Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción
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Paris Martínez

Comunidad oaxaqueña que se rebeló al gobierno se queda sin apoyos para la reconstrucción

En el poblado de Álvaro Obregón, sus habitantes sacaron a las autoridades y crearon un cabildo comunitario, los únicos que recibieron apoyo tras el sismo fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán.
Paris Martínez
Por Paris Martínez
20 de octubre, 2017
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Luego de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, la mayoría de las casas afectadas en el municipio de Juchitán, Oaxaca, exhiben daños comunes: derrumbes de techos, así como fracturas y desmoronamiento de las partes superiores de sus muros. Sin embargo, en este municipio existe una localidad, el poblado Álvaro Obregón, en donde los daños de las viviendas parecen invertirse, ya que son los suelos y las cimentaciones las que se fracturaron.

”Cuando tembló del suelo empezó a salir agua salada, agua de mar, se hicieron grietas en el suelo, y por ahí salía el agua, y eso fracturó todas las casas desde abajo. Nunca habíamos visto algo así antes”, explica César Toledo, comandante de la policía comunitaria creada por la población hace cinco años.

Álvaro Obregón es una localidad ubicado frente a dos lagunas que dan paso al océano Pacífico, y sus pobladores viven básicamente de la pesca. Sin embargo, explica el comandante de la policía comunitaria, “desde el temblor la laguna está llena, hay mucha corriente, yo estaba pescando cuando tembló (el 7 de septiembre) y el motor parecía que se había quedado sin fuerza, de tanta corriente, por eso ahorita nadie está pescando, y no hay trabajo”.

En Álvaro Obregón, explica José Crispín Figueroa, integrante del cabildo comunitario, órgano vecinal que gobierna la localidad, “muchas casas se vinieron abajo (con los sismos), pero a la mayoría de la gente le negaron el folio (es decir, su inclusión en el censo de damnificados, para la obtención de financiamiento para la reconstrucción). Aquí hay como 3 mil casas dañadas, y sólo dieron folio a cerca de 500, porque como nosotros somos comunitarios, la gente del gobierno municipal (encabezado por Gloria Sánchez, PRD-PAN) nos da la espalda, no nos apoya”.

Los únicos que recibieron apoyo, subrayó, fueron quienes respaldan al gobierno municipal de Juchitán.

Desde el año 2012, los pobladores de Álvaro Obregón expulsaron a los funcionarios de la agencia municipal oficial, al enterarse de que habían autorizado el cambio de uso de suelo en una franja de tierra en la que una empresa privada pretendía instalar 132 aerogeneradores. Dos años después, en 2014, establecieron en asamblea popular una policía comunitaria, un consejo de ancianos, y un cabildo comunitario.

A partir de ese momento, explica por su parte Pedro López Orozco (también integrante del cabildo comunitario), “en asamblea se eligió el primer cabildo, y ahorita nosotros somos el segundo, porque estamos en el cargo sólo por tres años. Todos estamos en el tequio, nadie cobra”.

La comunidad, sin embargo, está dividida. “Como el gobierno municipal de Juchitán no reconoce al cabildo comunitario, instalaron una nueva oficina en lo que era el local de la COCEI (grupo agrario creado por el PRD), y los apoyos (para la reconstrucción) sólo se dieron a los que los que están con ellos, y a todos los que estan con el cabildo comunitario les dijeron que su casa no tenía nada”.

Censo selectivo

Martha López es una mujer de 61 años, aunque luce mucho mayor. No tiene dientes, su piel está pegada al hueso y los dedos de sus pies están completamente torcidos por la artritis.

Desde el sismo del 7 de septiembre, ella duerme a la intemperie, junto con su hija, su yerno y sus dos nietos, bajo un pequeño techado de palma que ante solía ser su cocina, ubicada en el patio de la casa, ahora encharcado por el agua salada que sigue filtrándose del subsuelo.

Martha y su familia solían dormir en dos habitaciones construidas con tabique, varillas y cemento, pero estos cuartos se inclinaron con los sismos de septiembre, debido al reblandecimiento de la tierra.

El suelo de cemento de ambos cuartos se partió, explica Joaquín, yerno de Martha. Luego tronaron las paredes y, finalmente, el techo de losa.

El agua, pues, se iltra por el suelo y, cuando llueve, por el techo.

Aún así, esta es una de las familias a las que se les negó la inclusión en el censo de damnificados.

“Pasa la gente (del gobierno) a la casa –narra Martha– y dicen ‘está bien la casa’, y se van. Pero entra el agua (por las grietas del suelo) y ahorita dormimos en la cocinita de palma que tenemos ahí.”

Martha habla, afligida, mientras su yerno mete la punta de su machete entre las grietas que cruzan el suelo de la construcción que era el dormitorio de todos, para mostrar el daño.

“Aunque sea una pena –remata Martha–, o un castigo, ahí estamos, en la cocina de palma. Y yo lloro, porque soy pobre, y hay unos (vecinos) que tiene dinero, y todavía les están dando ayuda, pero yo soy pobre, y dicen que mi casa está bien. Ya con dios lo van a pagar…”

El caso de Martha se repite en cada casa que se visita.

Adolfa Santiago Regalado es una mujer de 50 años, que cuida, junto con su marido, a cinco nietos.

“Mi hija es mamá soltera –explica Adolfa–, trabaja en (la localidad de) Matías Romero toda la semana, y viene el domingo, para ver a los niños.”

Adolfa habla en el interior de un cuarto de cinco por cinco metros, construido con tabique, cemento y varilla, la casa que durante los últimos tres años ha construido su hija. Como otras, esta vivienda se inclinó, y el suelo se quebró, agrietando los muros.

“Hace tres años mi hija puso primero los blocks, y luego de dos años pudo colar su casita (colocar el techo de losa), y estaba contenta. Ya luego puso el piso, y me dijo ‘ahora voy a poner azulejo, y a aplanar, y voy a vivir ahí con mis hijos. Por eso me dolió cuando vi la casa cómo quedó (luego del sismo), si fuera mi casa no me dolería tanto.”

El suelo de esta construcción se inclinó tanto que, de hecho, la puerta quedó trabada, y tuvieron que abrirla a golpes para sacar a los niños que la noche del 7 de septiembre dormían dentro.

“Hace unos días vino un señor que andaba checando las casas –narra Adelfa–, mi marido le enseñó la casa y ese señor dijo que no le había pasado nada. ‘Tú puedes arreglarlo’, le dijo a mi marido. Luego le dijo que el gobierno ni iba a dar nada, que nomás andaba apuntando nombres.”

Junto al terreno de Martha está el de Petrona López Sánchez, una panadera de 48 años que duerme, junto con sus dos hijas, en hamacas que cuelgan en el patio de su vivienda.

Igual que el resto, la casa de Petrona sufrió fracturas en el suelo, los muros se despegaron de las trabes, y algunas de éstas se fracturaron. Además, los sismos dejaron el horno de barro con el que trabaja a punto de venirse abajo.

“Aquí vinieron a revisar y dijeron que mi casa no sufrió daños –narra–. Están escogiendo a quién incluir (en el censo de damnificados) y a mí no me incluyeron. La casa se inclinó, y mi horno, que es mi trabajo, ya está por caerse. Yo soy madre soltera, y a pesar de que fui y les dije que mi casa estaba muy dañada, (no obtuve) nada.”

Abandono

El abandono al que Álvaro Obregón está condenado es de tal grado que los gobiernos estatal y federal sólo realizaron un censo tras el sismo del 7 de septiembre, y nadie ha vuelto al poblado para revisar las casas dañadas con el terremoto del día 19, tal como denunció José Crispín Figueroa, integrante del cabildo comunitario.

“Sí han llegado despensas, algunas lonas, algunas casas de campaña, pero lo que necesitamos es que vuelvan los del censo (de damnificados), y hagan bien su trabajo: que incluyan a todas las personas que tienen su casa dañada, y no sólo a los que les caen bien.”

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Por qué la reforma exprés de la Ley de Seguridad de México desafía a Estados Unidos

El Congreso mexicano aprobó nuevas regulaciones para la presencia de agentes extranjeros en México. La ley fue criticada por EE.UU., el país que sería más afectado por las nuevas y más estrictas normas.
17 de diciembre, 2020
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Para el gobierno de México, significa la defensa de la “independencia y soberanía” nacional. Para el de Estados Unidos, “solo beneficia a las violentas organizaciones criminales transnacionales”.

Una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que aprobó de forma exprés el Congreso mexicano este martes establece nuevos controles para la presencia de agentes extranjeros en el país.

Pese a que no está dirigida a ningún país en específico, diversos analistas coincidieron al señalar que está claramente enfocada hacia las agencias de inteligencia y combate al narcotráfico de Estados Unidos como consecuencia del reciente caso del general Salvador Cienfuegos.

El exsecretario de la Defensa Nacional fue detenido en octubre en Los Ángeles por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que el general negó. El arresto tuvo lugar luego de una investigación de más de un año de la que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que nunca había sido informado.

“Esta iniciativa de ley fue una especie de desagravio para el ejército mexicano, porque siempre han tenido una muy mala relación con la DEA desde el caso del agente Enrique Camarena (agente de la DEA asesinado en México en 1985). Hay una desconfianza mutua”, le dice a BBC Mundo el analista en seguridad Salvador García Soto.

Tras la detención de Cienfuegos “vino una reacción muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que le dijeron al presidente López Obrador que tomara cartas en el asunto, que no permitiera que un extitular de la Defensa fuera tratado de esa manera, de la forma en que lo detuvieron, el trato y las acusaciones”, opina.

El general Salvador Cienfuegos durante un evento militar en Ciudad de México en septiembre de 2016.

Reuters
El exsecretario de la Defensa mexicano fue arrestado en Los Ángeles por agentes de la DEA.

Estados Unidos, por su parte, criticó que esta reforma a la ley implica un retroceso en la cooperación entre ambos países en el combate a los grupos criminales y el narcotráfico, tal y como dijo la semana pasada el fiscal general estadounidense William Barr (quien anunció que dejará su cargo antes de fin de año).

“La aprobación de esta legislación solo puede beneficiar a las violentas organizaciones criminales transnacionales y otros criminales que estamos combatiendo conjuntamente”, dijo Barr en un comunicado cuando el Senado mexicano aprobaba de manera urgente la reforma promovida por el presidente López Obrador.

En respuesta, el líder de la mayoría del partido Morena, de López Obrador, consideró infundados los temores expresados por Barr.

“Al contrario, contar con protocolos claros de intercambio de información hará posible que ahora ambos países puedan tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, dijo al diario El Sol de México.

Una vista del Senado mexicano

EPA
El Congreso mexicano aprobó en menos de 10 días la reforma propuesta por el Ejecutivo.

Tras recibir luz verde en el Congreso, la ley deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor, pero analistas como García Soto advierten desde ya que su formulación podría afectar a los acuerdos de cooperación de México y EU en materia de combate al narcotráfico.

¿Qué cambia en la ley?

La Ley de Seguridad Nacional es la norma que, entre otros aspectos, regula la presencia de los agentes extranjeros que tienen actividades en México.

Durante décadas, agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, la ATF o la CIA han operado en México a través de agentes que realizan labores de inteligencia e investigación sobre grupos delictivos.

Pero el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 a manos del cartel de Guadalajara, aumentó de manera notable la presencia de estos agentes en México. Y su poder se incrementó más en años recientes, explica García Soto.

“En los gobiernos anteriores, principalmente el de Felipe Calderón (2006-2012), hubo una apertura muy amplia a la participación de este tipo de agentes en el país. Se sabía que la DEA coordinaba operativos en México, tenía asignadas unidades de la Secretaría de Marina para detener a narcotraficantes. Prácticamente ellos controlaban una parte de la lucha contra la delincuencia bajo el gobierno de Calderón”, señala el experto.

Un agente de la DEA

Getty Images
La presencia de agentes extranjeros está regulada por la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el caso de Cienfuegos, del que el gobierno de México asegura que no supo nada hasta que prácticamente fue detenido, sacudió de nuevo la relación de los dos países.

Ahora, la reformada Ley de Seguridad Nacional obligará a los agentes de otros países desplegados en México a compartir información sobre sus investigaciones con las autoridades mexicanas.

Les prohíbe hacer detenciones, les exige solicitar una autorización para portar armas y establece que no tienen inmunidad judicial en caso de verse involucrados en la comisión de delitos o infracciones, lo cual fue señalado como una de las modificaciones más controvertidas.

Además, garantiza el soporte legal para la expulsión de las agencias que no cumplan con la ley en México.

“Aunque engloba a cualquier otro gobierno que tenga agentes en México, parece que va dedicada especialmente a los agentes de la DEA. Ni siquiera a los de la CIA u otras agencias. Es una dedicatoria expresa para tratar de controlarlos, de regularlos y de tener control de las investigaciones que están realizando”, considera García Soto.

El factor Cienfuegos

Al ser cuestionado sobre el motivo de la reforma, López Obrador dijo que se trataba de una iniciativa para la defensa de la soberanía nacional, pues en el caso del general Cienfuegos “existen acuerdos que no se cumplieron”, señaló.

“Antes, los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía todo porque no se defendía el principio de independencia y soberanía de nuestra nación”, apuntó la semana pasada.

López Obrador

EPA
López Obrador dice que esta ley finalmente regulará las actividades de agentes de otros países en México.

Este lunes, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, dijo que “hubo un abuso de confianza” de los estadounidenses al investigar y detener al general sin informar primero a su gobierno.

Para García Soto, es claro que se cometieron excesos en el pasado reciente.

“Tuvieron una especie de manga ancha estas agencias, por encima de la Constitución y de la soberanía. Y ese es el argumento del presidente y de Morena (su partido) para regularlos. Pero también tiene motivaciones políticas”, explica.

“ tiene que ver con una especie de revancha sobre cómo la DEA hizo esto de detener al general y tratarlo como lo trataron, incluida a su familia en la detención. Para poner límites a estas agencias para que no cometan este tipo de actos, lo cual va a ser muy polémico”, pronostica.

Pese a que el caso del Departamento de Justica de EU contra Cienfuegos por presunto narcotráfico estaba listo y en la antesala de un juicio en Nueva York, el mes pasado fue entregado a México tras una negociación con las autoridades estadounidenses.

Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra el general Cienfuegos, los fiscales estadounidenses citaron “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” que, según dijeron, “superaron” el interés del gobierno en continuar con la acusación.

“Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general (mexicana) investigar, substanciar y sostenerlos”, dijo entonces el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Salvador Cienfuegos en un dibujo de la corte

Reuters
El exgeneral Salvador Cienfuegos negó todos los graves cargos en su contra.

“Cuando se negoció la entrega, arguyó razones de seguridad nacional de México”, explica García Soto.

Y esas razones, opina el analista, “eran la rebelión en las Fuerzas Armadas: los mandos militares plantearon que si no había una explicación de EU, o si no se presentaban pruebas contra el general Cienfuegos, o en su defecto lo regresaran, el ejército se saldría de la operación de seguridad del país en el tema del narcotráfico”, añade.

El presidente López Obrador negó haber recibido presiones de las Fuerzas Armadas.

¿Qué consecuencias puede tener la nueva ley?

El fiscal Barr fue enfático al rechazar la reforma de ley mexicana. “Tendría el efecto de dificultar la cooperación entre nuestros países. Haría menos seguros a los ciudadanos de México y EU”, aseguró.

Ante los señalamientos de México sobre cómo se trató el caso de Cienfuegos, el fiscal general dijo que su entrega a la Justicia mexicana demuestra cómo se colabora “dentro del marco de larga data diseñado para abordar de manera conjunta nuestros desafíos compartidos”.

Un agente de la DEA

Getty Images
Los agentes de la DEA han estado en México durante décadas.

Por su parte, el exagente de la DEA Mike Vigil dijo a la emisora Milenio que pese a que hay “muy buenos elementos” mexicanos en materia de combate al narcotráfico, las agencias de EU se reservan información sobre sus operaciones por cuestiones de confianza.

“Hay algunos que son corruptos y entonces es muy difícil compartir toda la información, porque nunca se sabe si va a haber un flujo de información a los narcotraficantes que va a comprometer a agentes de EU, informantes, operativos e investigaciones”, declaró.

Por su parte, el analista en seguridad e inteligencia Ramón Celaya dijo a la agencia EFE que “si no fuera por la información de las agencias americanas en México, no se hubiera logrado la detención del 80% de los capos en los últimos 20 años“.

Para García Soto, esta reforma podría incluso “trastocar convenios internacionales” sobre protección a agentes extranjeros, en particular por el hecho de que pierden la inmunidad de la que han gozado y pueden enfrentar acusaciones en tribunales.

Todo esto entra en juego con la nueva ley.


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