[contextly_sidebar id=”6rt4W2Uu6ty6Gu6cvHRrv5fX7LVLia17″]Definir un Código Penal Único, así como un plan de transición hacia fiscalías autónomas y el Ejército, de momento, en las calles, son algunas de las 13 propuestas clave de expertos y funcionarios para revertir la crisis actual de seguridad y justicia en México, que se refleja en niveles de violencia record y una impunidad en más del 96 % de los delitos.
Estas recomendaciones se realizaron en la “Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017” y van del corto al largo plazo, pues algunas requieren solo acciones administrativas como una mejor coordinación entre corporaciones, mientras que otras necesitan reformas legales.
Sergio López Ayllón, director General del CIDE, una de las instituciones que junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el INACIPE realizaron la consulta, advirtió que estas recomendaciones son una respuesta a la urgencia que tiene el país de tomar acciones inmediatas para revertir la situación, pero su éxito requiere de voluntad política pues los resultados no son inmediatos, sino que tomarán varios años.
Animal Político resume en 13 puntos el conjunto derivadas de la consulta nacional que se llevó a cabo, y que como destacó López Ayllón, es la primera que se realiza de este tipo en el ámbito de la seguridad y procuración de justicia.
1) Acuerdo Nacional por la seguridad y justicia penal
Debe formularse y aprobarse un acuerdo nacional que involucre tanto a las instituciones de seguridad pública como a las de procuración de justicia (tradicionalmente separadas), junto con la sociedad civil, y que trace las bases y la ruta de las acciones que se llevarán a cabo en los años por venir.
El acuerdo también debe ser la base de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad que incluye a la Justicia como segundo componente, y no solo a la seguridad pública.
2) Fondo Nacional de Seguridad y Justicia
Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben crear un Fondo Nacional de Seguridad y Justicia que garantice los recursos económicos necesarios para financiar los procesos de transformación en ambas materias, y que sea administrado con criterios públicos, transparentes y mecanismos de fiscalización rigurosos
3) Ejército sí, por ahora, y con reglas
Debido al actual nivel de violencia en el país, con los homicidios en niveles récord, no es conveniente retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad. Pero las leyes de seguridad interior que se han planteado tampoco se enfocan en resolver los problemas de coordinación que existen con autoridades civiles.
Por ello se propone – por ahora – dejar al Ejército en las calles pero diseñar un “régimen transitorio” que permita regular la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y establecer los procedimientos para asegurar su coordinación con las autoridades civiles.
4) Nueva relación policías – Ministerios Públicos
Es vital reorganizar la función de los policías y en el Ministerio Público. El informe destaca que aunque en el nuevo sistema se establece que el Ministerio Público es el tutelar de una investigación y la policía un auxiliar, esta relación tiene que revisarse pues genera confusiones.
“Te lo pongo así, si tu sufres hoy un delito, ante quien hay que reportarlo ¿la policía o el Ministerio Público? No queda del todo claro”, dijo Sergio López Ayllón.
Además debe quitársele la excesiva burocracia a la atención de los delitos y la investigación. La consulta identificó que el Informe Policial Homologado, que deben llenar los policías que atienden un ilícito, es demasiado técnico y poco práctico, mientras que el protocolo de actuación del “Primer Respondiente” también resulta sumamente rígido. En ambos sentidos urgen modificaciones a los reglamentos.
Otro aspecto que debe cambiar es el formalismo con el que aún se integran las carpetas de investigación como si se tratara de las antiguas averiguaciones previas. El sistema actual no exige que cada paso de la investigación tenga que estar asentado en un oficio, por el contrario, mayor celeridad en pro de la eficacia.
5) Un plan para la Fiscalía General
El nombramiento de un fiscal general que sustituya la figura del procurador no soluciona el problema. Se requiere establecer una estrategia que permita avanzar de la PGR a la Fiscalía con todo lo que conlleva.
“El proceso de cambio de la fiscalía requiere un plan de transición de varios años y necesita tener claridad de objetivos, responsables claros y recursos financieros. No es un problema de quién es la persona sino de cómo lo va a hacer. Tú puedes nombrar al mejor fiscal general que te puedas imaginar pero si no hay un plan y una ruta no va a funcionar”, dijo López Ayllón.
Los expertos sugirieron además conformar un Consejo Ciudadano que de seguimiento a todo este proceso.
6) Ley Orgánica de la Fiscalía y selección
Es impostergable revisar y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General sin la cual no puede funcionar la nueva institución. También poner en marcha el proceso de evaluación del personal existente en la PGR, para determinar quiénes son aptos para incorporarse a la Fiscalía General.
7) Las Fiscalías en los estados
Al igual que a nivel federal en los estados hay que poner en marcha una estrategia de transición hacia fiscalías que sean autónomas y eficientes. Deben formularse nuevas leyes orgánicas que podrían seguir las mismas líneas generales que la ley orgánica que se diseñe para la Fiscalía General de la República.
8) Código Penal Único
La consulta fue contundente: hay un caos en el país en materia de legislación penal. Existen múltiples códigos estatales y leyes especiales que tipifican delitos de forma distinta y con penalidades diversas.
Para remediar esto se plantea la necesidad de una reforma constitucional que faculte al Congreso para expedir un Código Penal Único en donde se tipifiquen los mismos delitos con las mismas penalidades para todo el país. Algo similar a como ya se hizo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Se plantea que el Código Penal Único tenga un mecanismo que permita tipificar ciertas conductas delictivas regionalmente.
9) Menos prisión preventiva, más investigación
Reformar la ley para incluir más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa (automática), como proponían algunos funcionarios y gobernadores, es innecesario. La consulta demostró que los jueces conceden más del 70 % de solicitudes de prisión que piden los fiscales.
En cambio, son los ministerios públicos los que muchas veces no consignan a los detenidos o las investigaciones para atraparlos no rinden frutos.
“Lo que se requiere es mejorar la capacidad de investigación de las policías para investigar y de los fiscales para argumentar”, establecieron los expertos.
10) Capacitación y unidades cautelares vs puerta giratoria
El informe desmitifica que sea responsabilidad de los jueces la liberación de detenidos, o como se le denomina coloquialmente el “fenómeno de la puerta giratoria”. El problema de origen está en las agencias del Ministerio Público, quien no pide en muchos casos la medida de prisión o no la fundamenta bien.
En este punto se requieren dos acciones. Primero una mejor supervisión del trabajo ministerial y segundo, que se pongan en marcha de forma adecuada las Unidades de Medidas Cautelares tanto a nivel federal como los estados, y que son las encargadas de dictaminar si una persona detenida es de riesgo y debe permanecer en prisión.
11) Una carrera para policías, agentes y peritos
Debe diseñarse e implementarse un modelo completo con alcance nacional de carrera ministerial, pericial y de agentes de investigación. Se puede considerar la generación de academias regionales de formación con procesos y estándares homologados, y se debe supervisar periódicamente su funcionamiento.
12) Nuevo modelo de atención a víctimas
La consulta confirmó un problema grave: las víctimas están desplazadas en e sistema de justicia. No reciben la atención ni representación adecuada, los apoyos son lentos y constantemente hay una revictimización sobretodo en el caso de las mujeres.
Por ello los expertos urgen revisar integralmente el modelo de atención a víctimas. Particularmente sugieren reconsiderar el diseño actual y reincorporar la atención a víctimas como parte del modelo de atención en sede ministerial y evitar el efecto de doble ventanilla. De manera profunda, se requiere evitar la duplicidad de funciones.
13) Células y unidades de investigación
Los expertos coincidieron en la necesidad de que a nivel federal y en los estados realmente se pongan en marcha células y unidades de investigación especializadas en delitos específicos, con personal fijo en estas tareas. Particularmente resulta indispensable para casos de delincuencia organizada.
¿Es viable el plan ahora?
Sergio López Ayllón, reconoció que el contexto actual no es favorable para la puesta en marcha de las acciones que se necesitan. Los gobiernos y partidos comienzan a enfocarse en la coyuntura electoral del próximo año como prioridad.
No obstante, el académico subrayó que la crisis de seguridad y justicia que atraviesa el país no puede estar sujetada a estos tiempos, y su gravedad amerita que el trabajo comience de inmediato. La viabilidad del plan requiere que no se piense en el corto plazo sino en la búsqueda de resultados con una visión de Estado
“Se ve complicado pero sí hay voluntad política y visión a largo plazo de Estado, a todo mundo le convendría comenzar a corregir el rumbo para que el próximo presidente, el que sea, no arranque de cero ni con una crisis institucional como la de ahora. Si en cambio se va a posponer el tema hasta que haya un nuevo presidente y un nuevo congreso, eso nos hará perder un año que es crítico por la situación que vive el país”, sentenció.
