Alerta de Género en Edomex, mecanismo de papel sin resultados, denuncian activistas

La Alerta se declaró por primera vez en el Estado de México y a partir de ahí otras entidades lo han replicado, pero el mecanismo no ha logrado bajar la tasa de violencia contra las mujeres en la primera entidad en instrumentarla.

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Cuartoscuro
Mexico Desigual

El 5 de febrero de 2015, Fátima Quintana regresaba de la secundaria cuando unos hombres la interceptaron. Abusaron de ella sexualmente, la torturaron y la asesinaron. Tenía 12 años. Vivía en la comunidad La Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma, en la zona metropolitana de Toluca, Estado de México. Su madre, Lorena Gutiérrez, acusa que por ineficiencia y corrupción de las autoridades uno de los tres responsables del feminicidio está libre.

Fátima fue asesinada y la investigación sobre su muerte resultó ineficiente con todo y que en el Estado de México se encontraba en marcha por primera vez el proceso para emitir la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM).

Después de esta entidad la han emitido Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. El mecanismo se encuentra en plazo de revisión en Jalisco, Campeche, Zacatecas y Yucatán, mientras que en Oaxaca, Durango, Coahuila y Ciudad de México se acaba de iniciar el procedimiento.

La Alerta, sin embargo, no ha logrado bajar la tasa de violencia contra las mujeres en el Edomex, la primera entidad en declararla. De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicio (OCNF), de 2015 a 2016 fueron asesinadas 626 mujeres en el Estado de México, pero solo en el 47 % de los casos (296) se inició una investigación por feminicidio. De estos sólo el 10 % tiene una sentencia.

La violencia sigue, dice María de la Luz Estrada, directora del OCNF, porque los mecanismos que dicta la Alerta existen pero hace falta que sean contundentes y más amplios. “Hay problemas estructurales muy fuertes en los que no se ha logrado incidir”.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General de Acceso), la AVGM es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.

La solicitud de AVGM la pueden presentar organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas u organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de las entidades federativas. En el Estado de México la presentaron la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y el OCNF, en diciembre de 2010.

Cuando se presentó la solicitud, empezó el largo camino de la burocracia. En enero de 2011, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres declaró improcedente la investigación para hacer la declaratoria de la Alerta. Las organizaciones se inconformaron. Fue hasta el 28 de marzo de 2014 cuando se declaró la procedencia.

Mientras tanto, la violencia para las mujeres se incrementó en la entidad. El gobierno del Estado de México reportó que de 2011 a agosto de 2014 se registraron 159 feminicidios, de esos solo 52 tenían sentencia, uno de ellos absolutoria.

Reprobado en seguridad

Cuando finalmente se conformó el grupo de trabajo para analizar la procedencia de la solicitud de AVGM -con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de la Comisión Nacional de Víctimas (Conavim), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), académicos y organizaciones de la sociedad civil- y éste realizó investigaciones y visitas de campo, el Estado de México quedó reprobado.

Respecto a la obligación del estado de respetar los derechos humanos de las mujeres, el informe del grupo de trabajo reportó que las autoridades encargadas de la procuración de justicia revictimizaban a las mujeres víctimas de violencia al minimizar su situación, culparlas de lo sucedido o atenderlas bajo prejuicios de género.

Irinea Buendia sostiene la foto de su hija Mariana Lima Buendía, quien fue asesinada en el 2010 por su esposo, el policía judicial estatal Julio Cesar Hernández Ballinas. El caso tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para obligar a las autoridades judiciales del Edomex a investigar el asesinato como feminicidio. El asesino fue aprehendido seis años después del homicidio.
FOTO: Cuartoscuro

Además, pese a que el Estado de México aseguró que capacitaba a sus funcionarios enviándolos a cursos y talleres sobre género, el grupo de trabajo en sus visitas in situ constató conductas y expresiones de violencia institucional hacia las mujeres.

También se encontró falta de infraestructura y falta de atención adecuada en los Centros de Atención y Reeducación a Personas que Ejercen Violencia de Género, así como instancias de atención e investigación sin protocolos claros ni personal suficiente en relación con la demanda de los servicios.

Otro hallazgo fue que no se sistematizaba la información sobre la situación de violencia y en el ámbito de procuración de justicia, la investigación encontró un grave problema de impunidad. Frente a la contundencia del informe se declaró la procedencia de la solicitud y la AVGM se emitió el 31 de julio de 2015 para 11 municipios, entre ellos Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla.

Las medidas que debieron implementarse como parte de la Alerta en el Estado de México tenían que incluir investigación y resolución de casos de violencia contra mujeres; mecanismo de denuncia, supervisión y sanción contra autoridades que incumplan con la debida diligencia, y fortalecimiento a instituciones encargadas de la localización de mujeres y niñas, de acuerdo con el diagnóstico de la CNDH como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de AVGM

También se debió brindar capacitación a funcionarios y funcionarias que atienden a mujeres víctimas de violencia; establecer un banco estatal de datos; crear una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, y emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención.

Pero de eso poco pasó del papel a la práctica. De hecho, justo estaban corriendo los seis meses que el grupo de trabajo había dado al Edomex para establecer medidas que revirtieran la situación de violencia contra las mujeres en la entidad, cuando asesinaron a Fátima Quintana Gutiérrez en la zona metropolitana de Toluca.

Sin retorno de la escuela

Fátima iba para su casa, de regreso de la secundaria. Su escuela estaba a 20 minutos. Cuando a las 15 horas con 40 minutos la niña no llegó a su domicilio, sus padres se alarmaron y salieron a buscarla.

Lorena, la madre, tocó las campanas del pueblo y la gente se volcó en su ayuda. Entre la búsqueda de la niña, “de pronto vi a Luis Ángel Atayde Reyes (su vecino desde hace mucho tiempo) y a José Juan Hernández Cruceño salir corriendo por la parte de atrás de la casa de Luis. Alcancé a ver que llevaban la mochila de mi hija y me eché a correr tras ellos por la ladera de la carretera Naucalpan – Toluca, pero los perdí en la zona boscosa”.

Entonces Lorena dio la alerta a su familia y vecinos. Entraron a la casa de Luis Ángel a buscar algún rastro de Fátima. Encontraron ropa de hombre ensangrentada y llena de lodo. Para la comunidad no había duda, Luis Ángel Atayde y el hermano de éste, Josué Misael, junto con José Juan Hernández Cruceño (a quienes muchos habían visto drogándose desde las 6 de la mañana de ese día) habían asesinado a la menor.

Los vecinos de la comunidad se dieron a la tarea de buscar el cuerpo y lo encontraron, a las 17:45 horas. Luego quisieron ubicar a los presuntos asesinos y lo lograron. A las 10 de la noche de ese jueves 5 de febrero ya los habían puesto a disposición de las autoridades. Ahí empezaron las ineficiencias, dice Lorena. “Como Misael era menor de edad, tenía 17 años cuando los hechos, intervino la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos Cometidos por Menores. El personal de ésta fue hasta 15 días después a hacer los peritajes”, dice la madre de Fátima.

Viridiana Valguñón, abogada de la Oficina de Defensoría de la Infancia (ODI), dice que una falla sistémica en esta entidad es la falta de debida diligencia por parte de los servidores públicos para hacer las investigaciones. “No son capaces de resguardar y recabar evidencia que resulta crucial para la averiguación de un ilícito”. La abogada ha llevado el caso del feminicidio de Nadia Muciño en el Estado de México, ocurrido en 2004, y para el que apenas, 14 años después, se dictó sentencia a uno de los presuntos asesinos.

La juez Aremi Pérez negó en tres ocasiones la orden de presentación de Misael, acusa Lorena. “Él se fugó por culpa de la ineficiencia de la fiscalía de menores, y apenas el 15 de junio de este año lo aprendieron, pero va a ser juzgado como menor, aunque ya va a cumplir 21 años. Si lo llegan a sentenciar será solo por dos años”.

Lorena se queja de peores irregularidades en el caso de José Juan Hernández Cruceño. “Yo lo vi ese día en la comunidad, a donde llegó a vivir dos años antes. Muchos vecinos lo vieron drogándose desde las 6 de la mañana y fueron a declararlo así ante las autoridades. Pero la Escuela Sierra Nevada, plantel San Mateo, donde José Juan trabajaba como vigilante, envió al director administrativo y al personal de seguridad a declarar que José Juan había estado trabajando en el plantel ese día”.

Lo hicieron para que el nombre de la escuela, de prestigio internacional, dice Lorena con tono de sarcasmo y rabia, no se ventilara en el caso. “Eso me dijeron las propias autoridades de la procuraduría”. Y José Juan salió libre. “Al fin era fácil encubrirlo, agrega la madre de Fátima, porque las autoridades no tenían tiras reactivas para hacerle pruebas de ADN al cuerpo y la ropa de mi hija”.

Ahora Lorena y su familia están viviendo en un lugar de la frontera de México, en espera de que les concedan asilo en Canadá, por las amenazas de muerte que, acusa ella, le ha hecho la familia de José Juan.

Sin blindaje contra la impunidad

La Alerta de Género en el Estado de México ha permitido sentar a la autoridad y presionarla para que haga su trabajo, pero la situación sigue grave, dice María de la Luz Estrada, la directora del OCNF. Ha empeorado, de hecho, porque hay mucha corrupción e ineficiencia de las autoridades y “tenemos un mecanismo muy débil para sancionar a funcionarios corruptos, prácticamente no hay sanciones y cuando las hay son mínimas: amonestaciones o seis meses de suspensión, eso no sirve”.

Otro punto crítico que no permite bajar la violencia contra las mujeres es la falta de órdenes de protección contra las víctimas de violencia familiar. “Cuando las mujeres acuden a denunciar esta situación ante las autoridades no se hacen análisis de riesgos y no se emiten órdenes de protección. Hay muchos feminicidios que se pudieron evitar, pero de 2 mil casos de violencia familiar que se denuncian, apenas se emiten órdenes de protección para el 5 %”.

Si esto no se ha logrado revertir, asegura la directora del OCNF, “es porque el poder judicial y la procuraduría se echan la bolita de a quién le toca y luego lo que hacen es sólo mandar rondines, y claro, cuando se acaba el rondín, el agresor mata a su víctima. Estamos frente a problemas estructurales de corrupción, impunidad y falta de perspectiva de género”.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos y especializadas en el tema del feminicidio coinciden: no se trata ahora de eliminar la AVGM, sino de reforzarla y llevar a la práctica las acciones necesarias. En el caso del Estado de México, “hay que hacer un diagnóstico más minucioso y en base a eso generar medidas específicas integrales”, considera Isabel Erreguerena, del área de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Por ejemplo en el tema de capacitación, agrega, “el Estado de México reporta que se les dan cientos de capacitaciones a sus funcionarios, pero luego no hay resultados positivos. Hay que ver quién está dando esas capacitaciones y a quién, ver si llevan un objetivo específico y si están contribuyendo a reducir el problema en el que debían incidir”. Mientras ese diagnóstico profundo no se haga y no haya indicadores para medir los resultados, la Alerta seguirá sin dar resultados, coinciden las organizaciones.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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