Derechos de papel: aún bajo custodia militar, poblados quedan vacíos ante amenazas del narco
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Eréndira Aquino

Derechos de papel: aún bajo custodia militar, poblados quedan vacíos ante amenazas del narco

Municipios de guerrero con operativo militar para contrarrestar la presencia del crimen organizado se encuentran prácticamente desiertos.
Eréndira Aquino
Por Erendira Aquino
9 de noviembre, 2017
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“Fuimos desplazados de Totolapan por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, entre las que ya llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Una niña vio cómo mataron a su mamá y a su hermano”, narró un testigo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guerrero, en 2015.

Según el testimonio, los agresores “querían madera, plantar droga y los minerales que hay ahí”.

Dos años después, Guerrero forma parte de los diez estados en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos de desplazamiento forzado interno.

En este estado, pobladores de Heliodoro Castillo, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Chilpancingo y Pungarabato han tenido que dejarlo todo para huir de las amenazas, el secuestro y la violencia.

El fenómeno se repite en municipios de 10 estados del país, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. Se trata de familias enteras que vivían en localidades con reporte de violencia en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, además de Guerrero.

“La niña les gritaba que no se llevaran a su papá”

“El 21 de noviembre de 2014 se llevaron a mi hermano, Cándido Díaz Sánchez, de 45 años. Se lo llevaron 10 hombres que entraron con armas largas a su casa. Él estaba peinando a su niña de tres años, porque su esposa tenía dolores de parto y la iban a llevar al hospital”, cuenta Judith Díaz.

“La niña les gritaba que no se llevaran a su papá, y la esposa de Cándido les pidió que por piedad no se lo llevaran, a lo que los criminales contestaron ‘cállese, señora, no venimos por las mujeres’”, recuerda.

Después de ese episodio, la esposa de Cándido y sus dos hijos se fueron. “Ella se tuvo que ir de aquí, porque la amenazaron por teléfono de que si no se iba, le quitarían a sus niños. Es desplazada, su casa está abandonada”, explica.

Con lágrimas en los ojos, Judith dice que algunos vecinos le han comentado que saben que a su hermano lo mataron, “y está enterrado en una fosa, en Zitlala”, municipio perteneciente a esta región.

Durante los primeros cuatro años de confrontación entre fuerzas públicas y crimen organizado en México, luego que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas, 246 municipios del país comenzaron a perder su población, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las medidas implementadas por el gobierno federal no sólo no controlaron el crimen, también incrementaron el desplazamiento de la población. A tal grado, que de 2010 a 2015 (los dos últimos años del sexenio de Calderón y los tres primeros del presidente Enrique Peña Nieto) el número de municipios cuya población huyó de la zona alcanzó los 691, según cifras del INEGI.

Comunidades desplazadas, aún con el reconocimiento de un derecho y la protección de militares

El incremento en el número de poblaciones que huyen de la violencia orilló a la CNDH a reconocer por primera vez, el pasado 10 de octubre, el derecho a no sufrir desplazamiento forzado en México. El organismo dirigió la Recomendación 29/2017 al gobernador de Sinaloa, al fiscal del estado y a los alcaldes de Choix y Sinaloa de Leyva, por la desprotección de más de 2,000 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad.

De acuerdo con el Informe Especial de la comisión, “el desplazamiento forzado en México no es un suceso nuevo ni reciente, se ha dado de manera constante y por causas diversas. Ante ello es necesario insistir en las pocas acciones gubernamentales que se advierten en materia de prevención y control de este tema”.

Y para muestra, un botón. A pesar de los operativos militares para contrarrestar al crimen organizado, en las comunidades aledañas al municipio de Chilapa, Guerrero, la vida no volvió a ser igual desde junio de este año.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos estima que de las 700 familias que habitaban en Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, actualmente quedan unas doce. Las demás se desplazaron “ante la amenaza de muerte si no abandonaban su patrimonio”.

En Tepozcuautla, la gente abandonó casas y negocios tras presuntas amenazas del crimen organizado. Foto: Eréndira Aquino.

Manuel Olivares, integrante del Centro, cuenta que “los días 7 y 8 de junio, de manera sorpresiva empezamos a mirar grupos de familias con costalillas de ropa, algunos trastes de cocina y muchos niños”.

Como los habitantes de la zona suelen viajar hacia otros estados para trabajar como jornaleros no les prestaron mucha atención, hasta que se percataron de que “se veían temerosas y algunas estaban llorando”.

La noche del 8 de octubre, el equipo de la organización se percató que en redes sociales circulaba una publicación que contaba sobre el desplazamiento forzado de las dos comunidades.

“El viernes 9 de junio acudimos con un representante de las familias desplazadas, algunas víctimas y medios de comunicación a las comunidades de Tepozcuauhtla y Ahuihuiyuco para constatar lo que nos contaron: había papeles pegados en varias partes del pueblo donde se informaba que un grupo criminal entraría a asesinar a quienes no abandonaran el lugar”, narra.

En aquella ocasión escuelas, centros de salud, tiendas y casi todas las casas fueron cerradas; sólo las iglesias permanecieron abiertas, recuerda Olivares. La presencia militar y policíaca desplegada en la región no fue suficiente para garantizar a las familias que nada les pasaría si permanecían en sus localidades. Prefirieron huir.

El pasado 19 de septiembre, Animal Político pudo constatar que estas comunidades permanecen casi vacías, a pesar de estar custodiadas por elementos del Ejército.

Tiendas y casas permanecen cerradas en Ahuihuiyuco. Foto: Eréndira Aquino.

 

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Foto: EPA

El escándalo de Amazon tras admitir que algunos de sus conductores orinan en botellas de plástico

El gigante de las compras online había afirmado falsamente que sus conductores no se veían obligados a realizar esta práctica.
Foto: EPA
Por BBC
4 de abril, 2021
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Amazon reconoció que parte de su personal orina en botellas de plástico, después de que surgieran pruebas que lo corroboran.

La compañía se disculpó con un político estadounidense por negar falsamente que los conductores se hubieran visto, en ocasiones, obligados a recurrir a esta práctica.

Mark Pocan, del partido demócrata de Wisconsin, EE.UU., hizo las acusaciones en Twitter, y ahora Amazon las ha dado por válidas.

“Le debemos una disculpa al representante (demócrata) Pocan”, dijo el gigante del comercio electrónico en un comunicado publicado en su sitio web.

“El tuit era incorrecto. No contemplaba nuestra gran población de conductores y, en cambio, se centraba erróneamente solo en nuestros centros de distribución”.

La empresa añadió que todos sus centros logísticos tienen decenas de aseos que los empleados pueden utilizar “en cualquier momento”.

Manifestantes Amazon

Reuters
Algunas voces acusan a Amazon de tratar de evitar que sus trabajadores formen un sindicato.

Además, Pocan criticó a Amazon por oponerse a los esfuerzos de los trabajadores para sindicalizar un importante centro en Alabama.

“Pagar a los trabajadores US$15 por hora no te convierte en un lugar de trabajo progresista cuando dificultas la formación de sindicatos y haces que los trabajadores orinen en botellas de agua”, escribió la semana pasada en un tuit.

Fue entonces cuando la cuenta oficial de Amazon respondió: “No se cree realmente lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros”.

“Lo cierto es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y que reciben excelentes salarios y atención médica desde el primer día”.

Prácticas “despiadadas”

Varios medios de comunicación citaron entonces a numerosos empleados de Amazon que confirmaron que no les quedó otra opción que orinar en botellas de plástico mientras trabajaban.

También describieron prácticas de trabajo despiadadas, tanto en sus centros como entre el personal de reparto.

The Intercept también informó de que obtuvo documentos internos que sugerían que los ejecutivos de Amazon estaban al tanto de lo que ocurría.

Según los testimonios de los trabajadores y pruebas documentales recogidas por la publicación, la práctica de orinar en estas condiciones estaba “extendida” y se debía a “a la presión por cumplir las cuotas” que sus superiores establecían. En algunos casos, “los empleados incluso defecaban en bolsas”, señala el medio.

Por ejemplo, Halie Marie Brown, una mujer de 26 años residente en Manteca, California, que trabajó como conductora de reparto para un contratista de entregas de Amazon, le contó a The Intercept que esta situación “ocurre” porque hay una obligación “implícita” debido al ritmo de trabajo establecido.

“De lo contrario acabaremos perdiendo nuestros trabajos por demasiados paquetes como no entregados”.

La retractación de Amazon añade: “Sabemos que los conductores podrían tener, y tienen, problemas para encontrar baños debido al tráfico o a veces a las rutas rurales. Ese fue especialmente el caso durante la covid, cuando muchos baños públicos estuvieron cerrados”.

Amazon

Getty Images
La compañía asegura que en sus centros logísticos sí hay un número suficientes de baños para que los utilicen todos sus trabajadores.

La compañía afirmó que el problema es “una cuestión antigua en todo el sector” y aseguró que “les gustaría resolverlo”.

Pocan rechazó la disculpa el sábado, tuiteando: “No se trata de mí, sino de sus trabajadores, a los que no tratan con suficiente respeto ni dignidad. Empiecen por reconocer las inadecuadas condiciones de trabajo que crearon para TODOS sus trabajadores, luego arréglenlo para todos y, finalmente, dejen que se sindicalicen sin interferencias”.

Los trabajadores de Amazon en Bessemer, Alabama, votaron la semana pasada en una votación histórica para decidir si quieren ser representados por el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes.

Amazon se opuso firmemente a esta iniciativa.

Amazon

Getty Images
Amazon luchó con éxito contra los esfuerzos sindicales en Estados Unidos, pero en Europa sí existen estos sindicatos en la empresa.

Los resultados no se esperan hasta la próxima semana. Si votan afirmativamente, se convertirá en el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos.

Amazon luchó con éxito contra los esfuerzos sindicales en otros lugares de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de sus instalaciones europeas están sindicalizadas.

 

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