A casi tres años del desalojo violento de miles de ciudadanos que se manifestaban en el Zócalo, el 20 de noviembre de 2014, las investigaciones en contra de los cuerpos de policía responsables están empantanadas: por un lado, las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas han sido bloqueadas por las autoridades federales y de la Ciudad de México; y por otro, la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa abierta y sin fecha de conclusión.
[contextly_sidebar id=”5ciw7rlFLoZXwplcXj2Zkh260riIgPKC”]Durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos que exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en contra de peatones y clientes de restaurantes de la zona que no tenían ninguna relación con la protesta.
En una acción coordinada, las policías federal y capitalina dispersaron a golpes a los manifestantes, atacaron negocios que dieron refugio a aquellos que intentaban guarecerse, e incluso apagaron la iluminación pública de la Plaza de la Constitución y de los corredores peatonales del Centro Histórico, para dificultar a las personas una evacuación rápida y, por el contrario, facilitar su acorralamiento.
El operativo concluyó con la aprehensión de 11 personas, quienes fueron golpeadas y luego acusadas de delitos tales como asociación delictuosa, intento de homicidio y motín, por los cuales fueron enviadas a penales de alta seguridad en distintos puntos del país.
Estos 11 manifestantes fueron liberados diez días después, al comprobarse que no existían pruebas de que cometieran algún delito.
El laberinto de la impunidad
“La denuncia penal por los abusos cometidos contra esas 11 personas la metimos un año después, el 20 de noviembre de 2015, y hasta la fecha, dos años después de la denuncia y tres años después del operativo, no hay una admisión completa de la denuncia, ni han iniciado las investigaciones realmente”, explicó el abogado Alberto Muñoz, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, agrupación civil que brinda asistencia legal a seis de esas víctimas.
“Aunque metimos la denuncia, la PGR no hizo nada, así que tres meses después, en febrero de 2016, promovimos un amparo, ante la omisión de la Procuraduría, y lo ganamos, así que la PGR se vio obligada a aperturar una carpeta de investigación”, detalló.
Sin embargo, “esta carpeta no incluía a todas las autoridades involucradas, sólo contemplaba a las autoridades federales, y no al resto de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participaron de forma coordinada en el operativo”, lo que implicó nuevos alegatos en contra de la PGR.
Las autoridades federales salieron del escollo dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México, y el enredo comenzó de nuevo.
“Nosotros estamos denunciando el delito de tortura, porque los detenidos fueron sometidos a tratos que así son tipificados –explicó el abogado–. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se negó a admitir la denuncia, señalando que sólo era un caso de abuso de autoridad.”
Efectivamente, detalló Muñoz, “nosotros consideramos que hubo abuso de autoridad, pero también conductas tipificadas penalmente como tortura y, hasta la fecha, seguimos en espera de que el Gobierno de la Ciudad de México defina si va a admitir esta denuncia o no.”
Así, afirmó, “a dos años de que iniciamos el proceso penal en contra de las autoridades que incurrieron en estos abusos, sigue sin aperturarse una investigación completa, que abarque todos los abusos cometidos, y a todas las autoridades involucradas.”
De manera paralela, este grupo de víctimas presentó demandas administrativas de reparación patrimonial del Estado. Al respecto, el abogado Ortega detalló que “básicamente lo que buscamos es que el Estado reconozca que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que tiene la obligación de repararlas de manera integral”.
No obstante, lamentó, “se han presentado demandas por responsabilidad patrimonial a nivel federal y capitalino, y en todos los casos las autoridades han tratado de evadirse de la responsabilidad, no han hecho una investigación diligente y, por el contrario, han trasladado la carga de la prueba a las víctimas.”
Todo esto, concluyó el abogado Alberto Muñoz, “es como entrar a un túnel donde el tiempo se detiene, porque en esta cuestión en la que el Estado se investiga a sí mismo, se vuelve poco diligente, y entonces las autoridades intencionalmente hacen mal las cosas, para que las víctimas impugnen, y saben que luego sólo les van a pedir que repitan todo de nuevo, y las autoridades ahora van a fingir que ya están haciendo las cosas bien, pero vuelven a fallar, y te llevan al amparo…”
CNDH, a su tiempo
Aunque distintos medios de comunicación recabaron decenas de testimonios de las personas agredidas durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, la CNDH sólo recibió tres quejas formales por los abusos policiacos, que se concentraron en un sólo expediente.
Esta investigación de la CNDH involucra sólo a 14 presuntos agraviados, de los cuales 11 son manifestantes detenidos arbitrariamente durante el operativo.
Otras dos víctimas presentaron denuncia ante CNDH aún cuando no fueron detenidas, ya que sí fueron agredidas durante el desalojo, y señalaron directamente a elementos de la Policía Federal como sus atacantes.
Por último, la CNDH también investiga a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuyos elementos fueron acusados de torturar a un peatón a un costado de Palacio Nacional durante el operativo, joven al que abandonaron en la vía pública luego de que perdió la consciencia.
Las tres quejas se presentaron ante la CNDH en los días posteriores al operativo, entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2014. Tres años después, el expediente sigue en integración.
