[contextly_sidebar id=”rgCr4gATAw0GLzsUghG8QAgFRwtRMe2k”]Dos años de debate después, la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.
El dictamen fue aprobado por unanimidad con 361 votos a favor y será turnada al presidente Enrique Peña Nieto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrada en vigor.
La nueva ley de desaparición forzada deroga varias disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud relacionadas con sanciones por este delito, así como en el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
En mayo pasado, Animal Político publicó un análisis hecho por 14 organizaciones especializadas en el tema, las cuales identificaron ocho fallas o ausencias en el contenido de esta ley (cuando se discutía en el Senado) y que –desde su punto de vista– puede contribuir a la impunidad de los casos y no a su solución.
Entre las deficiencias se encuentra la falta de un registro de víctimas, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona y la ausencia de un instituto forense independiente.
Un paso hacia la justicia… pero ahora faltan los recursos
Organizaciones internacionales reconocieron la aprobación, pero también se pronunciaron para que las autoridades apliquen los protocolos que establece la nueva y la nutran con el dinero público necesario para su funcionamiento.
Ahora será fundamental, dotarla del presupuesto necesario por parte de la Cámara de los Diputados para atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias, consideró el jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, Juan Pedro Schaerer.
Amnistía Internacional aplaudió la aprobación, pero consideró que ahora, “falta mucho, incluyendo el aseguramiento de que la Ley y las instituciones de búsqueda que creó cuenten con recursos suficientes para su implementación”.
En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) precisó que aunque el sufrimiento de las familias de víctimas no es cuantificable, “la voluntad del Estado mexicano para enfrentar el flagelo de la desaparición sí contará con referentes medibles, uno de los cuales será los recursos que se asignen para la implementación de la Ley en los próximos presupuestos de egresos de la federación y de las entidades federativas”.
