Llevan comedia en vivo a las prisiones de mujeres en México
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Llevan comedia en vivo a las prisiones de mujeres en México

Sofía Niño de Rivera ofreció 10 talleres de comedia en vivo (stand-up comedy) en Santa Martha Acatitla; la idea es ayudar a mujeres en prisiones, a superar la depresión.
BBC Mundo
Por Duncan Tucker BBC, Pachuca, México
23 de octubre, 2017
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Mejor conocida por sus espectáculos y giras de comedia en vivo, Sofía Niño de Rivera es una de las más famosas comediantes latinoamericanas.

La mujer de 35 años, procedente de Ciudad de México, hace reír al público desde hace años. Pero recientemente se embarcó en una misión más seria: apoyar a las mujeres vulnerables en las peligrosas prisiones de México.

En un intento por ayudar a las reclusas a superar su frustración y depresión,Niño de Rivera ofreció 10 talleres de comedia en vivo (stand-up comedy)en la enorme penitenciaría de Santa Martha Acatitla, en la capital, durante el verano.

El proyecto surgió después de que su prima, Saskia Niño de Rivera, le pidió hacer una presentación para reunir fondos para Reinserta, una organización de caridad que dirige para mejorar las condiciones de las cárceles mexicanas.

La comediante aceptó, pero quería hacer algo más que reunir dinero. Acordaron que los talleres de comedia en vivo podrían ayudar a las reclusas a usar la comedia como una escape emocional para beneficiar su salud mental.

“El stand-up realmente es una herramienta catártica psicológica. Me ha ayudado mucho en mi vida”, dice Sofía en un hotel en Guadalajara, una mañana después de una presentación en la que se agotaron las entradas.

“Las mujeres en prisión no tienen muchas herramientas para ayudarles a manejar sus asuntos emocionales”, agrega. “Creo que la stand-up es algo que puede ayudarlas”.

Público difícil

Las mujeres suman sólo 5% de los 211,000 pobladores de las cárceles mexicanas, pero reciben menos visitas y es más probable que se vean abandonadas por sus familias que los hombres presos, según un sondeo de Reinserta.

Saskia, la abogada y filántropa que fundó Reinserta en 2013, afirma que las reclusas rara vez tienen acceso a lecciones de psicólogos y encuentran difícil poner en práctica las lecciones terapéuticas cuando están en “modo de supervivencia” en sus celdas.

Sofía Niño de RiveraYARA CAVAZOS
Sofía Niño de Rivera dando uno de sus talleres.

La combinación del perfil público de su prima y la experiencia de Reinserta trabajando en las cárceles lograron convencer a las autoridades de las prisiones de que apoyaran el proyecto, pero fue más difícil persuadir a las reclusas para que participaran.

“Fue muy difícil porque el stand-up es un concepto relativamente nuevo en México”, afirma Saskia. “Las mujeres en prisión no saben quién es Sofía o que es la stand-up, así que no fue fácil introducir esta actividad”.

En lugar de hacer presentaciones, Sofía les enseñó a las reclusas a reírse de sus propias experiencias.

También invitó a otros comediantes mexicanos a que presentaran actos especialmente diseñados con bromas en las que las reclusas pudieran identificar su vida tras las rejas.

Al principio las mujeres se mostraron renuentes a abrirse, pero Sofía gradualmente comenzó a ganar su confianza.

“Es muy difícil mostrarles el stand-up, pero ha sido muy interesante aprender sus historias y observar cómo lo hacen”, dice Sofía. “Es una herramienta que no sabían que tenían”.

Niños dentro de la penitenciaría de Santa Martha AcatitlaYARA CAVAZOS
Reinserta también trabaja con niños que viven dentro de la prisión.

Aunque Sofía alienta a las reclusas a que hagan bromas de la difícil situación que las rodea, les advierte que deben ser cuidadosas para escoger el momento adecuado.

“No es algo que puedan usar de forma muy pública”, dice y afirma que una mujer fue transferida a una celda con condiciones más estrictas por burlarse de la forma como hablaba un guardia.

Interior “inseguro”

Sofía y Saskia actualmente están trabajando en un documental para incrementar la concienciación sobre las condiciones de las prisiones sobrepobladas e inseguras de México.

Un reciente sondeo del gobierno reveló que casi la mitad de los reclusos comparten su celda con más de cinco prisioneros, casi un tercio se sienten inseguros y uno de cada cinco tiene esta sensación en su propia celda.

El año pasado, uno de cada tres prisioneros fue víctima de alguna conducta ilegal, incluido robo, lesiones, extorsiones, amenazas y asalto sexual.

Y cuatro de cada 10 reclusos ha sufrido de corrupción, con guardias cobrándoles por recibir visitantes, por ropa de cama, alimentos, agua potable o atención médica.

Los disturbios violentos en las prisiones son comunes. Más de una decena de presos murieron en un enfrentamiento en una cárcel de Nuevo León la semana pasada.

Prisión de Las Cruces en AcapulcoGETTY IMAGES
En un disturbio en julio en la prisión de Las Cruces en Acapulco murieron 28 personas.

Hazael Ruíz, el subsecretario del sistema penitenciario de Ciudad de México, dice que los talleres de comedia en vivo han ayudado a reducir las tensiones en Santa Martha Acatitla.

Ahora está planeando más sesiones en otra prisión de mujeres y posiblemente en una de hombres.

“Las jóvenes que han participado han mostrado un cambio muy positivo de actitud”, dice Ruiz. “Con el stand-up han encontrado las herramientas para canalizar la negatividad que experimentan a través de la comedia”.

El humor “hace más agradable la vida diaria”, agrega. “Se llevan mejor, con menos tensión que los otros, y su nueva visión de vida es contagiosa”.

Sofía se siente alentada por el progreso, pero advierte que México debe hacer más para generar condiciones más humanas de vida en las cárceles.

“México se beneficiaría si la gente dentro de una prisión realmente se rehabilita y, cuando sale, no toma drogas o se vuelven asesinos”, dice.

“La prisión es como un pequeño México y cada vez que hoy allí pienso: ‘Este país tiene mucho que cambiar y tiene que cambiar rápido”.

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Cuartoscuro

Poder Judicial de Tamaulipas reserva las declaraciones de los policías acusados de la masacre de Camargo

Argumenta que el caso está bajo investigación y que la matanza de 19 personas todavía no puede ser clasificada como “grave violación a los derechos humanos”.
Cuartoscuro
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Las declaraciones de los 12 policías que están en prisión por la masacre de Camargo, Tamaulipas, se mantendrán secretas por el momento.

Así lo determinó el Poder Judicial del estado norteño ante una solicitud de transparencia formulada por Animal Político. Los agentes de la Policía Estatal están acusados de los delitos homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y fueron detenidos días después del hallazgo de 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. 

Todos ellos declararon ante la jueza de Ciudad Victoria los días 3 y 8 de febrero y posteriormente quedaron vinculados a proceso dentro de la causa 23/2021 que investiga la masacre. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a la contingencia por COVID-19 y ahora las autoridades quieren guardar bajo llave su contenido.

Por el momento estas declaraciones seguirán bajo reserva durante cinco años o hasta que se firme una sentencia que no pueda ser recurrida. El Poder Judicial de Tamaulipas argumenta que dar publicidad a la carpeta de investigación podría perjudicar tanto a los acusados, que gozan de la presunción de inocencia, como a las víctimas, porque podría dañarse la investigación. 

“El hecho de hacer públicas las audiencias, y constancias procesales que integran la causa penal 23/2021, con motivo de la investigación y culminación de la misma realizada por la fiscalía, permitir el acceso al expediente a personas no autorizadas, podría generar un daño irreparable en la investigación y persecución del delito, que iría en perjuicio tanto de las víctimas u ofendidos, como de los imputados”, dice la juez en su resolución. 

En este sentido, reconoce el derecho de las víctimas y policías a conocer la verdad de lo que ocurrió, pero considera que, para ello, está prevista la investigación de la Fiscalía.

A su vez, advierte de que la publicidad de las declaraciones podría perjudicar a las pesquisas y facilitar la impunidad.

“La investigación podría verse obstaculizada, culminando en una sentencia absolutoria”, dice el Poder Judicial al justificar su reserva, y añade que la publicidad haría que se conociesen los datos que llevaron al auto de vinculación a proceso, cuando los acusados todavía gozan del principio de presunción de inocencia. 

A la espera de la CNDH 

Según la Ley de Transparencia del estado de Tamaulipas (al igual que ocurre en la ley federal) los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no pueden ser declarados como reservados. Sin embargo, la jueza considera que hasta el momento, el asesinato de 19 personas no puede considerarse como una violación grave a los derechos humanos ya que el caso se encuentra todavía en fase de investigación complementaria. 

“No se puede emitir un pronunciamiento en ese sentido, esto es, si existen o no violaciones graves a derechos humanos, toda vez que el mismo se encuentra en etapa de investigación complementaria”, dice en su argumentación. 

Además, recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó una investigación de oficio. “Con esto se hace notar que, para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos, previamente se debe de tener la información completa, a fin de poder valorar si las particularidades del caso se ajustan a los criterios (cuantitativos o cualitativos) establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice.

La Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho se presentó ante las autoridades para ser parte del proceso, pero hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria. Esta organización ya representa a migrantes asesinados en su tránsito hacia el norte, como las víctimas de la matanza de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, o las fosas aparecidas en Cadereyta, Nuevo León, dos años más tarde. 

Todos los interrogantes pendientes

Hasta el momento, apenas hay datos sobre qué ocurrió en la comunidad de Santa Anita, Camargo, Tamaulipas. Los cuerpos de 19 personas calcinadas fueron encontrados el pasado 22 de enero. La mayoría de las víctimas, que ya han sido identificadas, son migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. Con ellos viajaban también ciudadanos mexicanos que, según la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, se dedicaban al tráfico ilegal de personas. 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó que cinco personas sobrevivieron al ataque y se encuentran actualmente en EU como testigos protegidos. 

Las familias de las víctimas fueron las primeras en dar la voz de alarma, ya que recibieron el aviso de los coyotes que les advirtieron que sus familiares habían sido asesinados. Ahora aguardan en Guatemala la repatriación de los cuerpos, que podría tener lugar dentro de las próximas dos semanas, una vez se complete el proceso de identificación. 

Tras la masacre fueron detenidos 12 policías estatales y ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron apartados de sus puestos después de que en el lugar del crimen apareciese una camioneta que meses antes fue asegurada en Nuevo León en un operativo contra el tráfico de personas. 

La zona en la que aparecieron los cuerpos está ubicada en medio del conflicto que mantienen desde hace años dos de los principales cárteles que operan en Tamaulipas. Por un lado, el Cártel del Golfo y, por el otro, el Cártel del Noreste, antigua escisión de Los Zetas. 

Las autoridades no explican cuál fue el móvil ni qué participación tuvieron los policías. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, se limitó a enumerar las acusaciones el día de los arrestos y apuntó a una explicación: la pugna entre grupos criminales por el control del territorio. No dijo por qué únicamente hay agentes detenidos ni cuál podría ser su rol, más allá de la sospecha de que alteraron la escena del crimen.

La masacre se produjo en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador El había asegurado que ya no se violaban los derechos humanos de los migrantes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció las similitudes de este ataque con otras atrocidades del pasado como la masacre de San Fernando. Esta comparación, sin embargo, fue rechazada por el gobierno mexicano, que aseguró que en este caso “no habrá impunidad”. 

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