Tres años después de que la Fiscalía General de Yucatán renunció a investigar la muerte de un joven turista, electrocutado en 2014 dentro de un hotel del municipio de Progreso, un juez federal ordenó a las autoridades de esa entidad reabrir este caso, y valorar correctamente las pruebas existentes, algunas de las cuales indican que la causa del deceso fueron las deficientes instalaciones del establecimiento y, por lo tanto, que no se trató de un accidente, sino de un homicidio culposo.
El joven José Guillermo Ascencio Lara, universitario de 18 años, murió en la habitación que había alquilado en el hotel Embajadores del Mar, que pertenecía en el momento de los hechos al empresario Héctor Navarrete Muñoz (desde entonces director de Aeropuertos Regionales del Grupo Aeroportuario del Sureste, Asur, responsable de las terminales aéreas de Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa).
Tal como consta en el expediente del caso, del que Animal Político posee copia, José Guillermo murió por “fibrilación ventricular” provocada por un “choque eléctrico” de entre 10 y 120 wats, es decir, una descarga de baja tensión, que le causó un paro cardiaco.
Los peritajes realizados inmediatamente después de la muerte (cuya realización quedó registrada fotográficamente) revelan que tanto las paredes como el piso de la habitación estaban energizados, es decir, transmitían corriente eléctrica e, incluso, los peritos que realizaron esta inspección tomaron fotografías de un punto quemado en el balcón, provocado por un arco eléctrico.
A pesar de que la Fiscalía de Yucatán recabó estas pruebas desde un inicio, no profundizó en las investigaciones, para determinar por qué la habitación presentaba carga voltáica en paredes y piso, ni ordenó preservar la zona de los hechos.
Cuando un nuevo perito, esta vez experto en instalaciones eléctricas, ingresó al hotel, lo que encontró fue que los responsables del establecimiento habían “desmantelado y sustraído la cablería que alimenta” la habitación donde murió el joven huésped.
Finalmente, la Fiscalía de Yucatán presentó a dos nuevos peritos en criminalística, quienes en nombre del Ministerio Público concluyeron que las instalaciones del hotel estaban en correcto funcionamiento, y que el joven turista murió porque accidentalmente tocó un cable de mediana tensión, que corría frente al balcón de su habitación.
Con estos dictámenes como prueba, la Fiscalía de Yucatán formalmente determinó en octubre de 2014 que no ejercería acción penal alguna por este fallecimiento, dejando libre de toda responsabilidad al hotel Emabajadores del Sur, y a su dueño, el empresraio Héctor Navarrete Muñoz, quien meses después lo transfirió a otro particular.
El pasado 6 de octubre de 2017, sin embargo, un juez federal de amparo ordenó anular el no ejercicio de la acción penal, y reabrir este expediente ministerial, ya que, en 2014, la Fiscalía General de Yucatán (entonces encabezada por Celia Rivas) arbitrariamente faltó a su responsabilidad de investigar valorar todas las pruebas de manera científica, lo que derivó en la violación de los derechos constitucionales del joven fallecido, y de sus deudos.
El juez, de hecho, concluyó que la Fiscalía de Yucatán no sólo ignoró aquellos peritajes que señalan como causa de la muerte una mala instalación eléctrica en el hotel Embajadores del Sur, sino que deliberadamente consideró que dichas evidencias no eran válidas.
El juez destacó que estas evidencias que señalaban a la responsabilidad del hotel fueron descartadas por la Fiscalía sin emitir una valoración científica que sustentara su eliminación.
Y más grave aún: el juez constató que los peritajes del Ministerio Público, en los cuales se afirma que la muerte fue accidental, fueron realizados por personas que se presentaron dijeron ser peritos en criminalística, pero que en realidad no contaban siquiera con título de licenciatura.
Así, tras considerar todas estas circunstancias, el juez primero de Distrito en el Estado de Yucatán, René Rubio Escobar, ordenó a la Fiscalía estatal reabrir el expediente y emitir una nueva resolución, en la que se corrijan los “vicios” en los que sus funcionarios incurrieron hace tres años, especialmente ahora sí tomar en cuenta las evidencias de que José Guillermo no murió por accidente, sino que fue víctima de homicidio culposo.
