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Cuartoscuro Archivo

La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

Especialistas en Derecho aseguran que la PGR es la instancia responsable de investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades; los posibles delitos son peculado, lavado de dinero e incluso crimen organizado.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
18 de septiembre, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en La estafa maestra que las dependencias y universidades firmaron convenios para hacer supuestos servicios, pero las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas; de ellas, 128 son ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de pesos de recursos federales.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

Pérez de Acha –también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– asegura que con el desvío de recursos públicos cometido por las dependencias del gobierno federal y universidades públicas “se está en el supuesto de delincuencia organizada”, cuya responsabilidad de investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alonso Lira Salas.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las denuncias y los involucrados

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

Aunque la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, ha insistido que no firmó ninguno de los convenios con las universidades, y, por tanto, no es responsable del desvío, el auditor Juan Manuel Portal advierte que los titulares de las dependencias conocen de la estafa.

Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.

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Cambio climático: por qué los próximos 18 meses son cruciales para el planeta y todos nosotros

El próximo año también será decisivo para el futuro de un millón de especies y de los océanos.
26 de julio, 2019
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¿Recuerdas los titulares que hablaban de que teníamos apenas 12 años para salvar el planeta?

Pues ahora parece existir el consenso de que los próximos 18 meses son críticos en la lucha contra el cambio climático y otros desafíos ambientales.

Para evitar que el aumento en la temperatura del planeta supere 1,5 grados centígrados respecto a la era preindustrial, será necesario reducir las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45% para 2030, según afirmó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en su informe de octubre del año pasado.

Sin embargo, los pasos decisivos en ese recorte de emisiones de CO2 deben tener lugar antes de finales del año próximo, de acuerdo a observadores.

La idea de que 2020 es un plazo decisivo fue mencionada ya en 2017 por uno de los principales científicos climáticos a nivel mundial.

“La matemática del clima es brutalmente clara”, afirmó Hans Joachim Schellnhuber, fundador y ahora director emérito del Instituto Potsdam del Clima, en Alemania.

“El mundo no puede ser sanado en pocos años, pero podría estar fatalmente herido de negligencia en 2020”.

La sensación de que el fin de 2020 es una oportunidad límite en términos de cambio climático es cada vez más clara.

“Creo firmemente que los próximos 18 meses decidirán nuestra habilidad para mantener el cambio climático en niveles que permitan la sobrevivencia y asegurar la restauración del equilibrio necesario en la naturaleza para sobrevivir”, afirmó recientemente el Príncipe Carlos de Inglaterra ante cancilleres de países de la Mancomunidad Británica.

¿Por qué son tan cruciales los próximos 18 meses?

El Príncipe Carlos se refería a una serie de reuniones clave de la ONU que tendrán lugar desde septiembre de este año hasta fines de 2020.

En el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015 los países firmantes se comprometieron a mejorar sus planes de recortes de emisiones para fines del próximo año .

Huelga de estudiantes por el cambio climático en Munich en julio de 2019

Getty Images
Huelga de estudiantes por el cambio climático este mes en Alemania. Cada vez más gente pide acciones concretas para combatir el calentamiento global.

Un punto importante del informe del IPCC de octubre de 2018 era que las emisiones globales de dióxido de carbono deben llegar a un tope máximo y comenzar a bajar para 2020.

Solo de esa forma podrá mantenerse el aumento de temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados, el límite necesario para evitar los efectos más catastróficos del cambio climático, según el IPCC.

Pero los compromisos actuales de los gobiernos, lejos de garantizar ese límite seguro, conducirán a un incremento de 3 grados para fin de siglo.

Los planes de los gobiernos suelen estipularse en marcos temporales de 5 o 10 años. Y por ello, si se quiere lograr la reducción de 45% en las emisiones globales para 2030 será necesario que los compromisos estén sobre la mesa para fin de 2020.

¿Cuáles son los pasos siguientes?

El primer encuentro crucial es la cumbre climática convocada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que tendrá lugar el 23 de septiembre en Nueva York.

Guterres dejó en claro que los países solo deben ir a la cumbre si presentan en ella planes para reducir sus emisiones en forma significativa.

El encuentro será seguido por la nueva conferencia de las partes del acuerdo marco sobre cambio climático, COP25, en Santiago, Chile, donde tal vez el logro más importante será mantener el proceso de reducciones en movimiento.

Antonio Guterres

Getty Images
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió a los gobiernos que no concurran a la cumbre de cambio climático en setiembre en Nueva York si no piensan ofrecer reducciones significativas en sus emisiones de CO2.

Más crucial será probablemente la COP26, que según se cree tendría lugar en Reino Unido a fines de 2020.

El gobierno británico cree que puede usar la oportunidad de la COP26, en un mundo post Brexit, para mostrar que Reino Unido puede generar la voluntad política para una acción común, de la misma forma que Francia usó su músculo diplomático para hacer realidad el acuerdo de París.

“Si nuestra candidatura para ser sede de la COP26 tiene éxito, construiremos sobre la base del Acuerdo de París y reflejaremos la evidencia científica necesaria para actuar más y más rápido”, señaló el ministro de Medio Ambiente británico, Michael Gove.

“Juntos debemos dar todos los pasos necesarios para restringir el aumento de la temperatura global a 1,5℃.”

¿Razones para ser optimista?

La causa puede haber sido la evidencia de las olas de calor, la influencia de las huelgas escolares convocadas por la activista sueca Greta Thunberg, o el movimiento Extinction Rebellion.

Lo cierto es que aumentó el interés del público en el cambio climático y en la necesidad de soluciones.

La gente está exigiendo acciones concretas y políticos en muchos países están conscientes de ello.

Greta Thunberg

Getty Images
La influencia de Greta Thunberg es uno de los factores que explica el aumento de la preocupación del público por el cambio climático.

Planes como el Green New Deal en Estados Unidos, la propuesta de un paquete de estímulos económicos para abordar el cambio climático y la desigualdad, que podrían haber parecido inviables hace unos años, ahora están ganando apoyo.

Y países como Reino Unido legislaron para asegurar emisiones netas cero en 2050.

“Nuestro grupo de pequeños estados insulares compartimos el sentido profundo de urgencia expresado por el Príncipe Carlos”, afirmó Janine Felson, de Belice, estratega principal de la Alianza de Pequeños Estados Insulares ante la ONU.

“Estamos siendo testigos de una convergencia de varios factores que exigen un liderazgo decisivo: la movilización del público, la intensificación de los impactos climáticos y las graves advertencias científicas”.

“Sin duda, 2020 es el plazo para que ese liderazgo se manifieste”.

¿Razones para ser temerosos?

2020 podría ser también el momento en que Estados Unidos finalmente se retire del Acuerdo de París.

Si Donald Trump no es electo por un segundo mandato y un candidato demócrata gana los comicios eso podría cambiar.

Cualquiera de las dos posibilidades podría tener enormes consecuencias en la lucha contra el cambio climático.

Actualmente varios países parecen interesados en asegurar que el progreso en esa lucha sea lento.

En diciembre del año pasado, Estados Unidos, Arabia Saudita, Kuwait y Rusia bloquearon la discusión en un encuentro de la ONU del informe del IPCC sobre el límite de 1,5 grados.

Donald Trump y el príncipe de Arabia Saudita Mohammad bin Salman

Getty Images
Estados Unidos y Arabia Saudita se opusieron a la inclusión de un informe clave del IPCC en negociaciones de la ONU.

Hace pocas semanas, el informe fue excluido una vez más de negociaciones de la ONU debido a la objeciones de Arabia Saudita, a pesar de la frustración de las naciones en desarrollo y de los estados insulares.

“Es bueno que la COP26 tenga lugar en Reino Unido porque hay más conciencia climática aquí que en otros países, pero ese movimiento apenas ha comenzado a pensar cómo ejercer la presión suficiente”, señaló Michael Jacobs, científico de la Universidad de Sheffield y asesor en temas climáticos del ex primer ministro británico Gordon Brown.

“Si no usamos la oportunidad para acelerar la ambición será imposible asegurar un límite de 1,5 o 2℃”, agregó Jacobs.

“Actualmente no existe nada que se asemeje al compromiso necesario en los países líderes. Por eso el Secretario General de la ONU convocó a la cumbre de setiembre”.

En Reino Unido, el Comité sobre Cambio Climático advirtió recientemente que el país va camino a incumplir su meta de emisiones cero para 2050, a pesar de haber legislado para ello.

“El gobierno británico debe mostrar que toma en serio sus obligaciones legales, su credibilidad está en juego”, afirmó el jefe del Comité, Chris Stark.

“Hay una ventana de oportunidad para hacer algo en los próximos 12 a 18 meses, o me temo que el gobierno británico pasará vergüenza en la COP26“.

No se trata solo del cambio climático

También habrá en los próximos meses encuentros que decidirán la protección de especies y de los océanos en las próximas décadas.

En mayo causó gran impacto el informe de la ONU según el cual un millón de especies están amenazadas. El reporte fue compilado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

Gráfico sobre porcentajes de especies amenazadas

BBC

Para responder a esta crisis global de biodiversidad, gobiernos de todo el mundo se reunirán en 2020 en China para buscar acordar medidas de protección.

La Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU es el organismo encargado de elaborar un plan efectivo de protección para 2030. El encuentro del año próximo podría arrojar un equivalente al Acuerdo de París para la biodiversidad.

Si se logra un acuerdo es probable que éste ponga énfasis en la agricultura y la pesca sostenible, la protección urgente de especies y la reducción de la desforestación.

El año próximo también se reunirá la Convención de la ONU sobre las leyes del Mar con el objetivo de negociar un tratado global sobre océanos.

El tratado podría tener un impacto real, de acuerdo a Michael Gove.

“Reino Unido ha sido líder en asegurar la protección de al menos el 30% de nuestras aguas para 2030. Pediremos a otras naciones que se comprometan a metas similares”, señaló el actual ministro británico.

Si hay compromisos significativos en 2020, el mundo tendrá una posibilidad de preservar nuestro medio natural.

Pero los desafíos son enormes y las acciones políticas dispersas.

Lograr acuerdos será difícil.


https://www.facebook.com/BBCnewsMundo/posts/10157613595709665


https://www.youtube.com/watch?v=WHVHsbI4oYs&t=

https://www.youtube.com/watch?v=d4L-tZXPhxY

https://www.youtube.com/watch?v=GFJ_N84JzUI&t=


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