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Foto: Cuartoscuro

Líderes opacos: sindicatos y partidos incumplen con la mitad de obligaciones de transparencia

Tanto los partidos políticos como los sindicatos son las instituciones con menor cumplimiento en obligaciones de transparencia, de acuerdo con un informe de la Auditoría.
Foto: Cuartoscuro
Por Arturo Angel
7 de noviembre, 2017
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Los sindicatos y los partidos políticos son las instituciones más opacas del país. Aunque por ley ya deberían haber transparentado toda su información de carácter público, desde sus estructuras orgánicas hasta gastos, plazas y contrataciones, la realidad es distinta.

Una verificación hecha por la Auditoría Superior de la Federación reveló que los sindicatos han transparentado, en conjunto, apenas el 35% de la información a la que están obligados de acuerdo con la Ley General de Transparencia, mientras que los partidos políticos han transparentado solo el 62% de los datos obligados.

Desde 2014, las obligaciones de transparencia se extendieron a fideicomisos, organismos autónomos, partidos políticos y a sindicatos que reciban recursos públicos. La nueva ley, que entró en vigor en 2015, estableció como obligación revelar toda la información que marca la ley con parámetro homologados a más tardar en mayo de 2017.

Lo que los auditores de la ASF encontraron es que aún cuando el plazo límite para revelar esta información – a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) – se amplió a octubre de 2017, solo se han transparentado el 69 % de todos los datos que debían haber revelado los 868 sujetos obligados en el país.

La situación más preocupante es la de los sindicatos que mantienen bajo opacidad el 65% de la información que ya tendrían que haber transparentado.

En tanto, los partidos políticos reportan el promedio más bajo de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, apenas un 62.2 %.

Un mejor nivel de transparencia presentan las dependencias de los poderes ejecutivos con el 65.8 % de cumplimiento de sus obligaciones, y más arriba los órganos autónomos con el 72.7 %. Después le siguen los fondos y fideicomisos con el 73.2 % y las distintas instancias del Poder Judicial con el 87.4%.

Las instancias que han transparentado la mayor parte de su información al corte de octubre pasado son las del Poder Legislativo con un cumplimiento del 91.3 %.

Uno de los motivos que explican el alto nivel de opacidad en los sindicatos, destaca la Auditoría Superior de la Federación, es que 39 de ellos  (casi el 30% del total de organizaciones gremiales legalmente constituidas) ni siquiera han cumplido con entregar reporte alguno ante el SIPOT, algo que legalmente debieron hacer antes de octubre pasado. Están en ceros.

Un caso distinto es el de los partidos políticos, pues aunque el 100 % de ellos ya entregó sus reportes al SIPOT, el cumplimiento es bajo. Aquí los reportes entregados son deficientes y/0 incompletos.

El 79.2 % de los fideicomisos y fondos públicos han cumplido con entregar sus reportes al SIPOT. Esto significa que uno de cada cinco fideicomisos sigue sin entregar reporte alguno ante el sistema de transparencia (es el segundo nivel más alto de omisión después de los sindicatos).

En cambio el 92.3% de todos los órganos autónomos ya ingresó su reporte al sistema, al igual que el 99 % de los sujetos obligados pertenecientes a los poderes ejecutivos. Con un 100 % de informes entregados están los sujetos Poder Legislativo y el Poder Judicial.

El balance general concluye que de los 868 sujetos obligados, 740 de ellos (85.3%) entregaron informe con su información de transparencia al SIPOT (independientemente de si están completos o no). Esto significa que 128 sujetos obligados han violado la ley al no entregar estos informes cuya fecha límite era octubre pasado.

Reglas incompletas

A más de tres años de distancia de que se aprobó y entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se ha terminado de actualizar el marco legal para que los sujetos obligados cumplan con proporcionar información en temas como los de delincuencia organizada o desaparecidos, donde las reglas no son claras.

El análisis de la ASF arroja que de 280 leyes federales y generales vigentes que tendrían que ser actualizadas, hay 103 que siguen sin un reglamento general o al menos artículos que regulen las nuevas disposiciones de transparencia.

Esto significa que al menos 1 de cada 3 leyes federales y generales no cuentan con reglas actualizadas en transparencia lo que facilita la opacidad.

Entre las leyes que no cuentan con reglamentos actualizados en transparencia se encuentran la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública.

El informe de la ASF destaca también los retrasos.

Los plazos para expedir los reglamentos en materia de transparencia de cada ley eran de 188 días pero en realidad, el promedio de expedición ha estado por encima de los mil días. Un retraso promedio de tres años después de lo dispuesto.

Quienes también ya cumplieron aunque con retrasos fueron los estados. Cada entidad federativa tenía la obligación de adecuar su norma local de transparencia con los parámetros marcados por la Ley General en máximo un año. Pero solamente 11 entidades cumplieron a tiempo: Coahuila, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Chihuahua y Nayarit.

En el caso de Baja California Sur, Campeche, la Ciudad de México, Chiapas, Durango, el Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, su nueva legislación estuvo completa un día después del plazo, mientras estados como Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Veracruz registraron más de 100 días de retraso.

Crecen las solicitudes

Entre 2012 y 2016, según el análisis de la Auditoría, las solicitudes de acceso a la información presentadas por los ciudadanos crecieron en promedio 20 % anualmente. Pasaron de 94 mil 735 en 2012 a 196 mil 253 en 2016.

En este periodo el promedio de atención de cada solicitud mejoró en cuanto a tiempo pues decreció de 13.6 días hábiles a 12.9 días.

En cuanto a los recursos de revisión, en 2016 se promovieron en promedio 3.9 recursos de revisión por cada 100 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. En total fueron 9 mil 422 recursos promovidos el año pasado y la razón principal por la que los ciudadanos los interpusieron fue la respuesta de sujetos obligados respecto a que los datos solicitados eran información “reservada o clasificada”.

El pleno del INAI, al revisar los recursos de revisión, resolvió en el 48.2% de los casos darle la razón a los ciudadanos por lo menos de forma parcial, y revocar la respuesta de los sujetos obligados.

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G. D. Olmo

Crisis en Venezuela: Guanta, la ciudad invisible que vive bajo una nube tóxica

Los habitantes de Guanta, junto al Parque Nacional Mochima, una de las maravillas de la costa venezolana, viven expuestos a la contaminación que emite una fábrica de cemento propiedad del Estado situada en las inmediaciones. Las infecciones respiratorias son frecuentes allí.
G. D. Olmo
13 de agosto, 2019
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Guanta está allí. Aunque apenas se la ve.

Desde el mirador de El Morro, situado en el otro frente de la bahía, las luces de sus farolas titilan bajo una nube situada a baja altura.

Es una nube distinta a las demás, más espesa, más pesada.

Si se sigue el rastro con la mirada, la vista intuye la fuente que la emite, la planta cementera de Pertigalete, situada a pocos kilómetros de Guanta y en la zona del Parque Nacional Mochima, uno de los paraísos naturales que abundan en la costa de Venezuela.

Aunque al forastero pueda sorprenderlo, los alrededor de 45.000 habitantes que se estima que tiene Guanta están habituados a vivir en un ambiente saturado de los residuos de caliza y esquisto que la planta, propiedad del Estado, utiliza para producir cemento.

Como la mayoría de sus vecinos, Gerardo Serra, de 77 años, barre a diario su casa, por dentro y por fuera.

“Aquí hay que estar siempre limpiando. Hay días en que el polvo tapa completamente el cerro”, asegura, escoba en mano, mientras señala a la montaña que se yergue frente a su casa en la urbanización Pamatacualito.

“A todos nos preocupa vivir con este problema; es una queja de todo el pueblo, pero…”

Guanta.

G. D. Olmo
Gerardo Serra, como muchos otros vecinos de Guanta, barre a diario el frente de su casa para evitar que se acumule el polvo de la cementera.

En Guanta el polvo lo impregna todo, sobre todo en la época del año en la que llueve menos.

Árboles y plantas, chamizos, cabinas telefónicas, automóviles… Nada se libra de las partículas.

Otra vecina que prefiere no ser identificada muestra los azulejos del patio de su casa, afeados por costras de un material blanquecino. Dice que, cuando llueve, con el agua caen también los materiales que emanan de Pertigalete. Si no alcanza a limpiarlos antes de que se seque el suelo, los restos se solidifican y quedan ahí para siempre.

Mapa

Alamy

Es lo que le ha pasado al auto que descansa en su garaje, cubierto por una suciedad que ya no cede.

Muchos en la zona cubren sus vehículos con fundas de plástico para evitar que les pase lo mismo.

Guanta.

G. D. Olmo
Los vecinos se quejan de que cuando llueve caen residuos del cielo, que, al secarse forman una capa de cemento sobre automóviles, casas y vegetación.

Problemas respiratorios

Pero hay cosas que no se pueden cubrir, como los pulmones de la gente.

En el Centro de Diagnóstico Integral de El Chorrerón, la doctora al frente del servicio de guardia atiende, sobre todo, pacientes afectados por problemas respiratorios.

“Infecciones respiratorias, bronquiolitis y neumonías son lo más frecuente aquí”, me cuenta.

“Esta semana hemos tenido entre 30 y 40 casos. Quienes más sufren son los lactantes y los pacientes asmáticos”.

Este es uno de los centros sanitarios de Venezuela en los que trabajan médicos cubanos y a diario los pacientes aguardan junto a retratos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Fidel Castro a recibir su tratamiento.

Últimamente no resulta fácil.

Guanta.

G. D. Olmo
La planta debería contar con unos filtros que redujeran su efecto contaminante, pero están dañados y no cumplen su función.

“Ahora no tenemos apenas antibióticos”, afirma la doctora, antes de mostrar los nebulizadores a los que necesitan conectarse los enfermos, para los que con frecuencia tampoco hay recargas.

Los problemas respiratorios de los vecinos han sido una constante en los 8 años que lleva trabajando aquí. “Al ser la contaminación el origen del problema nunca pudimos ofrecer una solución definitiva, pero antes, al menos, podíamos tratar a la gente; ahora ya no”, lamenta.

“Quienes más sufren son los lactantes y pacientes asmáticos”.

BBC Mundo intentó sin éxito obtener la versión de las autoridades y los responsables de la planta sobre el problema de la contaminación.

Ni su propietaria, la estatal Venezolana de Cementos (Vencemos), ni el alcalde de Guanta, ni el Ministerio de Comunicación, responsable de dar información en nombre del gobierno, respondieron a la solicitud de comentarios.

No es la doctora la única que ha notado los efectos que aparentemente tiene sobre la salud de la gente la contaminación de la fábrica de Pertigalete.

“Cuando vivía en Guanta me levantaba todas las mañanas con una reacción alérgica”, recuerda Manuel Fernández, uno de los asesores que colaboró en la elaboración de un informe con el que el diputado opositor Armando Armas, elegido en el Estado Anzoátegui, denunció la acción contaminante de la cementera.

El informe encontró que, debido al polvillo, de cada 10 niños atendidos en el ambulatorio David Zambrano, el principal centro sanitario de la localidad, 6 lo eran por problemas respiratorios o cutáneos.

Los problemas respiratorios eran también una de las causas más frecuentes por las que los adultos acudían al médico.

Guanta.

G. D. Olmo
En este centro médico de Guanta, en el que trabajan médicos cubanos, no hay antibióticos para responder a las infecciones respiratorias.

La planta perteneció a la compañía mexicana Cemex hasta que en 2008 el entonces presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la empresa, con el argumento, entre otros, de que no cumplía sus obligaciones sobre protección medioambiental.

Quienes mejor la conocen son sus trabajadores, algunos de los cuales conversaron con BBC Mundo bajo condición de anonimato. Aseguran que varios de sus representantes sindicales han sido “secuestrados” e intimidados por parte de los servicios de seguridad.

“El problema de la contaminación siempre existió, pero se ha agravado desde la expropiación por la falta de mantenimiento”.

Sin filtros

Según el relato de los empleados, los filtros que deben succionar los residuos que genera el proceso de producción del cemento están dañados y ya no cumplen su función, por lo que ahora salen al aire sin control.

Paradójicamente, aunque seis de sus siete hornos están parados y la producción ha caído a mínimos históricos, ahora contamina más que nunca.

“La tecnología está obsoleta y eso está provocando un daño ambiental incalculable”, denuncian los empleados, que reclaman al gobierno que invierta en el mantenimiento de la planta para hacerla sostenible, en lo económico y en lo ambiental.

Guanta.

G. D. Olmo
En las mismas aguas a las que vierte la planta se bañan los turistas que llegan al paradisíaco Parque Nacional Mochima.

La zona en la que se ubica la planta tiene un alto valor ecológico. Se trata del Parque Nacional Mochima, casi cien mil hectáreas de “bahías, playas, islas, golfos y ensenadas de grandes maravillas naturales”, privilegiada por una “exuberante diversidad biológica”, de acuerdo con la descripción del Instituto Nacional de Parques.

Se trata de un paraíso al que tradicionalmente acudían turistas de todo el país para disfrutar sus vacaciones, aunque la crisis actual de Venezuela haya hecho caer drásticamente el flujo de visitantes.

“Nunca lo arreglarán”

Manuel Fernández asegura que “la empresa no solo contamina el aire, sino también los acuíferos”, una denuncia secundada por Antonio Oteiza, presidente de la asociación Movimiento Ecológico, que afirma: “Hace tiempo comprobamos que el polvo está cubriendo los corales”.

El problema, dice Fernández, ha alcanzado ya a otras poblaciones de la cercana Gran Barcelona, una de las mayores concentraciones urbanas de Venezuela, en la que muchas comunidades viven de la pesca.

Barcelona

G. D. Olmo
Según sus críticos, la planta está contaminando todo el norte del Estado Anzoátegui. También cercana Barcelona donde algunas de las comunidades más desfavorecidas se buscan la vida pescando en el río Neverí.

Según la oficina del diputado Armas, que ahora vive fuera del país a causa de lo que sus colaboradores describen como “persecución gubernamental”, ya en 2011 se elevó una queja a la Asamblea Nacional, que ordenó realizar un estudio sobre el impacto medioambiental de la cementera.

Nunca llegó a realizarse.

Tampoco se cumplieron las directrices que en 2014 dio el Ministerio de Medio Ambiente para reducir los daños provocados por la planta, ni las reiteradas promesas de las autoridades locales de destinar a tal fin fondos de la petrolera estatal PDVSA.

A estas alturas, muchos en Guanta creen más probable que la planta acabe cerrando por su inoperatividad antes de que se subsanen los problemas que la han vuelto tan nociva.

La mujer que no quiso identificarse resume ese sentir: “Eso no lo van a arreglar. Si quisieran hacerlo, ya lo hubieran hecho”.


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