La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

Especialistas en Derecho aseguran que la PGR es la instancia responsable de investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades; los posibles delitos son peculado, lavado de dinero e incluso crimen organizado.

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Cuartoscuro Archivo

La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en La estafa maestra que las dependencias y universidades firmaron convenios para hacer supuestos servicios, pero las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas; de ellas, 128 son ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de pesos de recursos federales.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

Pérez de Acha –también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– asegura que con el desvío de recursos públicos cometido por las dependencias del gobierno federal y universidades públicas “se está en el supuesto de delincuencia organizada”, cuya responsabilidad de investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alonso Lira Salas.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las denuncias y los involucrados

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

Aunque la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, ha insistido que no firmó ninguno de los convenios con las universidades, y, por tanto, no es responsable del desvío, el auditor Juan Manuel Portal advierte que los titulares de las dependencias conocen de la estafa.

Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.

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Comentarios
  1. Alejandro B.

    Animal Político

    Antes que nada, una felicitación por el periodismo de
    altura, periodismo que SI SIRVE A LA SOCIEDAD que están ustedes haciendo, que
    compartimos y apoyamos, magnifica investigación del MEGAFRAUDE, solo tengo dos
    comentarios que hacer;

    Uno de sus investigadores (no conozco su nombre) en
    entrevista a la pregunta de que seguía, comentó que eso lo tendrían que
    continuar las dependencias oficiales, refiriéndose a lo penal puesto que es un
    fraude del ámbito penal, no estoy de acuerdo, el sistema obviamente no le va a
    dar seguimiento aunque esos delitos se siguen de OFICIO, pero precisamente por
    eso, la ciudadanía PUEDE FINCAR LA DENUNCIA, así como lo hizo el Congreso
    Nacional Ciudadano, demandando penalmente a PEÑA NIETO, y a el ex-gobernador Medina
    con TODA LA CAMARA DE DIPUTADOS SALIENTE EN NUEVO LEÓN, solo hay que juntar las firmas que se
    requieren y meter la demanda, ya se hicieron 2 demandas, y una solicitud de
    reforma de ley para quitar fuero nacional, quitar plurinominales, y 5
    requisitos mas que no tengo en mente ahorita, pueden ver las demandas en la
    pagina del congreso nacional ciudadano. NINGUN PARTIDO, DIPUTADO O SENADOR
    FEDERAL hasta ahorita ha interpuesto demanda alguna contra este fraude, es mas
    ni Peña Nieto lo ha hecho, seña de por dónde va la cosa.

    Por otra parte, lo de la FISCALIA INDEPENDIENTE O CIUDADANA
    es otra excelente idea, pero primero SI NO ES ACOMPAÑADA POR LO MENOS DE
    250,000 FIRMAS NI SE LAS VAN A RECIBIR, segundo, debemos hacerlo SOLO DE MANERA
    CIUDADANA, SIN PARTIDOS POLITICOS, puesto que ellos, son parte del problema,
    ellos buscaran “jalar” pa su lado como siempre para lograr poner un
    fiscala su favor, tampoco hay que dejar que el gobierno “meta” la
    mano, que ni proponga siquiera, es el mismísimo problema, debe salir SOLO DEL
    PUEBLO, SI NO, caeremos en lo mismo, ya ha pasado a nivel estatal eso , tiene
    que ser nombrado por el pueblo y luego meter una iniciativa de ley para que se
    apruebe una ley que le destine el presupuesto necesario para su función en
    donde NADA TENGAN QUE HACER NI METER LA MANO LAS DOS CAMARAS, PORQUE AHI LOS
    ATORARAN, DEBE SER COMPLETAMENTE AUTONOMA, ASÍ COMO LA UNAM Y LAS DEMAS
    AUTONOMAS, QUE NO LAS JINETEE EL GOBIERNO. Espero que se den cuenta de la
    importancia de ello, y si se puede, si logramos la participación de la
    ciudadanía, como lo logró Gilberto Losano, se puede y los diputados y
    senadores, empleados del pueblo, tendrán que doblar las manos, o van pa’fuera
    también..

  2. Karina Yeses

    la PGR y NADA es = a lo MISMO, la peor institucion las mas corrupta y sanguinaria que esta protegida y la protegen otras instituciones estan peor que los pinche militares, es a la primera institucion que tenemos que eliminar!!!!!

    1. Jorge Alejandro

      No son las instituciones las que tenemos que eliminar, son las personas que están cargo de esas instituciones las que hay que revocar de sus cargos y sancionarlos según los crímenes que cometieron. No sirve de nada “eliminar” instituciones y hacer otras nuevas, si va a estar las mismas personas.