Desalojo violento del Zócalo suma 3 años de impunidad; autoridades bloquean las investigaciones
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Desalojo violento del Zócalo suma 3 años de impunidad; autoridades bloquean las investigaciones

"Es como entrar a un túnel donde el tiempo se detiene, porque en esta cuestión en la que el Estado se investiga a sí mismo, se vuelve poco diligente", acusó un abogado sobre las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas del desalojo de 2014.
Cuartoscuro Archivo
Por Paris Martínez
7 de noviembre, 2017
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A casi tres años del desalojo violento de miles de ciudadanos que se manifestaban en el Zócalo, el 20 de noviembre de 2014, las investigaciones en contra de los cuerpos de policía responsables están empantanadas: por un lado, las denuncias penales y administrativas presentadas por las víctimas han sido bloqueadas por las autoridades federales y de la Ciudad de México; y por otro, la investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continúa abierta y sin fecha de conclusión.

Durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, agentes de la Policía Federal, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos que exigían la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en contra de peatones y clientes de restaurantes de la zona que no tenían ninguna relación con la protesta.

En una acción coordinada, las policías federal y capitalina dispersaron a golpes a los manifestantes, atacaron negocios que dieron refugio a aquellos que intentaban guarecerse, e incluso apagaron la iluminación pública de la Plaza de la Constitución y de los corredores peatonales del Centro Histórico, para dificultar a las personas una evacuación rápida y, por el contrario, facilitar su acorralamiento.

Leer >>#20NovMX: No era manifestante, pero la policía lo detuvo, torturó y abandonó inconsciente en la calle

El operativo concluyó con la aprehensión de 11 personas, quienes fueron golpeadas y luego acusadas de delitos tales como asociación delictuosa, intento de homicidio y motín, por los cuales fueron enviadas a penales de alta seguridad en distintos puntos del país.

Estos 11 manifestantes fueron liberados diez días después, al comprobarse que no existían pruebas de que cometieran algún delito.

El laberinto de la impunidad

“La denuncia penal por los abusos cometidos contra esas 11 personas la metimos un año después, el 20 de noviembre de 2015, y hasta la fecha, dos años después de la denuncia y tres años después del operativo, no hay una admisión completa de la denuncia, ni han iniciado las investigaciones realmente”, explicó el abogado Alberto Muñoz, integrante de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC, agrupación civil que brinda asistencia legal a seis de esas víctimas.

“Aunque metimos la denuncia, la PGR no hizo nada, así que tres meses después, en febrero de 2016, promovimos un amparo, ante la omisión de la Procuraduría, y lo ganamos, así que la PGR se vio obligada a aperturar una carpeta de investigación”, detalló.

Sin embargo, “esta carpeta no incluía a todas las autoridades involucradas, sólo contemplaba a las autoridades federales, y no al resto de las dependencias del gobierno de la Ciudad de México que participaron de forma coordinada en el operativo”, lo que implicó nuevos alegatos en contra de la PGR.

Las autoridades federales salieron del escollo dando vista a la Procuraduría de la Ciudad de México, y el enredo comenzó de nuevo.

“Nosotros estamos denunciando el delito de tortura, porque los detenidos fueron sometidos a tratos que así son tipificados –explicó el abogado–. Pero la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se negó a admitir la denuncia, señalando que sólo era un caso de abuso de autoridad.”

Efectivamente, detalló Muñoz, “nosotros consideramos que hubo abuso de autoridad, pero también conductas tipificadas penalmente como tortura y, hasta la fecha, seguimos en espera de que el Gobierno de la Ciudad de México defina si va a admitir esta denuncia o no.”

Así, afirmó, “a dos años de que iniciamos el proceso penal en contra de las autoridades que incurrieron en estos abusos, sigue sin aperturarse una investigación completa, que abarque todos los abusos cometidos, y a todas las autoridades involucradas.”

De manera paralela, este grupo de víctimas presentó demandas administrativas de reparación patrimonial del Estado. Al respecto, el abogado Ortega detalló que “básicamente lo que buscamos es que el Estado reconozca que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y que tiene la obligación de repararlas de manera integral”.

No obstante, lamentó, “se han presentado demandas por responsabilidad patrimonial a nivel federal y capitalino, y en todos los casos las autoridades han tratado de evadirse de la responsabilidad, no han hecho una investigación diligente y, por el contrario, han trasladado la carga de la prueba a las víctimas.”

Todo esto, concluyó el abogado Alberto Muñoz, “es como entrar a un túnel donde el tiempo se detiene, porque en esta cuestión en la que el Estado se investiga a sí mismo, se vuelve poco diligente, y entonces las autoridades intencionalmente hacen mal las cosas, para que las víctimas impugnen, y saben que luego sólo les van a pedir que repitan todo de nuevo, y las autoridades ahora van a fingir que ya están haciendo las cosas bien, pero vuelven a fallar, y te llevan al amparo…”

CNDH, a su tiempo

Aunque distintos medios de comunicación recabaron decenas de testimonios de las personas agredidas durante el operativo del 20 de noviembre de 2014, la CNDH sólo recibió tres quejas formales por los abusos policiacos, que se concentraron en un sólo expediente.

Esta investigación de la CNDH involucra sólo a 14 presuntos agraviados, de los cuales 11 son manifestantes detenidos arbitrariamente durante el operativo.

Otras dos víctimas presentaron denuncia ante CNDH aún cuando no fueron detenidas, ya que sí fueron agredidas durante el desalojo, y señalaron directamente a elementos de la Policía Federal como sus atacantes.

Por último, la CNDH también investiga a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, cuyos elementos fueron acusados de torturar a un peatón a un costado de Palacio Nacional durante el operativo, joven al que abandonaron en la vía pública luego de que perdió la consciencia.

Las tres quejas se presentaron ante la CNDH en los días posteriores al operativo, entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre de 2014. Tres años después, el expediente sigue en integración.

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Justin Trudeau: el nuevo escándalo que tiene en crisis al primer ministro

Un millonario programa de becas para ayudar a jóvenes estudiantes ha puesto al primer ministro de Canadá y su familia en el foco mediático. Te contamos por qué.
27 de julio, 2020
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Justin Trudeau

Reuters
El último escándalo que salpica a Justin Trudeau se ha producido en plena pandemia.

Cuando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó al poder en 2015, prometió una nueva forma de hacer política. Pero ahora se enfrenta a su tercer escándalo relacionado con cuestiones éticas. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Canadá anunció en junio que elegía a la organización WE Charity, conocida sobre todo por sus conferencias WE Day a las que acuden numerosas celebridades, para que administrara un nuevo programa de becas para estudiantes afectados por el desplome económico.

¿Cómo derivó esa decisión en acusaciones de favoritismo y conflicto de intereses, dos investigaciones federales, el foco puesto en la familia Trudeau y llamados a la renuncia del primer ministro?

Esta es una guía para comprender este último escándalo político en Canadá.

La familia de Trudeau bajo la lupa

Trudeau se enfrenta a su tercera investigación por conflicto de intereses en sus cinco años en el poder por la decisión de su gabinete de otorgarle un contrato valorado en US$43 millones a la organización WE Charity de Canadá.

Sophie Gregoire Trudeau y su esposo el primer ministro Justin Trudeau en un evento de WE

Getty Images for We Day
El primer ministro canadiense y su esposa han participado en eventos de la organización We Charity.

El programa de US$680 millones estaba diseñado para conectar a estudiantes graduados de la secundaria con opciones de trabajo voluntario pagado para compensar la pérdida de los empleos de verano previstos a causa de la pandemia.

Posteriormente se supo que la madre y el hermano de Trudeau recibieron dinero en el pasado por hablar en distintos eventos de WE.

Margaret Trudeau recibió poco más de US$185,000 por hablar en 28 eventos de WE en cuatro años, y el hermano del primer ministro, Alexander, recibió unos US$23,000 por hablar en ocho eventos entre 2017 y 2018.

Trudeau también ha hecho frecuentes apariciones, incluido su primer evento de WE en 2007, según el sitio de noticias iPolitics. Su esposa, Sophie Gregoire-Trudeau, fue la locutora de un podcast de temas de bienestar para la organización.

Sophie Grégoire-Trudeau,con la exprimera ministra de Australia Julia Gillard y la cantante Leona Lewis

Getty Images
La esposa de Trudeau, Sophie Grégoire-Trudea (izda.), es embajadora del programa de bienestar de WE.

El primer ministro no se retiró de las discusiones relacionadas con la decisión de darle el contrato a WE y hace dos semanas se disculpó por ello.

El organismo federal de supervisión ética ha confirmado que está investigando el asunto.

“Este país está gobernado por un pequeño círculo de élites y hay un culto a quienes pertenecen al círculo que refuerza ese sistema, que produce este tipo de escándalos de forma bastante rutinaria”, opina el teórico político canadiense David Moscrop.

“Ese es el problema estructural, que Canadá termina siendo un pequeño país gobernado por un pequeño grupo de personas”.

El programa de becas tenía ya más de 35,000 solicitudes y 83 socios no lucrativos.

El ministro de Finanzas bajo presión

Al igual que los Trudeau, la familia del ministro de Finanzas, Bill Morneau, tenía vínculos con WE. Dos de sus hijas están relacionadas con la organización, una de ellas como empleada.

ministro de Finanzas, Bill Morneau

Reuters
El ministro de Finanzas, Bill Morneau ha reconocido haber cometido errores.

Morneau testificó hace unos días ante un comité de finanzas de la Cámara de los Comunes que investiga el hecho de que su familia realizara dos viajes humanitarios, a Kenia y Ecuador, para ver el trabajo de WE en el extranjero.

El ministro reconoció que recientemente se dio cuenta de que no había pagado alrededor de US$30,000 en gastos de viaje para esas visitas y firmó un cheque para compensarlo.

La organización dijo en un comunicado que, aunque los viajes eran por invitación, el ministro ha desembolsado la cantidad que le hubieran cobrado si hubiera pagado en ese momento.

WE dijo que regularmente organiza visitas para “filántropos bien conocidos”, como Morneau y su esposa, que proceden de ricas familias canadienses.

Los partidos de la oposición piden que renuncie o que sea despedido por los viajes, ya que consideran que violan las reglas éticas.

El académico Moscrop sugiere que si bien el retraso en el pago de los viajes pudo haber sido “un descuido en lugar de malicia”, esta forma de actuar puede generar “cinismo, enojo y frustración. Todo ello en tiempos de una pandemia es doblemente problemático”.

El ministro de Finanzas está actualmente bajo investigación por posibles abusos éticos por no haberse recusado tampoco de las discusiones relacionadas con el contrato a WE, por lo que también se ha disculpado.

Escrutinio sobre WE

La organización WE fue fundada hace 25 años por los hermanos Craig y Marc Kielburger en la casa de sus padres en Ontario, Canadá, cuando Craig tenía 12 años.

Conocida anteriormente como Free the Children (“Liberen a los niños”), la organización se centró en poner fin a la explotación infantil y rápidamente se ganó el reconocimiento internacional.

Sus cofundadores se convirtieron en celebridades locales y aparecieron en programas de televisión como el Show de Oprah Winfrey y 60 Minutes en Estados Unidos.

Sus conferencias motivacionales, llamadas WE Day, se han convertido en un antes y un después para muchos jóvenes canadienses, a quienes les atrae su mensaje de que pueden cambiar el mundo y su lista de conferenciantes y artistas famosos.

Hermanos Kielburger

AFP
La organización WE fue fundada a mediados de los 90 por los hermanos Kielburger.

Actualmente es una organización de amplio alcance que opera en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Ante la polémica, WE se retiró del programa de becas este mes por haberse visto “enredado en la controversia desde el momento del anuncio”, según informó la organización.

Pero el escrutinio sobre el contrato se ha extendido a la propia organización, abriendo interrogantes sobre su estructura en expansión, los lazos entre la rama de empresa social, sus entidades caritativas y su cultura interna.

El viernes, el periódico canadiense The Globe and Mail reportó que algunos socios y patrocinadores, incluidas la Fundación de la Reina de Inglaterra y la aerolínea Virgin Atlantic, están revisando su relación con WE.

A mediados de julio, la organización dijo que ha decidido realizar cambios estructurales y de gobernanza y volver a concentrarse en su mandato original de desarrollo internacional, y que contratará consultoras externas para una revisión.

Impacto sobre el apoyo a Trudeau

Los liberales federales de Trudeau todavía tienen una ligera ventaja sobre sus oponentes conservadores, pero sondeos de opinión sugieren que la controversia les está pasando factura.

Trudeau

Getty Images
Justin Trudeau, de 47 años, llegó al poder como primer ministro de Canadá en 2015.

El apoyo al partido Liberal Nacional ha caído desde que la noticia salió a la luz, al igual que el índice de aprobación de Trudeau, según una encuesta de Abacus Data del 20 de julio.

Las reacciones al manejo que ha hecho el gobierno del tema son negativas por todo el país, también dentro del 40% de personas que votaron por los liberales en las elecciones del año pasado, según el sondeo.

Probablemente seguirá siendo noticia por un tiempo.

Trudeau tiene un gobierno en minoría, lo que hace que los partidos de oposición tengan más control sobre la agenda y cuenten con las herramientas para “alargarlo todo lo que sea posible” (el escándalo), apunta el analista Moscrop.

A petición de los conservadores en la oposición, el primer ministro comparecerá ante el comité investigador de la Cámara de los Comunes en los próximos días. Y también lo harán los Kielburger.


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