Derechos de papel: aún bajo custodia militar, poblados quedan vacíos ante amenazas del narco
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Eréndira Aquino

Derechos de papel: aún bajo custodia militar, poblados quedan vacíos ante amenazas del narco

Municipios de guerrero con operativo militar para contrarrestar la presencia del crimen organizado se encuentran prácticamente desiertos.
Eréndira Aquino
Por Erendira Aquino
9 de noviembre, 2017
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“Fuimos desplazados de Totolapan por la delincuencia organizada. Somos 58 familias, entre las que ya llevamos 27 muertos y tres desaparecidos. Una niña vio cómo mataron a su mamá y a su hermano”, narró un testigo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Guerrero, en 2015.

Según el testimonio, los agresores “querían madera, plantar droga y los minerales que hay ahí”.

Dos años después, Guerrero forma parte de los diez estados en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado casos de desplazamiento forzado interno.

En este estado, pobladores de Heliodoro Castillo, Chilapa de Álvarez, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Chilpancingo y Pungarabato han tenido que dejarlo todo para huir de las amenazas, el secuestro y la violencia.

El fenómeno se repite en municipios de 10 estados del país, de acuerdo con el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México. Se trata de familias enteras que vivían en localidades con reporte de violencia en Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Veracruz y Oaxaca, además de Guerrero.

“La niña les gritaba que no se llevaran a su papá”

“El 21 de noviembre de 2014 se llevaron a mi hermano, Cándido Díaz Sánchez, de 45 años. Se lo llevaron 10 hombres que entraron con armas largas a su casa. Él estaba peinando a su niña de tres años, porque su esposa tenía dolores de parto y la iban a llevar al hospital”, cuenta Judith Díaz.

“La niña les gritaba que no se llevaran a su papá, y la esposa de Cándido les pidió que por piedad no se lo llevaran, a lo que los criminales contestaron ‘cállese, señora, no venimos por las mujeres’”, recuerda.

Después de ese episodio, la esposa de Cándido y sus dos hijos se fueron. “Ella se tuvo que ir de aquí, porque la amenazaron por teléfono de que si no se iba, le quitarían a sus niños. Es desplazada, su casa está abandonada”, explica.

Con lágrimas en los ojos, Judith dice que algunos vecinos le han comentado que saben que a su hermano lo mataron, “y está enterrado en una fosa, en Zitlala”, municipio perteneciente a esta región.

Durante los primeros cuatro años de confrontación entre fuerzas públicas y crimen organizado en México, luego que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas, 246 municipios del país comenzaron a perder su población, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las medidas implementadas por el gobierno federal no sólo no controlaron el crimen, también incrementaron el desplazamiento de la población. A tal grado, que de 2010 a 2015 (los dos últimos años del sexenio de Calderón y los tres primeros del presidente Enrique Peña Nieto) el número de municipios cuya población huyó de la zona alcanzó los 691, según cifras del INEGI.

Comunidades desplazadas, aún con el reconocimiento de un derecho y la protección de militares

El incremento en el número de poblaciones que huyen de la violencia orilló a la CNDH a reconocer por primera vez, el pasado 10 de octubre, el derecho a no sufrir desplazamiento forzado en México. El organismo dirigió la Recomendación 29/2017 al gobernador de Sinaloa, al fiscal del estado y a los alcaldes de Choix y Sinaloa de Leyva, por la desprotección de más de 2,000 víctimas de desplazamiento forzado en la entidad.

De acuerdo con el Informe Especial de la comisión, “el desplazamiento forzado en México no es un suceso nuevo ni reciente, se ha dado de manera constante y por causas diversas. Ante ello es necesario insistir en las pocas acciones gubernamentales que se advierten en materia de prevención y control de este tema”.

Y para muestra, un botón. A pesar de los operativos militares para contrarrestar al crimen organizado, en las comunidades aledañas al municipio de Chilapa, Guerrero, la vida no volvió a ser igual desde junio de este año.

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos estima que de las 700 familias que habitaban en Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, actualmente quedan unas doce. Las demás se desplazaron “ante la amenaza de muerte si no abandonaban su patrimonio”.

En Tepozcuautla, la gente abandonó casas y negocios tras presuntas amenazas del crimen organizado. Foto: Eréndira Aquino.

Manuel Olivares, integrante del Centro, cuenta que “los días 7 y 8 de junio, de manera sorpresiva empezamos a mirar grupos de familias con costalillas de ropa, algunos trastes de cocina y muchos niños”.

Como los habitantes de la zona suelen viajar hacia otros estados para trabajar como jornaleros no les prestaron mucha atención, hasta que se percataron de que “se veían temerosas y algunas estaban llorando”.

La noche del 8 de octubre, el equipo de la organización se percató que en redes sociales circulaba una publicación que contaba sobre el desplazamiento forzado de las dos comunidades.

“El viernes 9 de junio acudimos con un representante de las familias desplazadas, algunas víctimas y medios de comunicación a las comunidades de Tepozcuauhtla y Ahuihuiyuco para constatar lo que nos contaron: había papeles pegados en varias partes del pueblo donde se informaba que un grupo criminal entraría a asesinar a quienes no abandonaran el lugar”, narra.

En aquella ocasión escuelas, centros de salud, tiendas y casi todas las casas fueron cerradas; sólo las iglesias permanecieron abiertas, recuerda Olivares. La presencia militar y policíaca desplegada en la región no fue suficiente para garantizar a las familias que nada les pasaría si permanecían en sus localidades. Prefirieron huir.

El pasado 19 de septiembre, Animal Político pudo constatar que estas comunidades permanecen casi vacías, a pesar de estar custodiadas por elementos del Ejército.

Tiendas y casas permanecen cerradas en Ahuihuiyuco. Foto: Eréndira Aquino.

 

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg

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Reuters

Secuestros, tortura y violencia sexual, la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia

La acusación de este jueves supone la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, que se atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.
Reuters
29 de enero, 2021
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En una resolución esperada por miles de víctimas del conflicto armado interno de Colombia, este jueves se produjo la primera acusación del tribunal especial para la paz contra antiguos líderes de las FARC por una de sus prácticas más temidas, el secuestro.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia acusó a ochos miembros del Secretariado de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los secuestros cometidos durante décadas.

Es la primera vez desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 que la JEP, un tribunal especial creado a raíz de ese acuerdo, atribuye responsabilidad criminal a los antiguos líderes de las FARC.

La JEP determinó que los ocho miembros del máximo órgano de decisión de la guerrilla tienen “responsabilidad de mando” por los abusos y horrores que sufrieron los secuestrados.

En concreto, los acusados son Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último jefe de la antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo; y los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera, Pastor Alape y Rodrigo Granda.

Qué dice la acusación

La JEP atribuye a los líderes de la guerrilla delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas al secuestro como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

El excomandate guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko

EPA
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, es uno de los acusados por la JEP.

El tribunal consideró que los secuestros no fueron errores de guerra de los excombatientes o necesidades o excesos de la guerra, como han pretendido justificar los antiguos jefes de las FARC, “sino que son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad“.

La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que las víctimas sufrieron por “saberse definidos como un objeto para canje”, por la separación de sus familias, por la intimidación constante que rompió vínculos afectivos y por la incertidumbre y terror causado, principalmente en los secuestros de larga duración.

“Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, el doble pago del rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas e insultos y otras formas de vulneración emocional sin consideración del sufrimiento”, expresó este jueves la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre Ripoll.

Eduardo Cifuentes y Julieta Lemaitre, magistrados de la JEP

EPA
La Jurisdicción Especial para la Paz es una instancia creada a partir de los acuerdos de paz de noviembre de 2016 en Colombia.

A partir de este jueves, los acusados tienen 30 días para aceptar o no su responsabilidad en los hechos imputados.

Si lo hacen, recibirán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad, aunque no en prisión.

En caso de que no la acepten, se exponen a la apertura de un juicio criminal que puede conducir a la imposición de penas de prisión hasta de 20 años.


Un importante paso

Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia

De los crímenes ejecutados por las FARC, el secuestro fue probablemente el que más heridas generó entre los colombianos, que siguieron el cautiverio de políticos, militares y ciudadanos durante años y, a veces, décadas.

En septiembre, exlíderes de las FARC pidieron perdón por la práctica en un gesto inédito que, sin embargo, fue recibido con escepticismo por millones de personas que exigen hechos más allá de las palabras.

La imputación de la JEP este jueves al antiguo secretariado de la guerrilla es precisamente eso: un procedimiento legal que aporta verdad y reparación a las víctimas.

Madre de secuestrado

AFP
De los 37.000 secuestros que se registraron durante la guerra en Colombia, casi 9.000 fueron perpetrados por las FARC.

Es probable que ahora, tras casi cinco años de la firma del acuerdo de paz, la JEP empiece a generar más imputaciones a exguerrilleros por delitos como la extorsión, los atentados a poblaciones, desplazamiento forzado y torturas.

La corte de justicia transicional adquiere así, por primera vez, argumentos concretos en contra de sus críticos del partido uribista de gobierno, el Centro Democrático, que la ven como un mecanismo de impunidad más que de justicia.

Se espera que este año se publique el informe de la Comisión de la Verdad, un ente adscrito a la JEP encargado de explicar las causas y consecuencias de la guerra de 60 años en Colombia.

Son las pautas de un polémico acuerdo de paz que lentamente, y no sin obstáculos, empieza a mostrar resultados.

Lo que sí parece lejano, sobre todo ante la oleada de violencia y producción de cocaína que vive actualmente le país, es que la mayoría de colombianos se pongan de acuerdo en que la guerra quedó atrás.


El primero de varios procesos

El enjuiciamiento de la práctica de los secuestros es el primero de siete grandes procesos de los que se encarga la JEP, que no juzga casos individuales.

Desde ahora, el Caso 01, conocido como “Retención ilegal de personas por parte de las FARC”, pasa a denominarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.

Vigilia de miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Reuters
Muchos de los desmovilizados de las FARC pasaron a formar parte del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La decisión anunciada por la JEP causó gran impacto en Colombia, que durante los años 90 y comienzos de este siglo fue el país con más secuestros del mundo.

“Saludamos que en este momento ya haya un pronunciamiento, (aunque) un poco demorado, y esperamos que ahora se acelere un poco más la aplicación de esas penas”, le dijo a la Agencia Efe el general retirado de la Policía Luis Herlindo Mendieta, que cayó en manos de las FARC junto con 60 de sus hombres a finales de los años 90 y permaneció secuestrado durante casi 12 años.

“Que hoy la JEP esté dando este paso es un avance, ahora estaremos pendientes de si se aplica justicia. Se habla siempre de que esta Jurisdicción es restaurativa, pero como lo decía uno de los secuestrados recientemente: ‘Mientras no haya reparación no hay justicia'”, añadió Mendieta.

El pasado 15 de septiembre, los ocho miembros del Secretariado de las FARC pidieron perdón públicamente a sus víctimas de secuestro y a sus familias y reconocieron que ese delito “solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.

El secuestro como financiación

La guerra en Colombia, que para algunos no ha terminado, dejó un total de 262.000 muertos, 80.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados y 37.000 secuestros entre 1958 y 2016, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Iván Márquez, junto a Santrich y "El Paísa"

Getty
Iván Márquez, junto a Santrich y “El Paisa”, anunció que retoma las armas. Son las denominadas disidencias de las FARC.

La mitad de las víctimas mortales son atribuidas a los paramilitares, grupos armados ilegales que luchaban contra las guerrillas.

Y un cuarto de los secuestros, 8.600, fueron cometidos por las FARC.

La guerrilla campesina utilizó el secuestro como arma de guerra desde sus inicios, pero con el tiempo la razón política fue remplazada por una forma de financiación y extorsión, además de ser un mecanismo de ordenamiento territorial dentro de su estructura militar.


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