Luego de trabajar 12 años para la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, Mayela fue despedida sin liquidación y sin que se le reconociera ningún derecho laboral. La razón: haber sufrido un derrame cerebral.
[contextly_sidebar id=”17ePbdpczIFGmp0ODEaH4DmjpwOCkCcr”]”Yo era empleada de la Unidad Administrativa de la Defensoría de Derechos Humanos –narra Mayela–, y luego fui asignada a la Visitaduría General, siempre como auxiliar administrativa, pero el 22 de septiembre de 2015 sufrí un derrame y pasé un mes inconsciente, en el hospital, y luego estuve varios meses más bajo incapacidad médica, en rehabilitación.”
Mayela fue atendida por especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la dieron de alta el 22 de agosto de 2016. “Entonces, yo me presenté a laborar a la Defensoría, pero cuando llegué, me dijeron que no me podían asignar funciones ni horarios, porque no existía relación laboral.”
Mayela no lo sabía, pero a principios de ese año, el gobierno estatal de Querétaro y la Defensoría de Derechos Humanos de la entidad convinieron una reestructuración de la nómina de este organismo, y en esa reestructuración la plaza de esta empleada administrativa fue eliminada.
Pero la Defensoría no sólo dio por concluida la relación laboral, sino que asumió que ésta nunca había existido, y que Mayela no tenía derecho a una liquidación por sus 12 años de antigüedad.
“Aunque mi plaza fue eliminada desde enero de 2016, en el Seguro Social me siguieron atendiendo, porque por ley no pueden suspenderte un tratamiento, pero desde inicios del año pasado dejé de recibir mi salario. Yo presenté una demanda laboral en febrero de 2016, pero fue hasta agosto, cuando me dieron el alta médica, que pude acudir a ver qué pasaba, por qué me habían dejado de pagar.”
El de Mayela no es un caso aislado. Al menos una decena de personas, la mayoría mujeres, fueron despedidas injustificadamente por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, durante la administración de Miguel Nava Alvarado, por motivos tales como estar embarazadas o negarse a ampliar el horario de trabajo (sin remuneración) a otros empleados.
En febrero de 2017, al frente de la Defensoría fue nombrada la doctora Roxana Ávalos. “Yo me acerqué a la doctora en marzo de 2017 –explica Mayela–, le plantee mi caso, le señalé que yo necesitaba mi trabajo, que necesitaba continuar con mi rehabilitación médica, que necesitaba mi Seguro Social, y ella me dijo que sí, que iba a ver mi situación, pero pasó un mes, y luego otro, y luego otro”.
Fue hasta junio de 2017, detalla Mayela, que logró una reunión con la Defensoría.
“Yo tomo actualmente 11 medicamentos, uno solo me cuesta mil pesos, y otro más, que sólo tiene cinco cápsulas, me cuesta 250 pesos cada cajita… yo tuve que vender mi casa para poder enfrentar esta situación, porque estoy sola, no tengo nadie que me respalde, entonces, mi situación es muy urgente, no puedo estar así indefinidamente, entonces busqué esta reunión, y el área jurídica de la Defensoría me ofreció recontratarme, y pagarme 50% de los salarios caídos”.
Esta oferta, sin embargo, “es algo que no podía aceptar, porque yo no puedo perder mi antigüedad: soy una mujer de 55 años, y para aspirar a una pensión mínima, tendría que trabajar hasta los 70 años.”
En agosto, no obstante, la Defensoría retiró su oferta.
“Tuve otra reunión –lamenta Mayela–, y me dijeron que el titular del área jurídica había sido cambiando, y el nuevo no sabía nada de mi caso, de hecho, llegó preguntándome yo qué quería. En esa última reunión, me dijeron que no había recursos, así de sencillo.”
A dos años de haber sufrido el derrame cerebral, Mayela aún sufre las secuelas, “y no puedo esperar cuatro o cinco años, hasta que esto se resuelva en tribunales laborales –explica–. ¿Cuál es la sensibilidad de la doctora Roxana Ávalos, de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro? Si así tratan a sus mismos empleados, ¿qué puede esperar la demás gente?”
Desde agosto de 2017, Animal Político solicitó una entrevista con la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, para conocer su postura en torno a los casos de despido injustificado, acumulados por la institución durante la administración de su anterior titular, y que se mantienen sin resolver hasta la fecha.
La respuesta del organismo fue que se dirimen en tribunales laborales 14 demandas, y que “estamos a la espera de que el Tribunal emita una determinación en cada uno de los asuntos”.
