En Juchitán nunca hemos aplicado la norma estatal de construcción, admite alcadesa
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Foto: Cuartoscuro

En Juchitán nunca hemos aplicado la norma estatal de construcción, admite alcadesa

En Oaxaca hay un reglamento de construcción oficial que fue reformado en 1998 para incluir nuevos criterios de seguridad estructural y nuevos mecanismos de verificación, ¿por qué no se aplica?
Foto: Cuartoscuro
Por Paris Martínez
8 de octubre, 2017
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Los censos preliminares realizados en Juchitán, Oaxaca, indican que en este municipio hay más de 14 mil inmuebles con daños totales o parciales, generados a raíz del sismo del pasado 7 de septiembre. Muchas son construcciones antiguas (con más de 80 años de existencia), sin cimentación y cuyo único material sólido es el adobe o, en el mejor de los casos, ladrillos.

Sin embargo, otro grupo de construcciones derrumbadas durante el sismo está integrado por edificaciones modernas, cuyo desplome puso en evidencia las irregularidades, y la corrupción, implícitas en su edificación.

Se trata de casas y edificios públicos modernos que, por ejemplo, no cuentan con varilla en sus cimientos, sino con alambrón; o que fueron construidas a la vieja usanza, sólo con ladrillo, y los cimientos fueron simulados, sólo para dar la apariencia de solidez, o que contaban con plantas superiores flotadas, soportadas por una losa.

Durante un recorrido por la cabecera municipal de Juchitán, el caso que con mayor frecuencia pudo detectarse fue el de las viviendas que no contaban con columnas de soporte en la planta baja, pero sí en las plantas superiores. En muchos de estos casos, la planta baja era de adobe o ladrillo cocido, pero cargaban estructuras de concreto, varilla y tabique, mucho más pesadas que su base, lo que terminó derrumbándolas durante el temblor del 7 de septiembre.

Además, se pudo constatar que algunas columnas de concreto del mercado principal no estaban conectadas con la trabe que supuestamente sostenían, lo que provocó que esta edificación sufriera daños estructurales graves; así como bancos y otros negocios cuyos cimientos cambian de lugar de planta en planta, o que de plano sólo tienen cimientos en algunas plantas y en otras no, siempre con el mismo resultado: el colapso.

F. es una madre de familia que, como muchos en este municipio, aguarda fuera de su casa derrumbada, en espera del grupo de jóvenes que el gobierno federal contrató para integrar una lista de afectados (lista que, a más de un mes del siniestro, sigue inconclusa).

F. aguarda junto a un un castillo derrumbado, cuya estructura metálica (a la vista tras su caída) es de alambrón electrosoldado, considerablemente más delgado y débil que la varilla. Esa era una de las columnas que sostenía su vivienda, hoy a punto de derrumbarse por completo.

En Juchitán, explica F., como en cualquier parte del país, “para construir tienes que pagar tu permiso, y se lo tienes que pagar al ayuntamiento”, sin embargo, detalla, “ni antes ni ahora ha existido un presidente municipal (en Juchitán) que se preocupara por la seguridad de las construcciones“.

Para las autoridades locales, remata, “si las casas estaban dañadas, era problema de las personas que vivían ahí”.

–¿Y las autoridades municipales no verificaban la seguridad de las casas, luego de otorgar la licencia de construcción?

–No –responde F.–, acá no, la verdad, acá no es así.

Esta falta de aplicación de procedimientos de seguridad estructural, de hecho, hizo del mismo ayuntamiento de Juchitán su presa, ya que incluso el palacio municipal (construido en el siglo XIX y ampliado en distintas ocasiones durante el siglo XX) contaba con secciones erigidas con concreto y materiales pesados, sobre estructuras antiguas conformadas exclusivamente por ladrillo, sin columnas de soporte, mismas que se vinieron abajo con el temblor.


Para conocer qué criterios siguió la administración municipal para verificar la seguridad de las construcciones autorizadas en los años recientes, Animal Político contactó a la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez (PAN-PRD), quien aseguró que en Oaxaca “no hay ningúna reglamentación de las autoridades para poder ver y supervisar una construcción moderna. Cada quien decide, esa es la realidad en Juchitán”.

Lo dicho por la funcionaria, sin embargo, es equivocado, ya que en Oaxaca existe un reglamento de construcción oficial al menos desde 1978, mismo que en 1998 fue reformado para incluir nuevos criterios de seguridad estructural y nuevos mecanismos de verificación.

Luego de hacerle esta precisión, la presidenta municipal reconoció que existe ese reglamento, pero, aclaró, “aquí (en Juchitán) no aplica. Nunca ha aplicado”.

Según el reglamento estatal de construcciones, la aplicación de esta normativa está en manos tanto del gobierno estatal, como de los ayuntamientos, los cuales, en igual medida, cuentan con facultades para verificar la seguridad de toda construcción antes de que inicie su edificación, e incluso después.

De hecho, este reglamento obliga tanto a los gobiernos municipales como al estatal a demoler aquellas construcciones (modernas o antiguas) que representen un riesgo para la población, o a realizar las obras que garanticen dicha seguridad (cargándole el costo a los propietarios).

No obstante, explicó la alcaldesa Gloria Sánchez, “como nunca hubo un sismo de tal magnitud, no había ninguna cuestión estricta en las reglas de construcción (en Juchitán), y así han pasado muchísimas administraciones”.

Tal como explicó la funcionaria, la omisión en la aplicación del reglamento es lo que le ha permitido a Juchitán mantener su “originalidad”, es decir, sus construcciones “autóctonas, sin varillas en las esquinas, sin refuerzos”, por ello, reveló, en la actualidad busca un convenio con las autoridades estatales y federales, que permita reconstruir estas casas en su forma inicial, con los materiales originales.

Aunque ella misma reconoció que muchas de esas casas construidas con técnicas antiguas se vinieron abajo con el sismo, confió en que “con este sismo se van a establecer nuevas reglas y normativas para hacerle ver a la gente que así debe de ser, con ciertos requisitos (de seguridad), pero si la gente no quiere, nosotros, como autoridad, no podemos obligarlos”.

La realidad del municipio es muy sencilla, explica por su parte L., vecino de Juchitán y dueño de un restaurante: “Aquí nadie verifica nada, sólo cobran, y si tú quieres hacer algo que no esté permitido, nomás pagas y ya”.

L. pone un ejemplo: “Cerca del Tecnológico (de Juchitán) hay unas construcciones privadas que apenas hicieron este 2017, pero las construcciones se comieron como 60 centímetros de la banqueta, ya no dejaron espacio para caminar por ahí, y nadie les dijo nada. No les importó que por ahí pasan todos los estudiantes del Tecnológico, y ellos ahora tienen que caminar por el paso vehicular, que está tremendo (efectivamente, en Juchitán no existe respeto por el peatón). ¿Tú crees que vino (la dirección municipal de) Obras a decirles a los dueños de esa construcción que respetaran la banqueta, que le dejaran un paso a los estudiantes? Jamás. Pa’ terminar rápido: hay mucha corrupción acá. Aquí, a la presidenta municipal le dicen Gloria Trump”.

–¿Por qué?

–Porque apuesta a cosas que no están bien, como querer limpiar a la fuerza el centro (del municipio), limpiarlo de ambulantes, y como la gente no se quiso ir, metió a la policía para desalojarlos… Detrás de ella está su hermano, Héctor Sánchez, y ambos forman parte de un grupo político que desde los 80 gobiernan Juchitán. Aquí se ha hecho una mafia, el mismo grupo gobierna desde hace muchos años, y nada más se van intercambiando los puestos: el de Tesorería pasa a presidente municipal; y el de Obras a Tesorería; y cada trienio se intercambian cargos, nada más. Gloria Sánchez ha sido varias veces funcionaria municipal, en gobiernos del PRI, del PRD, y cuando llegó a la presidencia, fue candidata del PRD y del PAN.

Ese grupo político que ostenta el control de Juchitán, concluye L., es el responsable del derrumbe de las construcciones del municipio, tanto como el sismo del pasado 7 de septiembre.

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3 decisiones de Trump que complicarán el arranque de Biden como presidente

Desde Cuba a Taiwán o Irán: el gobierno de Trump ha tomado importantes decisiones que pueden complicar los planes del nuevo presidente.
20 de enero, 2021
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En Estados Unidos, se denomina “pato cojo” o “rengo” (de “lame duck”) a un presidente saliente en el periodo que va desde la elección de su sucesor hasta su efectiva toma de posesión.

El adjetivo de “cojo” hace referencia a la supuesta poca capacidad del mandatario saliente de “moverse” políticamente en ese periodo. Pero, como en tantas otras ocasiones, el gobierno de Donald Trump ha roto con lo establecido.

En las últimas semanas y días, el Ejecutivo ha tomado importantes decisiones en materia de política exterior que pueden complicar los planes de Joe Biden, que tomó posesión como el 46º presidente de EE.UU. este miércoles 20 de enero.

Estos son algunos ejemplos.

1. Cuba

El pasado 11 de enero, a poco más de una semana del traspaso de poder, el gobierno de Trump hizo un anuncio con importantes repercusiones para América Latina: devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo.

“Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje: el régimen castrista debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.

Para argumentar esa decisión, Pompeo señaló la negativa de Cuba a extraditar a miembros del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de Colombia tras un atentado con bomba en enero de 2019 en un academia policial de Bogotá en el que murieron 22 personas.

Además, habló de la alianza de Cuba con Venezuela, donde Estados Unidos promueve un cambio de gobierno.

En 2015, el expresidente Barack Obama había sacado a Cuba de esa misma lista, en la que llevaba desde 1982, dando un paso fundamental en el “deshielo” que un año después resultaría en la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países, si bien con Trump la postura de EE.UU. se volvió a endurecer.

Raúl Castro y Barack Obama.

Getty Images
Cuba y Estados Unidos reanudaron relaciones en 2016.

Biden ha expresado su voluntad de mejorar las relaciones con la isla, restableciendo algún nivel del compromiso iniciado con Obama -que incluye permitir que los cubanoestadounidenses visiten a sus familiares y envíen dinero-, pero ese paso puede verse ralentizado por las últimas medidas.

Para revertir la inclusión de Cuba en la lista, por ejemplo, el Departamento de Estado debe llevar a cabo una revisión formal que puede durar meses, advierten los analistas.

“Darle la vuelta a esta designación requiere tiempo”, señalaba a BBC Mundo John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, tras conocerse la última acción.

Kavulich aseguró, además, que para el gobierno de Biden puede ser un problema la conexión que Trump hizo entre Cuba y Venezuela.

Maduro y Díaz Canel

Getty Images
Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel son dos buenos aliados.

“La administración Trump conectó con éxito Cuba con Venezuela y el gobierno entrante de Biden lo ha hecho también. Puede haber incluso presión de congresistas para agregar a Venezuela a la lista en lugar de para quitar a Cuba”, manifestó.

2. China

Varias decisiones sobre China tomadas por el gobierno saliente de Trump volvieron a tensar la relación entre las dos potencias.

La primera de ellas se produjo el 9 de enero, cuando Pompeo anunció el levantamiento de las restricciones sobre contactos entre diplomáticos estadounidenses y taiwaneses, rompiendo con una política mantenida por décadas por la Casa Blanca.

China considera a la democrática Taiwán parte indisputable de su territorio y habitualmente describe a la que considera una “isla rebelde” como el asunto más delicado en sus lazos con EE.UU.

"La relación entre EE.UU. y Taiwán no necesita, ni debe, estar encadenada a las restricciones autoimpuestas de nuestra burocracia permanente"", Source: Mike Pompeo, Source description: Secretario de Estado saliente de EE.UU. , Image: Mike Pompeo

A pesar de que EE.UU., como la mayoría de países en el mundo, no mantiene relaciones formales con Taiwán, el gobierno de Trump ha aumentado su acciones de respaldo a la isla, a través de la venta de armas o la legislación para ayudar a Taipei a gestionar la presión de Pekín.

Tras cuatro años de profundo deterioro de las relaciones entre las dos potencias mundiales, esta última medida fue vista como un intento del líder republicano de fijar la línea dura contra China antes de la toma de posesión de Biden.

“La administración Biden estará legítimamente descontenta con que una decisión política como esta se realice en los últimos días de la de Trump”, consideró Bonnie Glaser, una de las mayores expertas en la relación sino-estadounidense en EE.UU., en declaraciones a Reuters.

Glaser, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, explicó que algunos ejemplos de las restricciones que Pompeo levantó incluían que funcionarios taiwaneses no pudieran entrar en el Departamento de Estado y, por tanto, tuvieran que reunirse en hoteles.

Map

Un funcionario del equipo de transición de Biden señaló que una vez que el presidente electo asuma el poder continuará apoyando “la resolución pacífica de los asuntos entre las dos orillas del Estrecho en consecuencia de los deseos y el interés de la sociedad de Taiwán”.

A la decisión sobre Taiwán, se sumó otro duro golpe de EE.UU. a China el último día de presidencia de Trump: la declaración de las acciones de Pekín contra los uigures de Xinjiang como “genocidio” y “crímenes contra la Humanidad”, lo que agriarán aun más las relaciones.

3. Irán

El gobierno de Trump también redobló su ofensiva contra Irán en este último tramo de su presidencia.

El 12 de enero, Pompeo acusó al país persa de ser “la nueva sede central” de Al Qaeda y mantener vínculos estrechos con el grupo terrorista.

Pompeo no aportó pruebas de sus acusaciones. Teherán las consideró “mentiras belicistas”.

Las declaraciones de Pompeo poco antes de su salida fueron vistas como un intento de reforzar la presión sobre Teherán antes de la llegada de Biden, que se espera que intente regresar al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias, del que Trump retiró a EE.UU. en 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=WBlUC1mCPRs&feature=emb_title

A ello se sumó hace unos días el anuncio del Departamento de Estado de que declarará a los rebeldes hutíes de Yemen como organización terrorista, una acción que “se llevaba esperando meses” y que se teme que agrave la crisis humanitaria en el país, explicaba la corresponsal jefe de Internacional de la BBC Lyse Doucet.

“Los aliados de EE.UU. en el Golfo respaldan esta medida, pensada para enviar un duro mensaje a Irán“, ahondaba la periodista.

Los hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, llevan luchando desde 2015 contra una coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen en una guerra que ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Mapa de Yemen

BBC

Algunos, decía la periodista, creen que la medida puede proporcionar una “valiosa moneda de cambio” al gobierno de Biden para conseguir concesiones, “pero diplomáticos occidentales involucrados en los prolongados esfuerzos para empezar un proceso político que ponga fin a la destructiva guerra están convencidos de que esto lo pondrá aún más difícil”.

Terminar con la guerra en Yemen, una idea que Obama inicialmente apoyó, será una prioridad para el equipo de Biden, destacó Doucet; por lo que esta decisión de última hora, que entrará en vigor un día antes del relevo de poder, puede que trastoque los planes del nuevo ocupante de la Casa Blanca.


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