Exalcalde del PT en Veracruz protegió y dejó escapar a agresor sexual de una niña; CNDH emite alerta
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Cuartoscuro

Exalcalde del PT en Veracruz protegió y dejó escapar a agresor sexual de una niña; CNDH emite alerta

El exalcalde de Mecatlán, Veracruz, es señaladode haber dado protección y dejar que se fugara un presunto violador de una niña, en 2015.
Cuartoscuro
Por Paris Martínez
26 de diciembre, 2017
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El 28 de octubre de 2015, una niña de 16 años de edad integrante de la comunidad indígena totonaca de Manantiales, municipio de Mecatlán, Veracruz, fue privada de la libertad por uno de sus vecinos, quien la condujo por la fuerza a un cafetal y la atacó sexualmente.

Cuatro horas después, cuando la niña y su familia acudieron ante las autoridades municipales, encabezadas entonces por el Partido del Trabajo, la víctima fue recibida a carcajadas por los servidores públicos responsables de asistirla y, un día después, el mismo alcalde de la región, Gerónimo Luis Hernández, le ofreció llegar a un arreglo: ya fuese obtener una compensación económica del agresor o casarse con él.

De hecho, gracias a este alcalde del PT, el agresor sexual no sólo pudo volver al pueblo libre de cargos, pocas horas después de atacar a la menor, sino que hasta la fecha permanece en libertad.

Por el contrario, su víctima, hoy de 18 años, tuvo que abandonar la localidad inmediatamente, ante el temor a represalias del violador, de la familia de éste o de las autoridades encubridoras.

Tal como consta en la investigación de este caso, realizada primero por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, y luego por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta niña fue atacada sexualmente el 28 de octubre de 2015, alrededor de las 11:00 horas, y para las 15:00 horas, señala su testimonio, “en compañía de mi abuela fui a casa del sub-agente municipal (aún portando su ropa ensangrentada), a darle a conocer los hechos, y cuando le conté que este sujeto me llevó al cafetal y me tiró al suelo, el sub-agente municipal comenzó a reírse mucho”.

Ante la negativa de atención, la víctima y su familia acudieron directamente a las oficinas municipales de Mecatlán, en donde el titular de la Policía Municipal ofreció llevarla hasta Papantla, que es el municipio más cercano con una agencia del MP especializada en atención a delitos contra las mujeres.

El ofrecimiento, sin embargo, era una trampa, pues luego de que la víctima y su papá abordaron en la parte delantera de la patrulla en la que supuestamente serían llevados a Papantla, dicho comandante de la Policía Municipal introdujo al vehículo al mismo vecino que un día antes había violado a la menor.

Tal como comprobó la CNDH, el comandante de la policía municipal condujo a la víctima y al agresor hasta un campo deportivo, en donde el mismo alcalde Gerónimo Luis Hernández y un abogado particular intentaron convencer a la adolescente y a su papá para que se desistieran de presentar la denuncia penal en contra del agresor sexual.

Mientras la menor permaneció retenida contra su voluntad en dicho campo deportivo, al lugar también llegó el funcionario municipal asentado en el poblado de Manantiales que, un día antes, había respondido con carcajadas ante su denuncia de violación.

Según la investigación de la CNDH, la menor fue retenida en dicho campo deportivo por alrededor de una hora, hasta que vecinos de la localidad se percataron de los hechos y se comunicaron a las oficinas del Ayuntamiento, para exigir que la menor fuera liberada, sólo así los funcionarios municipales encabezados por el alcalde del PT cesaron las presiones contra la menor y su padre, y los trasladaron a Papantla, para que formularan la denuncia penal en contra del agresor sexual.

Cabe destacar que, en ese mismo momento, el agresor sexual también fue conducido al MP de Papantla, junto con su víctima; sin embargo, las autoridades municipales de Mecatlán no lo consignaron ante el Ministerio Público, sino que lo dejaron unos instantes a unos metros de la puerta de acceso y, luego de introducir a la menor en las oficinas ministeriales, los mismos policías municipales trasladaron al agresor de vuelta a Mecatlán, y lo dejaron en libertad.

A pesar de que la menor agredida identificó plenamente a la persona que la atacó, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se tomó seis meses para solicitar a un juez penal una orden de captura, aunque, obviamente, para el momento en que ésta fue emitida el imputado ya se había dado a la fuga, y permanece prófugo hasta la fecha.

Estilo PT

En agosto de 2016, es decir, diez meses después de la agresión sexual, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió su recomendación 19/2016, a través de la cual ordenaba al alcalde del Partido del Trabajo en Mecatlán que iniciara una investigación administrativa en contra de los funcionarios municipales que encubrieron y permitieron la fuga del agresor sexual de esta adolescente indígena.

El objetivo de dicha investigación administrativa era, concretamente, determinar las responsabilidades en las que incurrió el personal de la Policía Municipal, al presionar a la menor para que se desistiera de presentar la denuncia, así como por haber omitido la consignación del imputado, aun cuando sí lo habían conducido hasta el MP de Papantla en una patrulla oficial.

Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos le ordenó al alcalde Gerónimo Luis Hernández que indemnizara a la afectada por los daños que el proceder de su personal le había ocasionado, entre los que destacan afectaciones psicológicas, secuelas físicas por una tardía y deficiente atención médica, además de garantizar su seguridad personal.

Por último, se ordenaba al alcalde establecer mecanismos de capacitación para el personal del municipio en materia de derechos humanos y atención a las víctimas.

El alcalde del Partido del Trabajo, simplemente, ignoró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ni siquiera respondió.

Tuvo que mediar un nuevo exhorto de la CEDH para que, en octubre de 2016, el alcalde Gerónimo Luis Hernández anunciara oficialmente su “rechazo” a lo dispuesto por Derechos Humanos, ya que, argumentó, “es totalmente falso que los elementos de la Policía Municipal actuaron de manera negligente, al obstaculizar al probable responsable para que no compareciera ante la Fiscalía”, y aseguró que las autoridades municipales dispusieron la liberación del detenido “toda vez que no se ha comprobado si realmente el probable responsable había comentado (sic) delito”.

Cabe destacar que, tal como dispone la ley, las autoridades municipales no están facultadas para determinar si un probable responsable ha cometido un delito o no. Por el contrario, la ley obliga a las autoridades aprehensoras a poner al detenido a disposición del Ministerio Público de manera inmediata, para que sea éste el que defina si existe o no delito qué perseguir.

Aun así, el argumento del alcalde del PT para liberar al agresor sexual es que no había elementos para su consignación, y concluye afirmando, ya sin lógica alguna, que todo esto no lo dispuso él o su personal, sino la misma Fiscalía General de Veracruz, argumento que quedó desacreditado luego de que Derechos Humanos comprobara que el personal del MP nunca fue notificado de que el agresor sexual estaba en la misma patrulla en la que había sido conducida la víctima para presentar su denuncia.

Además, ni el alcalde del PT, ni ninguno de sus subordinados, reconoció haber retenido a la menor en un campo deportivo, para encararla con su agresor y presionarla para que aceptara casarse con él o, al menos, que la compensara económicamente.

Por el contrario, insistieron en que el tiempo de traslado de la víctima hacia el MP de Papantla fue más prolongado del normal porque hubo que detenerse a cargar gasolina.

Derechos Humanos, no obstante, pudo recabar el testimonio de personas ajenas a los hechos, que presenciaron el momento en que la menor fue conducida a dicho campo deportivo y retenida ahí por policías municipales.

Epílogo: simulación

Luego de que el alcalde Gerónimo Luis Hernández se negó a reconocer los abusos en contra de la menor, cometidos por él y sus subordinados, el caso fue abordado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inició su propia investigación.

Tal como consta en el expediente iniciado por la CNDH, una vez que el alcalde del PT se percató de que el caso había escalado a una instancia nacional, intentó simular que finalmente sí había aceptado y acatado “parcialmente” lo que en agosto de 2016 le ordenó el órgano estatal de Derechos Humanos, y como prueba presentó un informe en el que asegura que sí se inició un proceso administrativo contra dos policías municipales.

No obstante, según el mismo informe remitido por Gerónimo Luis Hernández a la CNDH, luego de este proceso administrativo, la gestión municipal que él encabezaba determinó emitir (el 17 de marzo de 2017) una amonestación privada, no presencial, en contra de ambos policías.

Dicha amonestación, que ni siquiera va firmada por el alcalde, dice:

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para manifestarle nuestra decisión de formularle amonestación escrita por la actitud asumida por su persona, en relación al procedimiento número 02/2017, consistente en una amonestación privada de acuerdo a la responsabilidad administrativa en que incurrió como servidor público por violentar derechos a la víctima, de acuerdo a la recomendación 19/2016 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, y se les pide no volver a incurrir en actos de violación a derechos humanos.”

Leer esa misiva, de principio a fin, es todo el castigo al que fueron sometidos los dos involucrados que recibieron alguna sanción.

El resto de los involucrados, entre los que están al menos el hoy exalcalde Gerónimo Luis Hernández y el sub-agente municipal en el poblado de Manantiales, el mismo que se burló de la menor y su abuela cuando acudieron a pedir ayuda, no enfrentaron sanción alguna.

Y aunque el proceso penal en contra del agresor sexual está formalmente vigente, dicho proceso en realidad no ha iniciado porque éste continúa prófugo.

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La carrera contrarreloj de Alemania por llevar ante la justicia a los últimos criminales nazis

La justicia alemana intenta ajustar cuentas con los últimos responsables vivos del Holocausto, todos ellos mayores de 90 años de edad.
Por BBC
14 de febrero, 2021
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Tienen más de 90 años de edad y el dudoso honor de ser considerados como los últimos criminales nazis en enfrentar la justicia.

No formaron parte del alto mando militar de Adolf Hitler, ni comandaron algún escuadrón de las SS. Eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich y ahora, más de 75 años después del final de la II Guerra Mundial, finalmente están enfrentando a la justicia.

El martes pasado, fiscales en Alemania acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que fallecieron mientras él trabajaba como guardia de la SS en el campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado a unos 35 kilómetros de Berlín.

La semana anterior, una mujer de 94 años de edad que trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof (Polonia) fue imputada como cómplice en 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato por su trabajo en apoyo a las atrocidades que se cometieron allí.

Aunque ahora es nonagenaria, dado que era menor de 21 años cuando ocurrieron esos hechos, es probable que esta mujer termine siendo juzgada ante una corte juvenil.

Entrada del campo de exterminio de Auschwitz.

Getty Images
Las investigaciones recientes han logrado imputar a varios exfuncionarios del campo de exterminio de Auschwitz.

Sus casos forman parte de un pequeño grupo de empleados de bajo nivel del régimen nazi que en los últimos años han estado siendo investigados por las autoridades alemanas en un último esfuerzo por ajustar las cuentas pendientes con el pasado nazi: una carrera contrarreloj pues cada vez quedan menos sobrevivientes de aquella época.

Persiguiendo los crímenes del Tercer Reich

Pero, ¿por qué se está investigando ahora a exfuncionarios que ni siquiera tenían puestos de mando durante el Holocausto?

Las indagaciones sobre las atrocidades cometidas por el Tercer Reich comenzaron formalmente en 1943, cuando se creó una comisión internacional para investigar los delitos cometidos por las potencias del Eje. Su trabajo llegó a la imputación de 36.000 funcionarios alemanes y japoneses, de los cuales al menos 10.000 fueron condenados en juicios realizados hasta 1948.

Imagen de los juicios de Nuremberg.

Getty Images
Muchos de los principales líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg.

Al mismo tiempo, entre 1945 y 1949, los tribunales en la zona de Alemania occidental dictaron unas 4.600 condenas por crímenes del nazismo.

Sin embargo, tras el establecimiento de la República Federal Alemana (RFA) en 1949, decayó el interés de seguir persiguiendo los crímenes nazis y, de hecho, se dictaron numerosas amnistías e incluso se aprobó una legislación que permitió que antiguos soldados nazis accedieran a cobrar pensiones.

“Durante la década de 1950, en Alemania occidental no había mucho deseo de perseguir los crímenes nazis, lo que resultó en un verdadero escándalo en el resto del mundo. Alemania oriental, en particular, impulsó una campaña de propaganda que destacaba cómo había antiguos líderes nazis en posiciones destacadas tanto en el sector privado como en el sector público. Eso fue verdaderamente embarazoso para el gobierno de la RFA”, explica Devin Pendas, profesor del Boston College especializado en la historia de los juicios contra los nazis tras la II Guerra Mundial.

La respuesta de la RFA fue la creación en 1958 de la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo, que es la instancia que hasta ahora se sigue encargando de indagar sobre estos temas.

Ficha de Adolf Hitler en la la Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo.

Getty Images
La Oficina Central de Investigación de Delitos del Nacional Socialismo tiene un archivo con más de 1,7 millones de fichas de personas y eventos relacionados con los crímenes del Tercer Reich.

Algunos expertos han señalado que esta agencia gubernamental hizo un muy buen trabajo durante las décadas siguientes, mientras otros destacan que había mucha resistencia de parte de las autoridades judiciales alemanas ante estas investigaciones, Pendas cree que estos dos hechos coexistieron.

“Claramente, muchos jueces y fiscales estaban renuentes en las décadas de 1950, 1960 y 1970 de procesar con fuerza los crímenes nazi, en parte, porque muchos de ellos habían estado trabajando en el Poder Judicial durante el Tercer Reich pero también porque no querían lavar ante el mundo los paños sucios de su país”, dice Pendas a BBC Mundo.

“Pero también es cierto que la Oficina Central y muchos fiscales y jueces individuales se tomaron esto muy en serio, sacando a la luz mucha evidencia y prestando un gran servicio al llevar ante las justicia muchas de estas atrocidades”, agrega.

El trabajo de la Oficina Central se vio limitado además por varias cuestiones legales como el hecho de que las leyes alemanas no contenían disposiciones específicas para procesar crímenes de guerra y por las normas vigentes entonces sobre prescripción de los delitos, que dificultaban que muchos de los casos pudieran ser llevados a juicio después de 1960.

Una fila de mujeres prisioneras en el campo de concentración nazi de Auschwitz.

Getty Images
Se estima que más de un millón de personas, la mayoría judíos europeos, murieron en el campo de Auschwitz.

Esta dependencia gubernamental sufrió además un fuerte revés cuando, en 1969, la Corte Suprema revocó la condena de un antiguo miembro de las SS que trabajó como dentista en el campo de Auschwitz (Polonia) con el argumento de que trabajar en un campo de exterminio no era un crimen en sí mismo.

Como resultado de ese dictamen, la Oficina Central debió abandonar una investigación sobre la Oficina Central de Seguridad del Reich, una dependencia del ministerio de Interior controlada por las SS que era la principal responsable para ejecutar la política de asesinatos masivos de Hitler.

A estas limitaciones hay que sumar el hecho de que la Oficina Central es una entidad pequeña, dotada de poco personal y solamente tiene la potestad para investigar los casos, pues una vez que encuentra evidencias de posibles hechos punibles debe pasar los expedientes a los fiscales que son los responsables finales de llevar a juicio a los presuntos criminales.

El impulso del 11 de septiembre

Todas estas restricciones redujeron la capacidad de acción de la Oficina Central durante muchos años.

Pero las cosas cambiaron a partir de 2007, cuando un tribunal alemán condenó a 15 años de cárcel al marroquí Mounir el Motassadeq por haberle transferido dinero a Marwan al Shehhi, el presunto responsable de estrellar el vuelo 175 de United Airlines en contra de la torre sur del World Trade Center en Nueva York, según la Comisión que investigó los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Mounir el Motassadeq

Getty Images
Mounir el Motassadeq fue condenado a prisi[on por haber enviado dinero a uno de los atacantes del 11-S.

Este precedente impulsó al entonces fiscal de la Oficina Central Thomas Walther a buscar el enjuiciamiento de guardias y otros funcionarios de los campos de concentración, aunque no hubieran participado directamente de estos crímenes.

Siguiendo esta argumentación se logró que en 2011 un tribunal alemán condenara a John Demjanjuk, un antiguo guardia del campo de exterminio de Sobibor (Polonia), por colaborar con el asesinato de las 28.000 personas que fueron muertas allí.

“Se volvió más fácil conseguir una condena. Hasta entonces tenías que demostrar que alguien había estado involucrado directamente en una muerte. En este caso, la Fiscalía argumentó que -y el tribunal estuvo de acuerdo- que dado que estos campos eran centros de exterminio, cualquiera que hubiera pertenecido al personal nazi que estaba allí contribuyó con esas muertes. Ya no tenías que demostrar que un guardia mató a alguien en ese campo, basta con demostrar que había sido un guardia que trabajó allí”, explica Pendas.

Justicia e historia

La condena de Demjanjuk le dio un nuevo impulso al trabajo de la Oficina Central, que durante la última década ha remitido a los fiscales más de 200 casos para su imputación.

Thomas Walther

Getty Images
El abogado Thomas Walther impulsó el enjuiciamiento de exfuncionarios de bajo nivel que trabajaron en los campos de concentración nazis.

No se trata de una cifra menor cuando se considera que esta agencia gubernamental solamente cuenta con un puñado de investigadores, que para armar los casos tienen que buscar información en distintas partes del mundo y que, por su avanzada edad, muchas veces los presuntos criminales mueren antes de que el expediente esté concluido.

Sin embargo, hasta ahora, solamente se han producido un puñado de condenas, incluyendo la de Oskar Groening, un exmiembro de las SS conocido como el “contador de Auschwitz”, pues trabajó en las oficinas de este campo de exterminio y, entre otras cosas, se encargaba de contar el dinero robado a las víctimas.

En 2015, Groening, quien entonces tenía 94 años de edad, fue sentenciado en 2015 a cuatro años en prisión por haber facilitado el asesinato de 300.000 prisioneros. Sin embargo, falleció en 2018 sin haber ingresado en prisión a la espera del resultado de sus apelaciones.

Oskar Groening

Getty Images
Oskar Groening, el llamado “contador de Auschwitz” falleció sin pagar su condena.

Reinhold Hanning fue condenado en 2016 -a los 95 años de edad- por cooperar con la muerte de 170.000 personas en Auschwitz, donde trabajó como guardia de las SS. Aunque durante el juicio dijo estar avergonzado por haber presenciado las muertes sin hacer nada para evitarlas, negó ser culpable de las mismas y apeló la sentencia. Murió al año siguiente sin haber ido a la cárcel.

En 2020, una corte de Hamburgo sentenció a Bruno Dey, un exguardia del campo de concentración de Stutthof, por haber colaborado con el asesinato de las 5.230 personas fallecidas en ese centro mientras él trabajó allí.

Sin embargo, como él era adolescente cuando ocurrieron los hechos fue procesado por un tribunal juvenil y fue recibió una sentencia suspendida de dos años de cárcel.

Bruno Dey.

Getty Images
Bruno Dey intentó ocultar su rostro usando carpetas en las audiencias del juicio en el que fue condenado por colaborar en el asesinato de 5.230 personas.

Aunque han tenido mucha visibilidad, el hecho de que se trate de juicios contra exfuncionarios de bajo rango que ahora están tan mayores y que, hasta ahora, no han cumplido sus sentencias de forma efectiva ha llevado a algunos críticos a cuestionar si tiene sentido seguir con estos procesos.

“Creo que no hay ninguna razón para que una persona tenga inmunidad ante la justicia criminal debido a que era un funcionario de bajo rango”, dice Todd Buchwald, exembajador y coordinador especial de Justicia Criminal Global de Estados Unidos, a BBC Mundo.

Indica que estos juicios tienen muchos objetivos incluyendo llevar a la justicia a algunos de los responsables de las terribles atrocidades que se cometieron, crear un registro histórico de lo que ocurrió y fortalecer el mensaje disuasorio para todos aquellos funcionarios de bajo nivel que en el futuro se encuentren en una situación en la que se vean tentados a pensar que por su bajo rango no pagarán por estos crímenes.

“No está bien ayudar a perpetuar semejantes atrocidades, así que conviene reforzar el mensaje disuasorio de cara al futuro”, señala Buchwald.

“Los crímenes que se cometieron en Alemania fueron tan devastadores que entiendo bien el esfuerzo por intentar llevar ante la justicia a quienes tuvieron responsabilidad en lo ocurrido”, concluye.

 

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