La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario
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La estafa maestra: corresponde a PGR indagar el desvío millonario

Especialistas en Derecho aseguran que la PGR es la instancia responsable de investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades; los posibles delitos son peculado, lavado de dinero e incluso crimen organizado.
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Por Nayeli Roldán y Manu Ureste
18 de septiembre, 2017
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La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Raúl Cervantes, es la autoridad que debe investigar el desvío de 7 mil 670 millones de pesos que hicieron 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país entre 2013 y 2014. Se trata, coinciden especialistas, de un posible caso de peculado y lavado de dinero.

Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias de hechos por la comisión de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio fiscal de 2013, a través de este esquema de desvío, hasta el momento no hay ningún sentenciado.

Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en La estafa maestra que las dependencias y universidades firmaron convenios para hacer supuestos servicios, pero las instituciones educativas subcontrataron a 186 empresas; de ellas, 128 son ilegales y aún así recibieron 3 mil 433 millones de pesos de recursos federales.

Luis Manuel Pérez de Acha, experto en Derecho Constitucional, Fiscal y Administrativo, aseguró que este esquema es un desvío de recursos públicos con la presunción de dos delitos: peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Por tanto, la PGR es la responsable de investigar el caso.

Incluso, el tema va más allá: “los recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, son resultado de actividades ilícitas y se actualiza un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda”, dependencia a cargo de José Antonio Meade.

Pérez de Acha –también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción– asegura que con el desvío de recursos públicos cometido por las dependencias del gobierno federal y universidades públicas “se está en el supuesto de delincuencia organizada”, cuya responsabilidad de investigación recae en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), a cargo de Alonso Lira Salas.

La investigación periodística concluyó que 3 mi 433 millones de pesos están desparecidos, toda vez que las empresas que recibieron los recursos no existen. José López Presa, ex comisionado del IFAI y consultor externo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en materia de conflicto de interés, sostiene que ahora corresponde a la PGR con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera seguir la pista del dinero y conocer el destino final de esos recursos públicos, toda vez que tienen la facultad y los instrumentos para lograrlo.

“Y no debe haber excusa de secreto fiscal pues se trata del uso indebido, desvío y peculado de recursos públicos federales”, asegura López Presa, también integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las denuncias y los involucrados

La ASF denunció penalmente ante la PGR a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos por este esquema de desvió ocurrido en la Cuenta Pública 2013.

Las denuncias involucran a servidores públicos y personas morales que realizaron acciones u omisiones, que provocaron que la Sedesol “realizara el pago de servicios respecto de trabajos convenidos que no fueron realizados o entregados”.

Aunque la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, ha insistido que no firmó ninguno de los convenios con las universidades, y, por tanto, no es responsable del desvío, el auditor Juan Manuel Portal advierte que los titulares de las dependencias conocen de la estafa.

Quizá falte en el código penal un delito que pueda ser por omisión. Porque los titulares nunca firman nada, pero son los responsables de los recursos públicos que se les confió”, dijo.

Portal sostiene que la PGR podría alcanzar a los titulares de las instancias aplicando el criterio del caso contra el exgobernador Javier Duarte y el desfalco del presupuesto en Veracruz. “Él no firmó nada pero ¿dónde está todo el dinero que falta? Él es el responsable de los recursos públicos que se le confiaron, para eso fue elegido y no cumplió”.

Una buena medida, insiste, es que cuando ocurran este tipo de convenios entre entidades de gobierno, los titulares de las dependencias deben firmarlos para que se responsabilicen porque “ahora es muy fácil: en los convenios con universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, y éste le dice a un director general, y éste a un director de área, y luego a un subdirector, y así va bajando en el escalafón. Entonces, tal vez metan a alguien en la cárcel por estos convenios, pero no al que era el responsable inicial. Por eso, es necesario que quien firme se responsabilice, y para ello también se requieren sanciones”.

De la Sedesol salieron 2 mil 224 millones de pesos bajo este esquema, mientras Emilio Zebadúa era el Oficial mayor –el encargado de administrar los recursos de la dependencia–. Ahora también tiene ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que dirige Rosario Robles, y que también hizo convenios con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo para hacer supuestos servicios.

Los convenios, efectivamente son firmados por funcionarios menores de la dependencia, como el director general de Atención a Grupos Prioritarios o el director general adjunto de Operación de Programas de Atención a Grupos Vulnerables de la Sedesol.

En el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, por ejemplo, firmaron el subdirector de Recursos Materiales; subdirector de Tecnologías de la Información; gerente de servicios de Tecnologías de Información y el gerente de Adquisiciones por convenios que sumaron 491 millones de pesos.

Sin embargo, el titular del organismo era Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, y su secretario de Finanzas era Rodrigo Jarque. Trabajan juntos desde 2011, cuando Del Mazo fue presidente municipal de Huixquilucan y Jarque era el tesorero.

Otros implicados que siguen trabajando juntos son el exdirector del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez y su encargado de finanzas era Luis Alejandro Peralta Glaxiola. Ahora, el primero es presidente municipal de Hermosillo y el segundo es su Oficial mayor.

José Reyes Baeza dirigía el FOVISSSTE cuando hubo cinco convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) por 249 millones de pesos. De ello, la mitad no se ha comprobado en qué gastaron el dinero ante la Auditoría. Reyes Baeza fue ascendido y ahora encabeza el ISSSTE.

El esquema de desvío ha ocurrido de manera sistemática. Sólo entre 2012 y 2016, la administración federal ha firmado más de mil convenios con universidades públicas estatales que involucran más de 30 mil millones de pesos.

Los únicos detenidos por usar este esquema de desvío son: Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, exdirector de Recursos Financieros y exdirector de Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), respectivamente.

Fueron detenidos en febrero pasado por el delito de peculado debido al incumplimiento de un contrato firmado en 2011 con el gobierno de Oaxaca, a nombre de la UAEM.

El entonces rector de la UAEM, Javier Olvera, denunció el caso y la PGR continuó la investigación.

Del Pozzo Rodríguez también firmó convenios con Sedesol en 2012; incluso, el exrector Olvera siguió repitiendo este esquema de contratación, pues entre 2013 y 2014, la Universidad firmó con la Sedesol, FOVISSSTE, INEA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por mil 449 millones de pesos. Todos los convenios fueron investigados por la ASF y analizados por los periodistas que participaron en el reportaje La estafa maestra.

Actualmente, Javier Olvera es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En tanto, Erick Herzaín Torres Mulhia, continúa como director del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT-UAEM) pese a los convenios irregulares que hizo con Banobras, Senasica y el Registro Agrario Nacional por mil 429 millones de pesos.

El silencio de la Función Pública y el SAT

El 4 de septiembre pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Arely Gómez, informó que la dependencia investiga las irregularidades detectadas por la ASF en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Dijo que inició el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos, en 3 dependencias federales señaladas en el reportaje e investiga a otros 40 servidores públicos federales relacionados con estas observaciones. Aunque se ha negado a informar quiénes son los supuestos investigados.

Además, sobre las universidades mencionadas en el reportaje, dice que serán ellas mismas las que se investiguen porque “corresponde a sus propios órganos internos de control, auditar, investigar y, en su caso, sancionar”, afirmó la Función Pública.

Para José López Presa existe una ausencia de la Secretaría de la Función Pública porque debería “asumir el liderazgo y formar un grupo en el que participen la Auditoría, la PGR, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Además, el Servicio de Administración Tributaria tuvo conocimiento de las empresas que recibieron recursos públicos desde 2013 y 2014. Un caso que llama la atención es la empresa ESGER, Servicios y Construcciones S. A. de C. V., que recibió 683 millones de pesos después de que una docena de empresas le transfirieron recursos provenientes de la Sedesol.  Hasta el momento no ha sido investigada por el SAT, a cargo de Osvaldo Santín.

En la visita a la sede, después de tres años de haber participado en el fraude, se comprobó que la “empresa” seguía en un despacho en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, de cinco metros cuadrados, que no tiene personal ni infraestructura. Además, de acuerdo a su declaración anual, no declararon todos los ingresos que entraron a su cuenta bancaria entre 2013 y 2014.

Pérez de Acha concluye que la investigación de este caso no está condicionado al nombramiento del Fiscal anticorrupción que permitiría la entrada en vigor del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que los delitos supuestamente cometidos están tipificados y las atribuciones de las autoridades encargadas de investigar también están claras con la actual legislación.

“A partir del nombramiento del Fiscal se incluirán algunos delitos que también serán catalogados como corrupción. Sin embargo, en lo que hace al desvío de recursos públicos, en lo estructural, los delitos seguirán siendo los mismos”.

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Pandemia: las 5 ciudades más seguras del mundo tras la aparición del COVID

Ciudades en todo el mundo han tenido que volver a pensar sobre la seguridad a raíz de la pandemia. Las cinco que comentamos a continuación lo están haciendo mejor que el resto.
11 de octubre, 2021
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Ciudades en todo el mundo han tenido que volver a pensar sobre la seguridad a raíz de la pandemia de covid-19. Las siguientes son aquellas que lo están haciendo bien.

Nada en la historia moderna ha cambiado la vida en las ciudades tanto como lo ha hecho la covid.

Desde el cierre de oficinas en el centro de la ciudad hasta la obligación de usar mascarillas o las restricciones en los restaurantes, las precauciones pandémicas han transformado el panorama de las ciudades en todo el mundo, probablemente a largo plazo.

De hecho, la pandemia es la primera en su escala que nos sucede como una especie “urbanizada”. Cuando la gripe española se desató a principios de la década de 1900, solo el 14% de los humanos vivía en ciudades, pero hoy esa cifra ha aumentado al 57%, según estimaciones de la División de Población de la ONU.

Como resultado, las ciudades han tenido que volverse aún más vigilantes en términos de protección de la salud y seguridad general para cuidar mejor a sus habitantes.

Para entender qué cambios han llevado a una mayor seguridad, la unidad de inteligencia de la revista The Economist publicó recientemente el Índice de ciudades seguras 2021, que clasifica a 60 urbes según 76 indicadores de seguridad en infraestructura, vida digital, seguridad personal, factores ambientales y, por supuesto, salud, que este año incluye preparación para pandemias y mortalidad por covid-19.

Aquellas clasificadas en la parte superior del índice, incluidas Copenhague, Toronto, Singapur, Sídney y Tokio, tienen factores que ilustran cómo la seguridad general se correlaciona con un fuerte sentido de cohesión social, inclusión total de la población y confianza en la sociedad.

Hablamos con los residentes de estas ciudades para ver cómo los cambios provocados por la pandemia han hecho que sus ciudades sean más seguras, inclusivas y resilientes; y sobre qué cosas los viajeros necesitan saber para mantenerse seguros cuando finalmente puedan visitarlas.

Copenhague

Copenhague

Getty Images

Clasificada en la parte superior del índice, la capital de Dinamarca se posicionó particularmente bien debido al nuevo pilar de seguridad ambiental del índice, que mide la sostenibilidad (incluidos los incentivos de energía renovable), la calidad del aire, la gestión de desechos y la cubierta forestal urbana.

Esto último tuvo un impacto absoluto en lo bien que la ciudad y sus residentes pudieron hacer frente a las restricciones pandémicas, que se eliminaron por completo a partir de septiembre de 2021.

“Los parques, las áreas verdes y las vías fluviales fueron extremadamente populares durante la pandemia. Los habitantes de Copenhague paseaban y compraban comida para llevar y disfrutban de los muchos espacios para respirar de la ciudad”, señaló el residente Asbjørn Overgaard, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Copenhagen Capacity.

La ciudad también continúa proporcionando “guías sobre el coronavirus” para ayudar a la gente, y mantiene una amplia señalización y marcas claras para crear espacio entre grupos al aire libre.

Copenhague

Getty Images

El espíritu comunitario del país, resumido mejor en la palabra danesa samfundssind, también permite a los ciudadanos del país trabajar juntos y confiar mutuamente -incluidos los funcionarios gubernamentales- para crear un entorno de vida más seguro.

El Índice de Ciudades Seguras encontró una alta correlación entre el control de la corrupción y las ciudades más seguras, por lo que no sorprende que la clasificación de Dinamarca como uno de los países menos corruptos del mundo haya permitido a sus ciudadanos confiar en sus instituciones y en los demás durante la pandemia.

Copenhague también implementó un programa masivo de pruebas de covid, que sigue siendo gratuito para todos, incluidos los turistas. Los datos recopilados permiten el seguimiento detallado de los brotes.

Además, la ciudad implementará pruebas de aguas residuales para detectar brotes temprano.

Toronto

Toronto

Getty Images

La ciudad más grande de Canadá ocupó un cercano segundo lugar en el índice de seguridad general, con puntajes sólidos en infraestructura y seguridad ambiental. Los residentes creen que esto se debe a que allí hay una cultura inclusiva que valora la comunicación dirigida a través de las comunidades, especialmente cuando se trata de concientización y adopción de vacunas.

Farida Talaat, residente de Toronto, señala cómo la ciudad inició una serie de programas de vacunación específicos para la comunidad a fin de hacer que la ciudad fuera más segura.

Por ejemplo, se implementó un plan para completar las primeras dosis de los residentes que no podían salir de sus hogares; y el Grupo de Trabajo de Científicos Negros sobre Equidad de las Vacunas se estableció al principio de las campañas de vacunación para garantizar un enfoque de la vacuna basado en la equidad.

Toronto

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Los residentes también se sienten seguros debido a la larga historia de multiculturalismo de la ciudad.

“En Toronto, es normal haber nacido fuera de Canadá. Descubrí que diferentes grupos étnicos y culturales interactúan entre sí y no viven en silos”, señaló Filipe Vernaza, quien vive en la ciudad desde 1998.

“Un grupo típico de personas probablemente tiene gente de diferentes etnias, orientaciones sexuales y religiones. Toronto es una ciudad de mente extremadamente abierta en la que puedes sentirte seguro siendo quien eres”.

Singapur

Singapur

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Singapur, que ocupa el segundo lugar en seguridad digital, seguridad de la salud y seguridad de la infraestructura, utilizó esas fortalezas para moverse rápidamente durante los primeros días de la pandemia, implementando rápidamente el monitoreo digital y el rastreo de contactos.

El país también cuenta con una de las tasas de vacunación más altas del mundo (actualmente en un 80%), pero aún requiere un seguimiento estricto y el rastreo de contactos ante las nuevas variantes.

“Antes de que puedan ingresar a edificios o instalaciones, todos los residentes deben escanear su token TraceTogether o la aplicación de teléfono para registrarse en SafeEntry”, explica Sam Lee, residente de Singapur, que tiene un blog de viajes.

“Esto permite a las rastrear rápidamente a las personas que podrían haber interactuado con los infectados para que se pueda llevar a cabo una orden de cuarentena para contener o romper la cadena de transmisión del virus”.

Los viajeros también deben instalar el token TraceTogether o alquilar un teléfono con él instalado antes de ingresar al país.

Trabajar desde casa se ha convertido en un estándar en la mayoría de los lugares de trabajo para reducir las interacciones, lo que Lee señala que ha llevado a un transporte público menos concurrido.

Las atracciones turísticas y los centros comerciales tienen entradas limitadas, y los “embajadores de distancia segura” monitorean las multitudes para garantizar que el público cumpla con las órdenes sanitarias; las personas que no las cumplan se enfrentan a costosas multas.

El público también puede rastrear a las multitudes en los centros comerciales, oficinas de correos y tiendas de comestibles con la herramienta recientemente lanzadaSpace Out.

Sídney

Sídney

Getty Images

La ciudad más grande de Australia obtuvo el quinto lugar en general en el índice y se ubicó entre las diez primeras en seguridad sanitaria.

Australia fue uno de los primeros países en cerrar completamente sus fronteras durante la pandemia y ha mantenido bloqueos estrictos ante el aumento de casos, con un efecto positivo. La tasa de mortalidad de covid per cápita en Australia sigue siendo una de las más bajas del mundo.

A medida que las vacunas alcanzan el 70% en Nueva Gales del Sur, se espera que muchas de esas restricciones se levanten y las fronteras internacionales se abran en noviembre.

Además de sentirse protegidos de la pandemia, los residentes han tenido durante mucho tiempo una fuerte sensación de seguridad personal en las calles de Sídney.

“Realmente nunca me había sentido tan segura en un país, como al vivir en Sïdney”, dice Chloe Scorgie, fundadora del sitio web de viajes australiano Passport Down Under, quien se mudó por primera vez a esta ciudad en 2018.

“Viajé por Sídney sola y nunca sentí que estuviera en peligro”.

Sídney

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La ciudad también ocupó el primer lugar en seguridad digital, que incluye la política de privacidad de la ciudad, las protecciones y amenazas de ciberseguridad y el plan general de ciudad inteligente.

Sídney ha liderado este esfuerzo en parte con su marco estratégico Ciudad Inteligente, que incluye algunas de las innovaciones recomendadas para ciudades más conectadas y seguras.

Por ejemplo, el plan describe cómo se podrían colocar sensores inteligentes en contenedores de basura, farolas y bancos para recopilar información sobre el uso general, el flujo de transporte y la actividad peatonal.

De manera similar, la iluminación inteligente y las redes de CCTV podrían mejorar la seguridad después del anochecer y la economía nocturna.

Algunas de estas ideas ya se están poniendo en práctica en el sur de la ciudad en forma de centros llamados ChillOUT: espacios al aire libre donde los residentes pueden reunirse bajo iluminación inteligente, conectarse al WiFi y enchufar dispositivos electrónicos, donde los datos sobre su uso son enviados a los líderes de la ciudad, para que puedan comprenderlo mejor y hacer cambios basados en la forma en que sus ciudadanos interactúan con la infraestructura de la ciudad.

Tokio

Tokio

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La capital de Japón ocupó el quinto lugar en el índice general y se encuentra en la parte superior del índice de seguridad sanitaria, que mide factores como atención médica universal, preparación para pandemias, esperanza de vida, salud mental y mortalidad por covid-19.

Aunque los casos aumentaron durante los Juegos Olímpicos, las tasas se han reducido drásticamente ya que las vacunas han llegado a casi el 60% de la población.

A la luz de las noticias positivas, Japón anunció el fin del estado de emergencia federal y el levantamiento gradual de las restricciones a partir de finales de septiembre de 2021.

En su lugar, el país planea fomentar el uso de su pasaporte de vacunación para la admisión en centros médicos y grandes eventos, e incluso animar a las empresas a ofrecer descuentos o cupones a los titulares de estos pasaportes.

Tokio

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Tokio también se ubicó entre los cinco primeros puestos por la seguridad de su infraestructura, que incluye seguridad en el transporte, facilidad para los peatones y redes de transporte.

Como ciudad transitable conectada por ferrocarril, Tokio se construyó para alentar las caminatas y la participación de la comunidad, lo que, a su vez, ha llevado a una participación ciudadana más fuerte en la seguridad, en forma de prevención y vigilancia del crimen en el vecindario, y un sentido compartido de responsabilidad en la prevención de los delitos.

“Desde los diversos centros de objetos perdidos en las estaciones de tren hasta los candados para bicicletas casi innecesarios, existe un inmenso respeto por el bienestar de los demás“, aseguró Sena Chang, residente de Tokio y fundadora de la revista The Global Youth Review.

Ella recuerda una vez que perdió su bolsa de la compra en el corazón de la ciudad, solo para encontrarla en el mismo lugar donde la había dejado, junto con una nota amable.

“Una cultura de colectivismo de siglos de antigüedad y un gran respeto mutuo hacen de Tokio la ciudad más segura en la que he vivido”, dice.


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