Dar nombre a desaparecidos en México, un trabajo de la sociedad para devolverles la identidad
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Cuartoscuro Archivo

Dar nombre a desaparecidos en México, un trabajo de la sociedad para devolverles la identidad

Al invisibilizar el nombre de las personas desaparecidas, el gobierno federal les quita identidad, las desaparece por partida doble, señala Data Cívica.
Cuartoscuro Archivo
Por Ernesto Aroche Aguilar
13 de noviembre, 2017
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En febrero de 2013, dos meses después de concluido el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto publicó una base de datos de personas desaparecidas y extraviadas con 24 mil 957 registros.

Desde entonces el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) se actualiza, depura y publica de manera periódica en la página de la Secretaría de Gobernación (Segob). La versión más reciente, publicada en junio de 2017, cuenta con 33 mil 482 casos divididos en dos categorías: “Fuero Común”, la que contiene la mayoría de los casos, 32 mil 277; y “Fuero Federal” con 1,205.

A pesar de que la base se creó como una herramienta de alcance nacional para incorporar todos los casos de personas desaparecidas denunciadas ante las autoridades, es un registro con muchas deficiencias, la primera de ellas, dice Mónica Mentis, directora ejecutiva de Data Cívica, es la ausencia de nombres de las personas en los registros.

“Ahorita, como está la base deshumaniza muchísimo a las personas. Desde que se inició con Data Cívica hemos trabajado con los datos del RNPED, en sus diferentes olas (actualizaciones y depuraciones), y en ese proceso nos hemos dado cuenta que como está publicado no es útil en términos de búsqueda de personas, pero tampoco de verdad y justicia. Uno de los elementos importantes para que esto suceda es que estén los nombres de las personas publicados”.

Y agrega: “es horrible reconocer que hay una doble desaparición de las personas, primero desaparecen físicamente, y luego el Estado no se encarga de darle seguimiento a sus casos e invisibiliza sus nombres, y al invisibilizar los nombres les quita identidad y humanización de las personas”.

Desde hace dos años Data Cívica se dio a la tarea de reconstruir esa base de datos utilizando tres registros públicos: el padrón de beneficiarios de Sedesol, el padrón del IMSS y el propio RNPED. El objetivo es que las personas registradas en esa base de datos vuelvan a tener nombre, lo que el gobierno les ha negado al publicar su información con una casilla vacía.

En este momento la base de datos oficial puede descargarse desde la página de la Segob. El registro ofrece información en mayor o menor medida sobre fecha de desaparición, estado, municipio y localidad, género, y algunas características, pero nada del nombre.

“Lo que nos ha dicho la autoridad en respuesta a solicitudes de información –explica Mónica— es que se trata de un asunto de protección de datos personales. Aunque la PGR nos dijo, en una solicitud, que no publican esos datos porque no están obligados por ley a hacerlo. Es un asunto curioso porque algunas procuradurías como la del Estado de México y Tamaulipas sí publican datos con nombres”.

La propia autoridad federal lo hace, pero sólo en los casos catalogados como del Fuero Federal. En esa lista se encuentran, por ejemplo, los casos de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre.

En esos casos, dice Mónica “hubo un amparo que alguien interpuso, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció porque se publicaran los nombres”, pero la orden de la SCJN no alcanzó para que se hiciera lo mismo con la base de datos del Fueron Común, la que contiene el 96.4% de los casos.

“En Data Cívica, y las organizaciones con las que trabajamos el sitio personasdesaparecidas.org.mx  creemos que el tema de máxima publicidad debería imperar sobre el tema de datos personales, especialmente en este caso, es ridículo pensar que puedes encontrar una persona sin tener su nombre. Pero además regresa la responsabilidad completa a los familiares de las víctimas, por que ahorita sólo puedes buscar en el RNPED si tienes el nombre y eso significa que quienes conocen el nombre solo son las familias o las organizaciones locales”, explica Mónica.

Al proyecto se sumaron más de 12 organizaciones, entre ellas el Movimiento por nuestros desaparecidos México, Fundar, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Serapaz y Enjambre Digital, y medios como Animal Político.

“Lo que hicimos fue adelantarnos uno o dos años –cuenta Mónica— porque la Ley General de Desaparecidos ya incluye la obligación de publicar los nombres”.

La ley no ha sido publicada en el Diario Oficial, con lo que su decreto de creación no entra en vigor hasta que se cumpla ese formalismo.

Lo aprobado por los diputados establece la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de personas que incluye una comisión y un nuevo RNPED, entre otras herramientas de búsqueda, pero hasta el momento dicho sistema carece de presupuesto.

Para 2018 se cuenta en el Presupuesto de Egresos con una partida por 186 millones de pesos para “Acciones en materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares, así como Búsqueda de Personas” asignada a la Segob y otra de 286 millones para el mismo rubro pero catalogada como “Subsidios a las entidades federativas”, 8.6 millones de pesos en promedio por entidad federativa.

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Cómo Uruguay pasó de ser una excepción en la pandemia de coronavirus al país con mayor tasa de casos nuevos en América Latina

A la cabeza de la región en cantidad de casos nuevos cada millón de personas, Uruguay enfrenta semanas "muy difíciles" en la pandemia luego de su relativa calma, sostienen expertos.
21 de marzo, 2021
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Cuando muchos en el mundo aún veían a Uruguay como una excepción latinoamericana en el control de contagios de COVID-19, el doctor Julio Medina lanzó una advertencia desde allí.

“Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus”, tuiteó Medina, catedrático de enfermedades infecciosas en la Universidad de la República (Udelar), el 29 de noviembre.

Menos de cuatro meses más tarde, la situación del país ha dado un giro en la peor dirección.

Uruguay pasó a Brasil el domingo como la nación latinoamericana con mayor número de casos nuevos de covid-19 por cada millón de habitantes, según el promedio móvil de siete días de Our World in Data.

Si bien las posiciones en este ranking pueden variar de un día al otro, los expertos observan preocupados el panorama uruguayo.

El país marcó el domingo su récord de contagios diarios, casos activos y pacientes en terapia intensiva desde el inicio de la pandemia hace un año.

Con 33,51 casos de promedio por cada 100 mil personas en una semana, Uruguay está en zona roja de riesgo según los parámetros de la Universidad de Harvard (a partir de 25 casos).

“Estamos en el peor momento de la epidemia en nuestro país y las próximas semanas van a ser muy difíciles”, anticipa Medina en diálogo con BBC Mundo.

Entonces ¿a qué se debe esto?

Vacunación en Uruguay.

Getty Images
Uruguay, que ya ha comenzado a vacunar, registró el pasado domingo un récord de contagios diarios.

“Presos del propio éxito”

Uruguay aún está mejor que varios de sus vecinos regionales en algunos indicadores de la pandemia.

Con menos de 3,5 millones de habitantes, el país llevaba hasta el lunes 712 muertes por COVID-19, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins.

Su tasa de letalidad por COVID-19 (1%) es una de las más bajas en América Latina y menor que la de naciones con población similar, como Costa Rica, Panamá y Paraguay, de acuerdo a Our World in Data.

Uruguay mantiene además uno de los registros más bajos en la región de muertes por COVID-19 por millón de habitantes.

Hasta ahora, el sistema de salud uruguayo nunca se vio desbordado por la pandemia.

Y aunque fue uno de los últimos países de la región en recibir vacunas contra el COVID-19, a fines de febrero, ahora es el segundo latinoamericano con más dosis administradas por cada 100 personas (5,9), detrás de Chile (34,5).

Dos personas del equipo sanitario en Uruguay.

Getty Images
Uruguay fue uno de los últimos países latinoamericanos en obtener vacunas, pero inocula a uno de los ritmos más rápidos de la región.

Uruguay llamó la atención desde el año pasado por haber aplicado una singular estrategia frente a la pandemia, sin confinamientos obligatorios.

El presidente Luis Lacalle definió este camino como de “libertad responsable”: pidió a la población que permaneciera en sus casas, pero evitó los controles policiales de otros países.

Como la población siguió los consejos y el virus estaba bajo control, a partir de abril de 2020 el gobierno reabrió gradualmente actividades que había cerrado al inicio de la pandemia: construcción, comercio, escuelas presenciales, restaurantes…

https://www.youtube.com/watch?v=dDHHLysaCHg

Pero la primera ola de contagios comenzó a subir a fin de año en Uruguay y los expertos creen que lo que observan ahora es un rebote de la misma.

Parte del fenómeno es atribuido al comportamiento de las personas, que interactúan más en su regreso de las vacaciones del verano austral.

“A veces es estar preso del propio éxito: al país le había ido muy bien y las personas relajaron las medidas, eso explica buena parte de lo que nos está pasando”, señala Medina.

Agrega que la otra explicación posible del aumento de casos es que la variante brasileña del virus —definida como la P.1 y más transmisible— haya entrado a Uruguay por su frontera terrestre con Brasil.

Si bien el gobierno de Lacalle dispuso un cierre parcial de fronteras, esto es difícil de lograr en ciudades fronterizas con Brasil,donde apenas una calle marca el límite binacional.

“Estamos convencidos de que (la P.1) debe estar en el país, simplemente todavía no logramos demostrarlo”, señala el infectólogo.

Y sostiene que, si esto se confirma en estudios que se realizan, “quiere decir que las medidas que venía usando el país para contener la epidemia dejan de ser tan eficientes y usted tiene que ser más estricto”.

La liebre y la tortuga

El gobierno uruguayo tiene previsto analizar la situación sanitaria este martes en un Consejo de Ministros.

Por lo pronto, ya ha decidido solicitar al Parlamento que renueve un límite impuesto al derecho a reunión para evitar aglomeraciones, informaron medios locales.

Hospital en Montevideo.

Getty Images
Es probable que Uruguay anuncie más medidas restrictivas esta semana.

El presidente Lacalle se mostraba contrario hasta la semana pasada a adoptar medidas más restrictivas, como la prohibición de circulación.

Sin embargo, el Grupo Asesor Científico Honorario (Gach), integrado por expertos como Medina y que aconseja al gobierno en la pandemia, sugirió en febrero limitar reuniones sociales o familiares y las actividades de comercios no esenciales.

Y el lunes distintos especialistas reclamaron públicamente más medidas.

“A diferencia de la fábula de la carrera entre la liebre (virus) y la tortuga (nosotros), acá no se va a dormir sola. Es ahora que hay que noquearla, bajando la movilidad con nuevas medidas, y así llegar a la meta”, tuiteó Gonzalo Moratorio, un virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, el lunes.

El nefrólogo Oscar Noboa sostuvo en la misma red que “cada minuto sin medidas tiene costos muy altos para los enfermos y sus contactos”.

Enfermera en Uruguay.

Getty Images
Uruguay estableció un calendario singular de vacunación, sin comenzar por los mayores.

“La realidad ya no nos permite ser optimistas. Es una carrera entre el aumento de casos y el muy buen ritmo de vacunación. En este mes (entre hoy y mediados de abril) se juegan las finales. Es necesario adoptar medidas duras, aunque no gusten”, tuiteó Oscar Ventura, catedrático de la Universidad de Química de la Udelar.

Uruguay también ha adoptado un calendario singular de vacunación, sin comenzar por la población de mayor edad como hicieron otros países por ser grupo de riesgo.

Esto se debe a que, según expertos locales, las primeras vacunas que recibió el país, del laboratorio chino Sinovac, carecían de suficientes ensayos clínicos en mayores de 60 años.

El lunes el gobierno anunció que comenzará a vacunar a personas de entre 50 y 70 años. Pero aún se desconoce cuándo exactamente inoculará a quienes tienen entre 70 y 75 con dosis de otros laboratorios.

Medina destaca la importancia clave de vacunarse contra la covid-19, pero señala que, sin otras medidas, incluso una tasa alta de inoculación tendría escaso impacto en el momento actual del país.

“Esto no nos va a ayudar en esta etapa de aceleración de la epidemia”, advierte. “Nos va a ir ayudando más adelante”.


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