las 10:30 de la mañana, Karen habló con Ricardo Alexis “N”, el chofer del Cabify. Éste le dijo que sí recordaba a su hermana, a la que describió como “una joven muy amable”. Añadió que la había dejado metros antes del destino que le había indicado en la aplicación. “Había carros y no vi si se subió a alguno”, le  dijo Ricardo, narra Karen.

Después de la llamada, “agarré documentos de mi hermana y le avisé a mi mamá”. Ya con sus padres en Puebla, fueron a la fiscalía. Interpuso la denuncia a las 14:30 horas, aproximadamente. La familia pasó el resto de la tarde afuera de la fiscalía, esperando que las indagatorias fueran rápidas.

“Si les estamos diciendo que la última persona que vio a mi hermana fue el chofer de Cabify, pensamos que lo iban a traer inmediatamente, pero no. Estuvimos ahí hasta la media noche y nunca llegó”, cuenta Karen.

Los voceros de la fiscalía poblana aseguran que solicitaron primero la comparecencia de los amigos de Mara y que a eso se dedicaron el primer día, pero no a buscar al chofer. La autoridad poblana asegura que siguieron el protocolo que tienen establecido, según el cual el agente del MP gira primero un oficio de investigación a la policía ministerial. Ya que ellos tienen la orden se inicia la investigación y van llamando a la gente cercana al caso amigos y familiares.

La investigación, dijo la dependencia, “tarda algunas horas en comenzar”, pero no precisó cuántas horas.

La noche del 9 de septiembre, 36 horas después de la desaparición de la joven de 19 años, Ricardo Alexis “N” se presentó voluntariamente en la fiscalía a declarar.

Ricardo declaró y se fue. Su arresto se dio dos días después, el 11 de septiembre, cuando Mara llevaba ya más de 72 horas desaparecida.

El resto de la semana, la familia no tuvo noticias consistentes sobre las investigaciones. Hasta el viernes, cuando les dieron la noticia del asesinato de la joven.

Por su parte, Cabify dijo en un comunicado emitido el 10 de septiembre que estaba en contacto con las autoridades desde la tarde 8 de septiembre, es decir unas 12 horas después de la desaparición se pusieron en contacto con la familia.

Karen desmintió la afirmación, pues asegura que el único contacto que tuvieron fue durante la mañana del 8 de septiembre cuando le dieron el número del chofer y le proporcionaron el recorrido realizado.

Sí tenía antecedentes

Este 18 de septiembre se supo que el imputado –sobre quién hasta el momento pesa la acusación penal por secuestro y ya se prepara la acusación por robo, violación y feminicidio—había sido detenido por la PGR por posesión de hidrocarburos, pero que se le había dejado en libertad.

La Fiscalía explicó que, como la detención fue por autoridades federales y la investigación sigue en proceso, Ricardo Alexis “N” seguía oficialmente como una persona sin antecedentes penales. La fiscalía poblana ni siquiera sabe oficialmente dónde fue detenido el conductor, porque la PGR no les ha notificado.

Por si fuera poco, la carta de no antecedentes penales solo cubre los posibles delitos cometidos en esa entidad, por lo que cualquier delito registrado fuera de Puebla no hubiera sido registrado.

Ricardo Alexis “N” fue conductor en Uber antes de Cabify, pero fue dado de baja en mayo de 2017.

Sin embargo, María Fernanda Reséndiz, responsable de comunicación de Uber, se negó a informar cuáles fueron las causas por las cuáles expulsaron al conductor. Tampoco informó si esos datos sólo se quedan en la empresa o se los comparten a autoridades judiciales.

Resendiz no aceptó ninguna pregunta sobre las políticas de seguridad de Uber ni cuáles serían las nuevas medidas después de este caso. Aseguró que la empresa “no quiere ser oportunista”. Y, sin precisar fecha, dijo que después darían información para sus usuarios, con quienes no tienen ninguna responsabilidad, según estipulan los términos del servicio.

La seguridad de Cabify y Uber

Animal Político solicitó a las empresas Cabify y Uber información sobre cuáles son las medidas de seguridad que tienen al contratar un chofer. Las dos empresas se negaron a responder.

Por parte de las autoridades poblanas no existe ningún requisito de seguridad. La ley sólo establece que debe registrarse el nombre de los choferes y que se les debe dar capacitación.

Un socio de Uber explicó a Animal Político que para trabajar como chofer en esa aplicación piden carta de antecedentes no penales, licencia de manejo e identificación. También deben cumplir con exámenes toxicológicos.

Este lunes, Cabify anunció que incluirá en su aplicación un botón de pánico vinculado a los sistemas de emergencia del lugar donde se preste el servicio. Además agregará dentro del perfil del usuario la opción de aportar datos de contacto de emergencia.

La empresa, según dijo, compartirá con las autoridades las listas de conductores que han sido dados de baja por algún comportamiento contrario a la ley, para que se pueda prevenir a las empresas que prestan servicios de transporte.

Cabify, además, ofrece específicamente un programa de seguridad para mujeres “que se van de fiesta”.

Sin embargo, no parece ser un programa específico sino publicidad sobre la idea de seguridad. De hecho en su página de internet dice: “Tu seguridad es nuestra mayor prioridad. Cada viaje que realices con nosotros está geolocalizado y asociado a un vehículo, conductor y matrícula; y puedes compartir esa información con tus amigos y familiares. Además, disponemos de vehículos modernos y nuestros conductores han sido seleccionados uno a uno y disponen de todas las licencias y seguros necesarios”.

A pesar de ello, en sus condiciones de uso plantean que “Toda responsabilidad u obligación nacida en virtud de la relación entre el Usuario y el tercer transportista, ya sea vía software o prestación de servicios, descansa únicamente en el Usuario, con todas las implicaciones que ello conlleva.

“Cabify no evaluará la idoneidad, legalidad o capacidad de dicho servicio de transportes, renunciando el Usuario expresamente y exonerando a Cabify, de cualesquiera obligaciones, reclamaciones o daños surgidos como consecuencia de la relación entre usted y la tercera parte, en virtud del uso del software o sus servicios”.

Y agrega: “Por consiguiente, entiende el Usuario que (i) con el uso de la Aplicación y/o Sitio Web y por consiguiente del servicio de transporte, puede exponerse a un transporte potencialmente peligroso, dañino, perjudicial para menores y en cualquier caso censurable, (ii) y que dicha actividad la realiza bajo su propio riesgo y responsabilidad”.

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GirlsDoPorn, la página web que pagará más de 12 mdd por engañar a mujeres para actuar en videos porno

Algunas mujeres llegaron a pensar en el suicidio, después de que una página web que las convenció para grabar videos pornográficos incumpliera la promesa de no subirlos a internet.
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3 de enero, 2020
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Les prometieron que los videos pornográficos que grabarían no serían subidos a internet, sino que se entregarían a un coleccionista privado o se venderían DVDs por un periodo limitado en el extranjero. Pero esto no fue así, lo que llevó a algunas de las afectadas a pensar en el suicidio.

Ahora, un juez de Estados Unidos sentenció esta semana a GirlsDoPorn, la empresa que engañó a 22 mujeres, a pagarles un total de US$12,8 millones.

Así lo determina el fallo de 181 páginas en el que se explica que las víctimas tenían entre 18 y 23 años cuando grabaron los videos. Todas accedieron después de que se les asegurara que estos no serían subidos a la red para su consumo masivo.

Sin embargo, las grabaciones acabaron siendo parte de la oferta de GirlsDoPorn, una página web de porno amateur a la que uno puede suscribirse bajo pago. Fragmentos de los videos también fueron compartidos en algunos de los sitios web gratuitos más populares del sector.

Los condenados son el director ejecutivo de GirlsDoPorn, Michael Pratt, de 36 años; el videógrafo Matthew Wolfe, de 37, y el actor porno Rubén García, de 31.

Kevin Enright, juez de la Corte Superior de San Diego, les ordenó quitar esos videos de la página web y empezar a tomar pasos para que también fueran eliminados de otros portales.

En el juicio, la defensa alegó que las mujeres eran mayores de edad, que sabían lo que hacían, que habían aceptado dinero y que, en algunos casos, incluso habían regresado a San Diego, donde GirlsDoPorn tenía su sede, para grabar más videos, según el diario Los Angeles Times.

GirlsDoPorn se promociona bajo la premisa de que las mujeres de sus videos no son actrices porno profesionales.

Página web

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A las jóvenes les habían dicho que sus videos no serían subidos a internet.

“Una única vez”

GirlsDoPorn se promociona diciendo que las mujeres de su página web graban por primera y única vez un video porno y que muchas de ellas son estudiantes que necesitan dinero extra, según consta en el archivo judicial.

Para esta exclusividad, la página requería de un flujo constante de modelos nuevas para ir actualizando el contenido.

La corte de San Diego dictaminó que GirlsDoPorn usaba prácticas fraudulentas para reclutar nuevas jóvenes, incluyendo la toma de “pasos calculados para asegurar falsamente a las modelos potenciales que sus videos nunca acabarían en internet, que no saldrían a la luz en Estados Unidos ni que los vería nadie que las pudiera conocer”.

Los encargados de la página también les habían asegurado que sus verdaderos nombres nunca estarían vinculados a los videos.

Sin embargo, en el juicio se mostraron pruebas de que los acusados habían compartido en foros de terceros información privada e identificativa sobre las modelos, lo que dio pie a situaciones de acoso por la red hacia ellas y sus familiares.

Contratos complejos

En un intento por reclutar a nuevas jóvenes, GirlsDoPorn persuadió a otras que ya habían participado a que enviaran mensajes de texto tranquilizadores a las modelos potenciales que estaban preocupadas de que sus videos acabaran en internet.

El día de la grabación, les daban alcohol y cannabis a las mujeres antes de pedirles que firmaran un contrato de ocho páginas.

Teclado con tecla XXX resaltada

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Sin embargo, estos no solo acabaron en la página porno de pago GirlsDoPorn sino que también se difundieron fragmentos en portales gratuitos.

Enright dictó para las 22 jóvenes un pago de US$9,48 millones por daños compensatorios y de US$3,3 millones por daños punitivos. A cada una le corresponde entre US$300.000 y US$550.000.

Según dijo, amigos y familiares de las víctimas se enteraron de los videos debido a las tácticas usadas por los gestores de GirlsDoPorn.

“Como resultado, las demandantes sufrieron y continúan sufriendo consecuencias de amplio alcance y, a menudo, trágicas”, escribió el magistrado.

“Colectivamente, han experimentado acoso grave, trauma emocional y psicológico y daño a su reputación; pérdida de empleos, oportunidades académicas y profesionales y relaciones familiares y personales; y sus vidas se han descarrilado y desarraigado”, continuó.

Se han convertido en parias en sus comunidades. Varias demandantes se han vuelto suicidas”.

Enright les dio a ambas partes 15 días para apelar.

“Mi corazón lloró por ellas”

Los acusados ​​también se enfrentan a cargos penales presentados en un tribunal federal en octubre. La acusación en estos casos son las mismas que en la causa civil que acaban de perder y podría condenarlos a pasar el resto de sus días en prisión, según informó Los Angeles Times.

Wolfe y García se encuentran actualmente bajo custodia federal; pero Pratt es un fugitivo que se cree que está en Nueva Zelanda, su país de origen.

Manos firmando contrato

Getty Images
A las jóvenes les daban alcohol y cannabis antes de hacerlas firmar contratos de ocho páginas.

“Nuestras clientas eran reales”, dijo Ed Chaplin, el abogado que representa a las mujeres, según CourtHouseNews.

“Sus historias eran parecidas porque los acusados ​​les dijeron las mismas mentiras a todas”, afirmó.

“Me senté y hablé con muchas mujeres. Mi corazón simplemente lloró por ellas, por cómo sus vidas se vieron afectadas por esto y por cómo las metieron a hacer lo que hicieron”.

“La actitud que estos acusados ​​expresaron cuando las mujeres se quejaron, el plan para callarlas fue despreciable“.

Las víctimas culparon a los acusados de haberse asegurado de que sus amigos y familiares vieran sus videos, algo que los abogados defensores atribuyen más bien a “trolls de internet”, según publicó Los Angeles Times.

CourtHouseNews informó que los abogados de GirlsDoPorn no quisieron hacer comentarios.


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