Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción
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Paris Martínez

Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción

En el poblado de Álvaro Obregón, sus habitantes sacaron a las autoridades y crearon un cabildo comunitario, los únicos que recibieron apoyo tras el sismo fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán.
Paris Martínez
Por Paris Martínez
20 de octubre, 2017
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Luego de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, la mayoría de las casas afectadas en el municipio de Juchitán, Oaxaca, exhiben daños comunes: derrumbes de techos, así como fracturas y desmoronamiento de las partes superiores de sus muros. Sin embargo, en este municipio existe una localidad, el poblado Álvaro Obregón, en donde los daños de las viviendas parecen invertirse, ya que son los suelos y las cimentaciones las que se fracturaron.

”Cuando tembló del suelo empezó a salir agua salada, agua de mar, se hicieron grietas en el suelo, y por ahí salía el agua, y eso fracturó todas las casas desde abajo. Nunca habíamos visto algo así antes”, explica César Toledo, comandante de la policía comunitaria creada por la población hace cinco años.

Álvaro Obregón es una localidad ubicado frente a dos lagunas que dan paso al océano Pacífico, y sus pobladores viven básicamente de la pesca. Sin embargo, explica el comandante de la policía comunitaria, “desde el temblor la laguna está llena, hay mucha corriente, yo estaba pescando cuando tembló (el 7 de septiembre) y el motor parecía que se había quedado sin fuerza, de tanta corriente, por eso ahorita nadie está pescando, y no hay trabajo”.

En Álvaro Obregón, explica José Crispín Figueroa, integrante del cabildo comunitario, órgano vecinal que gobierna la localidad, “muchas casas se vinieron abajo (con los sismos), pero a la mayoría de la gente le negaron el folio (es decir, su inclusión en el censo de damnificados, para la obtención de financiamiento para la reconstrucción). Aquí hay como 3 mil casas dañadas, y sólo dieron folio a cerca de 500, porque como nosotros somos comunitarios, la gente del gobierno municipal (encabezado por Gloria Sánchez, PRD-PAN) nos da la espalda, no nos apoya”.

Los únicos que recibieron apoyo, subrayó, fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán.

Desde el año 2012, los pobladores de Álvaro Obregón expulsaron a los funcionarios de la agencia municipal oficial, al enterarse de que habían autorizado el cambio de uso de suelo en una franja de tierra en la que una empresa privada pretendía instalar 132 aerogeneradores. Dos años después, en 2014, establecieron en asamblea popular una policía comunitaria, un consejo de ancianos, y un cabildo comunitario.

A partir de ese momento, explica por su parte Pedro López Orozco (también integrante del cabildo comunitario), “en asamblea se eligió el primer cabildo, y ahorita nosotros somos el segundo, porque estamos en el cargo sólo por tres años. Todos estamos en el tequio, nadie cobra”.

La comunidad, sin embargo, está dividida. “Como el gobierno municipal de Juchitán no reconoce al cabildo comunitario, instalaron una nueva oficina en lo que era el local de la COCEI (grupo agrario creado por el PRD), y los apoyos (para la reconstrucción) sólo se dieron a los que los que están con ellos, y a todos los que estan con el cabildo comunitario les dijeron que su casa no tenía nada”.

Censo selectivo

Martha López es una mujer de 61 años, aunque luce mucho mayor. No tiene dientes, su piel está pegada al hueso y los dedos de sus pies están completamente torcidos por la artritis.

Desde el sismo del 7 de septiembre, ella duerme a la intemperie, junto con su hija, su yerno y sus dos nietos, bajo un pequeño techado de palma que ante solía ser su cocina, ubicada en el patio de la casa, ahora encharcado por el agua salada que sigue filtrándose del subsuelo.

Martha y su familia solían dormir en dos habitaciones construidas con tabique, varillas y cemento, pero estos cuartos se inclinaron con los sismos de septiembre, debido al reblandecimiento de la tierra.

El suelo de cemento de ambos cuartos se partió, explica Joaquín, yerno de Martha. Luego tronaron las paredes y, finalmente, el techo de losa.

El agua, pues, se iltra por el suelo y, cuando llueve, por el techo.

Aún así, esta es una de las familias a las que se les negó la inclusión en el censo de damnificados.

“Pasa la gente (del gobierno) a la casa –narra Martha– y dicen ‘está bien la casa’, y se van. Pero entra el agua (por las grietas del suelo) y ahorita dormimos en la cocinita de palma que tenemos ahí.”

Martha habla, afligida, mientras su yerno mete la punta de su machete entre las grietas que cruzan el suelo de la construcción que era el dormitorio de todos, para mostrar el daño.

“Aunque sea una pena –remata Martha–, o un castigo, ahí estamos, en la cocina de palma. Y yo lloro, porque soy pobre, y hay unos (vecinos) que tiene dinero, y todavía les están dando ayuda, pero yo soy pobre, y dicen que mi casa está bien. Ya con dios lo van a pagar…”

El caso de Martha se repite en cada casa que se visita.

Adolfa Santiago Regalado es una mujer de 50 años, que cuida, junto con su marido, a cinco nietos.

“Mi hija es mamá soltera –explica Adolfa–, trabaja en (la localidad de) Matías Romero toda la semana, y viene el domingo, para ver a los niños.”

Adolfa habla en el interior de un cuarto de cinco por cinco metros, construido con tabique, cemento y varilla, la casa que durante los últimos tres años ha construido su hija. Como otras, esta vivienda se inclinó, y el suelo se quebró, agrietando los muros.

“Hace tres años mi hija puso primero los blocks, y luego de dos años pudo colar su casita (colocar el techo de losa), y estaba contenta. Ya luego puso el piso, y me dijo ‘ahora voy a poner azulejo, y a aplanar, y voy a vivir ahí con mis hijos. Por eso me dolió cuando vi la casa cómo quedó (luego del sismo), si fuera mi casa no me dolería tanto.”

El suelo de esta construcción se inclinó tanto que, de hecho, la puerta quedó trabada, y tuvieron que abrirla a golpes para sacar a los niños que la noche del 7 de septiembre dormían dentro.

“Hace unos días vino un señor que andaba checando las casas –narra Adelfa–, mi marido le enseñó la casa y ese señor dijo que no le había pasado nada. ‘Tú puedes arreglarlo’, le dijo a mi marido. Luego le dijo que el gobierno ni iba a dar nada, que nomás andaba apuntando nombres.”

Junto al terreno de Martha está el de Petrona López Sánchez, una panadera de 48 años que duerme, junto con sus dos hijas, en hamacas que cuelgan en el patio de su vivienda.

Igual que el resto, la casa de Petrona sufrió fracturas en el suelo, los muros se despegaron de las trabes, y algunas de éstas se fracturaron. Además, los sismos dejaron el horno de barro con el que trabaja a punto de venirse abajo.

“Aquí vinieron a revisar y dijeron que mi casa no sufrió daños –narra–. Están escogiendo a quién incluir (en el censo de damnificados) y a mí no me incluyeron. La casa se inclinó, y mi horno, que es mi trabajo, ya está por caerse. Yo soy madre soltera, y a pesar de que fui y les dije que mi casa estaba muy dañada, (no obtuve) nada.”

Abandono

El abandono al que Álvaro Obregón está condenado es de tal grado que los gobiernos estatal y federal sólo realizaron un censo tras el sismo del 7 de septiembre, y nadie ha vuelto al poblado para revisar las casas dañadas con el terremoto del día 19, tal como denunció José Crispín Figueroa, integrante del cabildo comunitario.

“Sí han llegado despensas, algunas lonas, algunas casas de campaña, pero lo que necesitamos es que vuelvan los del censo (de damnificados), y hagan bien su trabajo: que incluyan a todas las personas que tienen su casa dañada, y no sólo a los que les caen bien.”

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La 'pesadilla' de la escuela que ganó el sorteo del avión presidencial de México

Padres y madres de una pequeña escuela de Chiapas denuncian haber tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas para entregar el premio ganado en el sorteo a un grupo criminal.
24 de noviembre, 2021
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La noticia que iba a cambiar para mejor la vida de un pequeño pueblo de Chiapas, en el sur de México, se acabó convirtiendo para sus vecinos en una pesadilla.

Al menos 28 familias de indígenas tzeltales del municipio de Ocosingo denunciaron haberse visto obligadas a abandonar sus hogares tras recibir amenazas de un grupo criminal.

¿El motivo? Negarse a invertir en armas el dinero que habían ganado en el famoso sorteo del avión presidencial de México celebrado el año pasado, tal y como les reclaman.

“Dicen que el dinero es para comprar armas y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo uno de los voceros de los vecinos a medios locales durante una reciente protesta.

El “calvario”, tal y como lo definen, comenzó cuando la escuela de preescolar José María Morelos y Pavón del pueblo se hizo con el número 4344899 para el sorteo que puso en juego el equivalente al coste de la lujosa aeronave que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado vender sin éxito durante años.

El 15 de septiembre de 2020, su “cachito” resultó ganador de 20 millones de pesos (unos US$950.000) y los vecinos recibieron con gran alegría la noticia.

Sin embargo, aseguran que poco después de hacerse público que habían resultado ganadores, comenzaron a recibir amenazas de un grupo armado local llamado Los Petules para que les compraran armas con el premio ganado.

Map

Armas de alto calibre

En marzo, los padres y madres de la escuela iniciaron obras para mejorar el edificio con parte del dinero. El resto, tenían previsto invertirlo en obras para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Sin embargo, denuncian que las amenazas subieron de tono y que incluso uno de ellos resultó herido por balas de hombres enviados por el grupo armado para que accedieran a su reclamo.

Afirman que el objetivo de Los Petules es atacar a grupos de una comunidad cercana y quedarse con hectáreas de terreno. Cuando los vecinos amenazados se negaron a comprar las armas, aseguran que hombres armados los expulsaron de sus casas.

“Salimos de nuestra comunidad por amenazas con armas de fuego de alto calibre”, le dijo a BBC Mundo Melecio López, uno de sus voceros.

Según informó el diario El Universal, Los Petules fueron acusados hace unos días por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de atacar sus bases en la zona.

Denuncias ante autoridades

Los pobladores interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena de Chiapas y la Secretaría de Gobierno estatal, pero aseguran que no ha habido ningún avance para solucionar la situación.

BBC Mundo contactó con ambas instituciones y respondieron no poder ofrecer información sobre el caso, si bien la Secretaría confirmó tener conocimiento de lo ocurrido tras la denuncia vecinal.

Las amenazas y agresiones fueron en aumento, cuentan los vecinos, lo que obligó el pasado mes a que al menos 28 familias tuvieran que huir del pueblo para salvar sus vidas.

“Perdimos más de 250 cabezas de ganado, casas, refrigeradores, cosechas de maíz, frijol y animales de corral y nos quitaron la tarjeta de banco perdiendo derecho a todos los beneficios del gobierno”, aseguró el vecino Marcelo Santiz a la Agencia EFE.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

Los desplazados aseguran que hasta que el grupo no sea desarmado no podrán regresar a sus casas. Llevan un mes fuera de sus hogares en diferentes lugares de la zona y temen que puedan ser localizados.

Por ello, piden ayuda a las autoridades de Chiapas y al presidente López Obrador, principal impulsor del sorteo de lotería que ganaron y acabó convirtiendo en una pesadilla.

Los problemas del sorteo

El sorteo del avión presidencial fue una idea de López Obrador para deshacerse de la aeronave utilizada por su predecesor, Enrique Peña Nieto, e identificada por su gobierno como como uno de los mayores símbolos de lujo y derroche de Ejecutivos anteriores.

Sin embargo, dados los innumerables obstáculos que suponía entregar un avión de estas características a un ciudadano, finalmente se optó por sortear el equivalente en dinero al valor actual de la aeronave: 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.

También el fin solidario de la rifa dio mucho que hablar. Lo recaudado con la venta de boletos se iba a destinar a comprar equipos médicos para hospitales pero, ante el ritmo de venta menor al esperado, el gobierno decidió comprar cerca de un millón de billetes para repartir entre centros médicos.

Es decir, el gobierno gastó su propio dinero para que los hospitales pudieran optar a un premio -financiado, por otro lado, también con recursos del Ejecutivo-, en lugar de destinar directamente esa cantidad al sector de salud y no hacerlo depender del azar.

Tras el sorteo simbólico, el avión presidencial mexicano sigue ocasionando gastos de mantenimiento a la espera de encontrar comprador, algo que se ve dificultado por todas las modificaciones que la aeronave sufrió para incluir lujosos detalles en su interior.


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