Rosa María, la niña indocumentada con parálisis cerebral detenida por migración en EU
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Rosa María, la niña indocumentada con parálisis cerebral detenida por migración en EU

Agentes migratorios de Texas detuvieron la ambulancia en la que viajaba Rosa María cuando era llevada a una cirugía de emergencia. Ahora la menor está separada de su familia y podría ser deportada pese a su condición.
BBC Mundo
Por BBC Mundo
29 de octubre, 2017
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La ambulancia en la que era trasladada Rosa María Hernández fue detenida súbitamente la madrugada del martes pasado.

La niña mexicana de 10 años, quien padece parálisis cerebral, viajaba acompañada de su tía, Aurora Cantú, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detuvieron el vehículo en la carretera entre Laredo y Corpus Christi, en el sur de Texas.

Rosa María tenía que ser sometida a una cirugía de vesícula biliar de emergencia, pero los agentes migratorios detuvieron la ambulancia para comprobar el estatus legal de quienes viajaban en el vehículo.

Encontraron que Cantú es ciudadana de EU, pero la niña es indocumentada.

Le permitieron continuar hacia el hospital, pero escoltada por los agentes armados en todo momento, señala el abogado de la familia Hernández, Alex Gálvez, a BBC Mundo.

Incluso en el hospital pidieron que la puerta de su habitación estuviera abierta “en todo momento” para vigilar a la menor, algo que es “súper anormal”, según la experiencia de Gálvez, quien es abogado migratorio en Texas.

“Algo que nunca he visto yo”, asegura.

Separadas

Felipa de la Cruz, de 39 años, cruzó la frontera con su hija Rosa María en 2007, cuando la niña solo tenía tres meses de edad.

Ninguna de las dos tiene documentos para ingresar a EU, pero De la Cruz dice que lo hizo como una madre que quería hacer todo para que su hija tuviera la atención médica que necesitaba.

Un agente fronterizo en TexasGETTY IMAGES
La ley permite en Texas el establecimiento de controles fronterizos para la comprobación del estatus migratorio de las personas.

Rosa María padece parálisis cerebral, un trastorno neurológico que afecta los movimientos del cuerpo.

Había estado viviendo en Laredo desde hace 10 años, pero la necesidad de la cirugía de vesícula biliar se presentó esta semana y la menor tenía que ser llevada al Hospital Pediátrico Driscoll de Corpus Christi.

De la Cruz no podía viajar con ella,por el temor de que fuera detenida en los “puntos de control” que tiene la Patrulla Fronteriza en las carreteras del sur de Texas, a unos kilómetros de la frontera con México.

“Nunca se me pasó por la mente que algo de lo que está sucediendo en este momento podría suceder. Cuando eres madre, lo único que te importa es tu hija”, dijo De la Cruz al diario The New York Times.

Y es que Rosa María fue puesta bajo custodia de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) desde que fue dada de alta del hospital, el miércoles.

Está detenida en un centro para menores indocumentados en San Antonio, donde no está acompañada por ningún familiar.

Su madre no puede verla porque teme ser detenida y deportada también

“Está en detención de migración, aunque está en un albergue, está en posesión de migración y ha pasado al proceso de deportación”, explica el abogado Gálvez.

Según Aurora Cantú, la tía de Rosa María, los agentes los presionaron para que firmaran los documentos de salida voluntaria hacia México, pero ella se negó.

Petición médica

Los agentes de migración cumplieron con la detención de Rosa María pese a que cuando viajaba en la ambulancia contaba con un salvoconducto médico, además de que había una recomendación de sus doctores para que no quedara sola, algo también sumamente inusual, según el abogado Gálvez.

El alta médica instruía a que Rosa María estuviera acompañada de uno de sus seres queridos “que estuviera familiarizado con sus necesidades médicas y psicológicas“, indicaron los médicos en sus documentos.

Aun así fue llevada al centro de detención de San Antonio, a unos 240 kilómetros de Laredo, donde está Felipa de la Cruz.

Patrulla Fronteriza de EE.UU.REUTERS
Los agentes fronterizos tienen “puestos de control” incluso a varios kilómetros adentro del territorio de Estados Unidos.

“Esta madre tiene derechos constitucionales de estar con su hija. La niña no estaba cruzando la frontera, ella estaba viviendo con su madre en Estados Unidos. No es una amenaza social”, señala Gálvez.

BBC Mundo pidió a Aduana y Protección Fronteriza una declaración sobre este caso, sin que hubiera una respuesta de forma inmediata este viernes.

Sin embargo, Dan Hetlage, portavoz de la institución, señaló a la radio pública estadounidense NPR que durante todo el proceso los agentes migratorios estaban haciendo cumplir la ley federal de inmigración.

El agente está mal si la hubiera dejado ir. No tenemos discreción, no es una multa de tráfico. Seguimos la ley al pie de la letra”, dijo.

“Es frustrante para nosotros… soy un ser humano. Los agentes están tratando de hacer su trabajo lo más humanamente posible”, expresó Hetlage.

Mujeres hablan con un agente fronterizoGETTY IMAGES
El temor de la madre de Rosa María es que puede ser detenida en uno de los controles de migración si intenta reunirse con su hija.

Joaquín Castro, representante de San Antonio, señaló que la detención se produjo en una “ubicación sensible”, sitios como hospitales, iglesias y escuelas en donde están prohibidas las redadas migratorias a menos que se trate de casos de seguridad nacional, terrorismo o seguridad pública.

Pero la Patrulla Fronteriza sostiene que la detención de Rosa María se dio en el “puesto de control”, no en el hospital, el cual no se considera una “ubicación sensible”.

Gálvez rechaza eso: “La niña nunca estuvo en custodia hasta que le dio alta el doctor”.

“Les han dado (a los agentes) tanta discrecionalidad de que hagan lo que quieren que se están vulnerando los derechos humanos. Ellos quieren que sepas que van a hacer tu vida imposible: si quieres ir al hospital más vale que lo pienses doble”, dijo.

Sigue “en recuperación”

El caso de Rosa María ha generado protestas de varias organizaciones de defensa de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

“Estamos indignados porque la administración de Donald Trump y la Patrulla Fronteriza fueran en busca de una niña como Rosa María. Habla de la falta de empatía de esta administración y de las redadas de la Patrulla Fronteriza contra los más vulnerables en nuestras comunidades de inmigrantes”, dijo Astrid Domingez, de la ACLU en Texas.

Menores detenidos por la Patrulla FronterizaGETTY IMAGES
Los menores indocumentados pueden pasar más de tres meses detenidos antes de que se resuelva su proceso de deportación.

La organización Dream Activist inició una petición dirigida a la directora del Departamento de Seguridad Nacional para que “cierre de inmediato el caso de deportación de Rosa María para que la familia se concentre en reunirse con su hija”.

Ya que Rosa María tiene un comportamiento de una niña de 5 años, a pesar de tener 10, hasta ahora su madre ha tratado de convencerla de que sigue en recuperación y diario la llama por teléfono.

“Recupérate pronto para que puedas estar conmigo, échale ganas”, le dice su madre, según Gálvez.

Pero el abogado señala que este caso muestra el endurecimiento de las redadas migratorias contra indocumentados en Estados Unidos bajo el gobierno actual.

“Es bien triste cuando uno los oye hablar a los dos, ella llora, la mamá llora. Es la nueva realidad del indocumentado”, dice.

Su esfuerzo ahora se concentra en hacer que Rosa María sea liberada en dos o tres semanas, y no en los más de tres meses en que se resuelve un proceso de deportación judicial.

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Cuartoscuro

'Tengo mucho miedo': hombres armados persiguen a buscadoras en Guanajuato ante ausencia de autoridades

Los colectivos de búsqueda de Guanajuato llevan meses exigiendo medidas de protección, especialmente después del pasado 29 de mayo, cuando fue asesinado Javier Barajas Piña en Salvatierra.
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“Esto desgraciadamente se salió de control. Tengo mucho miedo, soy honesta”. Dos mujeres mantienen la respiración entrecortada mientras se ocultan en un maizal cerca de Cuerámaro, Guanajuato. En una grabación de casi dos minutos se las observa escondidas, sin hacer ruido, en medio de la oscuridad. Ambas son buscadoras de los colectivos Hasta encontrarte y Una luz en mi camino, ambos de Irapuato. Hombres armados las acaban de perseguir a bordo de varias motocicletas y, asustadas, las mujeres se ocultan entre las plantas, con el temor de ser atacadas. Son las 9 de la noche del sábado 24 de julio y pasarán dos horas más hasta que lleguen las autoridades y se encuentren a salvo. Se trata de un nuevo incidente sufrido por integrantes de colectivos de búsqueda en el estado que acumula el mayor número de asesinatos de México: 1,469 muertes violentas de las más de 14 mil registradas por el secretariado ejecutivo del sistema de seguridad pública.

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Las mujeres habían recibido las coordenadas de una posible fosa clandestina ubicada en el terreno municipal de Romita y, a pesar de las condiciones de inseguridad existentes en el estado, decidieron acudir para comprobar si era cierto. La pista era buena. Al llegar al lugar encontraron algo de ropa, de la que jalaron y hallaron un hueso que parecía de una pierna, por lo que llamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato y salieron del lugar para no contaminar el proceso de exhumación, según explicó una de las mujeres presentes, que pidió no ser identificada por miedo a sufrir represalias. Aunque les aseguraban que enviarían a algún agente, estos nunca aparecieron.

La zona en la que se encuentra la fosa está alejada de los núcleos urbanos y no tiene señal de celular. Así que salieron para dar parte cuando se encontraron con una primera camioneta con hombres armados. Asustada, una de las mujeres presionó el botón de pánico del Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Periodistas. Pero nadie acudió en su ayuda.

Pasaban las horas y la fiscalía seguía sin aparecer, a pesar de tener un cuerpo que debía ser exhumado. “Nos decían que esperáramos, que iban con nosotros. Estuvimos esperando alrededor de 3 horas”, dijo la mujer.

Como se hacía tarde, las mujeres decidieron abandonar el lugar. Fue al llegar a Cuerámaro cuando se dieron cuenta de que unas motocicletas les estaban siguiendo. Presionaron nuevamente el botón del pánico, sus colectivos publicaron alertas en redes sociales y alertaron a las autoridades, sin éxito. Cuando pensaban que ya se encontraban a salvo, dos camionetas les cerraron el paso. Ellas huyeron a través de un maizal. “En ese momento pensamos que nos iban a matar, escuchamos varios disparos”, dijo la buscadora.

Durante todo este tiempo se habían registrado diversas llamadas a las autoridades, aunque sin éxito, ya que estas no se presentaron en la zona hasta pasadas varias horas, según denunció la activista Marcela Villalobos, que acompaña a los colectivos de busqueda.

Animal Político quiso conocer la versión de la FGE, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. Por parte del Mecanismo de Protección se señaló haber “dado vista de los hechos” tras tener conocimiento a través de redes sociales aunque quien coordinó y desplegó el operativo fue el gobierno del estado.

Lo cierto es que mientras que ni gobierno estatal ni federal se hacían presentes en la zona, las buscadoras se veían obligadas a huir de la persecución de hombres armados.

Según el analista David Saucedo, la zona es relevante porque ahí opera el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y no se trata de un territorio en disputa, como lo es buena parte del estado. Saucedo asegura que la fosa encontrada sería la primera directamente atribuible a este grupo criminal ya que las aparecidas desde el hallazgo de casi 80 cuerpos en Salvatierra, en octubre de 2020, serían responsabilidad del Cartel Santa Rosa de Lima. Según el experto, Cuerámaro, Manuel Doblado y Romita forman un triángulo controlado por Jalisco desde hace años y donde el índice de homicidios es muy bajo en relación al del estado debido a que no hay disputa criminal. “Esta zona es de amortiguamiento, de descanso, donde Jalisco se rearma y se reagrupa”, afirmó, para asegurar que, según sus informaciones, en la zona existen haciendas empleadas por el CJNG para torturar, asesinar y hacer desaparecer a personas a las que vincula con grupos rivales.

Los colectivos de búsqueda de Guanajuato llevan meses exigiendo medidas de protección. Especialmente después del pasado 29 de mayo, cuando fue asesinado Javier Barajas Piña. El hombre, de 27 años, formaba parte de la comisión estatal de búsqueda tras la desaparición de su hermana Guadalupe, que desapareció en febrero de 2020 y cuyo cuerpo fue hallado en las fosas de Salvatierra. “Esperábamos que por parte de las autoridades hubiese un acompañamiento y una protección que no existen”, dijo Villalobos. La integrante del colectivo denunció que en este tiempo también sufrieron amenazas, con la presencia de hombres armados en sus domicilios. “Estamos con inseguridad. Si nos matan seremos otro número más”, dijo.

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Los ataques a buscadoras es una línea roja que se ha traspasado en Guanajuato y otros estados, como Sonora, donde recientemente fue asesinada Aranza Ramos, tiroteada en Guaymas la semana pasada.

Un día después del hostigamiento armado contra las buscadoras la FGE se personó en el lugar de la fosa para revisar el terreno y exhumar el cuerpo, aunque no trascendió si se realizaron más excavaciones o si se hallaron nuevos restos.

Guanajuato es el estado con mayor número de homicidios de México. Solo en 2020 se registraron casi 5 mil de los más de 28 mil asesinatos que se perpetraron en el país. Además, según la CNB hay más de 2 mil 500 desaparecidos de los cerca de 90 mil a los que se busca en todo el país.

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