Quién era y de qué acusaban a Rubén Cárdenas Ramírez, el mexicano ejecutado en Texas
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BBC Mundo

Quién era y de qué acusaban a Rubén Cárdenas Ramírez, el mexicano ejecutado en Texas

Rubén Cárdenas Ramírez fue ejecutado en Texas, cumpliéndose la pena de muerte a la que fue condenado por la violación y asesinato de una prima.
BBC Mundo
Por BBC Mundo
9 de noviembre, 2017
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El mexicano Rubén Cárdenas Ramírez fue ejecutado en una prisión de Texas este miércoles 8 de noviembre, cumpliéndose así la pena de muerte a la que fue condenado por la violación y asesinato de una prima, lo cual él siempre negó.

Pese a las peticiones del gobierno de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de Naciones Unidas, la justicia de Texas completó el castigo para Cárdenas, de 47 años, quien fue declarado muerto a las 22:26 hora local en la prisión de Huntsville.

La negación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de la última apelación de la defensa motivó un retraso de más de cuatro horas sobre la hora de la ejecución programada inicialmente.

Cárdenas fue acusado y encontrado culpable del secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, quien tenía 16 años, un crimen ocurrido en la ciudad de McAllen, en el sur de Texas.

Los padres de la adolescente había reportado su desaparición en febrero de 1997.

Los investigadores interrogaron a Cárdenas, quien era cercano a la familia y se había presentado voluntariamente ante la policía.

Luego de varias horas de ser cuestionado, más de 20 según la defensa, hizo una confesión.

Cámara letal en TexasGETTY IMAGES
El mexicano fue ejecutado mediante una inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas.

El acusado y un cómplice, José Antonio Castillo, entraron sigilosamente a la casa de Laguna para llevársela por la fuerza, según se dijo el juicio llevado a cabo en 1998.

“(Cárdenas) la ató con cinta adhesiva, luego la metió en un vehículo con el otro acusado y condujo a un lugar remoto”, según consta en los registros del Departamento de Justicia Criminal de Texas.

Cárdenas violó a la víctima, la golpeó severamente con sus puños y la estranguló, causándole la muerte. Cárdenas arrojó su cuerpo a un canal cercano”, dice la síntesis del caso.

Castillo fue detenido días después del crimen y cumplía una sentencia de 25 años de prisión, por el cargo de secuestro agravado, que finalizaba en 2022.

“Coacción”

“Yo no maté a mi prima, yo soy inocente”, dijo Cárdenas a Maricela Luna, una amiga con la que habló el sábado pasado.

“No tengo miedo, yo sé de qué me voy morir… Estoy en manos de Dios, se hará su voluntad”, le dijo, según explicó Luna en una entrevista con el diario mexicano Reforma.

La defensa de Cárdenas sostenía que la confesión de su cliente fue hecha bajo “coacción”.

Además de que el gobierno mexicano señala que a su ciudadano no le permitieron tener asistencia consular, por lo que considera el proceso en su contra “ilegal”.

La instalación Wall del corredor de la muerte en HuntsvilleGETTY IMAGES
Cárdenas se despidió de su madre, de sus hermanos y de sus hijos en Walls, el corredor de la muerte en Huntsville.

“El hecho de que haya existido una violación al debido proceso, y por otro lado a la convención de Viena, no tener la posibilidad de una entrevista con un funcionario consular de entrada es una violación, el tema es que de origen hay una falla, y desde nuestra perspectiva es un acto ilegal“, dijo Carlos Manuel Sada, de la Cancillería mexicana.

El martes 7 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, la máxima instancia en la materia de ese estado, rechazó la petición que hizo la defensa para que se practicaran pruebas de ADN que la defensa pidió para demostrar la inocencia de Cárdenas.

Incluso nuevas pruebas de ADN que “no fueran consistentes con el perfil de Ramírez Cárdenas” no lo exculparían de responsabilidad, determinó el Tribunal de Apelaciones Criminales.

También la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó por unanimidad (6-0) otorgar clemencia o conmutar la sentencia del mexicano.

Maurie Levin, la abogada del mexicano, consideró en que la justicia de Texas se amparó en “tecnicismos legales” para tomar una decisión que, en su opinión, “viola las nociones más básicas de equidad y justicia”.

 

Familiares de Rubén CárdenasREUTERS
Los familiares de Cárdenas en México esperaban este miércoles recibir noticias de la ejecución.

Instancias internacionales

El caso de Cárdenas también había generado pronunciamientos de instancias internacionales.

Expertos independientes en Derechos Humanos de Naciones Unidas pidieron al gobierno de Estados Unidos que suspenda la ejecución “por temor de que no recibió un juicio justo”.

“Si la ejecución planeada se realiza, el gobierno estadounidense habrá aplicado la pena de muerte sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos“, dijeron.

También la CIDH había pedido al gobierno de EU “una reparación efectiva” para Ramírez Cárdenas que incluyera “la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo”.

Sin embargo todas las peticiones fueron denegadas y la sentencia fue cumplida.

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Sistema Nacional DIF

Directora del DIF obliga a empleados a darle hasta 4% de sus salarios; la SFP lo sabe desde julio

Para mantener su empleo, la directora del DIF y dos colaboradores obligaron a funcionarios a darles entre 2 y hasta 4% de su salario. La SFP recibió denuncias desde hace nueve meses.
Sistema Nacional DIF
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Desde marzo de 2019, la directora del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, y dos de sus colaboradores, obligaron a mil funcionarios de la institución a entregarles entre 2 y hasta 4% de su salario mensual a condición de mantener el empleo. Por este caso, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió un expediente de investigación apenas este 23 de abril, pese a que recibió denuncias al respecto desde hace nueve meses.

Animal Político obtuvo las denuncias y recabó seis testimonios de empleados y exempleados del DIF que confirman el modus operandi. Además, todos coinciden en que la directora utiliza como estrategia de amedrentamiento la supuesta amistad que mantiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller desde hace más de dos décadas. Esa es la razón por la que –según dice– tiene ese puesto, pues la designación es facultad directa del Ejecutivo.

La misma Rocío García distribuyó entre altos mandos del DIF un listado con las siete categorías de plazas escogidas y los respectivos montos a entregar, que van de los 500 a los 2 mil 500 pesos mensuales. De acuerdo con la nómina de la institución, las categorías enlistadas suman 1,002 puestos de trabajo, por lo tanto, las entregas ascenderían a 658 mil 400 pesos al mes, es decir, 7 millones 900 mil pesos al año.

Las denuncias y las entrevistas confirman que los funcionarios, cuyos sueldos oscilan entre los 12 mil y los 100 mil pesos, debían entregar el dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del que no hay registro oficial en la estructura del DIF.

Según les dijo la directora, el dinero serviría para los gastos de la institución que no alcanzan a solventar con el presupuesto público. Sin embargo, los empleados desconocen en qué se han utilizado dichos recursos y tampoco existe ninguna referencia de dicho programa en la página del DIF y mucho menos algún informe.

¿Cómo es que ocurrió esto y por qué nadie ha sido sancionado? Aquí la historia:

Programa Ahijado

No habían pasado ni cuatro meses del nuevo sexenio cuando los funcionarios de alto mando del DIF fueron citados a una reunión con la directora, María del Rocío García Pérez, quien por primera vez ocupaba un cargo en el gobierno Federal. Les pareció raro que les pidieran dejar sus celulares afuera de la sala de juntas, pero acataron la instrucción. Lo siguiente no lo podían creer.

La institución tenía gastos que no podían ser solventados con el presupuesto y, por lo tanto, los funcionarios tenían que “apoyar” al DIF con una parte de su salario que debían entregar cada mes y en efectivo, según les anunció Rocío García, flanqueada por los encargados de los recursos públicos del DIF y sus más cercanos colaboradores, Lilia Aguilar Cortés, en ese momento titular de Administración y Finanzas, y Alfredo Anguiano, entonces director general de Programación y Presupuesto.

El dinero sería para el “Programa Ahijado”, que sin estar en la estructura gubernamental, sería alimentado por las aportaciones de ellos como altos mandos y de sus subalternos, a quienes debían pasar el mensaje y asegurarse que acataran la orden.

Acto seguido recibieron una hoja con el título “Propuesta programa ahijado sistema nacional DIF” (sic) con las tarifas que debían cubrir de acuerdo a la jerarquía de las siete plazas de confianza incluidas: dirección general, 3 mil pesos; jefes de Unidad, 2 mil 500; directores generales, 2 mil; directores de área, mil 500 pesos; subdirectores de área, mil pesos; jefe de departamento, 700 pesos y los soportes administrativos, 500 pesos.

Nadie dijo nada y sin celulares, no pudieron grabar la conversación. Sólo se quedaron con la hoja del listado como única prueba de lo que acababan de presenciar.

Animal Político confirmó lo anterior al obtener tres denuncias interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en julio de 2020 a través de la plataforma de alertadores, un nuevo sistema implementado en la actual administración para el combate a la corrupción.

También al testimonio de seis empleados y exempleados de la institución, y tres de ellos mostraron la misma lista de plazas y tarifas. Sin embargo, pidieron que sus nombres no fueran publicados por temor a represalias, aunque su identidad sí fue corroborada por este medio.

De acuerdo con los testimonios, los titulares de cada área designaban a alguno de sus colaboradores para recolectar el dinero de los subalternos a final de cada mes. Después lo entregaban en la oficina de Alfredo Anguiano Chávez, quien fue ascendido a titular de Administración y Finanzas en 2020, es decir, actualmente se encarga de ejecutar el presupuesto del DIF.

Lilia Aguilar Cortés, entonces titular de Administración y Finanzas, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto entregaban. Cuando detectaba faltantes enviaba la lista con los nombres de los morosos al jefe correspondiente para que los presionara. Aguilar Cortés también fue ascendida y actualmente es Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.

Incluso, una de las denuncias refiere que “cada vez que los servidores públicos acuden a ella (Aguilar Cortés) para manifestar su desacuerdo (por la entrega de dinero), ella dice que todo son órdenes de su jefa (la titular del DIF) y que ‘así se hace en todos lados’”.

En una de las denuncias que llegó a la Función Pública, el alertador adviertió que el dinero era depositado en cuentas de “Saldazo”, las tarjetas de débito compradas en tiendas oxxo que no requieren de hacer trámites de apertura en algún banco, y algunas veces eran depositadas “a cuentas de los hijos de Rocío García u otro pariente”. Sin embargo, esto no puede ser corroborado por ninguna vía de información pública.

Otra evidencia de esta práctica se encuentra en un oficio del 2 de diciembre de 2020 firmado por Enrique García Calleja, director general de Asuntos Jurídicos, y Ociel Lua, jefe de departamento de Transparencia, en respuesta a una solicitud de información realizada –al parecer– por algún funcionario afectado.

En la solicitud con folio 1236000032820 se pregunta: “especifique normativamente bajo qué criterio y acuerdo, Sandra Castro Díaz, directora de Adquisiciones y Almacenes determinó y dio la instrucción el día 10 de noviembre de 2020 a su personal de estructura dar un donativo monetario para las familias afectadas por la tormenta tropical Eta. La instrucción la dio de la siguiente manera: soportes: $250; jefes de departamento, $500; subdirectores, $750; director, $1,000”.

El solicitante explicaba que pedía la información porque si bien les entregaron un volante para solicitar apoyo, éste sólo incluía víveres y “en ningún lado de este volante mencionan alguna donación de dinero”. También pedía confirmar si dicha instrucción “es del conocimiento y validado por la titular del DIF, María del Rocío García Pérez”.

En la respuesta, García Calleja confirmó que “el personal de confianza y estructura adscrito a la Dirección de Adquisiciones, en apoyo y solidaridad con la causa, realizó una colecta general de manera voluntaria para la compra de víveres, abarrotes, etc., y posteriormente se hizo una entrega grupal en el Centro de Acopio instalado para tal fin en el almacén de donativos de este organismo”.

Además aseguró que “es nuestro deber como servidores públicos coadyuvar con esta acción altruista a través de tres vías: aportar, conminar a nuestros subalternos su participación y difundir la convocatoria con los grupos de trabajo, familiares y amigos, por lo tanto no fue necesario hacer del conocimiento ni someter dicha actividad a la autorización o validación de la titular, ya que la colecta para la compra se realizó de manera voluntaria”.

Sin embargo, tampoco hay ninguna referencia a la entrega de dicho donativo en los nueve comunicados oficiales en la página del DIF publicados entre el 7 de octubre y el 28 de noviembre, ni en los 6 boletines de diciembre, periodo en el que debió haber sido entregado, pues la tormenta “Eta” que afectó a Tabasco, Chiapas y Veracruz ocurrió entre octubre y noviembre de 2020.

Función Pública lo sabe desde julio

Los funcionarios afectados vieron una oportunidad para denunciar sin poner en riesgo su empleo ni sufrir represalias en el mecanismo lanzado por la Secretaría de la Función pública en 2019 llamada Ciudadanos Alertadores internos y externos de la corrupción, cuya principal ventaja es el anonimato.

Los objetivos de dicho programa, según la dependencia, son “facilitar que la ciudadanía y personas servidoras públicas puedan comunicar alertas sobre cohecho, peculado y desvío de recursos públicos sin sufrir represalias; garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, proteger el anonimato y servir de herramienta en el combate a la corrupción e impunidad”.

Así es como fueron registradas tres denuncias que generaron sus respectivos folios que también sirven como contraseña para poder acceder a la plataforma, dar seguimiento al caso y mantener comunicación con la Función Pública, por lo tanto no pueden ser publicados.

Animal Político comprobó la existencia de dichos denuncias, una registrada el 17 de julio y dos más el 20 de julio de 2020, aunque una de ellas sólo se refiere a la exigencia de firmar una carta de renuncia sin fecha o de lo contrario no les entregarían su primer pago. En los tres casos hubo intercambio de comunicaciones entre los denunciantes y la dependencia únicamente a través de la plataforma hasta septiembre.

Aunque uno de los ciudadanos preguntó en agosto y septiembre de 2020 y en enero de 2021 sobre el seguimiento a su denuncia, la Función Pública respondió que se habían extendido los plazos debido a pandemia de coronavirus. Apenas este 23 de abril informó que dos de las denuncias había sido concentradas en un expediente de investigación.

“Respecto de los hechos por usted alertados, le informamos que se hicieron de conocimiento del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo su caso, María Lina Vázquez Rojas, titular del Área de Quejas, quien mediante el oficio 12/360/AQ004/2021, informó que los hechos denunciados fueron registrados en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIDEC), con número de folio 19**/2021 y clave 824****, y que para tal efecto quedó bajo expediente de investigación 2021/DIF/DE206”.

Animal Político preguntó a la Función Pública el estatus de la investigación y la razón por la que tardaron nueve meses en iniciar el expediente, pero la dependencia respondió que, por norma, no podía informar nada sobre una investigación en curso.

También se solicitó una entrevista con la titular del DIF, Rocío García, sobre las acusaciones en su contra, tanto de las denuncias, como de los testimonios recabados por este medio, pero sólo envió una tarjeta informativa para advertir que no conocía de ninguna investigación en su contra, es decir, no ha sido llamada a rendir cuentas por ninguna autoridad.

“María del Rocío, titular del SNDIF, y José Alfredo Anguiano, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, desconocemos si existe alguna denuncia presentada ante la Secretaría de la Función Pública por parte de trabajadores en nuestra contra.

En caso de existir no podríamos emitir una opinión en torno a la investigación, pues ello trastocaría el proceso que lleva a cabo la autoridad competente. En todo caso, y únicamente de ser necesario se emitiría una opinión hasta la conclusión de la indagatoria y una vez que se hiciera público su resultado”, dice la tarjeta.

La amistad presidencial

El miedo de los empleados a denunciar obedece a una razón: la directora Rocío García reitera a cada oportunidad su estrecha amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, desde que él era Jefe de Gobierno.

Para confirmar la supuesta cercanía con ambos, Rocío García cuenta anécdotas e incluso, situaciones muy personales de la pareja (que no serán reproducidas por respeto a la privacidad), lo mismo en reuniones de trabajo o en encuentros informales con sus subalternos o funcionarios de otras instituciones, según coinciden las narraciones de los trabajadores y un exfuncionario federal.

De acuerdo con los testimonios, la estrategia de la cercanía es utilizada para amedrentar y asumirse como intocable dentro de la administración porque, según afirma, sus decisiones o propuestas de cualquier tipo son aprobadas por Beatriz Gutiérrez Muller, y “nadie quiere problemas con la esposa del presidente”, dice una de las fuentes.

La amistad nació cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, entre 2001 y 2005, y Rocío García era “representante del Jefe de Gobierno en las coordinaciones territoriales de Seguridad Pública en la delegación Gustavo A. Madero”.

Según una respuesta por transparencia y al currículum publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia, Rocío García ocupó dicho puesto al mismo tiempo que el de “subdirectora de difusión” en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Justo en esa área conoció a Beatriz Gutiérrez, quien era asesora en la dirección de Difusión en la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal, entre 2002 y 2005, y ahí comenzó la supuesta amistad, según ha contado García.

Por eso presume que fue la única funcionaria que designó a su titular de Administración y Finanzas, pese a que la reforma de la Ley Orgánica de este gobierno trasladó esa responsabilidad a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda. Tanto Lilia Cortés como Alfredo Anguiano, que han ocupado dicho cargo el DIF, sólo tienen experiencia en el gobierno capitalino.

También asegura que, a diferencia de otras dependencias, el DIF tienen un trato privilegiado en cuanto a presupuesto. Y en efecto, el mayor recorte sólo ocurrió entre 2018 y 2019, al pasar de 2 mil 329 millones de pesos a mil 960 millones de pesos, respectivamente, pero en ese periodo el DIF dejó de tener la responsabilidad de las estancias infantiles. En cambio, en 2020, el año de pandemia, el presupuesto se mantuvo en mil 989 millones de pesos y en 2021 le fue asignado mil 981 millones de pesos.

¿Quién es Rocío García?

Ante sus interlocutores, Rocío García Pérez se describe como una “luchadora social”, una “operadora a ras de tierra”, como alguien que caminó junto a López Obrador en la calle, por eso cuando el entonces presidente electo le llamó por teléfono para decirle que “le encargaría algo muy especial”, saltó de emoción, según narran los entrevistados.

El nombramiento efectivamente es facultad del presidente, según la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que regula a los organismos públicos descentralizados como lo es el DIF.

Ingresó al puesto desde el primer día de gobierno de López Obrador, el 1 de diciembre de 2018 y su salario asciende a 100 mil pesos brutos mensuales y con prestaciones, suma 144 mil pesos, de acuerdo con Nómina Transparente.

Sobre su preparación profesional, el DIF respondió a una solicitud de información que no tenía registro de ningún título universitario sino solo “una constancia de estudios de la licenciatura en Sociología con porcentaje de créditos aprobados mayor a 95% donde se desprenden cinco años de estudios subdivididos en trimestres expedidos por la UAM entre septiembre de 1984 y mayo de 1989”, aunque no entregó el documento.

Aún así, en su ficha curricular como miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) se ostenta como “licenciada en Sociología”.

Aunque en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales no incluye algún requisito académico para los titulares, sí exige que el titular debió “haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal”, dice el artículo 21.

Sin embargo, en los 40 años de experiencia laboral, nunca ha ocupado la titularidad de alguna institución y ninguno de sus trabajos ha estado relacionado con niños, niñas o adolescentes, la población que atiende el DIF, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información sobre toda su experiencia laboral.

Sus empleos han sido desde técnica en programación y presupuesto en la Subsecretaría Forestal y de Fauna de la Secretaría de Agricultura en 1981, hasta “asesora” del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Leonel Godoy, de 2000 a 2002.

En cinco empleos más sólo ha durado un año, en 1996 como “responsable de comedor en Villa Hermosa, Tabasco”; “asesora del secretario de Gobierno en el GDF”, en 1999; como subdirectora de publicidad en la Secretaría de Transporte y Vialidad en 2007, y en 2009 como encargada de la dirección de Seguridad al turista en la Secretaría de Turismo en el Distrito Federal.

Como directora territorial en Gustavo A. Madero sumó tres años. Y los cargos con mayor antigüedad fueron en los que coincidió con el presidente y como directora de Vinculación Interinstitucional del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México, entre 2012 y 2018.

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