En Juchitán nunca hemos aplicado la norma estatal de construcción, admite alcadesa
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Foto: Cuartoscuro

En Juchitán nunca hemos aplicado la norma estatal de construcción, admite alcadesa

En Oaxaca hay un reglamento de construcción oficial que fue reformado en 1998 para incluir nuevos criterios de seguridad estructural y nuevos mecanismos de verificación, ¿por qué no se aplica?
Foto: Cuartoscuro
Por Paris Martínez
8 de octubre, 2017
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Los censos preliminares realizados en Juchitán, Oaxaca, indican que en este municipio hay más de 14 mil inmuebles con daños totales o parciales, generados a raíz del sismo del pasado 7 de septiembre. Muchas son construcciones antiguas (con más de 80 años de existencia), sin cimentación y cuyo único material sólido es el adobe o, en el mejor de los casos, ladrillos.

Sin embargo, otro grupo de construcciones derrumbadas durante el sismo está integrado por edificaciones modernas, cuyo desplome puso en evidencia las irregularidades, y la corrupción, implícitas en su edificación.

Se trata de casas y edificios públicos modernos que, por ejemplo, no cuentan con varilla en sus cimientos, sino con alambrón; o que fueron construidas a la vieja usanza, sólo con ladrillo, y los cimientos fueron simulados, sólo para dar la apariencia de solidez, o que contaban con plantas superiores flotadas, soportadas por una losa.

Durante un recorrido por la cabecera municipal de Juchitán, el caso que con mayor frecuencia pudo detectarse fue el de las viviendas que no contaban con columnas de soporte en la planta baja, pero sí en las plantas superiores. En muchos de estos casos, la planta baja era de adobe o ladrillo cocido, pero cargaban estructuras de concreto, varilla y tabique, mucho más pesadas que su base, lo que terminó derrumbándolas durante el temblor del 7 de septiembre.

Además, se pudo constatar que algunas columnas de concreto del mercado principal no estaban conectadas con la trabe que supuestamente sostenían, lo que provocó que esta edificación sufriera daños estructurales graves; así como bancos y otros negocios cuyos cimientos cambian de lugar de planta en planta, o que de plano sólo tienen cimientos en algunas plantas y en otras no, siempre con el mismo resultado: el colapso.

F. es una madre de familia que, como muchos en este municipio, aguarda fuera de su casa derrumbada, en espera del grupo de jóvenes que el gobierno federal contrató para integrar una lista de afectados (lista que, a más de un mes del siniestro, sigue inconclusa).

F. aguarda junto a un un castillo derrumbado, cuya estructura metálica (a la vista tras su caída) es de alambrón electrosoldado, considerablemente más delgado y débil que la varilla. Esa era una de las columnas que sostenía su vivienda, hoy a punto de derrumbarse por completo.

En Juchitán, explica F., como en cualquier parte del país, “para construir tienes que pagar tu permiso, y se lo tienes que pagar al ayuntamiento”, sin embargo, detalla, “ni antes ni ahora ha existido un presidente municipal (en Juchitán) que se preocupara por la seguridad de las construcciones“.

Para las autoridades locales, remata, “si las casas estaban dañadas, era problema de las personas que vivían ahí”.

–¿Y las autoridades municipales no verificaban la seguridad de las casas, luego de otorgar la licencia de construcción?

–No –responde F.–, acá no, la verdad, acá no es así.

Esta falta de aplicación de procedimientos de seguridad estructural, de hecho, hizo del mismo ayuntamiento de Juchitán su presa, ya que incluso el palacio municipal (construido en el siglo XIX y ampliado en distintas ocasiones durante el siglo XX) contaba con secciones erigidas con concreto y materiales pesados, sobre estructuras antiguas conformadas exclusivamente por ladrillo, sin columnas de soporte, mismas que se vinieron abajo con el temblor.


Para conocer qué criterios siguió la administración municipal para verificar la seguridad de las construcciones autorizadas en los años recientes, Animal Político contactó a la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez (PAN-PRD), quien aseguró que en Oaxaca “no hay ningúna reglamentación de las autoridades para poder ver y supervisar una construcción moderna. Cada quien decide, esa es la realidad en Juchitán”.

Lo dicho por la funcionaria, sin embargo, es equivocado, ya que en Oaxaca existe un reglamento de construcción oficial al menos desde 1978, mismo que en 1998 fue reformado para incluir nuevos criterios de seguridad estructural y nuevos mecanismos de verificación.

Luego de hacerle esta precisión, la presidenta municipal reconoció que existe ese reglamento, pero, aclaró, “aquí (en Juchitán) no aplica. Nunca ha aplicado”.

Según el reglamento estatal de construcciones, la aplicación de esta normativa está en manos tanto del gobierno estatal, como de los ayuntamientos, los cuales, en igual medida, cuentan con facultades para verificar la seguridad de toda construcción antes de que inicie su edificación, e incluso después.

De hecho, este reglamento obliga tanto a los gobiernos municipales como al estatal a demoler aquellas construcciones (modernas o antiguas) que representen un riesgo para la población, o a realizar las obras que garanticen dicha seguridad (cargándole el costo a los propietarios).

No obstante, explicó la alcaldesa Gloria Sánchez, “como nunca hubo un sismo de tal magnitud, no había ninguna cuestión estricta en las reglas de construcción (en Juchitán), y así han pasado muchísimas administraciones”.

Tal como explicó la funcionaria, la omisión en la aplicación del reglamento es lo que le ha permitido a Juchitán mantener su “originalidad”, es decir, sus construcciones “autóctonas, sin varillas en las esquinas, sin refuerzos”, por ello, reveló, en la actualidad busca un convenio con las autoridades estatales y federales, que permita reconstruir estas casas en su forma inicial, con los materiales originales.

Aunque ella misma reconoció que muchas de esas casas construidas con técnicas antiguas se vinieron abajo con el sismo, confió en que “con este sismo se van a establecer nuevas reglas y normativas para hacerle ver a la gente que así debe de ser, con ciertos requisitos (de seguridad), pero si la gente no quiere, nosotros, como autoridad, no podemos obligarlos”.

La realidad del municipio es muy sencilla, explica por su parte L., vecino de Juchitán y dueño de un restaurante: “Aquí nadie verifica nada, sólo cobran, y si tú quieres hacer algo que no esté permitido, nomás pagas y ya”.

L. pone un ejemplo: “Cerca del Tecnológico (de Juchitán) hay unas construcciones privadas que apenas hicieron este 2017, pero las construcciones se comieron como 60 centímetros de la banqueta, ya no dejaron espacio para caminar por ahí, y nadie les dijo nada. No les importó que por ahí pasan todos los estudiantes del Tecnológico, y ellos ahora tienen que caminar por el paso vehicular, que está tremendo (efectivamente, en Juchitán no existe respeto por el peatón). ¿Tú crees que vino (la dirección municipal de) Obras a decirles a los dueños de esa construcción que respetaran la banqueta, que le dejaran un paso a los estudiantes? Jamás. Pa’ terminar rápido: hay mucha corrupción acá. Aquí, a la presidenta municipal le dicen Gloria Trump”.

–¿Por qué?

–Porque apuesta a cosas que no están bien, como querer limpiar a la fuerza el centro (del municipio), limpiarlo de ambulantes, y como la gente no se quiso ir, metió a la policía para desalojarlos… Detrás de ella está su hermano, Héctor Sánchez, y ambos forman parte de un grupo político que desde los 80 gobiernan Juchitán. Aquí se ha hecho una mafia, el mismo grupo gobierna desde hace muchos años, y nada más se van intercambiando los puestos: el de Tesorería pasa a presidente municipal; y el de Obras a Tesorería; y cada trienio se intercambian cargos, nada más. Gloria Sánchez ha sido varias veces funcionaria municipal, en gobiernos del PRI, del PRD, y cuando llegó a la presidencia, fue candidata del PRD y del PAN.

Ese grupo político que ostenta el control de Juchitán, concluye L., es el responsable del derrumbe de las construcciones del municipio, tanto como el sismo del pasado 7 de septiembre.

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¿Es la inflación más dañina que la recesión?

Las medidas que toman las autoridades para detener la inflación, como subir el costo de los créditos, le ponen un freno a la economía. Si las tasas de interés son demasiado altas y el freno económico demasiado profundo, puede llegar una recesión.
11 de agosto, 2022
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Hay que apagar el fuego antes de que se salga de control.

Esa parece ser la consigna de los países afectados por la gigantesca inflación que recorre el mundo y que ha llegado a máximos históricos en décadas.

Con Alemania marcando el nivel más alto en casi medio siglo -en medio de una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania-, Estados Unidos y Reino Unido en el más alto nivel de los últimos 40 años y América Latina también bajo presión por la escalada en el costo de la vida, los bomberos están trabajando a toda velocidad.

Bomberos encargados de la política fiscal y monetaria de los países que intentan apagar una hoguera sin descuidar otro foco de incendio: la recesión.

Empleado de un fondo de inversiones mira varias pantallas de computadora

Getty Images

Pues bien, ¿qué tiene que ver la inflación alta con una recesión económica?

Mucho. Cuando se dispara la inflación, los bancos centrales suben las tasas de interés (el costo de los créditos) para desincentivar la compra de bienes o servicios.

Es una política que busca reducir el consumo y las inversiones con la esperanza de que bajen los precios.

Con este mecanismo se controla la inflación pero, al mismo tiempo, se frena el crecimiento económico.

Si el frenazo es demasiado grande, la economía se estanca y aumentan las posibilidades de que el país entre en recesión.

Trabajador estadounidense

Getty Images

Frente a este dilema las autoridades tienen que hacer de equilibrista y preguntarse: hasta dónde puedo subir las tasas de interés sin ahogar demasiado la economía.

Y ese equilibrio precario entre inflación y recesión es lo que tiene a los economistas tratando de apagar un incendio sin echarle leña al otro.

De ahí viene la pregunta: ¿es peor la inflación o una recesión económica?

El mal menor

No es tanto cuál es peor, sino qué es lo primero que hay que atajar. Yo creo que un país que quiere mantener su estabilidad macroeconómica, no puede permitirse una inflación elevada”, argumenta Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la universidad IE Business School, España.

“Una recesión es un mal menor comparado con una inflación persistente en la economía”, dice en diálogo con BBC Mundo.

cONSUMIDORA CON CAJA DE FRESAS EN LA MANO

Getty Images

Benjamin Gedan, director adjunto del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU., también argumenta que disminuir el costo de la vida es algo prioritario.

Las dos cosas son malas, pero la inflación es más difícil de superar en muchos casos”, apunta el experto.

Una inflación crónicamente alta, agrega, le impone muchos costos a una sociedad.

No solo se trata del frenazo económico. “También crea tensiones sociales, ya que los trabajadores exigen aumentos salariales recurrentes, los propietarios exigen subidas del alquiler y los comerciantes deciden aplicar repetidos aumentos de precios”, le dice Gedan a BBC Mundo.

Desde otra perspectiva, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC) de México, agrega al debate que controlar una inflación elevada puede tomar muchos años, mientras que las recesiones, al menos en los últimos años, se han podido superar más rápidamente.

Persona comprando gasolina en Estados Unidos

Getty Images

“En este momento es fundamental contener la inflación porque las experiencias de los últimos 50 años nos muestran que una espiral inflacionaria acaba desencadenando una recesión”, le dice el economista a BBC Mundo.

“Se puede atajar una recesión sin que esto implique inflación, pero en el otro caso, la inflación termina provocando una crisis”.

Estados Unidos, por ejemplo, “está pagando el costo de un error”, agrega, porque las autoridades dejaron pasar mucho tiempo antes de subir las tasas de interés para controlar el consumo y la inversión.

De esa manera, la demanda siguió alta y los precios continuaron escalando, señala de la Cruz, sin que se eliminaran los incentivos para seguir gastando.

¿Qué pasa en América Latina?

Tal como está ocurriendo en otras partes del mundo, Latinoamérica también ha sufrido la ola inflacionaria.

En países como Chile, la inflación se disparó a un histórico 13,1% (la mayor en casi tres décadas), seguido por Brasil y Colombia (superando los dos dígitos), mientras países como Perú y México, donde la espiral inflacionaria es un poco menor, también han sufrido las consecuencias de precios que están dejando huellas aún más profundas en los sectores más vulnerables.

Mujer en supermercado, foto genérica.

Getty Images

Argentina, que sufre un problema crónico de inflación, tiene la herida abierta con un aumento anual del costo de vida de 64%.

Ante este escenario, los bancos centrales de la región han aplicado históricos aumentos de las tasas de interés para tratar de sacarle la presión a la olla.

En los buenos tiempos económicos, muchos gobiernos solían ponerse como meta inflacionaria un rango de entre 2% a 4%.

Pero ahora que el costo del crédito está disparado, esas metas se esfumaron, al menos por ahora.

Brasil, por ejemplo, tiene sus tipos de interés en 13,7%, mientras que en Chile el costo de los préstamos escaló a un máximo histórico de 9,7% y en Colombia al 9%.

Pocas ganas les quedan a los consumidores que aspiraban a comprarse una casa con un crédito bancario, o a los empresarios que pensaban renovar equipos, ampliar sus operaciones o iniciar nuevos proyectos de inversión.

Manos con billetes chilenos

Getty Images

Claramente la época del “dinero barato”, es decir, de los préstamos más asequibles, quedó en el pasado.

Tan veloz y profundo han sido el aumento del costo del crédito, que los economistas esperan ver resultados prontamente.

De hecho, en países como Estados Unidos o Brasil, la inflación dio una tregua y disminuyó levemente, aumentando las expectativas de que los precios podrían estar alcanzando sus niveles máximos.

¿Quiénes son los más perjudicados con la inflación?

“Lo peor de todo es que la inflación es un impuesto sobre los pobres, que tienen escasos ahorros y normalmente trabajan en el sector informal, con poca capacidad para proteger su poder adquisitivo”, explica Gedan.

“Dada la pobreza generalizada de la región y el gigantesco sector informal, los impactos de la inflación son particularmente severos en América Latina”, apunta.

Trabajadora colombiana en empresa textil.

Getty Images

En ese sentido, las autoridades no han dudado en subir las tasas, especialmente por los episodios de escalada de precios en Latinoamérica en las décadas pasadas.

“Es que dados los traumas pasados ​​de la región con la hiperinflación y el deseo de conservar la credibilidad ganada con tanto esfuerzo de los bancos centrales, no sorprende ver medidas rápidas en muchos países para frenar los aumentos de precios”, dice el experto.

El debate en Estados Unidos

Si bien inflación y recesión son dos amenazas económicas de alto calibre, en Estados Unidos el debate se ha centrado en cuánto y a qué velocidad la Reserva Federal (el equivalente al banco central en otros países) debe seguir subiendo las tasas para detener la escalada de los precios.

Criticada por no haber actuado antes, la Fed se ha embarcado este año en una serie de subidas de los tipos de interés.

Y como esas subidas le ponen un freno a la economía, la pregunta que muchos se hacen es si Estados Unidos caerá o no caerá en una recesión con todas sus letras.

Porque ya está atravesando lo que se conoce como una “recesión técnica”, equivalente a dos trimestres seguidos de contracción económica.

Foto genérica de buque carguero con contenedores y bandera de Estados Unidos.

Getty Images

Pero en EE.UU. esos números rojos no representan una verdadera recesión, según los estándares que se utilizan en ese país.

El árbitro que la define, por decirlo de alguna manera, es una organización independiente: la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés).

En ella participan destacados economistas que se reúnen regularmente y analizan todas las variables que pueden incidir en un proceso recesivo.

La definición que ellos utilizan está lejos de ser una fórmula matemática: “Una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses”.

El enfoque del comité de economistas es que, si bien cada uno de los tres criterios (profundidad, difusión y duración) debe cumplirse individualmente hasta cierto punto, las condiciones extremas reveladas por un criterio pueden compensar parcialmente las indicaciones más débiles de otro.

Precisamente porque no es una fórmula infalible hay tanto debate en Estados Unidos sobre si realmente el país va camino a una recesión o si no llegará a ese punto.

Las máximas autoridades del país (encargadas de la política fiscal y monetaria) se han mostrado optimistas argumentando que el mercado del trabajo se mantiene fuerte.

Y en julio la inflación bajó levemente (de 9,1% a 8,5%), aportando una cuota de alivio frente a los pronósticos que consideraban como inevitable una recesión en el país.


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