El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández sortea acusaciones legales en el ámbito federal y estatal sin poder salir libre del penal de Ciudad Victoria.
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El priista enfrenta dos casos: la acusación por peculado y lavado de dinero en el Juzgado Segundo Penal del Estado y el proceso de extradición en el Juzgado de Distrito Federal Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
Hernández fue detenido mientras conducía su motocicleta BMW el viernes 6 de octubre en la capital tamaulipeca. Este jueves 19 cumple 14 días encarcelado en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes), derivado de la detención y el posterior auto de formal prisión por la carpeta de investigación 67/2017.
El martes, el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, libró la orden de detención provisional con fines de extradición contra el exfuncionario, de acuerdo con el expediente 1/2017 procesado en el Centro de Justicia Penal Federal.
El miércoles 18 de octubre se celebró la primera audiencia por dicho proceso, que comenzó a las 18:00 horas. El exgobernador fue excarcelado y llevado al Centro de Justicia Penal Federal. La reunión solamente sirvió para que el juez leyera las imputaciones de la justicia estadounidense.
El exgobernador, quien vistió pantalón de mezclilla y una camisa gris, solicitó posponer la audiencia en dos ocasiones y rechazó ser representado por defensores de oficio. Tras dos horas, el juez decidió posponer la audiencia para este jueves 19, a las 9:00 horas. Y sería el equipo de abogados liderado por Antonio Collado Mocelo el que lo represente.
Al respecto, el abogado penalista Gabriel Regino García explicó que aún falta que la defensa resuelva las primeras etapas del juicio de extradición. La primera audiencia, misma que ayer se aplazó, es el primer paso del procedimiento. A partir de mañana, el exgobernador tendrá 72 horas para oponerse o aceptar la entrega a Estados Unidos de América (EUA).
En el tercer paso el Departamento de Estado norteamericano enviará todo el expediente traducido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A su vez, ésta lo entregará a la Procuraduría General de la República (PGR), quien se encargará de ponerlo en manos del juez Raymundo Serrano Nolasco para que determina si procede o no la extradición. La resolución y el expediente volverán a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, quien tomará la decisión final.
“La defensa puede promover un amparo y puede llevar hasta un año o año y medio, es decir, no estamos ante la probabilidad de verlo rápidamente trasladado a Estados Unidos.”, consideró Regino García.
El expediente 1/2017 refiere que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas acusa a Eugenio Hernández y a su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.
Ambos hombres son señalados por operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos.
El político priista y su cuñado son acusados de robar dinero público del gobierno de Tamaulipas, mediante contratos falsos para un banco de alimentos, compra de tecnología y otros medios ilegales.
Caso estatal
El pasado miércoles a mediodía el caso penal del ámbito estatal dio un vuelco. El juez federal Rodrigo Allen Ortiz Orozco concedió la suspensión sobre el auto de formal prisión dictado en contra del exgobernador de Tamaulipas. Empero, el acusado permaneció en la cárcel del municipio donde nació.
El titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas admitió a trámite la demanda de amparo interpuesta por la defensa de Eugenio en contra de la resolución judicial dictada dentro de la causa penal 67/2017.
De acuerdo a documentos judiciales, el exmandatario alega que el auto de formal prisión dictado por juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortés, violentó sus derechos humanos contemplados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 133 de la Constitución.
La determinación judicial de suspender el auto de formal prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero, no afecta la orden de detención provisional con fines de extradición girada por un juez federal contra el exalcalde victorense.
Además de este amparo, los abogados del político obtuvieron una suspensión provisional contra cualquier traslado a otro penal estatal o federal, informó el abogado Juan Jorge Olvera Reyes.
El sábado 14 de octubre por la tarde, el Juzgado Décimo Primero de Distrito del Décimo Noveno Circuito resolvió impedir el movimiento del político priista del Centro de Ejecuciones y Sanciones (Cedes) capitalino.
Al político, la Fiscalía Anticorrupción lo imputa de comprar, por medio de un prestanombres, un terreno de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira. El predio fue adquirido a un costo menor y pertenece al patrimonio del Estado. Por el mismo hecho son buscados el empresario constructor Fernando Cano Martínez; el exgobernador Tomas Yarrington; el exsecretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado; y los miembros del Comité Técnico del fideicomiso que administraba los terrenos vendidos, Héctor Suverza Ramírez y Delia del Carmen Berlanga.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas aseguraron el terreno mencionado en el juicio y también catearon el rancho “Palomas Blancas”, propiedad de Eugenio “N”, ubicado a media hora de la capital victorense.
Sobre el cauce legal de las imputaciones en el estado tamaulipeco, el abogado penalista Gabriel Regino García dijo que hay una posibilidad de que el juicio contra el exmandatario sea suspendido para darle prioridad a la extradición, debido a que Estados Unidos lo reclama por delincuencia organizada.
“Estamos ante la hipótesis de que se suspenda el proceso penal de Eugenio Hernández y sea llevado a Estados Unidos. Una vez juzgado y condenado en Estados Unidos lo tendrán que devolver para que continúe su proceso, termine su condena aquí y luego la de Estados Unidos.”, expresó el experto.
