La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario
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La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

Especialistas en Derecho aseguran que la PGR es la instancia responsable de investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades; los posibles delitos son peculado, lavado de dinero e incluso crimen organizado.
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Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
18 de septiembre, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en La estafa maestra que las dependencias y universidades firmaron convenios para hacer supuestos servicios, pero las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas; de ellas, 128 son ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de pesos de recursos federales.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

Pérez de Acha –también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– asegura que con el desvío de recursos públicos cometido por las dependencias del gobierno federal y universidades públicas “se está en el supuesto de delincuencia organizada”, cuya responsabilidad de investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alonso Lira Salas.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las denuncias y los involucrados

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

Aunque la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, ha insistido que no firmó ninguno de los convenios con las universidades, y, por tanto, no es responsable del desvío, el auditor Juan Manuel Portal advierte que los titulares de las dependencias conocen de la estafa.

Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.

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Dan Nobel de Medicina a descubridores del virus de Hepatitis C

Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice fueron los galardonados este año con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.
5 de octubre, 2020
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El británico Michael Houghton y los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice fueron los galardonados este año con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, la encargada de elegir al ganador del Nobel en el área médica, destacó que los tres virólogos “han hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud global que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo”.

El organismo añadió que con sus estudios, los científicos habían ayudado a salvar millones de vidas aislando e identificando el virus, permitiendo que los suministros de sangre en todo el mundo fueran examinados para detectar la hepatitis C y evitando la transmisión de la enfermedad.

El descubrimiento permitió que “ahora existan análisis de sangre altamente sensibles para el virus que prácticamente han eliminado la hepatitis por transfusión en muchas partes del mundo”, explicó la entidad, con sede en Estocolmo.

La hepatitis —o inflamación del hígado— es una enfermedad prehistórica y algunos la consideran una de las principales plagas que han afectado a la salud humana a lo largo de los tiempos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 325 millones de personas en todo el mundo padecen esta afección de forma crónica y 1,4 millones mueren cada año por esta causa.

Imagen de infección con VHC

iStock
La hepatitis C es considerada la más peligrosa porque es una enfermedad que puede causar mucho daño sin que uno lo sepa.

Es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la tuberculosis y las más comunes son la hepatitis A, B o C.

Hepatitis C

La hepatitis C, en la que los tres premiados con el Nobel centraron sus estudios, es una de las variantes más dañinas y letales de las hepatitis virales.

Se cree que la mayoría de los que la contraen son personas que compartieron agujas con alguien infectado o que recibieron transfusiones de sangre contaminada con el virus (antes de 1990 no se revisaba la sangre donada en busca de este virus).

Presentación

Getty Images/Jonathan Nackstrand
La Asamblea del Nobel durante la presentación del trabajo de los tres científicos.

Harvey J. Alter nació en Nueva York y ejerció durante años en la Universidad de Georgetown, hasta que en 1969 se reincorporó al Instituto Nacional de Sanidad (NIH), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

Fue codescubridor de un antígeno clave para detectar el virus de la hepatitis B,

Más tarde encabezó un proyecto en el Centro Clínico del NIH que creó un almacén de muestras sanguíneas utilizadas para descubrir las causas y reducir el riesgo de hepatitis asociada a las transfusiones.

Nombrado en 2002 miembro de la Academia Nacional de Ciencias (NAS) y del Instituto de Medicina de Estados Unidos, fue investigador principal de estudios para identificar la hepatitis C.

Michael Houghton, nacido en Reino Unido, ha ejercido en su país y también en Canadá, donde ha continuado prácticamente toda su carrera al frente del departamento de Virología de la Universidad de Alberta.

Junto con su equipo, identificó la secuencia de fragmentos de ADN a partir de ácidos nucleicos encontrados en la sangre de un chimpancé infectado.

La mayoría de estos fragmentos provenían del genoma del propio chimpancé, pero los investigadores predijeron que algunos habrían derivado del virus desconocido, lo que permitió su localización.

Busto de Alfred Nobel

Getty Images
El premio asciende este año a US$1,2 millones y el de Medicina es el primero de los Nobel que se anuncia cada año.

Charles M. Rice nació en 1952 en Sacramento (Estados Unidos) y ejerce desde 2001 en el Centro de Estudios de la Hepatitis C de la Universidad Rockefeller.

Desde su laboratorio, considerado puntero en los estudios del virus, se ha investigado la replicación del virus y las respuestas inmunes innatas que limitan la infección. Su grupo también está desarrollando nuevos modelos experimentales en animales y en cultivos.

Semana de Premios Nobel

Con el anuncio de este lunes se abre la semana en la que se darán a conocer los ganadores del resto de Premios Nobel: Física (martes), Química (miércoles), Literatura (jueves), Paz (viernes) y Economía (lunes de la próxima semana).

El premio asciende este año a US$1,2 millones y es el primero de los Nobel que se anuncia.

La totalidad de los galardones se entrega el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del fundador, Alfred Nobel, en actos paralelos en Estocolmo, para los científicos, de Literatura y Economía, mientras que el de la Paz se celebra en Oslo.

El Premio Nobel de Medicina recayó el año pasado en William Kaelin y Gregg Semenza y Peter Ratcliffe por su investigación sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible.


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