La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) solicitó al gobierno capitalino medidas cautelares para que se frene cualquier intento de demolición en el campus del Tec de Monterrey, Ciudad de México, hasta en tanto no se culmine con las investigaciones relacionadas con la muerte de dos estudiantes en el sismo del 19 de septiembre.
[contextly_sidebar id=”eaDTQjqAVZQy9StNuI9vwItcESw23FRn”]
Dichas medidas cautelares fueron solicitadas por la CDHDF a petición de los padres de las dos víctimas quienes el pasado 14 de noviembre promovieron una queja en dicho organismo, ante lo que consideraron como omisiones y negligencias del gobierno de la ciudad en la atención e investigación de este caso.
Por estos hechos la Comisión ya inició el expediente de queja CDHDF/III/122/TLAL/17/D7815 radicado en la Tercera Visitaduría General del organismo.
El equipo legal de las víctimas indicó que las medidas cautelares concedidas por la Comisión incluyen que se frene la demolición y que no se otorgue ninguna licencia oficial para ello. También que se agilicen las investigaciones y que no se reanuden clases hasta no determinar la seguridad funcional y estructural del inmueble.
Como parte de la investigación que la CDHDF ha iniciado, el organismo pidió al gobierno capitalino, a la delegación Tlalpan y a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad que rindan informes sobre los hechos planteados en la queja.
Cabe recordar que los padres denunciaron diversas omisiones, entre ellas, que las autoridades no validaron la seguridad del campus del Tec luego del primer sismo registrado el 7 de septiembre, y tampoco impidieron que se iniciaran trabajos de retiro de escombros, priorizando esta actividad por encima del rescate de víctimas y resguardar la integridad del lugar de los hechos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dio un plazo de cinco días hábiles a las autoridades para responder en torno a las medidas cautelares solicitadas y sobre los informes requeridos.
Por otro lado el pasado 16 de noviembre, dos días después de presentar la queja, la Procuraduría capitalina citó a los padres para que pudieran ratificar la denuncia que habían presentado por homicidio en agravio de sus dos hijos en contra de quien resulte responsable.
