El juzgado segundo penal dictó auto de formal prisión al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores.
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La autoridad judicial determinó que la Fiscalía Anticorrupción entregó pruebas suficientes para sustentar la acusación de los delitos de peculado y lavado de dinero, supuestamente cometidos por el priista.
Eugenio Hernández fue detenido el pasado viernes en Ciudad Victoria por agentes de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
De acuerdo con Antonio Collado, uno de los abogados de Hernández Flores, la Fiscalía del estado tiene 14 averiguaciones nuevas, de las que aún no son notificados, según Reforma. Por ello la defensa tramitó un amparo.
“Porque el (Fiscal) dijo que habían 14 averiguaciones nuevas que tampoco nos han sido notificadas, no sabemos cuáles son”, indicó el abogado.
El pasado miércoles 11 de octubre, la policía Ministerial de Tamaulipas cateó un rancho propiedad de una empresa en la que el exmandatario tamaulipeco aparece como socio.
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La investigación también señala como probables responsables al exsecretario Alberto Berlanga Bolado, el empresario Fernando Cano Martínez y al exmandatario preso, Tomás Yarrington Ruvalcaba.
De acuerdo con la información proporcionada por fuentes estatales, Yarrington Ruvalcaba presentó una iniciativa a la LVIII Legislatura para transferir nuevos bienes al fideicomiso “Nuevo Santander” en 2001. Los integrantes del Poder Legislativo aprobaron la iniciativa y entre las incorporaciones estuvieron mil 600 hectáreas ubicadas en el puerto industrial de Altamira.
“Nuevo Santander” fue una administración creada para impulsar el desarrollo económico en 1990, durante el mandato de Manuel Cavazos Lerma. En 2001, el fideicomiso vendió las hectáreas a 87 centavos el metro cuadrado a la empresa Materiales y Construcción Villa de Aguayo S.A de C.V., propiedad de Fernando Cano Martínez, señalado como prestanombres del político matamorense. El pago total por el predio fue de 14 millones de pesos, cuando el valor real, plantea la indagatoria, era de 866 millones de pesos.
Cinco años después, en 2007, la empresa GMC S.A de C.V, propiedad del entonces secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Alberto Berlanga Bolado, compró las mismas mil 600 hectáreas. La transacción final fue de 16 millones de pesos. El valor actual en ese momento era de mil 584 millones de pesos.
En la carpeta de investigación los agentes de la Fiscalía Anticorrupción suponen que Eugenio Hernández adquirió el terreno por medio de un prestanombres. También se señala a Tomás Yarrington como responsable de peculado. Además, los agentes revisan los contratos que obtuvieron las constructoras propiedad de Fernando Cano y Alberto Berlanga.
La raíz de la carpeta 67/2017 está en la averiguación previa penal 15/2004. En 2004 se presentó una denuncia por la desincorporación de los terrenos propiedad del estado a particulares. La indagatoria permaneció archivada durante 13 años.
Dicho expediente menciona que los terrenos fueron expropiados por el gobierno federal en 1981 para accesos y otras construcciones en el puerto de Altamira. En 1994 la Federación donó las hectáreas al gobierno del estado, a través de la Empresa Canal Intracostero Tamaulipeco S.A, constituida por el entonces mandatario, Manuel Cavazos Lerma.
Con información de Reforma.
