Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones
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Objeción de conciencia, la nueva apuesta de la agenda conservadora, acusan organizaciones

El Senado tiene ya en sus manos una adición a la Ley General de Salud que permite al personal médico negar servicios que vayan en contra de sus creencias, lo que se suma a una serie de medidas legislativas de grupos conservadores en contra de los derechos sexuales y reproductivos.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
13 de noviembre, 2017
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El pasado 10 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que permite al personal médico y de enfermería del sector salud de todo el país negarse a brindar cualquier servicio que vaya en contra de sus valores éticos y morales.

La iniciativa aprobada admite la adición del Artículo 10 Bis a la Ley General de Salud para que este personal haga uso de la objeción de conciencia y se excuse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan sus valores o principios éticos.

El dictamen precisa que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia; en caso contrario, se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.

Pero el problema con esta ley, explica César Palacios, doctor en Ética de la Ciencia por la Universidad de Manchester (Reino Unido) y actual investigador asociado del Centre of Medical Law and Ethics, del King´s College London, es que está tan mal redactada que va a impactar muchas partes de la práctica médica. “Tan sencillo como puede ser que te encuentres un médico que no cree en las vacunas, como pasa en Estados Unidos o en Europa, y, de acuerdo a esta ley, él podría objetar proveerlas”.

Palacios enumera otras lagunas y errores en la iniciativa: no define “participar”, por ejemplo. “¿Estar presente en un quirófano es participar? No considera que tratamientos que al momento de la consulta no son de urgencia, se volverían urgentes durante el traslado a otra clínica (donde haya personal no objetor). No especifica qué es una urgencia médica. No puntualiza que las autoridades tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas sus instalaciones”.

Esta es una de las partes más importante de la adición, de acuerdo con Palacios. El artículo no puntualiza que las autoridades sanitarias, tanto privadas como públicas, tengan la obligación de contar con personal no objetor de conciencia en todas las instalaciones de atención médica, como especifican otras disposiciones legales que incluyen la objeción de conciencia, y como en algún momento se incluyó durante del debate en comisiones.  “Ni siquiera dice que las autoridades sanitarias tienen que contar con personal no objetor de conciencia que atienda a los pacientes. Imaginen que en una población rural todo el personal de salud objetara administrar vacunas o entregar anticonceptivos”.

El artículo tampoco señala que los objetores de conciencia tengan la obligación de referir al paciente a un médico no objetor de conciencia de manera inmediata, que no deben interferir para que reciba la atención médica que ellos estén negando, ni dice que el centro de salud, de manera institucional, debe tomar todas las acciones necesarias para que el paciente sea referido a un médico no objetor de conciencia.

Otro punto importante es que el artículo 10 Bis no puntualiza si los médicos internos de pregrado y los estudiantes de enfermería cuentan como “personal médico y de enfermería”. “Este punto es de la mayor importancia en un país donde dichos estudiantes son una pieza clave en la procuración de salud, tanto pública como privada”.

Sin embargo, la iniciativa se aprobó así por cuestiones políticas, considera Jorge Álvarez Maynez, diputado de Movimiento Ciudadano (MC). Quien la presentó fue la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro social (PES), con quien “el PRI está en el estira y afloja por las negociaciones para la coalición que pretende formar para la elección presidencial de 2018, así que el PRI le concede esta victoria al PES a cambio de seguir con las negociaciones para esa coalición”.

En la sesión del 10 de octubre pasado en la Cámara de Diputados, la objeción de conciencia en la Ley General de Salud se aprobó con 313 votos a favor (PRI, Verde y PAN), 26 abstenciones y 105 en contra. Lo más que consiguieron los opositores a la misma (PRD, Morena, Nueva Alianza y 10 diputados del Movimiento Ciudadano) fue restringir la medida al personal médico y de enfermería, y no a todo el personal de salud como estaba en el dictamen original, y a incluir la causal de responsabilidad profesional en caso de invocarse la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o en una emergencia médica.

En 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los grupos conservadores consiguieron incluir la objeción de conciencia en el artículo 59 de la Ley de Salud local, igual que en el apartado 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza a nivel nacional el aborto en caso de violación. No obstante, en ambas disposiciones legales sí se incluyó la obligatoriedad de contar con personal médico no objetor, a diferencia de lo aprobado en la Ley General de Salud.

El turno de ratificar o modificar la adición se encuentra ahora en el Senado de la República.

Iniciativas de corte conservador

Organizaciones que defienden derechos sexuales y reproductivos aglutinadas en la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y el Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), acusan que iniciativas como la adición del Artículo 10 Bis son parte de una agenda de los grupos conservadores del país.

El fundador del PES, partido que presentó la propuesta, es el doctor en Derecho Hugo Eric Flores Cervantes, quien se define como cristiano congregante. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán es licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con maestría en Ciencias de la Familia. Trabajó como profesora de demografía y sexualidad humana en la sección mexicana del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, confiada a la Legión de Cristo.

También participó como coordinadora en el Capítulo Jalisco de Mexicanos por la Vida de Todos, que de acuerdo a la página web de Acción Católica Mexicana es una coalición de distintas organizaciones que nació en Guadalajara con la finalidad de impedir la aprobación de algunas iniciativas de ley como el divorcio exprés, la despenalización del aborto, las uniones homosexuales, y el consumo de la pastilla del día después.

Martínez Guzmán ha presentado en la Cámara de Diputados otras iniciativas de corte conservador, como la que pretendía catalogar como pornográfico o nocivo aquel material que a pesar de tener como fin la información o educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual o el embarazo adolescente, no fuera acorde a la edad, a la capacidad para comprender el significado del hecho y a la madurez de los menores de 18 años.

O aquella de septiembre de 2016, “por la vida y la familia”, que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución mexicana para proteger la vida desde la fecundación. Y en rechazo a la propuesta a favor de los matrimonios igualitarios presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, argumentó en la sesión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del 9 de noviembre de 2016 que la unión legal entre personas del mismo sexo era equiparable a “casarse con delfines o laptops”.

“Estamos pecando de ingenuos –dice Álvarez Maynez– al no ver cómo se está gestando una agenda conservadora que defiende conceptos benévolos como la familia, pero que los terminan defendiendo de forma excluyente. La familia hay que defenderla como una construcción social diversa y ellos la categorizan para excluir a quienes no entran a sus prejuicios morales”.

Animal Político buscó repetidamente a la diputada Martínez Guzmán por teléfono, por correo electrónico y en su oficina en la Cámara de Diputados, pero sólo fue posible obtener sus opiniones escritas vía WhatsApp.

Al preguntarle si plantea esta iniciativa por propia inquietud o es parte de la agenda de su partido, contesta que ambos. “Yo soy quien la presenta a sabiendas de que en la agenda del partido se encuentra la promoción de los derechos humanos y la libertad de conciencia. Desde 2004 empujé el tema en mi estado, Jalisco, donde finalmente fue aprobado, en noviembre de ese año. Por otro lado, he recibido absoluto respaldo a esta iniciativa por parte de mi coordinador parlamentario, Alejandro González, y del presidente del partido, Hugo Eric Flores Cervantes”.

Acciones en contra de los derechos de la mujer

Entre los principales sectores afectados por la iniciativa de Martínez Guzmán estarían las mujeres, sobre todo quienes sean víctimas de una violación o abuso sexual. Pero también quienes deseen, por cualquier razón, interrumpir un embarazo o hasta quienes busquen métodos anticonceptivos.

“Adicionar la objeción de conciencia a la Ley General de Salud – afirma Teresa Incháustegui, directora de Inmujeres CDMX– es parte de este paquete, impulsado por la derecha, que quiere retrasar el reloj de la mujer un siglo atrás”.

Desde el año 2013, con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se eliminaron del marco legal los requisitos para que víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos puedan acceder al aborto legal.

En 2014 se reformó el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y en 2016 se modificó la NOM 046-SSA2-2005, para que en todo el país una mujer o una niña mayor de 12 años, víctima de agresión sexual, pueda acudir a cualquier centro de salud público a solicitar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), sin necesidad de presentar una denuncia por violación, ni de autorización alguna (Ministerio Público o juez) o consentimiento de padre, madre o tutor/a, explica Alejandro Galland, responsable de Vinculación Legislativa de GIRE.

En la iniciativa de la diputada Martínez Guzmán no queda claro cómo se garantizará que una mujer que acuda a solicitar la ILE encontrará médicos que no objeten conciencia para asistirla en el procedimiento, sobre todo en zonas marginadas o rurales.

Animal Político: – ¿Cómo se garantizará que la objeción de conciencia no impida el acceso de la población a servicios médicos?, se le pregunta a la diputada.

Martínez Guzmán: – Porque la objeción de conciencia se dirige específicamente a proteger a los profesionales médicos y de enfermería, que así lo consideren, de realizar actos que contradigan su conciencia. Los integrantes del sistema nacional de salud conservan la obligación de prestar los servicios de salud que se encuentran previsto en la legislación vigente.

AP: – Pero puede pasar que en un centro de salud, en el interior del país, sólo haya tres médicos y todos sean objetores de conciencia, ¿cómo se asegurará usted que se garantice el derecho de las personas a recibir un servicio (como la ILE) sin que tengan que gastar para trasladarse a otro centro de salud y sin que se ponga en riesgo su vida?

MG: – Me planteas el caso extremo, y temo decirte que así no se elaboran las leyes. (Además), te pongo un ejemplo: el derecho a una vida libre de violencia, ¿a quién le toca garantizarlo? (Yo) estoy haciendo mi parte y luego exigiré, junto a la ciudadanía que represento, que el ejecutivo haga la suya.

No obstante, el caso planteado a la legisladora no es un caso extremo. Uruguay ya está enfrentando este problema. En esa nación, la Ley No. 18,987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ampara a las mujeres que quieren terminar con uno no deseado, cualquiera sea el motivo. Fue aprobada por el parlamento uruguayo en octubre de 2012, durante el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015). Pero desde 2015 todos los ginecólogos de Uruguay pueden objetar conciencia para todos los pasos del procedimiento de la IVE.

Tal como lo ha reportado Univisión Noticias, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Salud Pública, para el 2013 el 30 por ciento de los ginecólogos del país declararon objeción de conciencia, unos 200 de un total de 700. Pero el Observatorio de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) relevó que esos porcentajes en el litoral oeste del país son notoriamente mayores. Departamentos como Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano cuentan con más de 50 por ciento de ginecólogos objetores y, algunas de sus ciudades, hasta del cien por ciento.

El riesgo de que eso pase en México es alto y bloquearía avances a nivel nacional en materia de derechos para las mujeres como la NOM 046, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos sexuales y reproductivos. El informe de GIRE Violencia sin Interrupción reporta que de enero de 2009 al 20 de junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República (PGR). Tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 62.

Aun cuando la ley permite la ILE en caso de violación sexual, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud o el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud y, en ocasiones, la vida de las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia, señala el informe.

“Cada que la ciencia sede a los espacios de indefinición a partir de la moral es un aspecto negativo para la evolución de una política pública en materia de salud”, dice Álvarez Maynez, quien pugna por el debate abierto de temas como el de la objeción de conciencia.

Valdría la pena que este debate ya no se enterrara, dice, “hacer como que silenciamos a las Iglesias no ha servido, ellos siguen pregonando sus argumentos, transmitiéndolos, difundiéndolos, sin que tengan un contraste científico o de otro tipo de moral, porque en nuestros argumentos, de los grupos más liberales, también hay una moral, pero una que respeta a la diversidad, a quien decide sobre su cuerpo, que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, eso también es una posición moral y no hemos sabido explicarle esto a la sociedad”.

Toca ahora a los senadores avalar o rechazar la iniciativa de objeción de conciencia en la Ley General de Salud, que desde el 12 de octubre pasó a las comisiones de salud, de derechos humanos y de estudios legislativos del Senado.

La senadora perredista Angélica de la Peña, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, lamenta que los diputados no hayan discutido más la iniciativa de objeción de conciencia antes de aprobarla. “Se requiere una discusión más allá de lo que está contemplado en el articulado y en la redacción del mismo. Tal como está va a afectar no sólo los derechos reproductivos de las mujeres sino muchas políticas públicas. Hace falta una discusión más seria de esto”.

Martínez Guzmán, sin embargo, está optimista. “He tenido un diálogo muy positivo con el presidente de la Comisión de Salud (del Senado) y otros compañeros de la cámara revisora. Veo interés en este dictamen, particularmente en que no se quede rezagado”.

De la Peña adelanta que no se discutirá pronto ni en comisiones ni en el pleno. “Por ahora, en la Cámara de Senadores no lo tenemos como prioridad, hay asuntos más urgentes que esto”.

A partir de 2008 y en respuesta a la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, ha existido una importante oleada de reformas en las constituciones locales de algunas entidades federativas para proteger la vida desde el momento de la concepción. Hasta ahora, 18 estados han reformado sus constituciones para “blindarlas contra el aborto”. La última fue Veracruz.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Foto: Marcos González

Los barrios periféricos de CDMX que quedaron marginados tras la tragedia del metro

La avenida Tláhuac, donde se registró el accidente entre las estaciones de Olivos y Tezonco, es una de las principales arterias de la zona.
Foto: Marcos González
Por BBC
9 de mayo, 2021
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Quienes viven en el sur de Ciudad de México recuerdan cómo, durante mucho tiempo, a sus barrios les llamaban “la provincia” del entonces Distrito Federal.

Algunos ciudadanos incluso pensaban que esta zona ni siquiera formaba parte oficialmente de la capital mexicana.

En ese suroriente de la ciudad fue donde el pasado lunes colapsó el metro de la ciudad. 26 personas murieron al paso sobre una estructura que casi sirve de frontera entre Iztapalapa y Tláhuac, dos de las alcaldías con mayores niveles de pobreza y donde sumadas viven más de 2,2 millones de personas.

Aunque esta es la realidad de cientos y cientos de miles de habitantes de Ciudad de México, nada en estos lugares de la periferia aparece jamás en los circuitos para turistas ni en películas como “Roma”, que mostraba al mundo la belleza de los edificios de esta histórica colonia.

Ambas caras de una misma ciudad se ven muy lejanas, y de manera literal. Llegar desde la Roma hasta Tláhuac puede llevar entre una hora y hora y media en auto, en función del infernal tráfico de la capital que ya poco respeta la recomendación pandémica del “quédate en casa”.

Ese viaje a la inversa es el que gran parte de vecinos del sur de clase humilde y trabajadora realizan a diario para acudir a sus puestos en zonas del centro o más acomodadas. Por eso, la apertura de la línea 12 del metro hace menos de una década supuso para ellos una verdadera revolución al conectarlos, de manera rápida y barata, con el resto de la capital.

Ahora, su cierre indefinido tras el accidente vuelve a profundizar aún más la enorme desigualdad de esta gran ciudad. Quedarnos sin metro es como si hubiéramos retrocedido 30 años”, le dice a BBC Mundo José Manuel Cruz, presidente del Movimiento de Vecinos y de Renovación Condominal (Moverec) de Tláhuac.

Los afectados dicen sentirse “marginados” de nuevo mientras hacen malabares para llegar hasta su trabajo por otros medios. Muchos, incluso temen que no lo podrán mantener durante mucho tiempo sin otra opción de transporte.

Cartel de línea 12 del metro

Marcos González
“Seguridad y calidad en movimiento”, se lee en antiguos anuncios de la línea 12 del metro o “línea dorada”.

Epicentro de migrantes trabajadores

La avenida Tláhuac, donde se registró el accidente entre las estaciones de Olivos y Tezonco, es una de las principales arterias de la zona.

Días después del siniestro aún se trabaja para retirar los restos de la estructura, lo que dificulta aún más el tránsito de coches, taxis y autobuses. Con el metro cerrado, muchas personas esperan en fila para poder tomar transporte público.

El tráfico, el ruido y las decenas de puestos de comida y venta ambulante que salpican las aceras dificultan caminar por esta calle. En las de los alrededores se ven casas construidas sin aparente orden, a veces grises y a veces pintadas con colores chillones.

Esta zona, que un día tuvo una dedicación principalmente rural, comenzó una fuerte etapa de urbanización en los años 80, cuando se instaló aquí una gran masa de trabajadores procedentes de otros estados que querían buscar trabajo en la capital y mejorar sus condiciones de vida.

Carpintería

Marcos González
Muchos mexicanos de otros estados llegaron a los barrios en el sur de la capital en los 70 y 80. La mayoría se desplaza al centro de la ciudad para trabajar pero algunos regentan pequeños comercios como carpinterías en alcaldías como Tláhuac e Iztapalapa.

Leonardo García es uno de ellos. Dejó su Veracruz natal en 1977 y después se mudó a Iztapalapa. Hasta hoy.

“Llegué después del sismo del 85. No escogí la zona, yo necesitaba una vivienda y en aquel tiempo solo se podía conseguir en estas áreas. En otras era muy caro o no había”, dice.

García le cuenta su historia con detalle a BBC Mundo en el puesto de comidas que regenta junto a su familia desde hace 18 años, justo frente a la estación Olivos y con un gran cartel en el que se lee: “Comidas y refresco a 40 pesos” (US$2).

“Claro que notamos ya que vienen menos clientes por el cierre del metro. Ya nos pasó cuando paró en 2014. Ahora seguro va a volver a decaer”, pronostica resignado sin perder la sonrisa.

Leonardo García

Marcos González
Leonardo dejó su estado natal de Veracruz hace más de 40 años y se mudó al sur de Ciudad de México.

Quienes sí la pierden a veces son los vecinos que tratan estos días de encontrar cómo salir de la zona.

La oficial Alarcón, una de las policías que forma parte del amplio despliegue de agentes que tratan de regular el tráfico en la zona, dice que justo después del accidente “no se dio abasto” por la cantidad de gente que había.

“Esto está afectando al transporte de las personas. Si en metro hacían una hora, ahora están haciendo hasta tres de viaje. Pero ya se han puesto más camiones (autobuses) que hacen el mismo trayecto que antes hacía el metro, se le va dando salida”, le explica a BBC Mundo.

Buses de apoyo

Marcos González
Unidades de transporte público efectúan ahora la ruta que realizaba la suspendida línea 12 como apoyo a los usuarios.

La conexión con el resto de la ciudad

Patricia Pérez viene de un centro comercial y espera su transporte para llegar a su casa en Iztapalapa. Dice que ya echan de menos el metro, pero no oculta su temor tras el accidente.

“Cuando lo reabran, a mí me daría miedo usarlo. No me subiría con tanta confianza. Esas fallas de funcionamiento estaban casi desde el principio y parecería que el gobierno no hizo caso”, le dice a BBC Mundo.

Estación de metro Olivos

Marcos González
Las estaciones del metro de la línea 12 permanecen cerradas y sin dar servicio de manera indefinida.

Según Lizeth González, otra vecina de la misma delegación, “si la gente lo vuelve a usar será lamentablemente por necesidad, no porque le tengan confianza… pero es que sale más barato y rápido que un camión” (el boleto de metro cuesta US$0,25).

La joven de 23 años espera junto a su niña al taxi que acaba de pedir desde una app. “Yo prefiero no usar el transporte público porque es inseguro, hay mucho robo”, cuenta. Pero sabe que no todos sus vecinos pueden permitirse pagar un taxi y no les queda otra opción, pese al riesgo.

“Si hubiera sido una zona de prestigio, no habría pasado (el accidente). Donde hay dinero, las cosas las hacen bien. Pero aquí no fue así. Se oye feo, pero clasifican a la gente según la zona donde vives”, critica antes de montarse en el auto.

Lizeth González

Marcos González
Lizeth prefiere usar taxis por la inseguridad del transporte público, pero sabe que no todo el mundo se lo puede permitir.

La asociación Moverec destaca que la mayoría de habitantes de Tláhuac se dedica al pequeño comercio, construcción, carpintería o albañilería. Según el gobierno municipal, el 90% de los negocios de esta alcaldía son considerados “micro”.

“A nivel medio-superior o profesional, es poca gente la que trabaja aquí. La mayoría sale a trabajar a lugares lejanos. La importancia de Tláhuac para el funcionamiento de otras zonas de la ciudad es esencial”, destaca el presidente de la organización.

Por eso, Cruz cree que la pérdida del metro supone “un gran retroceso” para lo que Tláhuac había conseguido.

“El metro revolucionó nuestras vidas al facilitar nuestra movilidad. Pero es que también nos vino a dar una mayor identidad como parte de Ciudad de México, nos unió al resto y mucha gente que no nos conocía comenzó a visitarnos gracias al metro”, cuenta.

Mapa linea 12

BBC

Calles de tierra y casas precarias

Pero el transporte no es ni de lejos la única preocupación de Tláhuac.

Según Cruz, algunas zonas de la alcaldía están rezagadas en servicios como drenaje, infraestructura hidráulica y alumbrado. También critica la falta de zonas verdes y el aumento de la inseguridad en los últimos años.

Tiendas de Tláhuac

Marcos González
Las calles de Tláhuac están llenas de pequeñas tiendas de todo tipo y puestos de comida y venta ambulante.

Basta alejarse hacia el sur de la avenida Tláhuac por donde circulaba el metro para descubrir parte de esta realidad en la alcaldía. El asfalto de la carretera se ve cada vez más descuidado y con grietas hasta llegar a zonas de caminos de tierra y asentamientos irregulares.

En una de estas colonias vivía Brandon Giovanny Hernández, el niño de 12 años que se convirtió en la víctima mortal más joven del accidente de metro. En otros lugares se ven viviendas de autoconstrucción levantadas por esa corriente de migrantes nacionales que llegó hace décadas.

En el llamado campamento de la Draga, por ejemplo, viven unas 70 familias en viviendas precarias. Sus artífices fueron desalojados de un predio cercano que habían ocupado hace ocho años y decidieron ubicarse en esta calle como protesta, donde cada uno se encargó de construir su propio módulo.

Hoy, el campamento se ha convertido en una especie de pequeño pueblo en el que los más de 200 vecinos actuales se conocen y saludan amigablemente siempre que se cruzan por una calle que se llena de charcos y barro cuando llueve.

Campamento de la Draga

Marcos González
Más de 200 personas viven en el campamento de la Draga, en Tláhuac.

Cada módulo cuenta con una toma de agua potable y con la electricidad de un transformador cercano.

“Sí, literalmente nos la robamos, pero también tenemos un derecho por los impuestos que pagamos en su momento. Solo queremos que el gobierno nos resuelva nuestro problema y el asunto que hay con ese predio”, le dice a BBC Mundo Alfredo Oliver, uno de los coordinadores del campamento.

Antiguo conductor de taxi, Oliver es uno de los que vive en el campamento casi desde su inicio, junto a su esposa y sus dos hijos pagando una pequeña “aportación voluntaria”.

Alfredo Oliver

Marcos González
Alfredo es uno de los coordinadores del campamento de la Draga

“Somos pobres, tenemos que aguantar”

Otros se van mudando al campamento cuando alguien deja su vivienda libre. Clemente Figueroa, de 72 años es uno de ellos.

Sentado en la puerta de la primera casa en la entrada al campamento, desconfía al principio y prefiere no dar su nombre. Cuando se relaja, cuenta cómo llegó a Ciudad de México desde Chiapas hace 50 años “buscando oportunidades que faltaban en el pueblo” y lleva más de cuatro en la Draga “porque no hay que pagar renta”.

Ahí vive con su esposa, su hija y dos nietas. “Así, entre lo pobre, pero somos felices, gracias a Dios”, sonríe.

Clemente Figueroa

Marcos González
Clemente lleva medio siglo viviendo en las alcaldías del sur de Ciudad de México, pese a que es originario de Chiapas.

Al campamento le quedan retos para garantizar una vida digna para todos sus miembros. En ocasiones, por ejemplo, se respira un olor fétido porque no todas las casas cuentan con drenaje.

“¿Lo nota? Es porque usamos pura fosa séptica. Viene a ratos, pero cuando estás durmiendo y el olor lo tienes en el mismo cuarto… Somos pobres, pues tenemos que aguantar”, dice Isabel García, una vecina de 57 años.

Alcaldías de CDMX con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza. . .

La mujer le enseña orgullosa a BBC Mundo el nuevo módulo que acaba de construirle su yerno, quien vive junto a su hija justo enfrente. En el pequeño habitáculo hecho con bloques de concreto amontona su ropa, un pequeño mueble y una lavadora que le han prestado.

En una esquina, está el inodoro que limpia con cubos de agua. Enfrente planea ubicar su cama, y en otra esquina, una pequeña cocina.

“Pero esto es algo provisional. Con el tiempo, la alcaldía te da un terreno o un departamento en otro lado. Quién sabe dónde, pero sí lo dan”, dice esperanzada sin más detalle.

Isabel García

Marcos González
Isabel acaba de meter toda su ropa en su nuevo módulo, en el que dormirá muy cerca del inodoro que aún no cuenta con drenaje adecuado.

En el campamento tampoco se deja de hablar de la reciente tragedia en el metro, hasta donde los vecinos solían llegar en mototaxi.

El hijo de Isabel, por ejemplo, lo usaba cada día para ayudarle a llegar a Tecamachalco, una colonia de clase alta en Estado de México donde trabaja de albañil. La alternativa actual de varios transbordos en autobuses le hace necesitar hasta ocho horas diarias de transporte entre ida y vuelta.

“Antes hacía dos horas para llegar allá, y ahora tarda hasta cuatro horas. Se va a las 7:00 de la mañana y no vuelve a casa hasta pasadas las 11:00 de la noche. Y si antes iba y regresaba con 20 pesos, ahora gasta como 40 o 50. Claro que lo echamos de menos”, cuenta.

Trabajos en riesgo

Va acabando el día y los vecinos de Tláhuac e Iztapalapa regresan a sus casas. La avenida Tláhuac se convierte en un auténtico hormiguero de autobuses y microbuses, llenos a reventar de pasajeros, que apenas pueden avanzar por lo pesado del tráfico.

Autobuses llenos en avenida Tláhuac

Marcos González
La avenida Tláhuac se llena de autobuses repletos de personas que vuelven a sus hogares al final del día.

Daniel Rueda espera paciente en su base de mototaxis que hay frente a la estación de metro Olivos. Pese a lo que podría pensarse, el cierre del metro no le ha ayudado a conseguir más clientes, sino todo lo contrario.

“Desde donde viene la gente salen camiones directos a sus colonias, que antes los vecinos no tomaban porque preferían la rapidez del metro. Por eso nos baja el negocio, porque ya no bajan aquí en la estación”, le dice a BBC Mundo.

“Además, algunos también tienen miedo de que la estructura se pueda seguir cayendo… que todavía puede pasar algo más”, cuenta.

Lugar del accidente de metro

Marcos González
Algunos vecinos temen que otras partes de la estructura siniestrada puedan seguir cayendo.

El presidente de la asociación Moverec cree que esta nueva situación sin metro debería forzar a aumentar la inversión en Tláhuac.

“Nuestra principal carencia es una fuente de trabajo. Las autoridades no han permitido que se generen empleos, no dan facilidades a los empresarios para asentarse aquí… y eso es lo que nos hace falta para evitar que tanta gente deba salir a diario hacia otras alcaldías”, dice Cruz.

“Eso es lo que más nos preocupa ahora: tenemos miedo que las personas pierdan sus puestos de trabajo. Las distancias que tienen que recorrer son impresionantes y muchos vecinos no podrán hacerlo cada día sin el metro por el retraso en tiempos y por el coste económico”, remata.


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