Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones
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Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones

El Senado tiene ya en sus manos una adición a la Ley General de Salud que permite al personal médico negar servicios que vayan en contra de sus creencias, lo que se suma a una serie de medidas legislativas de grupos conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
13 de noviembre, 2017
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El pasado 10 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería del sector salud de todo el país negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales.

La iniciativa aprobada admite la adición del Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud para que este personal haga uso de la objeción de conciencia y se excuse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan sus valores o principios éticos.

El dictamen precisa que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario, se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

Pero el problema con esta ley, explica César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, es que está tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría objetar proveerlas”.

Palacios enumera otras lagunas y errores en la iniciativa: no define “participar”, por ejemplo. “¿Estar presente en un quirófano es participar? No considera que tratamientos que al momento de la consulta no son de urgencia, se volverían urgentes durante el traslado a otra clínica (donde haya personal no objetor). No especifica qué es una urgencia médica. No puntualiza que las autoridades tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas sus instalaciones”.

Esta es una de las partes más importante de la adición, de acuerdo con Palacios. El artículo no puntualiza que las autoridades sanitarias, tanto privadas como públicas, tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica, como especifican otras disposiciones legales que incluyen la objeción de conciencia, y como en algún momento se incluyó durante del debate en comisiones.  “Ni siquiera dice que las autoridades sanitarias tienen que contar con personal no objetor de conciencia que atienda a los pacientes. Imaginen que en una población rural todo el personal de salud objetara administrar vacunas o entregar anticonceptivos”.

El artículo tampoco señala que los objetores de conciencia tengan la obligación de referir al paciente a un médico no objetor de conciencia de manera inmediata, que no deben interferir para que reciba la atención médica que ellos estén negando, ni dice que el centro de salud, de manera institucional, debe tomar todas las acciones necesarias para que el paciente sea referido a un médico no objetor de conciencia.

Otro punto importante es que el artículo 10 Bis no puntualiza si los médicos internos de pregrado y los estudiantes de enfermería cuentan como “personal médico y de enfermería”. “Este punto es de la mayor importancia en un país donde dichos estudiantes son una pieza clave en la procuración de salud, tanto pública como privada”.

Sin embargo, la iniciativa se aprobó así por cuestiones políticas, considera Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC). Quien la presentó fue la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro social (PES), con quien “el PRI está en el estira y afloja por las negociaciones para la coalición que pretende formar para la elección presidencial de 2018, así que el PRI le concede esta victoria al PES a cambio de seguir con las negociaciones para esa coalición”.

En la sesión del 10 de octubre pasado en la Cámara de Diputados, la objeción de conciencia en la Ley General de Salud se aprobó con 313 votos a favor (PRI, Verde y PAN), 26 abstenciones y 105 en contra. Lo más que consiguieron los opositores a la misma (PRD, Morena, Nueva Alianza y 10 diputados del Movimiento Ciudadano) fue restringir la medida al personal médico y de enfermería, y no a todo el personal de salud como estaba en el dictamen original, y a incluir la causal de responsabilidad profesional en caso de invocarse la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o en una emergencia médica.

En 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los grupos conservadores consiguieron incluir la objeción de conciencia en el artículo 59 de la Ley de Salud local, igual que en el apartado 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza a nivel nacional el aborto en caso de violación. No obstante, en ambas disposiciones legales sí se incluyó la obligatoriedad de contar con personal médico no objetor, a diferencia de lo aprobado en la Ley General de Salud.

El turno de ratificar o modificar la adición se encuentra ahora en el Senado de la República.

Iniciativas de corte conservador

Organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos aglutinadas en la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y el Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), acusan que iniciativas como la adición del Artículo 10 Bis son parte de una agenda de los grupos conservadores del país.

El fundador del PES, partido que presentó la propuesta, es el doctor en Derecho Hugo Eric Flores Cervantes, quien se define como cristiano congregante. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con maestría en Ciencias de la Familia. Trabajó como profesora de demografía y sexualidad humana en la sección mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, confiada a la Legión de Cristo.

También participó como coordinadora en el Capítulo Jalisco de Mexicanos por la Vida de Todos, que de acuerdo a la página web de Acción Católica Mexicana es una coalición de distintas organizaciones que nació en Guadalajara con la finalidad de impedir la aprobación de algunas iniciativas de ley como el divorcio exprés, la despenalización del aborto, las uniones homosexuales, y el consumo de la pastilla del día después.

Martínez Guzmán ha presentado en la Cámara de Diputados otras iniciativas de corte conservador, como la que pretendía catalogar como pornográfico o nocivo aquel material que a pesar de tener como fin la información o educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o el embarazo adolescente, no fuera acorde a la edad, a la capacidad para comprender el significado del hecho y a la madurez de los menores de 18 años.

O aquella de septiembre de 2016, “por la vida y la familia”, que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución mexicana para proteger la vida desde la fecundación. Y en rechazo a la propuesta a favor de los matrimonios igualitarios presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, argumentó en la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 9 de noviembre de 2016 que la unión legal entre personas del mismo sexo era equiparable a “casarse con delfines o laptops”.

“Estamos pecando de ingenuos –dice Álvarez Maynez– al no ver cómo se está gestando una agenda conservadora que defiende conceptos benévolos como la familia, pero que los terminan defendiendo de forma excluyente. La familia hay que defenderla como una construcción social diversa y ellos la categorizan para excluir a quienes no entran a sus prejuicios morales”.

Animal Político buscó repetidamente a la diputada Martínez Guzmán por teléfono, por correo electrónico y en su oficina en la Cámara de Diputados, pero sólo fue posible obtener sus opiniones escritas vía WhatsApp.

Al preguntarle si plantea esta iniciativa por propia inquietud o es parte de la agenda de su partido, contesta que ambos. “Yo soy quien la presenta a sabiendas de que en la agenda del partido se encuentra la promoción de los derechos humanos y la libertad de conciencia. Desde 2004 empujé el tema en mi estado, Jalisco, donde finalmente fue aprobado, en noviembre de ese año. Por otro lado, he recibido absoluto respaldo a esta iniciativa por parte de mi coordinador parlamentario, Alejandro González, y del presidente del partido, Hugo Eric Flores Cervantes”.

Acciones en contra de los derechos de la mujer

Entre los principales sectores afectados por la iniciativa de Martínez Guzmán estarían las mujeres, sobre todo quienes sean víctimas de una violación o abuso sexual. Pero también quienes deseen, por cualquier razón, interrumpir un embarazo o hasta quienes busquen métodos anticonceptivos.

“Adicionar la objeción de conciencia a la Ley General de Salud – afirma Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres CDMX– es parte de este paquete, impulsado por la derecha, que quiere retrasar el reloj de la mujer un siglo atrás”.

Desde el año 2013, con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se eliminaron del marco legal los requisitos para que víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos puedan acceder al aborto legal.

En 2014 se reformó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en 2016 se modificó la NOM 046-SSA2-2005, para que en todo el país una mujer o una niña mayor de 12 años, víctima de agresión sexual, pueda acudir a cualquier centro de salud público a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización alguna (Ministerio Público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor/a, explica Alejandro Galland, responsable de Vinculación Legislativa de GIRE.

En la iniciativa de la diputada Martínez Guzmán no queda claro cómo se garantizará que una mujer que acuda a solicitar la ILE encontrará médicos que no objeten conciencia para asistirla en el procedimiento, sobre todo en zonas marginadas o rurales.

Animal Político: – ¿Cómo se garantizará que la objeción de conciencia no impida el acceso de la población a servicios médicos?, se le pregunta a la diputada.

Martínez Guzmán: – Porque la objeción de conciencia se dirige específicamente a proteger a los profesionales médicos y de enfermería, que así lo consideren, de realizar actos que contradigan su conciencia. Los integrantes del sistema nacional de salud conservan la obligación de prestar los servicios de salud que se encuentran previsto en la legislación vigente.

AP: – Pero puede pasar que en un centro de salud, en el interior del país, sólo haya tres médicos y todos sean objetores de conciencia, ¿cómo se asegurará usted que se garantice el derecho de las personas a recibir un servicio (como la ILE) sin que tengan que gastar para trasladarse a otro centro de salud y sin que se ponga en riesgo su vida?

MG: – Me planteas el caso extremo, y temo decirte que así no se elaboran las leyes. (Además), te pongo un ejemplo: el derecho a una vida libre de violencia, ¿a quién le toca garantizarlo? (Yo) estoy haciendo mi parte y luego exigiré, junto a la ciudadanía que represento, que el ejecutivo haga la suya.

No obstante, el caso planteado a la legisladora no es un caso extremo. Uruguay ya está enfrentando este problema. En esa nación, la Ley No. 18,987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ampara a las mujeres que quieren terminar con uno no deseado, cualquiera sea el motivo. Fue aprobada por el parlamento uruguayo en octubre de 2012, durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015). Pero desde 2015 todos los ginecólogos de Uruguay pueden objetar conciencia para todos los pasos del procedimiento de la IVE.

Tal como lo ha reportado Univisión Noticias, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Salud Pública, para el 2013 el 30 por ciento de los ginecólogos del país declararon objeción de conciencia, unos 200 de un total de 700. Pero el Observatorio de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) relevó que esos porcentajes en el litoral oeste del país son notoriamente mayores. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano cuentan con más de 50 por ciento de ginecólogos objetores y, algunas de sus ciudades, hasta del cien por ciento.

El riesgo de que eso pase en México es alto y bloquearía avances a nivel nacional en materia de derechos para las mujeres como la NOM 046, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos. El informe de GIRE Violencia sin Interrupción reporta que de enero de 2009 al 20 de junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR). Tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 62.

Aun cuando la ley permite la ILE en caso de violación sexual, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia, señala el informe.

“Cada que la ciencia sede a los espacios de indefinición a partir de la moral es un aspecto negativo para la evolución de una política pública en materia de salud”, dice Álvarez Maynez, quien pugna por el debate abierto de temas como el de la objeción de conciencia.

Valdría la pena que este debate ya no se enterrara, dice, “hacer como que silenciamos a las Iglesias no ha servido, ellos siguen pregonando sus argumentos, transmitiéndolos, difundiéndolos, sin que tengan un contraste científico o de otro tipo de moral, porque en nuestros argumentos, de los grupos más liberales, también hay una moral, pero una que respeta a la diversidad, a quien decide sobre su cuerpo, que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso también es una posición moral y no hemos sabido explicarle esto a la sociedad”.

Toca ahora a los senadores avalar o rechazar la iniciativa de objeción de conciencia en la Ley General de Salud, que desde el 12 de octubre pasó a las comisiones de salud, de derechos humanos y de estudios legislativos del Senado.

La senadora perredista Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, lamenta que los diputados no hayan discutido más la iniciativa de objeción de conciencia antes de aprobarla. “Se requiere una discusión más allá de lo que está contemplado en el articulado y en la redacción del mismo. Tal como está va a afectar no sólo los derechos reproductivos de las mujeres sino muchas políticas públicas. Hace falta una discusión más seria de esto”.

Martínez Guzmán, sin embargo, está optimista. “He tenido un diálogo muy positivo con el presidente de la Comisión de Salud (del Senado) y otros compañeros de la cámara revisora. Veo interés en este dictamen, particularmente en que no se quede rezagado”.

De la Peña adelanta que no se discutirá pronto ni en comisiones ni en el pleno. “Por ahora, en la Cámara de Senadores no lo tenemos como prioridad, hay asuntos más urgentes que esto”.

A partir de 2008 y en respuesta a la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, ha existido una importante oleada de reformas en las constituciones locales de algunas entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción. Hasta ahora, 18 estados han reformado sus constituciones para “blindarlas contra el aborto”. La última fue Veracruz.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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