La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario
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La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

Especialistas en Derecho aseguran que la PGR es la instancia responsable de investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades; los posibles delitos son peculado, lavado de dinero e incluso crimen organizado.
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Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
18 de septiembre, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en La estafa maestra que las dependencias y universidades firmaron convenios para hacer supuestos servicios, pero las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas; de ellas, 128 son ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de pesos de recursos federales.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

Pérez de Acha –también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– asegura que con el desvío de recursos públicos cometido por las dependencias del gobierno federal y universidades públicas “se está en el supuesto de delincuencia organizada”, cuya responsabilidad de investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alonso Lira Salas.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las denuncias y los involucrados

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

Aunque la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, ha insistido que no firmó ninguno de los convenios con las universidades, y, por tanto, no es responsable del desvío, el auditor Juan Manuel Portal advierte que los titulares de las dependencias conocen de la estafa.

Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.

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Coronavirus: el conductor de Uber al que echaron de su casa y terminó muriendo solo de covid-19

Rajesh Jayaseelan trabajaba como conductor en Londres para ahorrar lo suficiente y poder establecerse con su familia en India.
30 de abril, 2020
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Rajesh Jayaseelan con sus dos hijos.

Mary Jayaseelan
Rajesh Jayaseelan hablaba todos los días con sus dos hijos, de 6 y 4 años.

La última vez que Mary Jayaseelan habló con su esposo Rajesh, estaban a punto de conectarlo a un ventilador en una sala de emergencias para enfermos de covid-19.

Rajesh estaba en el Hospital Northwick Park de Londres, la ciudad en la que trabajaba como conductor de Uber durante la mayor parte del año.

Mary estaba a más de 8,000 kilómetros de distancia, en la casa de la familia en Bangalore, India, con los dos hijos pequeños de la pareja.

Hasta ese momento, él le había dicho en repetidas ocasiones que estaría bien, que se sentía enfermo pero que no debía preocuparse, que mejoraría: con 44 años, era joven y, por lo demás, estaba sano.

Pero durante esa llamada, se quebró y admitió: “Mary, estoy un poco asustado”.

Murió al día siguiente.

Short presentational grey line

BBC

Rajesh y Mary se casaron el 24 de febrero de 2014 y alquilaron una casa en Hulimavu, al sur de Bangalore, que compartían con la madre de él, de 66 años.

Durante la mayor parte del año, Rajesh alquilaba una habitación en Harrow, en el norte de Londres, y trabajaba como conductor de Uber.

Un teléfono que muestra la aplicación Uber frente a Tower Bridge, en Londres

Getty Images
Rajesh trabajaba como conductor de Uber en la capital británica.

Trabajaba desde altas horas de la noche hasta las primeras de la mañana, cuando la demanda es mayor, para poder ahorrar suficiente dinero y pasar así unos meses con su familia en India.

Le gustaba ser conductor, aunque no previó que su precario trabajo lo haría vulnerable ante la crisis de salud global que surgiría más tarde.

“Había estado viviendo en Londres de forma intermitente durante 22 años, y volvía a India durante varios meses seguidos”, dice Mary.

“Le encantaba la ciudad. Siempre me hablaba de lo hermosa que era y tan limpia. Nunca he estado en Londres, así que él me la describía”.

Eran muy felices, dice.

Rajesh amaba a su esposa y jugar con sus dos hijos, de seis y cuatro años. Cuando no estaba en India, mantenían videoconferencias a diario.

“También era un muy buen cantante”, dice Mary, llena de orgullo. “Cantaba muchas canciones en hindi”.

Era una “persona humilde y gentil”, agrega su amigo cercano Sunil Kumar.

Sunil y Rajesh se conocieron en 2011. Ambos eran de Bangalore, por lo que amigos en común los pusieron en contacto cuando Sunil se mudó a Reino Unido.

Se ayudaban mutuamente a navegar por los diversos sistemas burocráticos británicos, se prestaban pequeñas cantidades de dinero cuando era necesario, y Sunil y su esposa invitaban a Rajesh a comer a su casa en Hertfordshire, enviándolo de vuelta con deliciosa comida del sur de la India para varios días.

Aunque Rajesh amaba Londres, no planeaba quedarse para siempre: quería volver a estar con su familia en India.

Rajesh y Mary el día de su boda, en febrero de 2014.

Mary Jayaseelan
Rajesh y Mary el día de su boda, en febrero de 2014.

Alquilar su casa en Hulimavu fue relativamente costoso, por lo que durante su última estadía en Bangalore, a fines de 2019, él y su esposa obtuvieron un préstamo y compraron un terreno para construir su propia vivienda.

Pensaron que el préstamo no sería un problema: Rajesh volvería a Londres y ahorraría el dinero suficiente para pagarlo. La siguiente vez que viajara a Bangalore, le dijo a su esposa, sería para quedarse.

Regresó a Londres el 15 de enero. Menos de dos semanas después, se reportaron los primeros casos de coronavirus en Reino Unido.

Aunque el virus había llegado a país, Rajesh no estaba demasiado preocupado.

Las tiendas y restaurantes todavía estaban abiertos, la gente seguía yendo al trabajo y saliendo después. Para todos, incluidos los conductores de Uber, la vida continuó como siempre.

Luego llegó marzo y el virus ya estaba pasando de persona a persona dentro de Reino Unido. El número de casos, y muertes, aumentaba cada día.

A quienes mostraban síntomas, incluidas fiebre leve y tos persistente, se les pidió que se autoaislaran durante siete días.

El 23 de marzo el primer ministro, Boris Johnson anunció un cierre nacional que duraría inicialmente tres semanas.

Significaba que la mayoría de las empresas cerrarían, y solo se permitiría a las personas salir a tomar aire una vez al día y hacer viajes esenciales a las tiendas, a menos que fueran considerados trabajadores “esenciales”.

Al igual que muchos conductores de Uber, Rajesh continuó trabajando al principio, pero rápidamente desarrolló síntomas parecidos a la gripe y tuvo que dejar de hacerlo.

Su último trabajo fue el 25 de marzo: un viaje al aeropuerto de Heathrow.

Aviones en el aeropuerto de Heathrow

Getty Images
El último viaje que realizó Rajesh fue al aeropuerto de Heathrow.

Sus síntomas empeoraron mucho y fue ingresado con deshidratación.

En el hospital le hicieron la prueba del coronavirus. Dio positivo.

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BBC

El personal médico le dijo que se fuera a casa, se aislara y que volviera si sus síntomas empeoraban. Hizo lo que le dijeron y se fue a su habitación. Pero las cosas estaban a punto de empeorar.

“El propietario le pidió a Rajesh que saliera a buscar algo y cuando regresó había cambiado las cerraduras, por lo que no pudo entrar”, dice Mary.

“Trató de llamar a la puerta y pedirle al arrendador que hablaran, pero no abrió la puerta”.

El propietario no sabía sobre su diagnóstico positivo, pero le dijo que, como conductor de Uber, podría traer el coronavirus a la casa, y que no era un riesgo que estuviera dispuesto a correr.

Sin otro lugar adonde ir, Rajesh se vio obligado a dormir en su automóvil durante varias noches.

“No tenía comida, absolutamente nada que comer”, dice Mary.

En este punto llamó a su amigo Sunil para pedirle su consejo.

“Esa fue la última llamada que me hizo”, dice este. “No entró en detalles sobre lo que le estaba sucediendo, pero debido a que yo trabajo en el Servicio Nacional de Salud (NHS), me hacía preguntas como ‘¿Qué tan seguros estamos?’, ‘¿Es mejor volver a India? … cosas así”.

“Me preguntó si conocía alguna ruta, si había alguna forma posible de hacerlo: quería ir a India y estar con su familia. Pero para ese entonces también había  un cierre total en India”.

Rajesh Jayaseelan con sus dos hijos.

Mary Jayaseelan
Tras enfermar, Rajesh trató de averiguar cómo podía volver a India a estar con su familia.

Sunil le dijo que lo mejor era quedarse en casa, no trabajar, y buscar ayuda financiera para los trabajadores autónomos que el gobierno acababa de anunciar, o la asistencia de 14 días ofrecida por Uber.

Rajesh estuvo de acuerdo y explicó que necesitaba encontrar un nuevo lugar para vivir, porque su propietario le dijo que era de alto riesgo. Pero, dice Sunil, no le dijo que ya lo había echado de casa: “Puede que se sintiera avergonzado por ello“.

Tras conversar con su amigo, Rajesh volvió a llamar a su arrendador para rogarle que lo dejara quedarse. No hubo respuesta.

Después de días de búsqueda, finalmente encontró otra habitación en una casa compartida en Harrow.

El nuevo propietario le hizo pagar por adelantado £4,000 (unos US$5,000), un dinero que no tenía, y Mary dice que tuvo que pedir prestado.

Una vez que Rajesh volvió a conseguir donde vivir, no quiso arriesgarse a ser desalojado nuevamente.

Se escondió y evitó el contacto con su nuevo propietario y todos los demás inquilinos, sin siquiera atreverse a cocinar.

Su salud empeoraba con cada día que pasaba. La única interacción social que tenía eran las llamadas diarias con su esposa.

Fue durante una de estas conversaciones telefónica que Mary notó que estaba respirando con dificultad.

“Resollaba mucho en esa habitación y cada día empeoraba”, dice ella.

“Una noche le dije que fuera al hospital. No quería llamar a una ambulancia, por si los vecinos se enteraban de que estaba enfermo y volvían a desalojarlo”.

Rajesh condujo hasta el hospital, a pesar de que se quedaba sin aliento. Cuando llegó le diagnosticaron neumonía.

“A la mañana siguiente me llamó desde el hospital. Era una videollamada, y cuando los niños lo vieron comenzaron a llorar por lo enfermo que estaba”, dice Mary.

Apagó su video y me dijo que no quería que lo recordaran tan mal“. Hablarían solo unas pocas veces más.

Northwick Park Hospital, en Londres, donde falleció Rajesh.

Getty Images
Rajesh murió en el hopital Northwick Park, en Londres.

El 11 de abril, los médicos que lo cuidaban llamaron a Mary y le explicaron que Rajesh estaba crítico y que no esperaban que mejorara.

Organizaron una videollamada para que ella y los niños lo vieran por última vez. Estaba inconsciente.

Murió dos horas después.

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BBC

Si bien se ha repetido a menudo durante esta pandemia que “el coronavirus no discrimina”, es evidente que el virus es peor para algunos que para otros.

Afecta particularmente a los que viven al día y a aquellos que no tienen trabajos permanentes, lo que incluye a conductores autónomos como Rajesh.

El año pasado 4.7 millones de personas tenían ese tipo de empleos en Reino Unido y, según un estudio publicado en 2018, el 60% de la población mundial trabaja en la economía informal.

Otra investigación realizada por el Foro Económico Mundial y otros organismos muestra que estos trabajadores se ven desproporcionadamente afectados por la pandemia.

Se debe a una combinación de factores: ser clasificados como trabajadores “esenciales”, lo que requiere que continúen interactuando con extraños; no contar con licencias por enfermedad con goce de sueldo, lo que dificulta el autoaislamiento; tener salarios bajos e inseguros, lo que hace que sea más probable que habiten viviendas inseguras; y no tener derecho a evaluaciones de riesgo o equipo de protección.

Ayako Ebata, del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, dice que debido a que estas personas no tienen empleos permanentes y “dependen en gran medida de sus salarios diarios”, están bajo mucha presión para no perder sus trabajos o tomarse un descanso, incluso cuando existen riesgos importantes para su salud.

No es porque sean ignorantes o estén desinformados, es porque todo el sistema los está obligando a tomar decisiones que eventualmente resultarán perjudiciales para sus medios de vida y su salud”.

Un repartidor negro y un farmaceuta asiático en Londres

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En Reino Unido, muchos de los trabajadores esenciales, que están más expuestos al coronavirus, pertenecen a minorías raciales.

La raza también es un factor de riesgo. Según múltiples estudios recientes, las personas negras, asiáticas o de minorías étnicas en Reino Unido, como Rajesh, tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de tener un trabajo inseguro que las blancas.

También tienen una probabilidad desproporcionadamente mayor de enfermarse de gravedad y morir con covid-19.

Los pacientes de minorías étnicas representan el 34% de los que están en cuidados intensivos, a pesar de representar solo el 13% del total de la población.

Las investigaciones sugieren que esto se debe a una combinación de factores de riesgo: una mayor incidencia de afecciones de salud subyacentes de alto riesgo, como diabetes e hipertensión, así como factores sociales y una desigualdad sistemática.

“El coronavirus está haciendo que muchas de las desigualdades en nuestra sociedad, a las que previamente habíamos hecho la vista gorda, se vean muy claramente“, dice Alex Wood, un sociólogo de la Universidad de Oxford.

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BBC

Después de enterarse de que su hijo había muerto, la madre de Rajesh se enfermó.

Sufre de hipertensión y tuvo un aumento del nivel de azúcar en sangre, por lo que ahora se limita a estar en cama. “Está inconsolable desde entonces”, dice Mary.

Como tiene que hacer frente al préstamo para comprar su casa, las facturas médicas y las tarifas escolares, Mary está tratando de encontrar trabajo como limpiadora en su área, pero el confinamiento está haciendo que sea mucho más difícil tener sus finanzas bajo control.

Sunil los está ayudando con dinero cuando puede, y ha organizado una recaudación de fondos en línea para ellos.

Mary y sus dos hijos

Mary Jayaseelan
La campaña online que creó Sunil logró recolectar más de US$170.000 para Mary y sus hijos.

También está investigando si puede emprender acciones legales contra el primer arrendador de Rajesh, y los familiares de Mary en Bangalore le han organizado una recaudación de fondos en India.

Uber también contactó a la BBC para ofrecer sus condolencias a la familia.

Pero más que nada, Mary está luchando para aceptar la rapidez con que todo ha cambiado.

“Ahora que Rajesh se ha ido, nuestra vida se ha vuelto muy difícil”, dice. “No sé qué haremos sin él”.

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