La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

Especialistas en Derecho aseguran que la PGR es la instancia responsable de investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades; los posibles delitos son peculado, lavado de dinero e incluso crimen organizado.
Cuartoscuro Archivo
Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
18 de septiembre, 2017
Comparte

La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en La estafa maestra que las dependencias y universidades firmaron convenios para hacer supuestos servicios, pero las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas; de ellas, 128 son ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de pesos de recursos federales.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

Pérez de Acha –también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– asegura que con el desvío de recursos públicos cometido por las dependencias del gobierno federal y universidades públicas “se está en el supuesto de delincuencia organizada”, cuya responsabilidad de investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alonso Lira Salas.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las denuncias y los involucrados

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

Aunque la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, ha insistido que no firmó ninguno de los convenios con las universidades, y, por tanto, no es responsable del desvío, el auditor Juan Manuel Portal advierte que los titulares de las dependencias conocen de la estafa.

Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Diego Fedele/Getty Images

Novak Djokovic: el tenista es deportado de Australia tras perder su batalla judicial

Luego de dos cancelaciones de visa y dos órdenes de detención, el tenista serbio Novak Djokovic perdió su última apelación para defender su intención de jugar el Abierto de Australia sin haberse vacunado contra la COVID.
Diego Fedele/Getty Images
16 de enero, 2022
Comparte

El tenista Novak Djokovic perdió su último intento judicial para quedarse en Australia y fue deportado este domingo del país en un vuelo con destino a Dubái.

Tres jueces del Tribunal Federal de Australia desestimaron por unanimidad su apelación, dándole la razón al gobierno australiano para cancelarle la visa al serbio, que había ingresado al país sin vacunarse contra la covid-19.

El gobierno argumentó que el deportista de 34 años representaba una amenaza para la salud pública.

Mientras se preparaba para marcharse, el organismo rector del tenis masculino, la ATP, dijo que el fallo del tribunal este domingo marca el final de “una serie de eventos muy lamentables”.

Durante la audiencia judicial de este 16 de enero, la defensa de Djokovic argumentó sin éxito que los motivos dados por el gobierno para deportarle eran “inválidos e ilógicos“.

Djokovic se había estado hospedando en un hotel de detención de inmigrantes en Melbourne, el mismo lugar al que lo llevaron después de que le revocaran la visa por primera vez tras su llegada al país el 6 de enero.

Novak Djokovic caminando en el aeropuerto de Melbourne antes de abordar

Reuters
Novak Djokovic caminando en el aeropuerto de Melbourne, donde tomó un vuelo a Dubái.

Debía jugar su primer partido este lunes, pero ahora no podrá defender su título del Abierto de Australia en Melbourne y conquistar su título número 21 de Grand Slam, un récord a batir cuyo único aspirante es ahora el español Rafael Nadal.

“Extremadamente decepcionado”

Djokovic ha dicho que está “extremadamente decepcionado”, pero respeta la decisión, tomada en la víspera de su primer partido.

“Cooperaré con las autoridades para mi salida del país”, había dicho el domingo en un comunicado.

Los jueces han dicho que explicarán su razonamiento en una fecha posterior.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, aplaudió “la decisión de mantener nuestras fronteras fuertes y mantener seguros a los australianos“.

“Los australianos han hecho muchos sacrificios durante esta pandemia y con razón esperan que se proteja el resultado de esos sacrificios”, dijo el político.

Un grupo de partidarios del tenista serbio que aguardaban a las puertas de la sala del tribunal quedaron en silencio cuando se anunció la decisión de su deportación. Uno de ellos le dijo a la BBC que su verano estaría “vacío” sin el tenista de 34 años compitiendo en Melbourne.

Varios seguidores de la estrella del tenis serbio se reunieron a las puertas del tribunal el domingo.

Reuters
Varios seguidores de la estrella del tenis serbio se reunieron a las puertas del tribunal el domingo y siguieron la noticia con atención.

Djokovic presentó el caso judicial después de que el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, usara sus poderes ministeriales para cancelar su visa, argumentando que la presencia en el país del deportista podría avivar el sentimiento antivacunas.

Era la segunda vez que se revocaba su visa, después de que otro juez anulara una primera cancelación por no cumplir las reglas de entrada al país establecidas con la pandemia.

“Nadie está por encima de la ley”

La decisión del domingo marca el final de una polémica trama de 10 días sobre la visa australiana de Djokovic.

Ha habido mucha conmoción pública en Australia por el intento del jugador de ingresar al país sin vacunarse contra la covid.

El gobierno federal ha dicho repetidamente que las personas deben cumplir con las estrictas leyes vigentes para hacer frente a la pandemia y que “nadie está por encima de la ley”.

Novak Djokovic el 13 de enero de 2022.

Getty Images
El tenista Novak Djokovic es el número uno del mundo.

Djokovic, quien actualmente es el tenista número uno del mundo, recibió originalmente una exención médica para ingresar en Australia por dos paneles de salud independientes: uno gestionado por Tennis Australia, el otro, por el gobierno estatal de Victoria.

El motivo de esa exención, según sus abogados, fue que había dado positivo por coronavirus a mediados de diciembre.

Sin embargo, la Fuerza Fronteriza de Australia lo detuvo el 5 de enero por no cumplir con los requisitos federales del coronavirus.

Posteriormente, un juez anuló esa decisión, pero el gobierno intervino el viernes pasado para revocar la visa nuevamente, diciendo que hacerlo era de interés público.

Una batalla política

Pese a que Djokovic no está vacunado contra el covid-19, no ha promovido activamente la desinformación contra las vacunas.

Sin embargo, los antivacunas australianos han estado usando el hashtag #IStandWithDjokovic (yo apoyo a Djokovic) en las redes sociales.

Djokovic había estado entrenando en Melbourne para el Abierto de Australia

Getty Images
Djokovic había estado entrenando en Melbourne para el Abierto de Australia.

La batalla judicial por la visa de Djokovic se ha convertido también en una disputa política en el país.

En su declaración del domingo, Morrison dijo que el gobierno estaba “preparado para tomar las decisiones y acciones necesarias para proteger la integridad de nuestras fronteras“.

Por otra parte, la opositora australiana Kristina Keneally dijo que Morrison se había convertido en un “hazmerreír” al manejar mal el caso de Djokovic, y cuestionó por qué al jugador no vacunado se le otorgó una visa en primer lugar.

Morrison y su gobierno también enfrentaron los comentarios negativos del presidente serbio, Aleksandar Vucic.

“Él llegó a Australia con una exención médica y luego lo trataron mal durante 10 días. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron una cacería de brujas así contra él? Esto es algo que nadie puede entender”, dijo el político serbio.

La estrella del tenis británico Andy Murray, quien conoce a Djokovic desde que eran niños y ha competido contra él por los premios más importantes de ese deporte, dijo que la situación “no era buena” para nadie.

“Parece que todo esto sucedió en el último momento y por eso se convirtió en un desastre“, le dijo Murray a la BBC.

En su declaración del domingo, Djokovic dijo que estaba “incómodo” con la atención puesta en él por la revocación de la visa.

“Espero que ahora todos podamos concentrarnos en el juego y el torneo que amo”, dijo.

El italiano Salvatore Caruso, que ocupa el puesto 150 en el ranking mundial, reemplazará a Djokovic en su partido contra el serbio Miomir Kecmanovic de este lunes.


Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=e4xWoH-aijs

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.