Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones
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Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones

El Senado tiene ya en sus manos una adición a la Ley General de Salud que permite al personal médico negar servicios que vayan en contra de sus creencias, lo que se suma a una serie de medidas legislativas de grupos conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
13 de noviembre, 2017
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El pasado 10 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería del sector salud de todo el país negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales.

La iniciativa aprobada admite la adición del Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud para que este personal haga uso de la objeción de conciencia y se excuse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan sus valores o principios éticos.

El dictamen precisa que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario, se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

Pero el problema con esta ley, explica César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, es que está tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría objetar proveerlas”.

Palacios enumera otras lagunas y errores en la iniciativa: no define “participar”, por ejemplo. “¿Estar presente en un quirófano es participar? No considera que tratamientos que al momento de la consulta no son de urgencia, se volverían urgentes durante el traslado a otra clínica (donde haya personal no objetor). No especifica qué es una urgencia médica. No puntualiza que las autoridades tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas sus instalaciones”.

Esta es una de las partes más importante de la adición, de acuerdo con Palacios. El artículo no puntualiza que las autoridades sanitarias, tanto privadas como públicas, tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica, como especifican otras disposiciones legales que incluyen la objeción de conciencia, y como en algún momento se incluyó durante del debate en comisiones.  “Ni siquiera dice que las autoridades sanitarias tienen que contar con personal no objetor de conciencia que atienda a los pacientes. Imaginen que en una población rural todo el personal de salud objetara administrar vacunas o entregar anticonceptivos”.

El artículo tampoco señala que los objetores de conciencia tengan la obligación de referir al paciente a un médico no objetor de conciencia de manera inmediata, que no deben interferir para que reciba la atención médica que ellos estén negando, ni dice que el centro de salud, de manera institucional, debe tomar todas las acciones necesarias para que el paciente sea referido a un médico no objetor de conciencia.

Otro punto importante es que el artículo 10 Bis no puntualiza si los médicos internos de pregrado y los estudiantes de enfermería cuentan como “personal médico y de enfermería”. “Este punto es de la mayor importancia en un país donde dichos estudiantes son una pieza clave en la procuración de salud, tanto pública como privada”.

Sin embargo, la iniciativa se aprobó así por cuestiones políticas, considera Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC). Quien la presentó fue la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro social (PES), con quien “el PRI está en el estira y afloja por las negociaciones para la coalición que pretende formar para la elección presidencial de 2018, así que el PRI le concede esta victoria al PES a cambio de seguir con las negociaciones para esa coalición”.

En la sesión del 10 de octubre pasado en la Cámara de Diputados, la objeción de conciencia en la Ley General de Salud se aprobó con 313 votos a favor (PRI, Verde y PAN), 26 abstenciones y 105 en contra. Lo más que consiguieron los opositores a la misma (PRD, Morena, Nueva Alianza y 10 diputados del Movimiento Ciudadano) fue restringir la medida al personal médico y de enfermería, y no a todo el personal de salud como estaba en el dictamen original, y a incluir la causal de responsabilidad profesional en caso de invocarse la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o en una emergencia médica.

En 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los grupos conservadores consiguieron incluir la objeción de conciencia en el artículo 59 de la Ley de Salud local, igual que en el apartado 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza a nivel nacional el aborto en caso de violación. No obstante, en ambas disposiciones legales sí se incluyó la obligatoriedad de contar con personal médico no objetor, a diferencia de lo aprobado en la Ley General de Salud.

El turno de ratificar o modificar la adición se encuentra ahora en el Senado de la República.

Iniciativas de corte conservador

Organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos aglutinadas en la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y el Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), acusan que iniciativas como la adición del Artículo 10 Bis son parte de una agenda de los grupos conservadores del país.

El fundador del PES, partido que presentó la propuesta, es el doctor en Derecho Hugo Eric Flores Cervantes, quien se define como cristiano congregante. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con maestría en Ciencias de la Familia. Trabajó como profesora de demografía y sexualidad humana en la sección mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, confiada a la Legión de Cristo.

También participó como coordinadora en el Capítulo Jalisco de Mexicanos por la Vida de Todos, que de acuerdo a la página web de Acción Católica Mexicana es una coalición de distintas organizaciones que nació en Guadalajara con la finalidad de impedir la aprobación de algunas iniciativas de ley como el divorcio exprés, la despenalización del aborto, las uniones homosexuales, y el consumo de la pastilla del día después.

Martínez Guzmán ha presentado en la Cámara de Diputados otras iniciativas de corte conservador, como la que pretendía catalogar como pornográfico o nocivo aquel material que a pesar de tener como fin la información o educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o el embarazo adolescente, no fuera acorde a la edad, a la capacidad para comprender el significado del hecho y a la madurez de los menores de 18 años.

O aquella de septiembre de 2016, “por la vida y la familia”, que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución mexicana para proteger la vida desde la fecundación. Y en rechazo a la propuesta a favor de los matrimonios igualitarios presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, argumentó en la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 9 de noviembre de 2016 que la unión legal entre personas del mismo sexo era equiparable a “casarse con delfines o laptops”.

“Estamos pecando de ingenuos –dice Álvarez Maynez– al no ver cómo se está gestando una agenda conservadora que defiende conceptos benévolos como la familia, pero que los terminan defendiendo de forma excluyente. La familia hay que defenderla como una construcción social diversa y ellos la categorizan para excluir a quienes no entran a sus prejuicios morales”.

Animal Político buscó repetidamente a la diputada Martínez Guzmán por teléfono, por correo electrónico y en su oficina en la Cámara de Diputados, pero sólo fue posible obtener sus opiniones escritas vía WhatsApp.

Al preguntarle si plantea esta iniciativa por propia inquietud o es parte de la agenda de su partido, contesta que ambos. “Yo soy quien la presenta a sabiendas de que en la agenda del partido se encuentra la promoción de los derechos humanos y la libertad de conciencia. Desde 2004 empujé el tema en mi estado, Jalisco, donde finalmente fue aprobado, en noviembre de ese año. Por otro lado, he recibido absoluto respaldo a esta iniciativa por parte de mi coordinador parlamentario, Alejandro González, y del presidente del partido, Hugo Eric Flores Cervantes”.

Acciones en contra de los derechos de la mujer

Entre los principales sectores afectados por la iniciativa de Martínez Guzmán estarían las mujeres, sobre todo quienes sean víctimas de una violación o abuso sexual. Pero también quienes deseen, por cualquier razón, interrumpir un embarazo o hasta quienes busquen métodos anticonceptivos.

“Adicionar la objeción de conciencia a la Ley General de Salud – afirma Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres CDMX– es parte de este paquete, impulsado por la derecha, que quiere retrasar el reloj de la mujer un siglo atrás”.

Desde el año 2013, con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se eliminaron del marco legal los requisitos para que víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos puedan acceder al aborto legal.

En 2014 se reformó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en 2016 se modificó la NOM 046-SSA2-2005, para que en todo el país una mujer o una niña mayor de 12 años, víctima de agresión sexual, pueda acudir a cualquier centro de salud público a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización alguna (Ministerio Público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor/a, explica Alejandro Galland, responsable de Vinculación Legislativa de GIRE.

En la iniciativa de la diputada Martínez Guzmán no queda claro cómo se garantizará que una mujer que acuda a solicitar la ILE encontrará médicos que no objeten conciencia para asistirla en el procedimiento, sobre todo en zonas marginadas o rurales.

Animal Político: – ¿Cómo se garantizará que la objeción de conciencia no impida el acceso de la población a servicios médicos?, se le pregunta a la diputada.

Martínez Guzmán: – Porque la objeción de conciencia se dirige específicamente a proteger a los profesionales médicos y de enfermería, que así lo consideren, de realizar actos que contradigan su conciencia. Los integrantes del sistema nacional de salud conservan la obligación de prestar los servicios de salud que se encuentran previsto en la legislación vigente.

AP: – Pero puede pasar que en un centro de salud, en el interior del país, sólo haya tres médicos y todos sean objetores de conciencia, ¿cómo se asegurará usted que se garantice el derecho de las personas a recibir un servicio (como la ILE) sin que tengan que gastar para trasladarse a otro centro de salud y sin que se ponga en riesgo su vida?

MG: – Me planteas el caso extremo, y temo decirte que así no se elaboran las leyes. (Además), te pongo un ejemplo: el derecho a una vida libre de violencia, ¿a quién le toca garantizarlo? (Yo) estoy haciendo mi parte y luego exigiré, junto a la ciudadanía que represento, que el ejecutivo haga la suya.

No obstante, el caso planteado a la legisladora no es un caso extremo. Uruguay ya está enfrentando este problema. En esa nación, la Ley No. 18,987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ampara a las mujeres que quieren terminar con uno no deseado, cualquiera sea el motivo. Fue aprobada por el parlamento uruguayo en octubre de 2012, durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015). Pero desde 2015 todos los ginecólogos de Uruguay pueden objetar conciencia para todos los pasos del procedimiento de la IVE.

Tal como lo ha reportado Univisión Noticias, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Salud Pública, para el 2013 el 30 por ciento de los ginecólogos del país declararon objeción de conciencia, unos 200 de un total de 700. Pero el Observatorio de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) relevó que esos porcentajes en el litoral oeste del país son notoriamente mayores. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano cuentan con más de 50 por ciento de ginecólogos objetores y, algunas de sus ciudades, hasta del cien por ciento.

El riesgo de que eso pase en México es alto y bloquearía avances a nivel nacional en materia de derechos para las mujeres como la NOM 046, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos. El informe de GIRE Violencia sin Interrupción reporta que de enero de 2009 al 20 de junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR). Tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 62.

Aun cuando la ley permite la ILE en caso de violación sexual, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia, señala el informe.

“Cada que la ciencia sede a los espacios de indefinición a partir de la moral es un aspecto negativo para la evolución de una política pública en materia de salud”, dice Álvarez Maynez, quien pugna por el debate abierto de temas como el de la objeción de conciencia.

Valdría la pena que este debate ya no se enterrara, dice, “hacer como que silenciamos a las Iglesias no ha servido, ellos siguen pregonando sus argumentos, transmitiéndolos, difundiéndolos, sin que tengan un contraste científico o de otro tipo de moral, porque en nuestros argumentos, de los grupos más liberales, también hay una moral, pero una que respeta a la diversidad, a quien decide sobre su cuerpo, que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso también es una posición moral y no hemos sabido explicarle esto a la sociedad”.

Toca ahora a los senadores avalar o rechazar la iniciativa de objeción de conciencia en la Ley General de Salud, que desde el 12 de octubre pasó a las comisiones de salud, de derechos humanos y de estudios legislativos del Senado.

La senadora perredista Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, lamenta que los diputados no hayan discutido más la iniciativa de objeción de conciencia antes de aprobarla. “Se requiere una discusión más allá de lo que está contemplado en el articulado y en la redacción del mismo. Tal como está va a afectar no sólo los derechos reproductivos de las mujeres sino muchas políticas públicas. Hace falta una discusión más seria de esto”.

Martínez Guzmán, sin embargo, está optimista. “He tenido un diálogo muy positivo con el presidente de la Comisión de Salud (del Senado) y otros compañeros de la cámara revisora. Veo interés en este dictamen, particularmente en que no se quede rezagado”.

De la Peña adelanta que no se discutirá pronto ni en comisiones ni en el pleno. “Por ahora, en la Cámara de Senadores no lo tenemos como prioridad, hay asuntos más urgentes que esto”.

A partir de 2008 y en respuesta a la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, ha existido una importante oleada de reformas en las constituciones locales de algunas entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción. Hasta ahora, 18 estados han reformado sus constituciones para “blindarlas contra el aborto”. La última fue Veracruz.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Cómo es la carretera del "terror" en el norte de México donde han desaparecido decenas de personas

En el noreste de México, decenas de personas han desaparecido en una importante autopista que llega a la frontera con EE.UU. Por su peligrosidad, ha comenzado a ser llamada la "carretera del terror".
17 de julio, 2021
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Lo que vivió una familia a finales de junio fue apenas un “susto”.

Sus cuatro integrantes fueron despojados de la camioneta en que viajaban de la ciudad de Monterrey a la de Nuevo Laredo, en el noreste de México, y abandonados a mitad del camino.

“¿Cómo están? ¿Se encuentran bien?”, pregunta el conductor de un tráiler que grabó el asalto a lo lejos.

“Nada más el susto”, responde el padre, quien luego explicó a la prensa que “de una camioneta se bajaron cuatro hombres armados. Traían ametralladoras”.

“Enfrente bajaron a una pareja de una camioneta Chevrolet blanca. Y después de eso, se viene un sujeto armado hacia nosotros, que era como de 30 años, andaba bien vestido“, dijo el hombre, quien no dio su nombre por razones de seguridad.

“‘¡Bájense! ¡Y dejen los celulares!'”, les ordenaron.

“Nos bajamos toda mi familia y nos fuimos para atrás”.

Lo que para esa familia fue solo un susto. Para decenas de familias, la inseguridad ha tenido como consecuencia la desaparición de un ser querido.

Y es que viajar de Monterrey -la urbe industrial más importante de México a la ciudad fronteriza Nuevo Laredo se ha vuelto un riesgo.

La autopista de peajes de unos 200 km en los últimos meses ha sido llamada la “carretera del terror” o el “triángulo de las Bermudas”, debido a los crecientes casos de secuestros y desapariciones forzadas que se han registrado.

Según la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), la organización más grande de apoyo a víctimas local, se han conocido al menos 49 desapariciones este año tan solo de habitantes del estado.

Es la cifra más alta en los últimos 10 años, dice a BBC Mundo Angélica Orozco, una portavoz de la organización.

“Están atacando directamente a la ciudadanía, que nos encontramos totalmente vulnerables ante la desinformación, porque no nos informan qué está sucediendo. Y comprobamos, una vez más, que no hay un plan para buscar a las personas desaparecidas”, señala.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
Este año se ha incrementado notablemente la desaparición de personas que viajaban de Nuevo León a Tamaulipas.

Las autoridades de Nuevo León, por su parte, reportan solo 41 investigaciones por desaparición en 20 meses, con 1,4 personas en promedio por caso. Y han anunciado nuevas medidas para su búsqueda.

Pero FUNDENL y otras organizaciones advierten que hay una “cifra negra” de casos no conocidos por falta de denuncia.

Una vía moderna y peligrosa

La autopista 85D que conecta a Monterrey con Nuevo Laredo no es un camino secundario, como los que llegan a ser controlados por grupos criminales en algunas regiones conflictivas de México.

Todo lo contrario: es una autopista de cuatro carriles, con casetas de peajes electrónicos e infraestructura de pasos elevados a lo largo de un trayecto casi en su totalidad recto.

Es parte de la carretera Panamericana, que conecta de norte a sur el continente americano.

Transportistas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo

Getty Images
La carretera 85D es vital para la exportación de manufacturas hechas en México hacia EE.UU.

Al ser la vía más corta del centro de México a la frontera con EE.UU., es una vía importante, tanto para la exportación e importación de mercancías, como para los habitantes de Monterrey que van por turismo o negocios a las ciudades del sur de Texas.

“Es el camino hacia la frontera para gente que va a EE.UU. de compras o por cuestiones personales. Y por eso consideramos que desde hace años las autoridades han tenido información de que suceden desapariciones. Y no hay sistemas de videovigilancia u operativos permanentes”, señala Orozco.

Pese a ser una infraestructura vital, la seguridad para conductores -tanto de transporte de carga como civiles- “no está garantizada”.

El tramo del peligro

En particular, hay un tramo que ha sido el más riesgoso en los últimos meses: el de la frontera entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Apenas el 19 de junio pasado, un ingeniero en sistemas de 35 años -de identidad reservada- fue secuestrado durante varias horas por hombres armados vestidos con ropa militar.

En una denuncia ante el ministerio público de Nuevo León, señala que sobre la carretera había un retén de sujetos armados que lo detuvo. Uno de ellos le dijo “toma tus cosas y bájate del vehículo” para revisar su camioneta.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Lo subieron a un vehículo, le cubrieron la cabeza y lo empezaron a “mover todo el día por un camino de terracería desconocido”, explicó.

Le preguntaban que “dónde está la droga que traía” y que “para quién trabajaba”.

Incluso lo golpearon una tabla de madera en un momento para que hiciera una confesión, pese a que les aseguro que trabajaba en una empresa de sistemas y que en su celular tenía los datos de su trabajo.

Explica que al final lo abandonaron con los ojos cubiertos en un camino de terracería. Encontró una población y pidió ayuda. Más tarde pudo localizar su camioneta y volver a Monterrey.

Map

FUNDENL también ha detectado que los choferes de aplicaciones como Uber o Didi, que son solicitados para realizar viajes hacia la frontera, también han sido atacados por los criminales.

“En general, tenemos casos documentados desde 2011. Y con la crisis desde este año, empezamos a recibir reportes de años anteriores”, explica Orozco.

La cruenta rivalidad de carteles

Desde hace unos meses hay una creciente disputa de grupos delictivos por el control de las ciudades que colindan con EE.UU. en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Se trata de puntos clave para el tráfico de drogas y mercancías ilegales, así como el flujo de recursos económicos que los carteles buscan manejar, explica el investigador en seguridad pública Víctor Sánchez a BBC Mundo.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters
El tramo de la carretera cercano a Sabinas Hidalgo es uno de los más riesgosos.

“Los comandos paran a tráileres que llevan mercancías. Se llevan los camiones o a veces solo la mercancía. Y en algunas ocasiones desaparecen a los conductores. Lo mismo sobre vehículos privados: se enfocan en camionetas equipadas que después utilizan para sus actividades”, indica.

Aunque ha sido una práctica vista desde hace una década, se ha recrudecido en los últimos meses.

“Es una zona de conflicto y disputa, pero va más allá de la simple disputa de organizaciones criminales. Tiene que ver mucho con el ADN de Los Zetas“, explica Sánchez.

Y es que el Cartel del Noreste -CDN, conformado por miembros del extinto grupo sanguinario Los Zetas- controla la ciudad de Nuevo Laredo, que ha sido blanco de otras organizaciones recientemente.

“Se ha recrudecido mucho la ofensiva en los últimos meses por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la mano de una organización local, los Metros, que es una facción del Cartel del Golfo”, indica Sánchez.

Foto del desaparecido Isaac Hernández

Reuters
Muchas víctimas de desaparición en la zona son los conductores de camiones.

“El CDN sospecha de cualquier vehículo ostentoso que circule por la carretera a determinadas horas, previendo una incursión. Y eso puede explicar algunas de las desapariciones de los últimos meses”, explica el investigador, residente del vecino estado de Coahuila.

Muchas víctimas de desaparición no son encontradas porque los carteles evitan dejar evidencias, como el cuerpo de las víctimas.

La respuesta de los gobiernos

Ante el aumento de casos de desaparición, los gobiernos estatales y el federal han empezado a tomar acciones en las últimas semanas.

La Guardia Nacional federal fue desplegada para realizar patrullajes a lo largo de la carretera 85D.

Patrullas en la carretera 85D de Monterrey a Nuevo Laredo

Reuters

Y la semana pasada, los gobernadores de Nuevo León y Tamaulipas se reunieron para acordar una mejor coordinación en la investigación de casos de desaparecidos, algo que han reclamado las familias de las víctimas.

“Se contempla la instalación de puntos fijos intermitentes en especial en zonas específicas como el tramo del kilómetro 100 al 176 (zona limítrofe entre estados)”, indicaron en un comunicado conjunto.

“No nada más es la autopista, hay brechas donde también la Guardia Nacional, Fuerza Civil y el Ejército Mexicano entramos a vigilar, a disuadir, a buscar individuos que estén buscando hacer daño a la gente”, dijo el comisario de la Fuerza Civil de Nuevo León, Jorge Garza Morales.

Protesta por los desaparecidos entre Nuevo León y Tamaulipas

Reuters
El gobierno de Nuevo León dice que tomó nuevas medidas en atención a las protestas por desapariciones recientes.

Orozco, sin embargo, advierte que esas acciones suelen ser temporales. Cuando se acaban, el problema regresa.

“Los operativos desde junio qué bueno que los están haciendo, pero deberían haberlos empezado desde que hubo reportes que algo estaba sucediendo, desde abril”, señala.

“El discurso gubernamental es el mismo, de ataques entre bandas de criminales. Pero están atacando a trabajadores y familias directamente. Es lamentable“.


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