Ambulantes piden que el trabajo en la calle sea reconocido como un derecho en la Constitución
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Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com

Ambulantes piden que el trabajo en la calle sea reconocido como un derecho en la Constitución

Líderes, vendedores ambulantes e investigadores demandan reconocimiento jurídico al comercio que se realiza en las calles para cambiar las condiciones de desigualdad y vulnerabilidad que padecen las personas que se dedican a ello.
Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.com
Por Claudia Altamirano
24 de noviembre, 2017
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El comercio ambulante debe ser reconocido como tal en la Constitución, a fin de garantizar el derecho al trabajo de las personas que venden productos y servicios en la calle, y eliminar la irregularidad legal que los vuelve presa fácil de intereses políticos en tiempos electorales, señalan investigadores y los propios vendedores.

“Somos una válvula de escape. La economía la generamos nosotros y hemos contribuido a que prevalezca la paz social en el país”, sentencia María Rosete, del Frente Metropolitano de Vendedores en Vía Pública. La lideresa de ambulantes pide que sean reconocidos como el sector económico más importante del país y que las decisiones sobre el ambulantaje incluyan su participación para erradicar la situación de desigualdad y vulnerabilidad que padecen.

La economía informal en México tuvo en 2015 una participación de 23.6 % en el Producto Interno Bruto (PIB), generada por 58 % de la población ocupada en actividades económicas informales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto significa que por cada 100 pesos generados de PIB en el país, casi 24 los generan los trabajadores informales.

Si bien el concepto de economía informal abarca a todo trabajador que no cuente con seguridad social -incluidos los del hogar y los que realizan agricultura de subsistencia-, los comerciantes son mayoría en este sector: 33.6 % del trabajo informal proviene del comercio, de acuerdo con el INEGI.

Es por esta abrumadora participación en la economía del país que el proyecto de Constitución Política para Ciudad de México, presentado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en 2016, incluía a las personas que trabajan en la calle dentro del propio texto constitucional. En su artículo 15, el proyecto dictaba que “las personas prestadoras de servicios, vendedores fijos y semifijos tienen derecho a desempeñar sus actividades y oficios en los espacios públicos de la ciudad, determinados por la ley; a la certeza jurídica, la seguridad física y la no represión”, en referencia a la constante persecución que sufren por parte de policías, al vender mercancías de manera ilegal.

Sin embargo, el proyecto finalmente aprobado por la Asamblea Constituyente en febrero de 2017 matizó esta denominación y especificó que el comercio ambulante debe ser regulado y delimitado: “Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley con la participación de los propios trabajadores. La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de seguridad social”, indica el apartado 13 del Derecho al Trabajo contemplado en el artículo 10 de la nueva Carta Magna de Ciudad de México.

Esta inclusión en la Constitución local, sin embargo, es superficial e insuficiente para la lideresa de ambulantes, quien considera que también deben estar incluidos en la Carta Magna federal y que aún falta revisar las leyes secundarias de la local, además de elevar a rango de ley el Reglamento de Mercados, el único vigente desde 1951.

“Falta legislar, reconocer la actividad como un empleo, el reconocimiento al trabajo de este sector. Somos parte de una economía, estamos dispuestos a asumir obligaciones pero también tener nuestros respectivos beneficios; el más importante es el reconocimiento de la actividad para evitar ser perseguidos, para tener un espacio digno dónde trabajar, que forme parte de un patrimonio para nuestras familias”, dijo María Rosete a Animal Político.

El reconocimiento que los ambulantes piden va más allá de ser escuchados o visibilizados, considera la investigadora de El Colegio de México, Verónica Crossa. Implica formar parte de las decisiones antes de que sean tomadas, que se les consulten los términos de una negociación antes de ponerla sobre la mesa. “Antes que llegue la Autoridad del Espacio Público o la secretaría de Gobierno a decir ‘los vamos a reubicar y estas son las condiciones’, que sean incorporados como actores fundamentales en la toma de decisiones en la vida comercial, económica y política de ese espacio”, explica la también coordinadora de la maestría en Estudios Urbanos de El Colmex.

En el seminario “Trabajo en las Calles” realizado en esa casa de estudios, los vendedores expresaron sus necesidades y su postura frente al aparente dilema entre el derecho de los comerciantes a trabajar, y la ocupación del espacio público. Coincidieron en que la venta en las calles impulsa la economía del país y ayuda a quienes no tienen ingresos suficientes para adquirir productos en el comercio formal, pero admitieron que necesitan mejorar sus condiciones para estar en una mejor posición de negociar con las autoridades.

Necesitamos ser más ordenados y organizados para que no nos menosprecien, pero en muchas casas no alcanzó para darnos educación, por eso sólo nosotros mismos podemos educarnos”, instó una vendedora que participó en el seminario. “Es fácil achacarle a las autoridades el caos, pero hay que preguntarnos qué tanto nos involucramos nosotros”, expresó Daniel Miranda, representante de los fotógrafos informales. “Hemos evolucionado porque la calle es difícil, pero somos la gente más formal, tenemos cuentas, estamos organizados, somos unos empresarios”, apuntó.

Este sector vive condiciones de inequidad estructural que lo coloca en una situación de vulnerabilidad, advierte Crossa, por lo que, para resolver el conflicto entre la necesidad de este tipo de empleo y el derecho al espacio público, se le debe mirar más allá de lo técnico y lo estético y darle una dimensión de desigualdad.

“Hay que partir de que no son igual, algunos están más desprotegidos de otros, no sólo en términos jurídicos sino desprotegidos de una valoración moral, que dice que unos sí son merecedores de estar y otros no”, indicó por su parte la doctora Crossa, autora del ensayo ‘Cambiando las categorías morales en el discurso político: De la calle al espacio público en la Ciudad de México’.

“Hay una valoración moral que de entrada los pone en contextos distintos: cómo hablan, cómo se visten. Uno como ciudadano los ve e inmediatamente tiene un juicio sobre cómo son, qué hacen y si deberían estar ahí o no. No partimos de condiciones de igualdad, ni materiales ni simbólicas; esto que llamamos espacio público como espacio de todos, lo sería si todos estuviéramos en las mismas condiciones, entonces ¿por qué no pensamos en lo público de otra manera y lo redefinimos?”, cuestionó la académica.

Para empezar a resolver este conflicto, de acuerdo con Crossa, se requiere un Estado fuerte con instituciones sólidas que funcionen en la redistribución del espacio, que no se limite a repartir metros cuadrados, sino a tratar de encontrar acuerdos, ya que desde 2007 no ha habido una gran reubicación de ambulantes en Ciudad de México. “Si hay algo que está en crisis es lo público y por ende el Estado”, puntualizó.

Los comerciantes dicen estar dispuestos a asumir las obligaciones que implica la formalización de su trabajo, y a cumplir con los compromisos que se les exijan para ello. “No nos negamos a pagar impuestos, al contrario, queremos que se nos reconozca”, dijo una vendedora que acudió a El Colmex con su hijo. “No queremos nada regalado, queremos una plaza”, dijo otra. “También nosotros queremos recuperar el Centro Histórico, para que no nos usen como botín político”, apuntó una más. La lideresa María Rosete resumió estas demandas asegurando que están listos para asumir todo lo que conlleva la ley: prestaciones, beneficios y obligaciones. “Estamos dispuestos a pagar al fisco lo justo. Si tenemos el compromiso de mantenerlo limpio y ordenado, lo vamos a hacer; si eso implica hacer aportaciones por el uso del espacio, lo vamos a hacer”.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Rusia invade Ucrania: qué son los ‘bonos de guerra’ y cómo pueden ayudar a Kiev ante el ataque ruso

El gobierno ucraniano está recurriendo a este viejo ejercicio de recaudación para financiar las operaciones militares ante la ofensiva de Rusia.
2 de marzo, 2022
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A medida que avanza la invasión rusa sobre Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky está buscando a contrarreloj la forma de financiar a sus Fuerzas Armadas y la costosa defensa de su país.

El escenario es complejo: después de una importante inversión y modernización del poderío militar de Rusia, los ucranianos son superados en armas y en número de soldados, sin contar la capacidad aérea ucraniana, que es muchísimo menor a la rusa.

Además, su economía está paralizada por la guerra, con escasa capacidad de recaudación y precios disparados como el del petróleo.

En ese contexto, el Ministerio de Finanzas ucraniano anunció esta semana que recurrirán a un viejo instrumento financiero para apoyar a sus tropas: el llamado “bono de guerra”.

“En un momento de agresión militar de la Federación Rusa, el Ministerio de Finanzas ofrece a los ciudadanos, empresas e inversores extranjeros apoyar el presupuesto de Ucrania invirtiendo en bonos del gobierno militar”, explicó el ministerio a través de su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/ua_minfin/status/1498319436633329666

Según especificó el gobierno de Zelensky, cada bono tendrá un valor nominal de 1.000 grivnas ucranianas (US$33) y la tasa de interés “se determinará en la subasta”.

“Los ingresos de los bonos se utilizarán para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, agregó.

En una reunión con inversionistas extranjeros, la cartera de finanzas también dio señales de tranquilidad al mercado, asegurando que no incumplirán con sus deudas existentes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Getty Images

Y es que a los inversionistas les preocupa que la invasión por parte de Rusia empuje a Kiev a dejar de pagar su deuda. Por lo mismo, en los últimos días ha habido una fuerte caída en los precios de los bonos de circulación de Ucrania.

Ante esta difícil situación, los “bonos de guerra” parecen ser una buena salida (o, al menos, un respiro) para financiar su defensa. La recaudación —que comenzó este martes—logró recaudar en un día aproximadamente U$270 millones.

Pero ¿qué son realmente estos bonos y cuándo se ha recurrido a ellos en la historia reciente?

¿Qué són?

Los bonos de guerra —similar a otros instrumentos de deuda—, son deudas que un determinado Estado adquiere con inversionistas (particular o institucionales), la cual se compromete a devolverle en un plazo determinado con los intereses correspondientes.

En estos casos, el dinero se emplea específicamente para financiar las operaciones militares durante un período de conflicto bélico.

Los "bonos de guerra" son para financiar las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Getty Images
Los “bonos de guerra” son para financiar a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Normalmente, este ejercicio de recaudación ofrece un tipo de rendimiento por debajo de la media y con un alto porcentaje de riesgo pues, si se pierde la guerra, es posible que también el dinero invertido.

Así, se suele atraer a los inversionistas apelando al patriotismo y a las emociones de los ciudadanos que quieran ayudar en la defensa de un país.

Ucrania, por ejemplo, ha llamado a apoyar a su nación “en tiempos difíciles”.

Los bonos de guerra también son un medio para controlar la inflación al sacar dinero de circulación de una economía estimulada en medio de los conflictos bélicos.

¿En qué otros momentos de la historia se ha recurrido a ellos?

Esta no es la primera vez en la historia que se recurre a este instrumento financiero para apoyar a las Fuerzas Armadas de un determinado país en momentos de guerra.

Estados Unidos también emitió este tipo de bonos para financiar parte del gasto en su defensa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Propaganda estadounidense 1917.

Getty Images

Entre 1917 y 1918, el gobierno estadounidense emitió los llamados “Liberty Bonds”, creando una campaña masiva con el fin de popularizar los bonos a través de llamados patrióticos. En la campaña incluso participaron artistas famosos, entre ellos, Charles Chaplin y la actriz Ethel Barrymore.

Hoy se cree que esta herramienta de financiamiento fue vital para la recaudación de fondos en la defensa del país.

Luego, en 1940, se repitió la historia.

A pesar de que se evaluó la posibilidad de cobrar impuestos para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, finalmente se recurrió nuevamente a los bonos —esta vez se les llamó “War Bonds” o “Victory Bonds”— tras el ataque japonés a Pearl Habour en 1941.

Un llamado a comprar bonos de guerra en Times Square, en la ciudad de Nueva York, en 1940.

Getty Images
Un llamado a comprar bonos de guerra en Times Square, en la ciudad de Nueva York, en 1940.

Reino Unido también emitió bonos de guerra en 1917.

La frase propagandística para atraer este tipo de inversión decía: “Si no puede luchar, puede ayudar a su país invirtiendo todo lo que pueda en Bonos del Tesoro Público al 5%… A diferencia del soldado, el inversionista no corre ningún riesgo”.

Los medios de comunicación de ese país también se unieron a las peticiones de recaudación.

En su momento, la revista política británica The Spectator, escribió: “Es el pueblo de Gran Bretaña quien debe proporcionar el efectivo para financiar la guerra”.

Propaganda estadounidense de 1943.

Getty Images
Propaganda estadounidense de 1943.

Canadá también adoptó los bonos de guerra como una forma de inyectarle recursos a su defensa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

El país logró involucrar a millones de canadienses a través de agresivas campañas con voluntarios que ofrecían los llamados “bonos de la victoria” de puerta en puerta y a corporaciones privadas.

“Los bonos de la victoria ayudarán a detener esto” o “trae a casa con el bono de la victoria” eran algunos de los sloganes de la época.


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