Viven del sueldo como líderes de partidos políticos, pero evitan pagar sus cuotas de militantes
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Especial

Viven del sueldo como líderes de partidos políticos, pero evitan pagar sus cuotas de militantes

Los pagos de los líderes de los tres partidos más grandes son dispares, mientras que del resto no hay pago de cuotas registrado.
Especial
Por Ernesto Aroche Aguilar
12 de septiembre, 2017
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No importan las siglas ni el color o la ideología que los forme, a pesar de recibir un salario fijo de su partido, los dirigentes adeudan a sus institutos políticos las cuotas que deben pagar como militantes.

De los nueve dirigentes de partidos políticos con registro nacional solo tres han pagado cuotas partidistas en algún momento. Ricardo Anaya del PAN y Alejandra Barrales del PRD, han pagado cuotas pero no durante todo el tiempo que han ocupado cargos de dirección.

En el caso del priísta Enrique Ochoa la información que ofrece la página de transparencia del partido, y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es contradictoria entre sí, a pesar de que por ley tendría que ser la misma.

De acuerdo con la PNT, Ochoa Reza solo hizo un pago en enero de 2017 por 1,800 pesos. Mientras que la página de transparencia del partido reconoce pagos desde julio de 2016, cuando fue nombrado dirigente nacional del tricolor, hasta marzo de este año.

Según la información de la página, Ochoa Reza pagó durante el 2016 un total de 12 mil pesos de cuotas partidistas, mientras que en 2017 tiene registrados pagos por 5,400 pesos.

El partido señaló que el dirigente ha pagado sus cuotas hasta octubre de este año, y ofreció copias de los recibos para probarlo. Aseguró que la falta de información en la plataforma es una omisión en la actualización de los datos.

Leer: El PRI sí registró las cuotas de Ochoa en la Plataforma de Transparencia, aclara el partido

Según el Reglamento del Sistema Nacional de Cuotas del PRI, Ochoa Reza debe aportar el 3% de su ingreso mensual, esto significa que de su salario mensual de 74,136 pesos* le toca pagar por concepto de cuota partidista 2,224 pesos.

A medias en el PAN y el PRD

El panista Ricardo Anaya sólo aportó su cuota durante el tiempo que fue diputado federal. Datos que el PAN entregó a Animal Político muestran que pagó 32,012 pesos entre febrero y agosto de 2015. Después se olvidó del tema.

De acuerdo con los estatutos de ese partido sólo los militantes que ocupan un cargo de elección popular tienen una cuota mensual fija, el resto de los militantes, incluido el presidente pueden aportar voluntariamente una vez al año.

Durante 2016 y 2017 Anaya no ha aportado un solo peso a su partido, a pesar de que mensualmente recibe un salario de 80,492 pesos.

Animal Político buscó una entrevista con el Tesorero del PAN pero no fue atendida.

La perredista Alejandra Barrales ha aportado a su partido 109,786 pesos entre enero y junio de 2015, mientras ocupó una curul en el senado. Y 14,217 entre julio y diciembre de 2016, como dirigente nacional.

De acuerdo con información entregada por el PRD, en 2017 no ha pagado cuotas ni como presidenta ni como senadora, cargo al que regresó en marzo de este año.

Alejandra Barrales recibe cada mes un salario neto de 47,430 pesos, más su dieta mensual como senadora que es de 117,400 pesos.

Los estatutos del partido señalan que todos sus militantes deben pagar una cuota obligatoria anual de un día de salario mínimo, pero además en su calidad de legisladora está obligada a pagar una cuota extraordinaria, que corresponde al 15% de sus ingresos netos, y otra más en su calidad de dirigente partidista.

De acuerdo con Eloí Vázquez, subsecretario de Comunicación en el PRD, el cobro de la cuota como dirigente partidista se hace en automático al emitir su pago, pero dijo desconocer las razones por que no se reportaron las cuotas de 2017.

Los que no han dado un peso

En el resto de los partidos, a excepción del Partido del Trabajo que asegura que sus militantes no están obligados a pagar por pertenecer a ese instituto político, no hay registros públicos de que sus dirigentes paguen cuotas.

Ni Luis Castro Obregón dirigente de Nueva Alianza, quién mensualmente ingresa a su bolsillo 72,730 pesos; ni Dante Delgado de Movimiento Ciudadano quien tiene un salario registrado de 60 mil 179; ni Hugo Eric Flores Cervantes del Partido Encuentro Social que cada mes recibe un pago de 63,333 pesos, aparecen en los registros de militantes que han pagado cuotas a sus respectivos institutos políticos.

En sus estatutos, los tres institutos políticos obligan a que sus militantes contribuyan con el pago de cuotas. Nueva Alianza y Encuentro Social establecen ese pago como una de las condiciones para ser designado dirigente de esos institutos políticos.

En el Partido Verde Ecologista de México la falta de pago de cuotas involucra a todo el Comité Ejecutivo Nacional, según reconoció ese instituto a una solicitud de información que presentó Animal Político.

La respuesta a la letra dice: “se le informa que de 2015 a la fecha no se han recibido aportaciones ordinarias y/o extraordinarias realizadas por integrantes del Comité Directivo Nacional”.

Sin información

Un caso de excepción es el Morena, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y por lo que recibe una remuneración de 50 mil pesos mensuales.

Este es el único partido de los nueve con registro nacional que no ofrece información al respecto.

De hecho ofrece muy poca información en su página o en la Plataforma Nacional de Transparencia. En la reciente Verificación del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia fue el partido con la peor calificación, apenas 8.94 puntos sobre 100 posibles.

De lo poco que se puede conocer de ese instituto político es que, de acuerdo con sus estatutos, sí pueden recibir financiamiento de sus militantes, pero no dice si este debe ser periódico o cuál será el mecanismo para recibirlo.

*El dato se obtuvo de restar el monto mensual de remuneración total menos impuestos.

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¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca pese al triunfo de Biden?

El anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.
8 de noviembre, 2020
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En 244 años de historia de Estados Unidos, nunca ha habido un presidente que se rehúse a abandonar la Casa Blanca después de haber perdido una elección.

La transferencia ordenada, legal y pacífica del poder es uno de los sellos definitorios de la democracia estadounidense.

Por eso, el anuncio del presidente Donald Trump de negarse a aceptar su derrota ante Joe Biden, genera una situación tan nueva como desconcertante en la vida del país.

Y presenta para los analistas el reto de considerar escenarios antes impensables.

“Lejos de haber terminado”

Trump jugaba golf a las afueras de Washington cuando se confirmó el triunfo electoral de Biden este 7 de noviembre.

Poco después, la campaña del candidato derrotado emitió un comunicado asegurando que la “elección está lejos de haber terminado”.

Donald Trump jugando al golf.

Getty Images
Trump estaba jugando al golf cuando se conoció la victoria de Joe Biden.

“Todos sabemos por qué Joe Biden se está apresurando a presentarse falsamente como el ganador, y por qué sus aliados de los medios se están esforzando en intentar ayudarle: no quieren que se sepa la verdad”, señala el comunicado, en donde además indica que Trump seguiría oponiéndose mediante demandas judiciales al resultado anunciado, alegando la existencia de supuestos fraudes.

La constitución estadounidense es clara, más allá de cualquier duda, en establecer que el actual período presidencial termina “al mediodía del día 20 de enero”.

Joe Biden ha conseguido ganar en una cantidad de estados que le aseguran más de 270 votos en el Colegio Electoral. Por lo que tiene el derecho a ocupar la presidencia por los siguientes cuatro años.

Donald Trump tiene recursos legales y legítimos que todavía puede emplear para disputar el resultado de la votación.

Pero a no ser que ocurra de aquí a allá un giro dramático en las cortes y que pueda probar en los juzgados la existencia de las irregularidades en la elección que él reclama, todavía sin presentar evidencia, el 20 de enero es la fecha en que el actual presidente debe abandonar el poder.

Trump con su equipo en la oficina oval de la Casa Blanca.

Getty Images
¿Qué pasa si Trump se niega a abandonar la Casa Blanca?

Posición anunciada

Trump fue claro a lo largo de la actual campaña en advertir que no aceptaría una derrota.

Dijo en repetidas ocasiones que estaba decidido a seguir al mando, sin importar lo que dijeran las autoridades electorales, indicando que la única posibilidad de que perdiera era si le robaban las elecciones.

Por lo que el país empezó a discutir qué pasaría en el caso de que Trump cumpliera su amenaza e intentara aferrarse al poder a la fuerza.

Una hipótesis incluso comentada por el propio Joe Biden cuando era candidato.

En una entrevista televisada el pasado 11 de junio, el humorista Trevor Noah le preguntó a Biden si había pensado en la posibilidad de que un Trump perdedor se negara a desocupar la residencia presidencial.

“Sí, lo he pensado”, respondió Biden, agregando que estaba convencido de que en una situación semejante, las fuerzas militares se encargarían de impedir que se quedase en el cargo y lo desalojarían sin más de la Casa Blanca.

También se ha dicho que podría ser el Servicio Secreto el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Ese cuerpo civil, encargado de la seguridad del mandatario, tiene por ley también la obligación de proteger a todos los ex presidentes, y seguirá escoltando al ya expresidente a partir del 20 de enero.

Donald Trump con un miembro del Servicio Secreto en la Casa Blanca

Getty Images
El Servicio Secreto es el que podría cumplir la eventual tarea de escoltar a Trump fuera de la residencia presidencial.

Desde que se hizo evidente la ventaja electoral de Biden y parecía inminente el anuncio de su victoria, el Servicio Secreto extremó las medidas de protección sobre el presidente-electo, empezando a darle efectivamente un nivel de seguridad “presidencial”, pese a que Trump insistía en que el demócrata había sido derrotado.

¿El escenario impensable?

Pero en ese punto habría que entrar a evaluar la lealtad a este presidente de las fuerzas de seguridad, tal como lo hacen los analistas que buscan entender la situación de cualquier país en un momento de inestabilidad institucional.

BBC Mundo le preguntó a expertos si era factible que Trump intentase utilizar a las fuerzas de seguridad del estado para quedarse ilegalmente en el poder.

“Que un presidente llegara a abusar de los poderes de la presidencia para quedarse en el cargo después de aparentemente perder la elección, sería duro y destruiría normas vitales. Pero no es inconcebible“, le dice a BBC Mundo el profesor Dakota Rudesill, experto en legislación y política de seguridad nacional, afiliado a la Universidad Ohio State en Estados Unidos.

Causaría un gran daño al país, a principios importantes de las relaciones entre civiles y militares, y a los prospectos globales para la democracia”, advierte.

Sin embargo, aclara que, en su opinión, el escenario en que Trump pudiera aferrarse a la presidencia apoyado en las fuerzas de seguridad es difícil de realizarse.

“El personal militar jura lealtad a la Constitución, no al político que actualmente ocupe la presidencia. Y el que es en este momento el militar de mayor rango en el país, el General Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, ha dicho repetidamente que los militares no tendrán rol alguno en esta elección”.

Gráfico de quién podría involucrarse si se impugnan los resultados

BBC

Rudesill no es el único que se hace estas preguntas. Keisha Blaine es catedrática de la Universidad de Pittsburgh y experta en el estudio de movimientos de protesta social.

“El solo hecho que tengamos que preguntarnos si las fuerzas armadas intervendrán en la elección revela mucho acerca del triste estado de las cosas en nuestro país“, le dice a BBC Mundo.

Agrega Blaine que “hace cuatro años la mayoría de los estadounidenses no se preguntaban esto. Pero después de haber visto a Trump desplegar agentes federales en Portland y Washington en los últimos meses, es una preocupación seria. No creo que esto sea un escenario probable, pero no podemos descartarlo como una posibilidad seria, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año”.

Efectivamente, durante las protestas sociales que surgieron con el movimiento anti-racismo de mediados de año, Trump consideró movilizar a las fuerzas armadas para disolver las manifestaciones.

El pasado 5 de junio, el diario New York Times aseguraba que el general Milley “convenció a Trump de no invocar la Ley de Insurrección de 1807 para movilizar tropas regulares en todo el país para reprimir las protestas, una línea que varios oficiales del ejército estadounidense han dicho que no cruzarán, ni siquiera si el presidente se los ordena”.

Al final, ante la negativa del ejército regular a verse involucrado, Trump ordenó para contener las protestas el uso de efectivos de la Guardia Nacional, que dependen de los gobernadores de cada estado.

Trump con Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto

Getty Images
El 1 de junio, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, acompañó a Trump a tomarse una foto con una biblia a metros de la Casa Blanca y en medio de las protestas por la muerte de George Floyd. A los días, Milley se arrepintió.

También estuvieron involucrados en la contención de las protestas en Washington, Portland y otras ciudades, miembros de las fuerzas de seguridad no militares que dependen del Ministerio de Seguridad Interior (Homeland Security).

Por lo que algunos contemplan que en una crisis surgida a raíz de las elecciones, Trump potencialmente tendría acceso a ordenar el despliegue de cierto número de personal armado no militar.

Sin embargo, asumiendo que las fuerzas armadas no se pondrían a disposición de la supervivencia política del presidente, es difícil imaginar una maniobra exitosa de Trump para quedarse en el poder en esas condiciones.

¿Violencia en la espera?

Rudesill dice que le produce preocupación escenarios relacionados.

“He escrito acerca de la posibilidad de que el presidente Trump intente usar un decreto ejecutivo, o que el Departamento de Justicia controlado por sus aliados políticos intente emitir una ‘directriz’, indicando que la Rama Ejecutiva debe considerar a Trump como el ganador de una elección disputada”, el experto le dice a BBC Mundo, pero advierte que eso sería “totalmente inapropiado e impermisible”.

“Ordenar al ejército continuar rindiendo saludo al presidente mas allá del final de su período al mediodía del 20 de enero pondría a los militares en una situación imposible”, señala.

Un seguidor de Trump armado en Minesota este 7 de noviembre.

Getty Images
Los analistas dicen que una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado puede llevar a “la posibilidad de desorden civil serio”.

“La mitad del país y mucha gente alrededor del mundo pensaría que las fuerzas armadas apolíticas estadounidenses habían tomado una posición partidista. Los militares nunca, nunca deben recibir esa orden“, puntualiza Rudesill.

Y sin llegar al caso extremo de una situación en la que se ponga en juego la autonomía de las fuerzas armadas ante las disputas partidistas, otros advierten que una extensión de la actual coyuntura política puede generar violencia en otros campos.

Una situación en la que el candidato perdedor de la elección presidencial se niega a aceptar el resultado ciertamente lleva a “la posibilidad de desorden civil serio”, le dice a BBC Mundo Keisha Blaine.

La retórica presidencial “ha incrementado la posibilidad de protestas e incluso de violencia”, argumenta.

La situación presenciada en distintas ciudades estadounidenses en los últimos meses, de manifestantes armados hasta los dientes expresando su apoyo por el presidente, así como la aparición en las calles de esas mismas urbes de grupos radicales de oposición, son un recordatorio del potencial de violencia que conlleva la actual tensión política en Estados Unidos.

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BBC

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