La mujer que perdió su empleo de 21 años y quedó en bancarrota por publicar una foto en Facebook
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La mujer que perdió su empleo de 21 años y quedó en bancarrota por publicar una foto en Facebook

La mujer estaba muy contenta por lo bien que resultó una noche de trabajo, por lo que compartió el momento en su perfil de Facebook. Y esto fue lo que sucedió después.
BBC Mundo
Por Laurence Grissell BBC
7 de noviembre, 2017
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Cuando Rachel Burns publicó una foto de un cantante en su trabajo en su perfil de Facebook no tenía ni idea de que eso pondría fin a su carrera.

“Me encantaba mi trabajo. Es mi vocación, me gusta cuidar de las personas”, dice Burns.

Durante 21 años, hasta diciembre de 2015, trabajó en Park Hall, un hogar de cuidado para ancianos y adultos vulnerables en la localidad de Reigate, Surrey, al sur de Londres.

Había empezado como asistente y poco a poco se abrió camino. Llegó a ser la directora en los últimos ocho años.

“Siempre había actividades a realizar. Yo quería que los clientes tuvieran una buena calidad de vida”, dice Burns, y una de las actividades que organizaba para los residentes en el Park Hall era una noche musical, todos los viernes.

“Los residentes se vestían elegantes y les teníamos una cena diferente cada semana”, explica.

Como cantante amateur, a Burns le gustaba interpretar de todo en esas noches de música, desde canciones de Roberta Flack hasta temas de Nina Simone o Boney M.

Uno de esos viernes, Burns regresó a casa y decidió compartir algunos de los momentos en internet.

“Estaba muy eufórica por cómo había estado la noche”, recuerda. “Publiqué la foto pensando simplemente que sería vista por unas pocas personas en Facebook, principalmente el personal de servicio”.

El reverendo David Walford (i) y el cantante Roy Matthews (d) con Rachel Burns
En las noches musicales había invitados que cantaban con Rachel Burns, como el reverendo David Walford (i) y el cantante Roy Matthews (d). (Foto: Rachel Burns)

Sin embargo, dos meses más tarde Rachel recibió una llamada para avisarle que debía asistir a la oficina central de la empresa.

“Tan pronto como llegué allí, cuando vi sus caras, sabía que estaba en un gran problema”, recuerda Burns.

Le dijeron que se había equivocado en varias cosas: publicar la foto en Facebook; identificar a un residente de Park Hall en la imagen, un hombre con síndrome de Down que, deseoso de ser fotografiado, se puso al lado de ella.

Además, subió un video de la noche musical. Y entre sus amigos de Facebook había un familiar de uno de los residentes.

Se consideraron violaciones de las normas del Consejo del Condado de Surrey, por lo que dos días después Rachel fue suspendida de su empleo.

21 años de carrera

Desde el primer momento Burns admitió todos los señalamientos que hizo el Consejo, pero quería apelar su decisión.

“Yo sé que no debí haber subido esa foto (en internet), pero ¿realmente tendría que perder mi carrera de 21 años por un error? Quería justicia, porque creía que lo que habían hecho conmigo era justo”, dice Burns.

La apelación fue denegada y le dieron dos días para decidir si aceptaba un descenso -con una reducción salarial significativa- o enfrentar el despido.

Pidió más tiempo para considerar sus opciones, pero el Consejo se lo negó.

Rachel Burns en su oficina en 2015
Rachel Burns avanzó puestos en su trabajo hasta ser directora de la casa de cuidados de Park Hall en 2015. (Foto: Rachel Burns)

En ese momento fue diagnosticada con una cuadro de estrés y ansiedad. Recibió una llamada telefónica exigiendo que tomara una decisión de inmediato.

“Les dije: ‘Estoy de baja por enfermedad relacionada con el trabajo, mi médico no siente que pueda tomar una decisión que cambie mi vida en este momento'”.

Sin embargo, le dijeron que si no aceptaba el descenso sería despedido de su empleo de casi US$59.000 al año de forma inmediata.

“Recibí una carta al día siguiente que decía: ‘Lamento que hayas decidido aceptar el despido’. Y eso fue todo”.

“La gente era feliz ahí”

El hermano de Claire Pooley es el residente de Park Hall que aparece en la foto que Burns publicó en su perfil de Facebook.

“Le encanta cantar y bailar”, dice Claire. “Rachel y los chicos le permitieron abrirse los viernes por la noche”.

El marido de Claire, Graham, añade: “En el momento en que entramos por la puerta, sabíamos Park Hall era un lugar especial. El ambiente, la cultura y la atmósfera… la gente era feliz allí y hay un montón de estimulación“.

La pareja dice que el personal de Park Hall siempre alentó el hermano de Claire a levantarse y cantar en las noches de música.

Rachel Burns y sus discos
Rachel estuvo haciendo actuaciones musicales en un bar, una forma que ha encontrado para liberar su estrés.

Ni Claire ni Graham sienten que Rachel debió haber sido despedida por publicar la foto: “Ninguno de nosotros tenía un problema con eso, sea una falta grave o no”, afirma ella.

“¿Después de 21 años es bueno despedir a la directora que crea una cultura y medio ambiente tan especial en estas casa como el que había?”, pregunta Graham. “La respuesta es no, no lo es”.

Al tribunal

Es el otoño de 2016, Rachel decidió acudir ante un tribunal laboral del Consejo del Condado de Surrey por despido injustificado.

“Tienen que entender que es mi vida de la que estamos hablando aquí”, dice. “Quiero mi carrera de nuevo“.

Una fecha para la audiencia preliminar se programó para principios de noviembre de 2016.

Sin embargo no podía pagarse alguna representación legal formal, por lo que asumió su defensa con la única ayuda de un amigo, el reverendo David Walford.

“En Park Hall había cuidado con amor, sin descuidos del deber. Eso es lo que Rachel estaba dando. La idea de que Rachel estuviera siendo despedida me hizo llorar”, dice Walford.

David Walford y Rachel Burns
David Walford intentó apoyar a Rachel Burns en su proceso legal, aunque no tenía ninguna experiencia en derecho.

Para empeorar las cosas, el marido de Rachel, Gary, ha estado enfermo. “Tuvo un tumor cerebral durante cuatro años. Él era muy saludable, pero ahora camina con un bastón”, explica.

Además de que Gary no puede trabajar, sin una referencia, Rachel no puede encontrar un nuevo empleo.

Ella y su esposo habían estado acumulando enormes deudas, por lo que esperaba que sus preocupaciones de dinero fueran resueltas con la resolución del tribunal.

Seis meses antes del inicio del juicio, Burns recibió una propuesta de acuerdo por el equivalente a US$9.800.

“Era una broma. Y ni siquiera es cuestión de dinero ahora, se trata de mostrarlos como lo que son”, dice.

Depresión

Con el caso sin avanzar, Burns siente la tensión. Está ansiosa y deprimida. Así que hay mucho en juego, y tanto ella como Gary están en una situación desesperada.

Sus deudas se amontonan y tienen siete meses de retraso con el alquiler de la casa en Reigate que comparten con su border collie, Bramble.

“Todo lo que hice fue poner una foto de un cliente disfrutando de su vida en el hogar de cuidados en el que me encantaba trabajar”, expresa con algunas lágrimas.

Gary Burns y su perro Bramble
Gary no ha podido trabajar desde que le fue detectado el tumor cerebral, por lo que la familia enfrentaba muchas deudas.

Para junio de 2017, la pareja estaba en punto de quiebre.No tenían dinero en el banco y sin ahorros. Rachel sentía miedo de perderlo todo, incluyendo el techo sobre sus cabezas.

“Te hace pensar en que cuando piensas que tienes todo, eso puede serte arrebatado por un error”, dice.

Dos días antes de que el juicio comience, Burns decide que no puede con esto. Su marido Gary suplica por casi tres horas que no abandone el caso.

“Este caso la ha destruido”, explica Gary. “No tiene confianza, no duerme, peleamos mucho más ahora. Ha sido desastroso. He tenido que ver a mi esposa caer a pedazos lentamente debido a lo que le han hecho“.

“Esto es demasiado”

Finalmente, a principios de junio el tribunal laboral activó el caso de Burns.

Presentó pruebas y testigos que fueron cuestionados, pero luego de dos días el juez debió suspender el proceso porque la mujer se angustiaba mucho.

“Fue demasiado”, recuerda. “Pensé ‘me han quebrado hasta el punto en que no tengo autoestima en este momento para volver a ser gerente. Y es una pena. Les dije a los jueces que lo sentía”.

Rachel Burns
Días antes de iniciar el juicio, Rachel Burns había decidido no continuar, pero su esposo la animó a hacerlo.

A comienzos de agosto de 2017, casi 20 meses desde que fuera suspendida por primera vez de su trabajo, Rachel tuvo buenas noticias.

“¡Gané! Oh, Dios mío, gané”, celebra.

El tribunal fallóque su despido fue injustificado.

El juez determinó que la decisión del Consejo del Condado de Surrey de suspender a Burns estaba dentro de las respuestas esperables, pues ella había admitido las acusaciones en su contra.

Pero concluyó que el tiempo que le dio el Consejo para decidir si aceptaba la suspensión o era despedida (sólo dos días laborales) no fue razonable.

Según ella, este aspecto del procedimiento fue un defecto fundamental.

¿Futuro resuelto?

“¡La justicia ha prevalecido!”, asegura Burns. “Si crees en algo y sabes lo que vales, sigues adelante. Y sigues y sigues.

Ahora tendrá que volver al tribunal laboral el 13 de noviembre parauna audiencia de reparación en la que se decidirá la suma con la que debe ser compensada.

Ella no tiene idea qué cantidad será, pero teme que el monto sea reducido porque admitió las acusaciones en su contra. Ella y Gary ahora tienen deudas por unosUS$65.500 y 14 meses de retraso en el alquiler.

Sin embargo, Burns tiene impuesta una referencia del Consejo del Condado de Surrey la cual afirma que fue despedida por una falta grave, por lo que las posibilidades de que encuentre trabajo es incierta.

Rachel y Gary Burns
Rachel y Gary esperan la decisión final sobre cuánto deberán recibir de compensación.

A pesar de la victoria, volver al trabajo será una lucha.

Antes de perder su trabajo hace dos años, Burns había sido diagnosticada por estrés y todavía sufre de ansiedad y depresión.

Mientras tanto el trabajo que amaba ya no existe.

Park Hall cerró sus puertas el 30 de junio como parte de los planes del Consejo del Condado de Surrey de cesar las operaciones de los seis hogares de cuidados que le pertenecen. Los residentes fueron reubicados.

“Me encantaba Park Hall”, dice Rachel. “Fue como una familia para mí más que un trabajo”.

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SSP Yucatán

Las cifras detás de la ‘tranquilidad’ en Yucatán: hay una denuncia por tortura cada dos días

Organizaciones denuncian la impunidad de policías que vulneran Derechos Humanos en un estado que se reivindica como un lugar seguro.
SSP Yucatán
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La muerte de José Eduardo Ravelo, presuntamente torturado, violado y asesinado a manos de policías en Mérida, Yucatán, supuso un antes y un después para un estado que siempre presumió de su tranquilidad. Las autoridades del estado hacen gala de una baja cifra de violencia en comparación con otros territorios y defienden a sus fuerzas de seguridad por sus tasas de aceptación, que superan el 70%.

Sin embargo, cifras obtenidas por Animal Político a través de una solicitud de transparencia revelan que aquel homicidio, perpetrado hace dos meses, solo es la punta del iceberg: en los últimos cuatro años, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 1 mil 025 denuncias por tortura, una cada dos días.

“Es brutal lo que está pasando en Yucatán. La tortura es uno de los problemas más graves en relación a violaciones a los derechos humanos, y a pesar de la relevancia que tuvo el caso de José Eduardo, no han habido cambios en las autoridades”, dice Martha Capetillo, de la ONG Indignación, uno de los pocos colectivos que trataban en el estado.

Según datos de la la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Tortura de la FGE de Yucatán, en los cuatro años transcurridos desde su creación se registraron 1 mil 025 denuncias por tortura.

En 2018 se abrieron 222 actas de investigación; en 2019, 426; en 2020, 220; y en lo que llevamos de 2021, 165. Estas cifras bajan si hablamos de actas que estén en etapa de investigación, ya que son 114 en 2018; 243 en 2019; 153 en 2020 y 158 en 2021.

De ellas, se tomó alguna determinación sobre 108 en 2018, 183 en 2019, 59 en 2020 y 7 este año. Aquí hay una incógnita, porque la FGE dice que se tomaron decisiones, pero no explica si se presentó ante un juez o se archivó. Martha Capetillo explica que en los dos últimos años no hubo una sola denuncia judicializada.

“Enfrentamos una crisis de derechos humanos, no solo por tortura sino por encubrimiento”, denuncia.

Animal Político consultó a la delegación del estado en la Ciudad de México pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

Actualmente, la Cámara de Yucatán analiza una iniciativa del PRI para tipificar torturas y tratos crueles, aunque el primer delito ya estaba en el código penal.

Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes yucatecos no son algo nuevo. La Comisión de Derechos Humanos del estado (Codhey) hizo público el pasado año que entre 2018 y 2020, al menos 22 personas murieron mientras estaban bajo custodia de las autoridades. En su informe de 2020, además, la institución alertaba sobre las detenciones arbitrarias y el uso indebido de la fuerza pública que provocó la muerte de, al menos, 5 personas.

La excusa de la pandemia

La pandemia de COVID-19 fue un contexto en el que esta violencia se recrudeció. Renata Demichellis, integrante de Elementa, otra de las organizaciones que trabajan en Yucatán, advierte que fueron denunciadas diversas detenciones arbitrarias en contexto de las medidas de prevención de la enfermedad. Además, señaló que existe un patrón de conducta por parte de los policías: personas pobres, indígenas o migrantes que son las principales víctimas de los abusos. En su opinión, bajo el argumento de que este es un estado seguro, se esconden violaciones a los derechos humanos perpetradas por fuerzas de seguridad y ocultadas por las autoridades.

“Las detenciones arbitrarias son uno de los problemas, que a su vez se convierten en la primera primera de varias violaciones a los derechos humanos”, dice Capetillo.

Existe una línea de continuidad entre la muerte de Robert Tzab Ek, fallecido en 2011 en dependencias de la Procuraduría General del Estado (ahora Fiscalía) y la muerte de José Eduardo Ravelo a manos de policías municipales en Mérida: se trata de la impunidad. En los 10  años transcurridos entre ambos casos no hay agentes condenados por tortura ni las víctimas recibieron justicia.

“Cuando una persona fallece en un centro de detención hay una responsabilidad. Pero aquí todos los casos son impunes”, lamenta Capetillo, que recuerda que el único caso que llegó ante un juez fue el de un joven torturado en Tekax por siete policías que luego torturaron a su vez al agente que filmó los malos tratos.

Tras la muerte de José Luis Ravelo cuatro agentes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad. Finalmente, fue la Fiscalía General de la República (FGR) la que se hizo cargo del caso. Pero no hay ceses ni castigos, como en los anteriores casos. “No ha cambiado nada”, dice la representante de Indignación, a pesar del eco mediático que tuvo la muerte. Las cifras muestran que tras la aparente tranquilidad de Yucatán se esconde una absoluta impunidad para abusos como la tortura.

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