La Universidad de Morelos se deslinda de La Estafa Maestra: nos utilizaron, dice el rector
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La Universidad de Morelos se deslinda de La Estafa Maestra: nos utilizaron, dice el rector

Tras la publicación de la investigación ‘La estafa maestra’, el rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera, aseguró que las licitaciones públicas con las que contrataron por 697 millones a empresas fantasma o irregulares fueron apegadas a la ley.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manu Ureste
14 de septiembre, 2017
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“Nos utilizaron”. Así responde el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), Alejandro Vera, sobre la participación de la institución en el desvío millonario de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que terminaron en empresas fantasma.

Sin precisar si la institución fue utilizada por la dependencia o por las empresas que contrató, el rector aseguró que la universidad firmó convenios “de buena fe” y, por tanto, no tiene la obligación de comprobar la legalidad de las compañías más allá de los documentos que le entregaron.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelaron que 11 dependencias del gobierno desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de ocho universidades públicas que sirvieron de intermediarias para contratar a 186 empresas, de las cuáles 126 son irregulares.

Entre las dependencias involucradas está la Sedesol, que entregó 697 millones de pesos a la UAEMOR para cumplir con la distribución de despensas, artículos para promotores de la Cruzada y la organización de un concierto, entre otros. Aunque no hizo ningún servicio, la Universidad se quedó con una “comisión” de 61 millones 120 mil pesos sólo por contratar a empresasque resultaron fantasma.

La universidad realizó ocho licitaciones para escoger a los proveedores, pero las empresas participantes eran irregulares y concursaron entre sí en diferentes procesos; otras fueron descartadas porque no presentaron documentos básicos, como el poder notarial de representante legal, o porque la oferta económica era mayor a la prevista.

Las licitaciones, además, ocurrieron en tiempo récord. Por ejemplo, Meve Soluciones recibió 29 millones 211 mil pesos el 18 de diciembre de 2013. Ese mismo día firmó el contrato con la universidad, entregó los servicios y la factura por supuestamente hacer la estructura administrativa y el sistema informático para el control de brigadas de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Dicha empresa no está registrada ante la Secretaría de Economía -primer requisito para operar legalmente- y no se encuentra en el domicilio fiscal que reportó en la Ciudad de México.

En entrevista con el equipo de investigación, el rector Vera aseguró que las empresas presentaron documentos que comprobaban su legalidad como el acta constitutiva, el RFC y carta poder.

Sin embargo, la investigación periodística comprobó que de las empresas escogidas tres son fantasma declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones fraudulentas (Grupo Comercializador Cónclave, ProdasaGrupo Industrial y Servicios Yafed). Mientras que las sociedades Evyena Servicios y Factibilidad Empresarial son investigadas por el SAT por la misma razón.

Dumago Systems Solutions vende computadoras pero fue contratada para repartir despensas; Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos repara maquinaria, pero fue elegida para la “orientación, promoción y apoyo” del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Y Grupo Industrial y Servicios Yafed fue desmantelada.

Sobre estas irregularidades, la universidad dijo que no es responsable de investigar a las empresas en el sistema financiero del país. En cambio, sostiene el rector, le corresponde al SAT y a la Secretaría de Economía vigilar la legalidad de las compañías.

¿Quién les dijo que contrataran a esas empresas?

– A nosotros no nos dicen. Si las empresas llegan con una información privilegiada esa es otra cosa. Nuestra licitación fue pública y abierta, como pasa con el resto de licitaciones.

Entonces, ¿las empresas los engañaron?

No, yo no podría decir que nos engañaron, porque la documentación obra en nuestros archivos. Y es una documentación que se verificó y toda estaba conforme a la normatividad.

Pero contrataron a empresas fantasma. 

-Sí, pero ya no nos toca a nosotros determinar a nosotros si son o no son (fantasma). A nosotros no nos toca determinar si la información que presentan (las empresas) es o no es falsa.

-La Universidad asegura que tiene documentos de prueba sobre los servicios, pero cuando fuimos (a las empresas) se veía claramente que no existían. ¿Esto qué sensación le causa?

-Me causa un encabronamiento. En serio, no nos merecemos esto como mexicanos, como país, como universidad. Y si nos usaron, que paguen. Los que tengan que pagar. Yo no voy a tapar a nadie. Ni voy a ser cómplice de nadie. Me parece infame lo que hacen.

En un proceso de autocrítica, ¿cuáles fueron los errores de parte de la universidad en estos convenios? 

-No tenemos que estar firmando eso (los convenios). No tenemos por qué meternos y ser utilizados de esa manera. Esa es la autocrítica. Es el tema de decir, ¿por qué fregados nos utilizan? Firmamos contratos de buena fe.

¿Quién los utiliza?

-¿Cómo que quién?

¿Los utilizaron las empresas, el gobierno?

-Pues yo creo que ahí es donde ya tienen que ver dónde está el entramado. Pero créanme, no somos las universidades. Al menos esta no. (La UAEMOR) no es cómplice y no va a ser cómplice de nadie.

-¿Podría pasar esto mismo con otras empresas?

-Sí, si las autoridades no ponen un freno, y no atienden el problema del lavado de dinero… Pero no solo nosotros. Si nosotros pedimos información a la comisión bancaria pues jamás nos la van a dar.

-Entonces, habría un riesgo elevado de que esto volviera a suceder…

-Sí, estamos en un gran riesgo. Yo creo que todos estamos en un gran riesgo, y es muy importante que se apliquen las medidas conducentes para que cuando tú veas una empresa que participa, pues tengas la seguridad de que es una empresa está legalmente constituida.

Empresas cobran y no entregan servicios

Grupo Comercializador Cónclave fue declarada fantasma por el SAT y ganó 207 millones de pesos. El servicio consistía en entregar 16 millones de productos como gorras, tortilleros, linternas o balones para los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 13 entidades del país.

La licitación fue abierta el 26 de septiembre de 2013, tan solo un día después se anunció como ganador a Grupo Comercializador Cónclave. El 8 de octubre se hizo el pedido y un día después se entregaron los productos en 214 municipios. El pago fue entregado el 31 de octubre.

De acuerdo a la verificación de la Auditoría Superior de la Federación, los artículos ni siquiera llegaron a las delegaciones de la Sedesol en los estados y, por tanto, la empresa cobró sin realizar los servicios. El rector Vera asegura lo contrario. Las pruebas, dice, son los documentos de “satisfacción de los recursos” por parte de personal de la Sedesol.

-O sea, ustedes dicen que las empresas cumplieron, ¿porque la Sedesol dice que cumplieron?

Sí, porque nos liberan los compromisos y nos liberan los pagos. Porque si nos hubieran dicho ‘oigan, estos no cumplieron’, pues no hubieran liberado los pagos.

Sin embargo, la Sedesol presenta como pruebas del cumplimiento de los servicios, las actas de la Universidad y asegura que “en ninguna parte de los convenios ni de los anexos técnicos y apéndices se advierte que corresponda al director (de la SEDESOL) supervisar el cumplimiento”.

Empresas fantasma y sin registro ‘compitieron’ por licitaciones

El rector Vera aseguró que las licitaciones públicas, a partir de las cuales se contrataron a varias empresas para realizar servicios a Sedesol, “se realizaron conforme a la normatividad aplicable”. Sin embargo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron que los concursos beneficiaron a empresas fraudulentas.

Por ejemplo, en la licitación LP12/2013 ganó Grupo Comercializador Cónclave, cuyo representante legal, David Dávila Córdova, fue operador del cártel de Juárez y fue detenido en 2005 por lavado de dinero, según reveló una investigación de Aristegui Noticias.

En el concurso también participó la empresa Bombasa, S.A. de C.V., que no está registrada en la Secretaría de Economía y cuyo representante legal era Luis Antonio Mendoza Ángeles, actual “profesional ejecutivo” de la PGR, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuya función es “apoyo en el área de vehículos”.

Según su declaración patrimonial en Declaranet, Mendoza Ángeles trabajó en Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V. en el área de licitaciones, empresa que recibió recursos de Grupo Comercializador Cónclave de este contrato sin hacer algún servicio. Según respondió la Secretaría de Economía a una solicitud de transparencia, Advanced Computer tampoco está registrada ante la dependencia.

También concursó Comercializadora Gear, S.A. de C.V., que recibió recursos en otro convenio firmado por la Universidad de Morelos y la Sagarpa en febrero de 2014 y en el que no se cumplieron con los servicios de ejecución del Programa ProAgro Productivo, según respondió la dependencia en una solicitud de información.

El representante legal de esta empresa era Juan José Durán García, que según su declaración patrimonial fue delegado estatal del INEA de 19 de diciembre de 1994 hasta el 15 de enero de 2007. En la licitación no presentó copia certificada de identificación fiscal y comprobante de domicilio, por eso fue descalificada.

Comercializadora y Distribuidora Kardiel, S.A. de C.V. fue la cuarta participante. Tampoco está registrada en la Secretaría de Economía y el representante legal era Román Merino Espinosa, jefe de Departamento en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la PGR desde el 16 de junio de 2001, según consta en Declaranet. También fue descalificada por “no acreditar las facultades legales”.

Prodasa, S.A. de C.V. ganó la licitación LP/2013, por 188 millones 662 mil pesos, sólo por ofrecer la oferta más baja con respecto a su única competidora: Comercializadora Claudio, S. A. de C. V., cuyo representante legal fue Óscar Armando Fragoso Hernández, quien fue subdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, entre noviembre de 2002 y julio de 2008.

La licitación LP17/2013 por 33 millones 633 mil pesos la ganó Dumago Systems Solutions, que tampoco cuenta con registro ante Economía. Esta empresa se dedica a vender computadoras, pero debía repartir medio millón de despensas en las zonas más pobres del país. Compitieron con ésta RAR Computación, S. A. de C. V. y Meve Soluciones, S. A. de C. V., que ganó otra licitación, la número LP12/2013 por 29 millones 211 mil pesos, pese a que no está registrada en la Secretaría de Economía.

Otro caso fue el convenio firmado con la Sagarpa en febrero de 2014 por 13 millones 77 mil pesos para operar el programa Pro Agro. Aquí no hubo licitación y ni siquiera contrato con las empresas contratadas.

La universidad se quedó con 415 mil pesos como comisión y entregó el resto del dinero a siete empresas. Dos de ellas que aparecieron en las licitaciones previas: Grupo Comercializador Cónclave y Comercializadora Gear. Otras como Ceo Marne México, Fortalitia y Soluciones Globales Reggan ni siquiera existen en la dirección que registraron, tal y como corroboró este equipo de investigación.

En una solicitud de transparencia, la Sagarpa reconoció que no existían pruebas de la realización de los servicios. Es decir, las empresas se quedaron con el dinero sin algo.

Si bien hubo supuestas licitaciones, la investigación periodística comprobó que las empresas concursantes no tenían posibilidades de conseguir algún contrato del gobierno federal porque no cumplían con los requisitos para operar legalmente.

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#YoSoyAnimal

La familia que no tiene huellas dactilares

Una familia en Bangladesh tiene una rara mutación genética que les ha representado dificultades en un mundo cada vez más dependiente de datos biométricos.
26 de diciembre, 2020
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Apu Sarker me mostró la palma abierta de su mano durante una videoconferencia desde su casa en Bangladesh. Al comienzo nada me pareció raro, pero cuando miré más de cerca me percaté de lo lisas que eran las superficies de sus dedos.

Apu, de 22 años, vive con su familia en una aldea en el distrito norteño de Rajshahi. Hasta hace poco, trabajaba como asistente médico. Su padre y abuelo eran agricultores.

Los hombres en la familia de Apu parecen compartir una rara mutación genética que se cree que solo afecta a un puñado de personas en el mundo: no tienen huellas dactilares.

Antes, en las épocas del abuelo de Apu, no tener huellas digitales no era gran lío. “Nunca lo pensé como un problema”, dijo Apu.

Pero después de décadas, esos pequeños surcos que se arremolinan en las puntas de nuestros dedos -llamados dermatoglifos– se han convertido en el dato biométrico más recopilado del mundo.

Se usan para todo, desde el paso por un aeropuerto hasta para abrir nuestros teléfonos inteligentes.

Un teléfono inteligente que se abre con la huella digital

AFP
Hoy en día, las huellas digitales se utilizan para operar un sinnúmero de dispositivos, como el teléfono inteligente.

En 2008, cuando Apu era niño, Bangladesh introdujo una Tarjeta de Identidad Nacional para todos los adultos y la base de datos requería una huella del pulgar.

Los funcionarios confundidos no sabían si emitirle una tarjeta al padre de Apu, Amal Sarker. Finalmente, recibió una tarjeta con el sello “SIN HUELLA DIGITAL”.

En 2010, las huellas dactilares se volvieron obligatorias para pasaportes y licencias de conducción.

Después de varios intentos, Amal logró conseguir un pasaporte mostrando un certificado de una junta médica. Nunca lo ha usado, en parte porque teme que haya problemas en el aeropuerto. Y, aunque conducir una motocicleta es esencial para su trabajo de agricultor, nunca ha obtenido una licencia.

“Pagué la tarifa, pasé el examen, pero no me dieron la licencia porque no podía dar una huella digital”, explicó.

Registro de datos biométricos en Bangladesh

Getty Images
Bangladesh ha realizado una extensa recopilación de datos biométricos de sus habitantes, sin los cuales no se puede aquirir un pasaporte, o una licencia de conducir, ni siquiera una tarjeta SIM para el teléfono.

Amal carga consigo el recibo de pago de la licencia, pero no siempre le ayuda cuando lo detienen. Le han multado dos veces. En ambas ocasiones explicó sobre su dolencia a los policías, dijo, y les mostró las puntas de sus dedos para que vieran. Ninguno le perdonó la multa.

“Siempre es un experiencia vergonzosa para mí”, contó Amal.

En 2016, el gobierno hizo obligatorio comparar la huella digital con la base nacional de datos para poder comprar una tarjeta SIM para un celular.

“Parecieron confundidos cuando fui a comprar una SIM, el software de su sistema se congelaba cada vez que ponía mi dedo en el sensor”, dijo Apu, con una sonrisa irónica.

Le rechazaron la compra. Todos los hombres de su familia tienen que usar tarjetas SIM bajo el nombre de su madre.

Amal

BBC
Los dedos de Amal Sarker no tienen los patrones distintivos que se encuentran en la mayoría de las personas.

La dolencia rara que afecta a la familia Sarker se llama adermatoglifia.

Se dio a conocer ampliamente en 2007 cuando Peter Itin, un dermatólogo suizo, fue contactado por una mujer de su país que tenía problemas entrando a EE.UU.

Su cara correspondía a la foto de su pasaporte, pero los agentes de inmigración no podían registrar sus huellas dactilares. No tenía.

Tras examinarle, el profesor Itin encontró que la mujer y ocho miembros de su familia sufrían una rara condición, con las yemas de los dedos planas y un número reducido de glándulas sudoríparas en las manos.

Trabajando con otro dermatólogo, Eli Sprecher, y la estudiante de posgrado Jann Nousbeck, el profesor Itin examinó el ADN de 16 miembros de la familia -siete con huellas digitales y nueve sin éstas.

“Los casos aislados son muy raros y no se han documentado más que unas pocas familias”, contó el profesor Itin a la BBC.

Agente de inmigración en EE.UU. verifica las huellas digitales de una pasajera

Getty Images
En muchos países, como en EE.UU., los agentes fronterizos verifican las huellas digitales de los viajeros antes de permitir su entrada.

En 2011, el equipo se enfocó en un gen, SMARCAD1, que mutó en los nueve miembros sin huellas de la familia y pudieron identificarlo como la causa de la rara dolencia. Prácticamente no se conocía nada de este gen. La mutación no parecía causar otros efectos negativos aparte de los cambios en las manos.

La mutación que se buscó durante todos esos años afectaba un gen “del que nadie sabía nada”, expresó el profesor Sprecher. Por eso tardaron años en encontrarlo.

Una vez descubierto, la enfermedad fue nombrada adermatoglifia, pero el profesor Itin la apodó “enfermedad de demora migratoria”- por su primera paciente que tuvo problemas entrando a EE.UU.- y el nombre resultó.

Amal y Apu

BBC
Amal y Apu Sarker. “No está en mis manos, es algo que heredé”, dijo Amal.

La enfermedad de demora migratoria puede afectar a varias generaciones de una familia. El tío de Apu Saker, Gopesh, que vive en Dinajpur, a unos 350km de Daca, tuvo que esperar dos años antes de que le autorizaran un pasaporte.

“Tuve que viajar a Daca cuatro o cinco veces en los últimos dos años para convencerles de que sufría la mutación”, declaró Gopesh.

Cuando su oficina empezó a utilizar un sistema de control de asistencia con huellas digitales, Gopesh tuvo que convencer a sus jefes que le permitieran utilizar el sistema antiguo: firmando una planilla de asistencia todos los días.

Un dermatólogo en Bangladesh ha diagnosticado la condición de la familia como queratodermia palmoplantar congénita, que el profesor Itin cree que evolucionó en adermatoglifia secundaria, una versión de la enfermedad que también puede producir resequedad cutánea y reducción de la transpiración en las palmas de las manos y plantas de los pies.

Los Sarker na reportado todos estos síntomas.

Se necesitarían hacer más exámenes para confirmar si la familia tiene alguna forma de adermatoglifia.

El profesor Sprecher expresó que su equipo estaría “muy contento” de ayudar a la familia con pruebas genéticas.

Los resultados de esas pruebas podrían darles a los Sarker alguna certidumbre, pero no les aliviaría la carga de navegar diariamente por un mundo sin huellas digitales.

El hermano menor de Apu Sarker, Anu

BBC
El hermano menor de Apu Sarker, Anu, también heredó la rara mutación genética.

Los Sarker que padecen de esta mutación están viviendo en una sociedad que no solo les resulta más difícil de manejar, sino que no ha evolucionado para acomodar su problema.

Amal Sarker pasó la mayoría de su vida sin mucho traspié, pero ahora dice que siente tristeza por sus hijos.

“No está en mis manos, es algo que heredé”, declaró.

“Pero la manera en que mis hijos y yo nos estamos metiendo en todo tipo de problemas, es realmente doloroso para mí”.

Amal y Apu acaban de recibir un nuevo tipo de tarjeta de identidad nacional emitida por el gobierno bangladesí, tras presentar un certificado médico. La tarjeta utiliza otros datos biométricos –un escaneo de la retina y reconocimiento facial.

Pero todavía no pueden comprar una tarjeta SIM ni obtener una licencia de conducción. Expedir un pasaporte es un largo y arduo proceso.

“Estoy cansado de explicar mi situación una y otra vez. He pedido consejo a mucha gente, pero nadie puede darme una respuesta definitiva”, se quejó Apu. “Alguien me sugirió ir a un tribunal. Si todas las otras opciones fallan, eso es lo que tendré que hacer”.

Apu espera poder conseguir un pasaporte, dijo. Le encantaría viajar fuera de Bangladesh. Sólo tiene que empezar a llenar la solicitud.

Las fotos son cortesía de la familia Sarker.


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