El gobierno español aprobó este miércoles enviar un requerimiento al gobierno regional de Cataluña para que especifique si el presidente catalán, Carles Puigdemont, proclamó la independencia.
[contextly_sidebar id=”2gxZ8VpNdNrKun17TuCDZtQEtLS9oNK6″]”Este requerimiento es previo a cualquiera de las medidas del gobierno que puede adoptar al amparo del artículo 155 de la Constitución. El gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles y catalanes”, explicó en conferencia el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros este miércoles.
El artículo 155 le daría poder al gobierno central para adoptar “las medidas necesarias” para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.
“Queremos ofrecer claridad y seguridad jurídica. La respuesta de la Generalitat -el gobierno catalán- marcará los acontecimientos de los próximos días”, agregó Rajoy.
En una conferencia posterior a la de Rajoy, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, dijo que el gobierno español y su partido, el PSOE, acordaron abrir en seis meses una reforma constitucional sobre el modelo de estructura territorial de España.
Sánchez y Rajoy, que se reunieron anoche, comparten la reflexión de que “ha llegado la hora de abordar la reforma constitucional”, explicó el líder socialista.
Pero precisó que el PSOE se va a negar a que la reforma constitucional admita un referéndum de autodeterminación.
Ambigüedad
Puigdemont anunció el martes ante el Parlamento autonómico de Cataluña que “asume” el mandato del pueblo catalán para constituirse en un Estado independiente y pidió a los diputados que suspendieran los efectos de la declaración de independencia para abrir un período de diálogo con el gobierno de Madrid.
La ambigüedad de sus palabras hizo surgir dudas acerca del alcance de las mismas: ¿había declarado o no la independencia?
Posteriormente a la declaración de Puigdemont, los 72 diputados de las fuerzas independentistas (de un total de 135) firmaron un documento en el que declaraban la constitución de una “república catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”.
La comparecencia de Puigdemont fue recibida con críticas en Madrid, pero también con decepción e incluso algún llanto entre los manifestantes independentistas que se reunieron en las inmediaciones del parlamento regional.
La primer reacción desde el gobierno central llegó por parte de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría: “Ni el señor Puigdemont ni nadie puede pretender, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación”.
Ámbito inexplorado
Desde ese momento, muchos especulaban con la activación del artículo 155.
El del artículo 155 es un ámbito todavía inexplorado, porque nunca se desarrolló en leyes concretas y por lo tanto se desconoce cual podría ser todo su alcance.
En ese contexto, ofrece “un marco de discrecionalidad amplio”, cuya aplicación y alcance dependería de la interpretación que de él quiera hacer el gobierno español.
Aunque no hay restricciones explícitas, su aplicación estaría sujeta a la aprobación “por mayoría absoluta del Senado”, según dice el propio artículo.
Eso implicaría que esas medidas que el gobierno considere “necesarias” tendrían que ser concretadas y puestas a debate en un pleno parlamentario, antes de ser sometidas a votación por el senado.
