Estos son los delitos de los que acusan a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas detenido
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Cuartoscuro

Estos son los delitos de los que acusan a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas detenido

El exmandatario de Tamaulipas está acusado de operaciones de procedencia ilícita y peculado, por lo que este viernes fue detenido.
Cuartoscuro
Por Carlos Manuel Juárez
7 de octubre, 2017
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Por comprar un terreno de mil 600 hectáreas, propiedad del patrimonio del Estado a través de una red de prestanombres, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, fue aprehendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ayer por la mañana en Ciudad Victoria.

Hernández Flores fue capturado mientras conducía una motocicleta BMW junto a un grupo de amigos por la carretera Victoria-El Mante. Los “choppers” se detuvieron al pasar el “Cuerudo”. De otros vehículos bajaron hombres encapuchados, caminaron hacia el conductor de la BMW y lo rodearon. “Eugenio Javier Hernández Flores está detenido, por los delitos de peculado y operaciones de procedencia ilícita”, dijo el comandante de la operación. El político priista se quitó el casco, bajó del vehículo y caminó escoltado a una camioneta Van.

Eugenio Hernández fue llevado directamente al juzgado segundo penal, ubicado en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de la capital tamaulipeca, para que rindiera su declaración preparatoria. El juez Juan Manuel Ham Cortés detalló los motivos de la aprehensión integrados en la carpeta de investigación 67/2017. El político tamaulipeco negó que sea responsable de los dos ilícitos.

La detención sorprendió al equipo de abogados que representa a Hernández Flores. El abogado Jorge Olvera Reyes viajó de Tampico y llegó al penal capitalino por la tarde; horas después el exmandatario concluyó su relatoría ante el titular del juzgado. La primera acción de la defensa fue solicitar la ampliación del periodo de vinculación, de 72 horas a 124 horas, misma que fue otorgada por el juez.

Leer también: EU acusa de lavado de dinero al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández

Olvera Reyes, quien también fue defensor del exalcalde de Tampico, Óscar Pérez Inguanzo, enfatizó que la libertad de su representado se logrará mediante pruebas y descartó que haya amparos en trámite. El priista durmió en una celda del área preventiva de la cárcel. La familia, por medio de los abogados, pidieron seguridad para el político.

Debido a que el hecho de la acusación se originó en 2007, el procedimiento judicial que lleva la PGJ y el acusado será conforme al antiguo proceso penal, es decir, no habrá audiencias orales y todas las diligencias serán privadas.

El caso a fondo

La punta del hilo del presunto delito que hoy tiene preso a Eugenio Hernández sucedió en los albores del siglo 21. La investigación también señala como probables responsables al exsecretario Alberto Berlanga Bolado, el empresario Fernando Cano Martínez y al exmandatario preso, Tomás Yarrington Ruvalcaba.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes estatales, Yarrington Ruvalcaba presentó una iniciativa a la LVIII Legislatura para transferir nuevos bienes al fideicomiso “Nuevo Santander” en 2001. Los integrantes del Poder Legislativo aprobaron la iniciativa y entre las incorporaciones estuvieron mil 600 hectáreas ubicadas en el puerto industrial de Altamira.

“Nuevo Santander” fue una administración creada para impulsar el desarrollo económico en 1990, durante el mandato de Manuel Cavazos Lerma. En 2001, el fideicomiso vendió las hectáreas a 87 centavos el metro cuadrado a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V., propiedad de Fernando Cano Martínez, señalado como prestanombres del político matamorense. El pago total por el predio fue de 14 millones de pesos, cuando el valor real, plantea la indagatoria, era de 866 millones de pesos.

Cinco años después, en 2007, la empresa GMC S.A de C.V, propiedad del entonces secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Alberto Berlanga Bolado, compró las mismas mil 600 hectáreas. La transacción final fue de 16 millones de pesos. El valor actual en ese momento era de mil 584 millones de pesos.

En la carpeta de investigación los agentes de la Fiscalía Anticorrupción suponen que Eugenio Hernández adquirió el terreno por medio de un prestanombres. También se señala a Tomás Yarrington como responsable de peculado. Además, los agentes revisan los contratos que obtuvieron las constructoras propiedad de Fernando Cano y Alberto Berlanga.

La raíz de la carpeta 67/2017 está en la averiguación previa penal 15/2004. En 2004 se presentó una denuncia por la desincorporación de los terrenos propiedad del estado a particulares. La indagatoria permaneció archivada durante 13 años.

Dicho expediente menciona que los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el puerto de Altamira. En 1994 la Federación donó las hectáreas al gobierno del estado, a través de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces mandatario, Manuel Cavazos Lerma.

Línea de tiempo

1990

Se crea fideicomiso “Nuevo Santander”

1994

La Federación dona mil 600 hectáreas ubicadas en el puerto de Altamira al gobierno de Tamaulipas

2001

El gobierno de Tamaulipas transfiere las mil 600 hectáreas del la empresa Canal Intracostero Tamaulipeco al fideicomiso

2001

“Nuevo Santander” vende el terreno a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V.

2004

Se interpone denuncia por la desincorporación ilegal de las mil 600 hectáreas

2007

Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V. vende el mismo predio a la compañía

GMC S.A de C.V

2017

Detención del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, acusado de la compra de las mil 600 hectáreas con recursos públicos de procedencia ilícita

Delitos y posibles penas

CAPITULO II

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

ARTÍCULO 443 Bis.- Al que por sí o por interpósita persona adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita, se le impondrán de cinco a quince años de prisión y multa de mil a cinco mil días de salario.

Las penas previstas en el párrafo anterior serán aumentadas en una mitad cuando el delito se cometa por servidores públicos; además, se impondrá a dichos servidores, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

CAPITULO VII

Peculado

ARTÍCULO 218.- Comete el delito de peculado:

I.- El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo relativo al uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o realice dicha conducta con el fin de denigrar a cualquier persona;

II.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su fin destinado dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o al Municipio, a un organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por cualquier otra causa; y

III.- El que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades;

IV.- Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

ARTICULO 219.- Al responsable del delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:

I.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda de tres mil días de salario o no sea valuable, se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, y

II.- Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente excedan de tres mil días de salario, se impondrán de seis a catorce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de seis a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Fuente: Código de Procedimientos Penal del Estado de Tamaulipas

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Reuters

Gobierno de Cuba confirma un muerto durante protestas; canciller acusa a EU de estar implicado en ‘desórdenes’

Las autoridades cubanas reportaron la primera víctima mortal de las protestas antigubernamentales que iniciaron el 11 de julio. El canciller Bruno Rodríguez responsabilizó a EE.UU. de las manifestaciones.
Reuters
13 de julio, 2021
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Un hombre murió en las protestas antigubernamentales que se registraron el lunes en Cuba, la primera víctima reportada por las autoridades producto de las protestas masivas en la isla de los últimos días.

El Ministerio del Interior lo identificó como Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien falleció en las afueras de La Habana en lo que el organismo calificó como “disturbios”, informó la estatal Agencia Cubana de Noticias.

La muerte se produjo durante una protesta en las inmediaciones de una estación de policía en La Güinera, donde otros civiles y agentes resultaron heridos, según el reporte oficial.

Miles de personas han salido a las calles en Cuba desde el domingo pasado para protestar por la falta de atención médica ante la pandemia de covid-19, la precaria situación económica en la isla y la falta de democracia y libertades.

Se trata de las mayores protestas de la historia reciente del país.

Desde el lunes, los habitantes de la isla han denunciado la detención masiva de manifestantes, además de que fue cortado el servicio de internet.

“Acuso al gobierno de EE.UU.”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a Washington de impulsar “una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales” en su país.

Al respaldar las palabras del mandatario, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, desestimó que haya habido un “levantamiento” popular en su país.

“El 11 de julio no hubo un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la Revolución y a su gobierno (…) Hubo disturbios, hubo desórdenes, en una escala muy limitada”, dijo en una rueda de prensa en La Habana.

“Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar implicado directamente, y de tener grave responsabilidad, en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio”, añadió


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