Desalojo violento del Zócalo suma 3 años de impunidad; autoridades bloquean las investigaciones
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Cuartoscuro Archivo

Desalojo violento del Zócalo suma 3 años de impunidad; autoridades bloquean las investigaciones

"Es como entrar a un túnel donde el tiempo se detiene, porque en esta cuestión en la que el Estado se investiga a sí mismo, se vuelve poco diligente", acusó un abogado sobre las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas del desalojo de 2014.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
7 de noviembre, 2017
Comparte

A casi tres años del desalojo violento de miles de ciudadanos que se manifestaban en el Zócalo, el 20 de noviembre de 2014, las investigaciones en contra de los cuerpos de policía responsables están empantanadas: por un lado, las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas han sido bloqueadas por las autoridades federales y de la Ciudad de México; y por otro, la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa abierta y sin fecha de conclusión.

Durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos que exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en contra de peatones y clientes de restaurantes de la zona que no tenían ninguna relación con la protesta.

En una acción coordinada, las policías federal y capitalina dispersaron a golpes a los manifestantes, atacaron negocios que dieron refugio a aquellos que intentaban guarecerse, e incluso apagaron la iluminación pública de la Plaza de la Constitución y de los corredores peatonales del Centro Histórico, para dificultar a las personas una evacuación rápida y, por el contrario, facilitar su acorralamiento.

Leer >>#20NovMX: No era manifestante, pero la policía lo detuvo, torturó y abandonó inconsciente en la calle

El operativo concluyó con la aprehensión de 11 personas, quienes fueron golpeadas y luego acusadas de delitos tales como asociación delictuosa, intento de homicidio y motín, por los cuales fueron enviadas a penales de alta seguridad en distintos puntos del país.

Estos 11 manifestantes fueron liberados diez días después, al comprobarse que no existían pruebas de que cometieran algún delito.

El laberinto de la impunidad

“La denuncia penal por los abusos cometidos contra esas 11 personas la metimos un año después, el 20 de noviembre de 2015, y hasta la fecha, dos años después de la denuncia y tres años después del operativo, no hay una admisión completa de la denuncia, ni han iniciado las investigaciones realmente”, explicó el abogado Alberto Muñoz, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, agrupación civil que brinda asistencia legal a seis de esas víctimas.

“Aunque metimos la denuncia, la PGR no hizo nada, así que tres meses después, en febrero de 2016, promovimos un amparo, ante la omisión de la Procuraduría, y lo ganamos, así que la PGR se vio obligada a aperturar una carpeta de investigación”, detalló.

Sin embargo, “esta carpeta no incluía a todas las autoridades involucradas, sólo contemplaba a las autoridades federales, y no al resto de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participaron de forma coordinada en el operativo”, lo que implicó nuevos alegatos en contra de la PGR.

Las autoridades federales salieron del escollo dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México, y el enredo comenzó de nuevo.

“Nosotros estamos denunciando el delito de tortura, porque los detenidos fueron sometidos a tratos que así son tipificados –explicó el abogado–. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se negó a admitir la denuncia, señalando que sólo era un caso de abuso de autoridad.”

Efectivamente, detalló Muñoz, “nosotros consideramos que hubo abuso de autoridad, pero también conductas tipificadas penalmente como tortura y, hasta la fecha, seguimos en espera de que el Gobierno de la Ciudad de México defina si va a admitir esta denuncia o no.”

Así, afirmó, “a dos años de que iniciamos el proceso penal en contra de las autoridades que incurrieron en estos abusos, sigue sin aperturarse una investigación completa, que abarque todos los abusos cometidos, y a todas las autoridades involucradas.”

De manera paralela, este grupo de víctimas presentó demandas administrativas de reparación patrimonial del Estado. Al respecto, el abogado Ortega detalló que “básicamente lo que buscamos es que el Estado reconozca que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que tiene la obligación de repararlas de manera integral”.

No obstante, lamentó, “se han presentado demandas por responsabilidad patrimonial a nivel federal y capitalino, y en todos los casos las autoridades han tratado de evadirse de la responsabilidad, no han hecho una investigación diligente y, por el contrario, han trasladado la carga de la prueba a las víctimas.”

Todo esto, concluyó el abogado Alberto Muñoz, “es como entrar a un túnel donde el tiempo se detiene, porque en esta cuestión en la que el Estado se investiga a sí mismo, se vuelve poco diligente, y entonces las autoridades intencionalmente hacen mal las cosas, para que las víctimas impugnen, y saben que luego sólo les van a pedir que repitan todo de nuevo, y las autoridades ahora van a fingir que ya están haciendo las cosas bien, pero vuelven a fallar, y te llevan al amparo…”

CNDH, a su tiempo

Aunque distintos medios de comunicación recabaron decenas de testimonios de las personas agredidas durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, la CNDH sólo recibió tres quejas formales por los abusos policiacos, que se concentraron en un sólo expediente.

Esta investigación de la CNDH involucra sólo a 14 presuntos agraviados, de los cuales 11 son manifestantes detenidos arbitrariamente durante el operativo.

Otras dos víctimas presentaron denuncia ante CNDH aún cuando no fueron detenidas, ya que sí fueron agredidas durante el desalojo, y señalaron directamente a elementos de la Policía Federal como sus atacantes.

Por último, la CNDH también investiga a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuyos elementos fueron acusados de torturar a un peatón a un costado de Palacio Nacional durante el operativo, joven al que abandonaron en la vía pública luego de que perdió la consciencia.

Las tres quejas se presentaron ante la CNDH en los días posteriores al operativo, entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2014. Tres años después, el expediente sigue en integración.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal

El récord de casi 19 mil menores no acompañados que llegaron en un mes a la frontera de EU

Los números de migrantes que desde México y Centroamérica tratan de llegar a Estados Unidos no deja de crecer.
8 de abril, 2021
Comparte
Centro que acoge a los menores

Getty Images
Los centros de acogida de menores no acompañados están desbordados.

Casi 19.000 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México.

La cifra anunciada por el gobierno de Estados Unidos este jueves es la más alta jamás registrada en un mes y supone un test para la nueva presidencia de Joe Biden.

Una mezcla de factores en Centroamérica y en Estados Unidos están detrás de este incremento.

El gobierno de Biden decidió dejar de expulsar a los niños que llegan solos, algo que la presidencia de Donald Trump, y entregarlos a familiares que ya viven en el país mientras los tribunales estudian sus casos.

La patrulla fronteriza (CBP) encontró a 18.663 menores (algunos niños de sólo 3 años de edad) en marzo, muy por encima de los 11.475 de mayo de 2019 y los 10.620 de junio de 2014, que eran las cifras más altas desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Esto está provocando el hacinamiento de los centros que el gobierno tiene para el cuidado de los menores.

Muchos analistas ven la devastación que dejaron los huracanes que golpearon Centroamérica en noviembre del año pasado y las históricas condiciones de pobreza y violencia, como las causas principales de que muchas personas traten de emigrar a Estados Unidos.

Cambios en la percepción de la política migratoria de Biden también parecen haber contribuido al auge.

La detención de migrantes indocumentandos en la frontera con México ascendió un 70% en marzo hasta 172.331, el número más alto en 15 años.

El CBP culpó del auge a la “violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Esto no es nuevo”, dijo Troy Miller, comisionado del CBP.

Casi 104.000 personas fueron expulsadas a México, la mayoría adultos sin familia, de acuerdo a la normativa de covid-19, pero los niños sí se han podido quedar de momento en territorio estadounidense.

Hay más de 20.000 niños bajo custodia del gobierno, que está buscando ampliar los recintos que los acogen.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=Iw8YMJx_rSM

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.