Bansefi contrata servicios sin licitación, injustificados y a dependencias que no pueden cumplir
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Cuartoscuro Archivo

Bansefi contrata servicios sin licitación, injustificados y a dependencias que no pueden cumplir

La Auditoría encontró que Bansefi pagó por trabajadores outsorcing sin especificar si los necesitaba, y por servicios médicos sin buscar el mejor precio.
Cuartoscuro Archivo
Por Lizbeth Padilla
4 de noviembre, 2017
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En 2016, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) contrató trabajadores outsorcing, servicios médicos y de vigilancia sin justificar si eran necesarios y sin realizar licitaciones ni contratos. Incluso sin saber si las dependencias a las que contrataba contaban con la capacidad para realizar los trabajos.

Las irregularidades en la contratación de estos servicios suman 501 millones 467,900 pesos, de acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016.

La mayor cantidad gastada del rubro presupuestal Erogaciones por Servicios Generales, fue para la contratación de empresas de outsorcing por 383 millones 447,100 pesos.

Esta cantidad corresponde solo al gasto realizado por Bansefi durante 2016, pues la institución tiene un contrato abierto plurianual con cuatro empresas de outsorcing por un importe mínimo de 579 millones 177,400 pesos y un máximo de 1,401 millones 693,400 pesos para ejercerse de 2015 a 2018.

De acuerdo a la ASF, el personal contratado atendería los programas de distribución de apoyos de gobierno, como Prospera, Adultos Mayores 70 y Más y otros, ya que el Bansefi participa en la entrega de los apoyos económicos.

Sin embargo, ni en la justificación del gasto ni en el contrato se detallan la cantidad de personas que se requería contratar, ni las áreas en las que prestarían los servicios, “por lo que no se tiene la certeza de que los pagos hechos en el ejercicio 2016, se hayan realizado al personal necesario para la operación del Bansefi”, concluye la Auditoría.

Por estas irregularidades, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que Bansefi investigue y sancione a los servidores públicos que no justificaron la contratación de personal de outsorcing.

Adjudicaciones directas

Bansefi también contrató a 13 dependencias de gobierno por adjudicación directa para realizar servicios de seguridad, vigilancia y custodia de valores de sus sucursales en varios estados por 65 millones 853,600 pesos.

Algunas de las dependencias contratadas fueron Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit; el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; el Ayuntamiento del Municipio de Pinos, Zacatecas; la Policía Auxiliar del Estado de Michoacán de Ocampo  y el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado De México, entre otras.

Estas adjudicaciones se realizaron fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite hacer convenios entre entidades de gobierno para contratar servicios y así evitar burocracia.

Sin embargo este esquema ha sido utilizado para desviar recursos, como lo documentó Animal Político en el reportaje La Estafa Maestra, pues los supuestos servicios no pueden ser cumplidos por las entidades contratadas.

La Auditoría concluyó que Bansefi no pudo demostrar que solicitó a las dependencias la documentación que acreditara que contaban con la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento de los contratos.

Irregularidades en asesorías, vigilancia y servicios médicos

La ASF también encontró irregularidades en los procedimientos de adjudicación de contratos por 52 millones 117,200 pesos en tres rubros.

Bansefi contrató a tres prestadores de servicios de vigilancia para sucursales en Tlaxcala, Puebla y Veracruz por un monto de 246,900 pesos, a través de una adjudicación directa.

Esta cantidad superó el equivalente a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por lo que, de acuerdo al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Bansefi debía realizar una investigación de mercado y conseguir al menos tres cotizaciones del servicio que requería.

La institución pagó los servicios de seguridad sin realizar algún procedimiento de adjudicación, “por lo que no se evidenció la forma en que se seleccionó al prestador de servicios”, dice la Auditoría.

Bansefi “no justificó la razón por la cual no se realizó procedimiento de adjudicación alguno, ni se elaboraron los respectivos contratos”, añade.

El Banco también contrató asesorías en información económica y financiera por un periodo de 10 meses (del 5 de febrero al 8 de diciembre de 2016) con un costo de 320,800 pesos, como apoyo para el Subcomité de Inversiones.

Pero Bansefi no realizó procedimiento de adjudicación y no contó con la justificación ni la formalización de un contrato que especifique los servicios profesionales contratados.

De enero a diciembre de 2016, Bansefi erogó 51 millones 549,500 pesos en servicios médicos, medicinas, hospitales y clínicas, para su personal activo, pensionado y jubilado y sus derechohabientes, cuyos centros de trabajo se encuentran en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

Aquí también contrató los servicios sin un procedimiento de adjudicación que le garantizara las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

En los casos en los que el costo de los servicios no superó el equivalente a 300 veces la UMA, Bansefi no celebró ningún contrato “por lo que no se tuvo certeza jurídica de que el proveedor garantizara el cumplimiento de las obligaciones exigibles”.

Bansefi otorga los servicios médicos a través de dos planes: Plan Bansefi Directo y Plan Bansefi Principal, en este la Auditoría encontró inconsistencias en 3,454 facturas por 51 millones 72,200 pesos.

Entre las irregularidades están que los recibos no tienen las firmas que avalen que el trabajador recibió los medicamentos, no se sabe la identidad del trabajador que recibió el servicio, no se incluyó en nombre del paciente, o los comprobantes de pago no contaron con evidencia de que se recibió el servicio, entre otros.

La ASF señaló que estas irregularidades se deben a que Bansefi “carece de políticas que establezcan los requisitos y periodos para la comprobación de los servicios, y de procedimientos para la elaboración de los tabuladores de precios de medicinas y servicios médicos, que sirvan de referencia para el reembolso de los gastos médicos de sus trabajadores”.

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Avión presidencial de México: las razones que hacen difícil su venta o rifa

El gobierno de México compró en 2012 un avión que fue parte de la flotilla de pruebas de Boeing, aeronaves que casi nunca encuentran futuro en la industria. Ese hecho se suma a otros tres factores que hacen que la venta de la aeronave sea un dolor de cabeza para el presidente López Obrador.
UNOPS
13 de febrero, 2020
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La venta del avión presidencial ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de México.

La aeronave ha estado en oferta desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia del país en diciembre de 2018. Y no ha conseguido comprador o arrendatario en el mercado aeronáutico mundial.

La última decisión del mandatario, rifarlo a través de la Lotería Nacional, también se ha visto entrampada por las restricciones legales, cargas impositivas y gastos de mantenimiento que implica ceder la aeronave a un ciudadano.

A eso se le suman varios factores que el gobierno mexicano ya conocía desde 2015, cuando ordenó un estudio de la aeronave al que BBC Mundo tuvo acceso.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, predecesor de AMLO, exploró cuánto obtendría por deshacerse de la aeronave que ya por entonces era criticada por su elevado costo.

No obtuvo buenas noticias.

Enrique Peña Nieto desciende del avión presidencial

Getty Images
El presidente Enrique Peña Nieto recibió la aeronave que fue comprada inicialmente por su predecesor, Felipe Calderón.

Y ahora, con la política de austeridad de López Obrador, la aeronave ha permanecido en tierra durante 14 meses y contando, a la espera de un comprador que se anime a adquirirla.

Varios son los factores que hacen complicada la venta o incluso la rifa del avión presidencial.

1. Fue un avión de pruebas

Desde que salió de la fábrica, el entonces N787ZA era un avión “especial”.

Boeing colocó la aeronave como parte de su “flota de pruebas” del modelo 787 Dreamliner, uno de sus desarrollos más destacados de finales de la década de 2000.

Los aviones de prueba son sometidos a extenuantes test para demostrar los límites de funcionamiento como frenado, resistencia, autonomía, detección y manejo de fallas, desempeño en condiciones extremas.

El N787ZA fue puesto bajo algunas de estas desde octubre de 2009.

Un avión de pruebas Boeing 787 Dreamliner en 2009

Getty Images
Los aviones para pruebas son sometidos a intensos exámenes de rendimiento para comprobar su fiabilidad.

5 datos sobre el avión

  • El avión es un 787 Dreamliner. Salió de la fábrica de Boeing el 20 de julio de 2009 con la clave de registro N787ZA.
  • US$218 millones. Fue el pago que el gobierno del presidente Felipe Calderón acordó por la aeronave que reemplazaría al viejo avión presidencial Boeing 757 de 1987.
  • US$530 millones. Fue el costo por el arrendamiento, operación y mantenimiento que incluyó un acondicionamiento y rediseño interior con acabados de lujo.
  • Recibió el nombre “Jose María Morelos y Pavón”, un héroe de la independencia mexicana y fue registrado como XC-MEX / TP-01 (Transporte Presidencial 01).
  • 214 operaciones. Entró en funcionamiento en febrero de 2016 y fue utilizado durante dos años y 10 meses.

Ya con el avión en su poder, el gobierno de Peña Nieto solicitó un estudio de mercado a la consultora aeronáutica británica Ascend, el cual fue entregado en 2015.

De hecho, el estudio fue encargado porque el gobierno de México deseaba “explorar la opción de vender la aeronave”.

En el documento se establece que el hecho de que la aeronave fue un avión de pruebas es un factor que reduce su valor y probabilidad de venta.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El gobierno puso en operación el Boeing 787 Dreamliner para transporte presidencial en 2016.

Daniel Hall, analista sénior de Ascend explicó que el hecho de que fuera avión de pruebas “se traduce en que tiene un mercado más limitado“.

“Muchas aerolíneas con flotillas del Boeing 787 no estarían interesadas en incluir este ejemplar ‘atípico'”, explicó Hall.

“Hay más posibilidades de vender a un operador de una sola aeronave, pero este sería un mercado extremadamente limitado”.

La especificación y desempeño de la aeronave “difieren significativamente de los Boeing 787-8 que se producen actualmente”, por lo que no ofrece las ventajas de los nuevos Dreamliner.

Los tres primeros aviones de prueba de Boeing fueron enviados a museos y exhibiciones, y Boeing reconoció que “no tenían valor comercial” por “la cantidad excesiva de trabajo y las modificaciones únicas y extensas” que requerían, informó Airways Magazine.

Al no tener compradores, el cuarto y el quinto fueron descartados en 2016 por el fabricante y su costo fue absorbido por la empresa. El sexto es el que compró México.

El Boeing 787 del gobierno de México

Getty Images
El avión que compró el gobierno de México fue parte de la flota de prueba de los 787 Dreamliner de Boeing.

Su valor de mercado para enero de 2016, según el estudio de Ascend, era de entre US$158 millones y US$174 millones, dependiendo del estado de vida útil de sus componentes principales: fuselaje, motores, tren de aterrizaje y unidad auxiliar de potencia.

2. Es un avión muy personalizado

Cuando López Obrador iniciaba su campaña para la presidencia de México, aparecía en un anuncio en televisión y radio prometiendo vender el avión que “no lo tiene ni Obama”.

Y es que a decir del entonces candidato izquierdista, se trata de una lujosa aeronave cuya compra resultaba “ofensiva” para el país en el que la mitad de la población vive en pobreza. Por tanto, prometió venderlo.

El interior del TP-01 consta de acabados finos, incluso con detalles de marmolería, en las cabinas, baños y alcoba del presidente, así como una personalización que lo convierten en un avión “bizliners”; es decir, una aeronave privada de negocios.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El interior de la aeronave fue rediseñado bajo los requerimientos del gobierno mexicano.
El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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Algunos acabados de mármol son parte de los detalles lujosos de la aeronave.

“La venta de aviones comerciales personalizados puede muy posiblemente tomar más tiempo de comercialización” al haber un mercado restringido, advirtió Ascend, por lo que toma 12 meses como mínimo su venta.

“Una configuración altamente personalizada probablemente no se venderá en su forma actual y, por lo tanto, se requerirá un descuento por el costo de readaptación o incluso para un reemplazo total. Esto también puede tener implicaciones mayores en el tiempo que tomaría vender la aeronave”, añadió.

El mercado de clientes se reduce a individuos de alto perfil, empresas privadas, compañías de vuelos chárter y gobiernos.

Ya en 2015 advertía que existía un “riesgo importante” de que no se vendiera la aeronave en 12 meses. De venderse en 24 meses, se perderían casi US$66 millones, mientras que en un plazo de 36 meses, la pérdida ascendería a US$72 millones.

El interior del Boeing 787 del gobierno mexicano

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El avión está dividido en cuatro zonas, incluida una alcoba presidencial.

Para enero de 2019, cuando se empezó a gestionar su venta, Ascend pronosticaba ya desde 2015 una pérdida de US$76,26 millones

3. No es de interés para aerolíneas

Reconvertirlo a un avión de pasajeros costaría hasta US$15 millones y un periodo de 18 meses para la instalación de todos los componentes necesarios.

A esto se le suma el hecho de que las aerolíneas comerciales adquieren varias aeronaves en un solo pedido a un precio más ventajoso, por lo que las opciones para el gobierno mexicano se reducen.

“Tiene un mercado más limitado”, reitera Ascend en su informe.

Plano superior del avión

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La reconfiguración del espacio interior costaría varios millones de dólares.
Avión presidencial

Gobierno de México
El avión presidencial cuenta con una elegante sala de juntas.

De encontrarse un comprador en este sector, habría una pérdida de US$128 millones respecto a los US$218 millones del costo original.

“Un escenario de mayor beneficio sería tratar de recomercializar la aeronave en su configuración actual”; es decir, intentar venderlo en el mercado de “bizliners”.

Pero Ascend al final concluye que es mejor conservarlo para uso del gobierno de México.

4. Tener un avión cuesta (aunque sea regalado)

Luego de pasar más de un año en un hangar de Boeing en California, el avión presidencial volará de regreso a México en abril al no haber podido encontrar nuevo dueño.

Ante la situación, López Obrador decidió que la mejor opción será rifarlo; es decir, entregarlo a un ganador a través de un sorteo de 6 millones de boletos de 500 pesos (unos US$26) de la Lotería Nacional.

Andrés Manuel López Obrador hablando sobre la rifa en rueda de prensa en Ciudad de México

EPA
El presidente mexicano describió el avión como un símbolo de exceso gubernamental.

El gobierno espera obtener al menos US$130 millones, aunque si se venden todos los boletos ingresaría unos US$160 millones.

Pero al final, el avión no será entregado: López Obrador anunció la semana pasada que la rifa solo será un sorteo de 100 premios de casi US$1 millón y que el avión permanecerá bajo resguardo de la Fuerza Aérea Mexicana hasta ser vendido.

Al ser cuestionado por qué no entregarían el avión, el presidente dijo: “Es que no les queremos entregar un problema, queremos entregar un premio, que lo disfruten. Porque entonces sí (aparecerán) los memes de dónde estacionarlo”.

Y es que tener al avión en el hangar de Boeing, recibiendo mantenimiento y vuelos para que siga activo, le cuesta US$4.000 por día al gobierno, dijo López Obrador, por lo que el ganador del avión enfrentaría una carga considerable.

A ello se le suma que la ley de Juegos y Sorteos no permitía la entrega de bienes “en especie” ni está facultada para sortear bienes del Estado, pero el gobierno anunció que modificaría la ley para permitirlo.

Y finalmente existen cargas de impuestos federales y locales que deben cubrirse.

El sorteo servirá para “mantener el avión dos años”, pero su depreciación continuará aumentando conforme pase el tiempo.


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