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Cuartoscuro Archivo

La Universidad de Morelos se deslinda de La estafa maestra: nos utilizaron, dice el rector

Tras la publicación de la investigación ‘La estafa maestra’, el rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, aseguró que las licitaciones públicas con las que contrataron por 697 millones a empresas fantasma o irregulares fueron apegadas a la ley.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manu Ureste
14 de septiembre, 2017
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“Nos utilizaron”. Así responde el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), Alejandro Vera, sobre la participación de la institución en el desvío millonario de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que terminaron en empresas fantasma.

Sin precisar si la institución fue utilizada por la dependencia o por las empresas que contrató, el rector aseguró que la universidad firmó convenios “de buena fe” y, por tanto, no tiene la obligación de comprobar la legalidad de las compañías más allá de los documentos que le entregaron.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelaron que 11 dependencias del gobierno desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de ocho universidades públicas que sirvieron de intermediarias para contratar a 186 empresas, de las cuáles 126 son irregulares.

Entre las dependencias involucradas está la Sedesol, que entregó 697 millones de pesos a la UAEMOR para cumplir con la distribución de despensas, artículos para promotores de la Cruzada y la organización de un concierto, entre otros. Aunque no hizo ningún servicio, la Universidad se quedó con una “comisión” de 61 millones 120 mil pesos sólo por contratar a empresasque resultaron fantasma.

La universidad realizó ocho licitaciones para escoger a los proveedores, pero las empresas participantes eran irregulares y concursaron entre sí en diferentes procesos; otras fueron descartadas porque no presentaron documentos básicos, como el poder notarial de representante legal, o porque la oferta económica era mayor a la prevista.

Las licitaciones, además, ocurrieron en tiempo récord. Por ejemplo, Meve Soluciones recibió 29 millones 211 mil pesos el 18 de diciembre de 2013. Ese mismo día firmó el contrato con la universidad, entregó los servicios y la factura por supuestamente hacer la estructura administrativa y el sistema informático para el control de brigadas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Dicha empresa no está registrada ante la Secretaría de Economía -primer requisito para operar legalmente- y no se encuentra en el domicilio fiscal que reportó en la Ciudad de México.

En entrevista con el equipo de investigación, el rector Vera aseguró que las empresas presentaron documentos que comprobaban su legalidad como el acta constitutiva, el RFC y carta poder.

Sin embargo, la investigación periodística comprobó que de las empresas escogidas tres son fantasma declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones fraudulentas (Grupo Comercializador Cónclave, ProdasaGrupo Industrial y Servicios Yafed). Mientras que las sociedades Evyena Servicios y Factibilidad Empresarial son investigadas por el SAT por la misma razón.

Dumago Systems Solutions vende computadoras pero fue contratada para repartir despensas; Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos repara maquinaria, pero fue elegida para la “orientación, promoción y apoyo” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y Grupo Industrial y Servicios Yafed fue desmantelada.

Sobre estas irregularidades, la universidad dijo que no es responsable de investigar a las empresas en el sistema financiero del país. En cambio, sostiene el rector, le corresponde al SAT y a la Secretaría de Economía vigilar la legalidad de las compañías.

¿Quién les dijo que contrataran a esas empresas?

– A nosotros no nos dicen. Si las empresas llegan con una información privilegiada esa es otra cosa. Nuestra licitación fue pública y abierta, como pasa con el resto de licitaciones.

Entonces, ¿las empresas los engañaron?

No, yo no podría decir que nos engañaron, porque la documentación obra en nuestros archivos. Y es una documentación que se verificó y toda estaba conforme a la normatividad.

Pero contrataron a empresas fantasma. 

-Sí, pero ya no nos toca a nosotros determinar a nosotros si son o no son (fantasma). A nosotros no nos toca determinar si la información que presentan (las empresas) es o no es falsa.

-La Universidad asegura que tiene documentos de prueba sobre los servicios, pero cuando fuimos (a las empresas) se veía claramente que no existían. ¿Esto qué sensación le causa?

-Me causa un encabronamiento. En serio, no nos merecemos esto como mexicanos, como país, como universidad. Y si nos usaron, que paguen. Los que tengan que pagar. Yo no voy a tapar a nadie. Ni voy a ser cómplice de nadie. Me parece infame lo que hacen.

En un proceso de autocrítica, ¿cuáles fueron los errores de parte de la universidad en estos convenios? 

-No tenemos que estar firmando eso (los convenios). No tenemos por qué meternos y ser utilizados de esa manera. Esa es la autocrítica. Es el tema de decir, ¿por qué fregados nos utilizan? Firmamos contratos de buena fe.

¿Quién los utiliza?

-¿Cómo que quién?

¿Los utilizaron las empresas, el gobierno?

-Pues yo creo que ahí es donde ya tienen que ver dónde está el entramado. Pero créanme, no somos las universidades. Al menos esta no. (La UAEMOR) no es cómplice y no va a ser cómplice de nadie.

-¿Podría pasar esto mismo con otras empresas?

-Sí, si las autoridades no ponen un freno, y no atienden el problema del lavado de dinero… Pero no solo nosotros. Si nosotros pedimos información a la comisión bancaria pues jamás nos la van a dar.

-Entonces, habría un riesgo elevado de que esto volviera a suceder…

-Sí, estamos en un gran riesgo. Yo creo que todos estamos en un gran riesgo, y es muy importante que se apliquen las medidas conducentes para que cuando tú veas una empresa que participa, pues tengas la seguridad de que es una empresa está legalmente constituida.

Empresas cobran y no entregan servicios

Grupo Comercializador Cónclave fue declarada fantasma por el SAT y ganó 207 millones de pesos. El servicio consistía en entregar 16 millones de productos como gorras, tortilleros, linternas o balones para los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 13 entidades del país.

La licitación fue abierta el 26 de septiembre de 2013, tan solo un día después se anunció como ganador a Grupo Comercializador Cónclave. El 8 de octubre se hizo el pedido y un día después se entregaron los productos en 214 municipios. El pago fue entregado el 31 de octubre.

De acuerdo a la verificación de la Auditoría Superior de la Federación, los artículos ni siquiera llegaron a las delegaciones de la Sedesol en los estados y, por tanto, la empresa cobró sin realizar los servicios. El rector Vera asegura lo contrario. Las pruebas, dice, son los documentos de “satisfacción de los recursos” por parte de personal de la Sedesol.

-O sea, ustedes dicen que las empresas cumplieron, ¿porque la Sedesol dice que cumplieron?

Sí, porque nos liberan los compromisos y nos liberan los pagos. Porque si nos hubieran dicho ‘oigan, estos no cumplieron’, pues no hubieran liberado los pagos.

Sin embargo, la Sedesol presenta como pruebas del cumplimiento de los servicios, las actas de la Universidad y asegura que “en ninguna parte de los convenios ni de los anexos técnicos y apéndices se advierte que corresponda al director (de la SEDESOL) supervisar el cumplimiento”.

Empresas fantasma y sin registro ‘compitieron’ por licitaciones

El rector Vera aseguró que las licitaciones públicas, a partir de las cuales se contrataron a varias empresas para realizar servicios a Sedesol, “se realizaron conforme a la normatividad aplicable”. Sin embargo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron que los concursos beneficiaron a empresas fraudulentas.

Por ejemplo, en la licitación LP12/2013 ganó Grupo Comercializador Cónclave, cuyo representante legal, David Dávila Córdova, fue operador del cártel de Juárez y fue detenido en 2005 por lavado de dinero, según reveló una investigación de Aristegui Noticias.

En el concurso también participó la empresa Bombasa, S.A. de C.V., que no está registrada en la Secretaría de Economía y cuyo representante legal era Luis Antonio Mendoza Ángeles, actual “profesional ejecutivo” de la PGR, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuya función es “apoyo en el área de vehículos”.

Según su declaración patrimonial en Declaranet, Mendoza Ángeles trabajó en Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V. en el área de licitaciones, empresa que recibió recursos de Grupo Comercializador Cónclave de este contrato sin hacer algún servicio. Según respondió la Secretaría de Economía a una solicitud de transparencia, Advanced Computer tampoco está registrada ante la dependencia.

También concursó Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que recibió recursos en otro convenio firmado por la Universidad de Morelos y la Sagarpa en febrero de 2014 y en el que no se cumplieron con los servicios de ejecución del Programa ProAgro Productivo, según respondió la dependencia en una solicitud de información.

El representante legal de esta empresa era Juan José Durán García, que según su declaración patrimonial fue delegado estatal del INEA de 19 de diciembre de 1994 hasta el 15 de enero de 2007. En la licitación no presentó copia certificada de identificación fiscal y comprobante de domicilio, por eso fue descalificada.

Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. fue la cuarta participante. Tampoco está registrada en la Secretaría de Economía y el representante legal era Román Merino Espinosa, jefe de Departamento en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR desde el 16 de junio de 2001, según consta en Declaranet. También fue descalificada por “no acreditar las facultades legales”.

Prodasa, S.A. de C.V. ganó la licitación LP/2013, por 188 millones 662 mil pesos, sólo por ofrecer la oferta más baja con respecto a su única competidora: Comercializadora Claudio, S. A. de C. V., cuyo representante legal fue Óscar Armando Fragoso Hernández, quien fue subdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, entre noviembre de 2002 y julio de 2008.

La licitación LP17/2013 por 33 millones 633 mil pesos la ganó Dumago Systems Solutions, que tampoco cuenta con registro ante Economía. Esta empresa se dedica a vender computadoras, pero debía repartir medio millón de despensas en las zonas más pobres del país. Compitieron con ésta RAR Computación, S. A. de C. V. y Meve Soluciones, S. A. de C. V., que ganó otra licitación, la número LP12/2013 por 29 millones 211 mil pesos, pese a que no está registrada en la Secretaría de Economía.

Otro caso fue el convenio firmado con la Sagarpa en febrero de 2014 por 13 millones 77 mil pesos para operar el programa Pro Agro. Aquí no hubo licitación y ni siquiera contrato con las empresas contratadas.

La universidad se quedó con 415 mil pesos como comisión y entregó el resto del dinero a siete empresas. Dos de ellas que aparecieron en las licitaciones previas: Grupo Comercializador Cónclave y Comercializadora Gear. Otras como Ceo Marne México, Fortalitia y Soluciones Globales Reggan ni siquiera existen en la dirección que registraron, tal y como corroboró este equipo de investigación.

En una solicitud de transparencia, la Sagarpa reconoció que no existían pruebas de la realización de los servicios. Es decir, las empresas se quedaron con el dinero sin algo.

Si bien hubo supuestas licitaciones, la investigación periodística comprobó que las empresas concursantes no tenían posibilidades de conseguir algún contrato del gobierno federal porque no cumplían con los requisitos para operar legalmente.

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La mayoría de las misteriosas emisiones de gas que destruyen la capa de ozono provienen de China

El gas, llamado CFC-11, es usado en la fabricación de espumas aislantes de poliuretano para casas y es además un potente gas de invernadero. A pesar de que un tratado internacional prohibió su producción, un equipo internacional de investigadores confirmó que sigue siendo emitido en grandes cantidades en el este de China.
24 de mayo, 2019
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Rigby et al
Estaciones de monitoreo en Corea del Sur y Japón fueron clave para determinar que las emisiones del gas prohibido provenían del este de China.

Ya no hay dudas sobre las principales fuentes del enigmático aumento de un gas que destruye la capa de ozono.

El gas, llamado CFC-11, era usado principalmente en la fabricación de espumas aislantes para casas, pero se acordó a nivel internacional que la producción cesaría gradualmente a partir del año 2010.

Sin embargo, los científicos detectaron un extraño fenómeno: el ritmo de reducción se ha vuelto más lento en los últimos seis años.

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature asegura tener una explicación. Gran parte de las emisiones provienen de fábricas que siguen manufacturando material aislante con el gas dañino en provincias del este de China.

El CFC-11 es también llamado triclorofluorometano, y es un tipo de clorofluorocarbono o CFC, una serie de sustancias químicas desarrolladas inicialmente como refrigerantes en la década de 1930.

A los científicos les llevó décadas descubrir que cuando los CFCs se descomponen en la atmósfera, liberan átomos de cloro que rápidamente destruyen la capa de ozono que nos protege de la luz ultravioleta.

El gran agujero en la capa de ozono sobre la Antártica fue descubierto recién a mediados de la década de 1980.

La comunidad internacional acordó el llamado Protocolo de Montreal en 1987, que prohibió la emisión de los CFCs más perjudiciales.

Estudios recientes indican que si se respeta la prohibición, la brecha en la capa de ozono en el Hemisferio Norte podría desaparecer para 2030, y la de la Antártica para cerca de 2060.

¿Cuándo se descubrió el problema de los CFC?

CFC-11 era el segundo CFC en abundancia, y las emisiones del gas comenzaron a bajar tras el protocolo de Montreal de acuerdo a lo esperado.

Sin embargo, en 2018 un equipo de investigadores encontró que el ritmo de disminución se redujo en un 50% después de 2012.

Uso espuma aislante en la construcción de una casa

Getty Images
El gas prohibido, CFC-11, es usado en la fabricación de espumas aislantes para la construcción.

Las mediciones de estaciones de monitoreo en Corea del Sur y Japón fueron clave para detectar las misteriosas fuentes de CFC-11.

Los científicos especularon que el motivo de la caída en el ritmo de reducción era que el gas se seguía produciendo en el este de Asia.

Los autores del nuevo estudio señalan que si las fábricas que usan CFC-11 no son clausuradas, esto puede retrasar en una década la reparación de la capa de ozono.

¿Qué hallaron los científicos en el terreno?

Estudios adicionales de la Agencia de Investigación de China en 2018 indicaron que efectivamente ese país era la fuente de las emisiones.

El organismo constató el uso ilegal de CFC-11 en la gran mayoría de las fábricas productoras de aislantes de poliuretano que fueron investigadas.

Atmósfera sobre la superficie de Tierra

Getty Images
El Protocolo de Montreal prohibió el uso de algunas sustancias que destruyen la capa de ozono, vital para protegernos de los rayos ultravioleta.

Un vendedor señaló a la agencia que cerca del 70% del material aislante en hogares chinos es fabricado usando el gas prohibido.

Y el motivo es simple: CFC-11 es un producto de mejor calidad y mucho más barato que otros alternativos.

¿Qué demuestra este nuevo estudio?

El trabajo confirma más allá de cualquier duda razonable que entre el 40 y el 60% del aumento en emisiones de CFC11 proviene de provincias en el este de China.

Los científicos demostraron que desde 2012, los niveles de CFC-11 aumentaron debido a la producción en fábricas chinas en esa parte del país.

Los investigadores calcularon que hubo un aumento de un 110% en la producción del gas en esa región entre 2014 y 2017, en comparación con el período entre 2008 y 2012.

Agujero en la capa de ozono

NASA
El agujero en la capa de ozono sobre Antártica, visto en esta imagen en septiembre de 2018, podría repararse para 2060. Pero la producción de gases prohibidos en China puede retrasar esto una década.

“Este nuevo estudio se basa en aumentos bruscos en las mediciones del aire que viene de China”, señaló al programa Inside Science de la BBC el autor principal del estudio, Matt Rigby, profesor del departamento de química de la Universidad de Bristol en Inglaterra.

“Usando simulaciones por computadora del transporte de estos gases en la atmósfera pudimos calcular emisiones de diferentes regiones, y así llegamos a la estimación de emisiones extra de 7.000 toneladas de CFC-11 provenientes de China en comparación con los niveles anteriores a 2012”.

“Sin embargo, los datos indican los niveles del gas en la atmósfera, pero no cómo fue usado ese gas donde fue producido”, afirmó Rigby

Es posible que el gas haya sido producido en otra región de China o incluso en otro país, y haya sido transportado a las fábricas de espumas aislantes. Es en esta última etapa que parte del CFC-11 es emitido a la atmósfera”.

¿De dónde proviene el resto de las emisiones?

Los científicos no están seguros. Es posible que el 40% restante provenga de otras partes de China, que no están cubiertas por las estaciones de monitoreo.

También podrían originarse en India, África o Sudamérica, pero el monitoreo de las emisiones de CFC-11 en esas regiones es muy escaso, según el estudio.

¿Tiene el aumento de CFC-11 implicaciones para el cambio climático?

Sí. Los autores del estudio señalan que estos clorofluorocarbonos también son gases de invernadero extremadamente potentes.

Uso de espumas aislantes

Getty Images
El gas usado en espumas aislantes de poliuretano es un potente gas de invernadero. Una tonelada de CFC-11 equivale a cerca de 5.000 toneladas de CO2 o dióxido de carbono.

Una tonelada de CFC-11 equivale a cerca de 5.000 toneladas de CO2 o dióxido de carbono.

“Estas emisiones extra que identificamos en el este de China equivalen a la emisión de cerca de 35 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año, una cantidad similar al 10% de las emisiones anuales de todo Reino Unido, o las emisiones anuales totales de Londres“, afirmó Rigby.

¿Qué medidas tomará China?

Las autoridades chinas afirman que ya comenzaron a tomar medidas para reducir la producción del gas dañino por parte de lo que describe como “fabricantes corruptos”.

Varios sospechosos arrestados en la provincia de Henan en noviembre poseían 30 toneladas de CFC-11.

Clare Perry, de la Agencia de Investigaciones Ambientales, Environmental Investigations Agency o EIA, una ONG británica, señaló que el nuevo estudio enfatiza la necesidad de acabar con la producción de ese gas.

“Creo que con este estudio ya no quedan dudas de que China es la fuente de estas emisiones inesperadas, y esperamos que las autoridades chinas hagan todo lo necesario para descubrir las fuentes de la producción CFC-11“.

“A menos que la producción de esta sustancia química se elimine será casi imposible impedir su uso por parte de las compañías fabricantes de espumas aislantes”.


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