Qué consecuencias tendrá el fin de la neutralidad de internet en Estados Unidos (y cómo afectará al resto del mundo)
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Qué consecuencias tendrá el fin de la neutralidad de internet en Estados Unidos (y cómo afectará al resto del mundo)

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la derogación total de las normas de neutralidad de internet
BBC Mundo
Por Redacción Animal Político
16 de diciembre, 2017
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El mundo digital se estremeció este jueves en Estados Unidos.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de ese país anunció la derogación total de las normas de neutralidad de internet aprobadas por el gobierno de Barack Obama en 2015, que impedía que las compañías proveedoras cobraran tarifas adicionales por un acceso más rápido a ciertos contenidos en la red.

Básicamente, estaban en la obligación de tratar a todo el universo digital por igual, lo que, en términos políticos, significaba que las autoridades aseguraban que las empresas que suministran el servicio no bloquearan, ralentizaran o discriminaran de alguna manera algún contenido o aplicaciones.

Con la nueva ley, todo cambiará.

Las empresas que suministran el servicio tendrán a partir de ahora la libertad de experimentar con nuevos precios, priorizar o bloquear contenido, sin tener que rendir cuentas.

Esto podría tener grandes beneficios para las compañías proveedoras, según explica a BBC Mundo Ryan Singel, experto en neutralidad de la red del Centro de Estudios de Internet y la Sociedad de la Universidad de Stanford.

Y esto se debe, comenta, a que tradicionalmente el mercado telefónico de Estados Unidos ha sido muy poco competitivo.

“Tenemos solo cuatro grandes compañías que suministran internet inalámbrico y de banda ancha, lo cual es terrible. El 51 % de los estadounidenses solo tiene una opción para elegir su servicio de Internet“, añade.

Con este nuevo modelo, se estima que esas compañías podrán recaudar mucho más dinero de parte de los cibernautas y también invertir en mejoras para su servicios.

Logo de Comcast, una de las grandes empresas prestadoras de servicios de banda ancha.REUTERS
Las grandes empresas de telecomunicaciones como Comcast pueden ser las grandes beneficiarias de las nuevas reglas.

“Al quitar las restricciones, estos proveedores serán los principales beneficiados, aumentarán sus ganancias, se volverán más competitivas y esto les permitirá expandirse y mejorar el servicio o llevarlo a comunidades más pequeñas”, comenta el experto.

Pero si para las compañías traerá beneficios y en teoría ayudará a pequeñas comunidades a tener mayor acceso a la red, ¿cuáles serán las consecuencias que esto podría tener para la gran mayoría los usuarios o para las empresas que utilizan los servicios de Internet en Estados Unidos?

Y ¿cómo puede afectar esto al resto del mundo?

ProtestaDerechos de GETTY IMAGES
Hasta ahora, cualquier empresa que quisiera utilizar la red podía hacerlo independiente de su poder o envergadura.

Subida de los precios de conexión

De acuerdo Singel, uno de los primeros efectos será una subida en los precios de conexión.

Sin embargo, el especialista explica en entrevista con BBC Mundo que las principales consecuencias no se van a hacer visibles de forma inmediata y que no tendrán un efecto “directo” sobre los usuarios corrientes, aunque serán estos los mayores afectados.

“El voto aprobado este jueves permite a las grandes compañías proveedoras de internet buscar vías para cargar más dinero a las empresas que están en línea. Es decir, les permitirá subir los precios si quieren tener un acceso más rápido a internet”.

Hasta ahora, cualquier empresa que quisiera utilizar la red podía hacerlo independiente de su poder o envergadura.

Donald TrumpGETTY IMAGES
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los republicanos querían revertir las normas sobre la neutralidad de la red.

Tenía el mismo derecho un joven programador de un pueblo de Massachusetts que quisiera abrir un blog o crear una aplicación sobre los beneficios de la apicultura que un gigante como Google.

Pero a partir de ahora, las empresas podrán discriminar a qué usuarios le dan un mayor ancho de banda o a quiénes limitarán o cortarán los servicios.

Para los usuarios

“Es bueno decir que las primeras consecuencias no caerán directamente sobre los individuos. La forma más rápida de hacer dinero es detrás de las compañías que están en la red, lo que a su vez, se reflejará en la experiencia de internet de los usuarios comunes“, comenta Singel.

El problema, añade, es que lo anterior hará que los servicios que utilizamos en línea, como los de streaming (para ver videos o escuchar música) se vuelvan mucho más caros también.

Pantalla de NetflixREUTERS
Netflix es uno de los servicios que puede resultar afectado.

Netflix, por ejemplo, se volverá más cara. Como tendrán que pagar tarifas más altas por utilizar internet de mejor calidad para ofrecer sus servicios, necesitarán cobrar más también a sus usuarios para mantenerlo. Así que veremos que Internet se volverá mucho más caro en los servicios por los que pagas“, explica el especialista de la Universidad de Stanford.

Otros servicios, como los de ventas en línea, también pueden experimentar una subida de precios: al tener que pagar más por el servicio de internet, subirán también los precios en los productos.

De igual forma, como unas compañías se beneficiarán por sobre otras, las más grandes, como Amazon, se verían beneficiadas, mientras pequeños emprendedores verán dismunuidas sus posibilidades de venta.

Asimismo, el especialista considera que, en general, se podría generar un “internet diferenciado” para quienes puedan pagar más y para quienes paguen menos.

“Como sucede en algunos países podremos encontrarnos que los servicio de Internet se vendan en “paquetes”, como sucede con los planes de teléfono o los canales de televisión, agrupados según el proveedor”, afirma.

Pero no quedará ahí.

Menos variedad

Singel advierte que habrá también menos servicios gratuitos: dado que las empresas que ahora ofrecen este tipo de utilidades tendrán que pagar más, si no cobran más se harán inviables desde el punto de vista económico.

Esto, dice, no afectará demasiado a las grandes compañías que puedan pagar por esto.

La audienciaDerechos de GETTY IMAGES
La audiencia en la que se determinó el fin de la neutralidad en internet.

Sin embargo, podría significar el fin de empresas más pequeñas o el fracaso de nuevos proyectos en la red.

“Dado que los precios para tener un mejor internet subirán y los proveedores lo podrán controlar a su antojo hará que haya menos compañías nuevas en la red, habrá menos variedad y hará que el poder se siga concentrando en los gigantes de internet y que haya menos posibilidades para la innovación y para la pluralidad”, dice.

“Será una internet más controlada por las empresas más poderosas, habrá menos posibilidades para que emprendedores digitales hagan sus proyectos y limitará en general la libertad y variedad de la red”, dice.

Censura

Otro de los puntos más controvertidos de esta nueva ley es que las compañías proveedoras de servicios de internet podrán bloquear o censurar contenidos por cualquier motivo.

“Si Comcast y Verizon, por ejemplo, deciden que nosotros no queremos tener sitios que venden armas, pueden bloquear esos sitios. En las reglas anteriores, las compañías estaban obligadas a mantener en sus servidores cualquier página independientemente que estuvieran a favor o contra de sus contenidos. Ahora todo eso cambia”, comenta Singel.

Durante la ley anterior, cualquier servicio y cualquier aplicación eran legales dentro de las leyes estadounidenses y nadie podía interferir en eso sin una orden judicial o federal. Ahora esta prerrogativa pertenece también a los proveedores de servicio.

Manifestación en Estados UnidosGETTY IMAGES
Activistas por los derechos de internet protestaron ante la decisión tomada en Estados Unidos.

Cualquier empresa o bloguero, por ejemplo, que abogue por discursos controversiales u opiniones polémicas podría ver censurada o bloqueada su web“, dice .

Pero como internet es un fenómeno global, las consecuencias no se quedarán solo para Estados Unidos.

Consecuencias mundiales

De acuerdo con Singel, la falta de variedad de internet y una red “más aburrida” serán una de las principales consecuencias a nivel global de la eliminación de la neutralidad de la red en Estados Unidos.

Otras de las perdedoras serán las empresas o incluso usuarios extranjeros que alberguen información en servidores de ese país.

“Si una empresa extranjera desea utilizar los servicios de internet estadounidenses para llegar a más usuarios en ese país, puede encontrarse que no tendrá la misma capacidad de distribución de sus contenidos que una empresa local o que un gigante de internet”, dice.

Las posibilidades de entrar en el mercado digital estadounidense, afirma el experto, se harán más difíciles, burocráticas y llevará procesos en los que serán los proveedores de internet quienes tendrán la última palabra.

paquetes de internet en portugal
Un congresista de Estados Unidos compartió en Twitter cómo en Portugal se venden paquetes de internet como si fuese televisión por cable.

Un efecto similar para las empresas, innovadores, pequeños emprendimientos o aplicaciones que busquen alojar información en servidores estadounidenses: podrían encontrar que la velocidad para acceder a ellos se ralentice o aumente.

A partir de ahora, la naturaleza o tamaño de la empresa garantizará que tenga un mejor o peor servicio de internet.

“Hay compañías que están fuera de Estados Unidos a las que se les podrá pedir que paguen más también si quieren llegar a clientes de Verizon o a Comcast, por ejemplo, si quieren llegar a usuarios de esas compañías”, dice.

Consecuencias simbólicas

Por otra parte, el experto señala que las consecuencias no quedan solo en el plano práctico.

“Por mucho tiempo, Estados Unidos había sido un líder en neutralidad de Internet, un ejemplo internacional. La ley firmada por Obama para regular internet en 2015 se volvió un hito a nivel internacional”, afirma.

La nueva ley, según Singel, constituye “un muy mal mensaje para el resto del mundo, porque muestran cómo las grandes compañías telefónicas pueden dictar a los gobiernos lo que tienen que hacer”.

Ajit Pai
GETTY IMAGES
Ajit Pai, director de la Comisión Federal de Comunicaciones era director en Verizon.

Pero, según Singel, también podría tener consecuencias políticas al interior de la sociedad estadounidense.

“Es bueno aclarar que es un medida que se toma pese a una amplia oposición de la opinión pública, de los expertos y que trasciende incluso la clásica división de opiniones entre republicanos y demócratas”, afirma

Una encuesta publicada esta semana por la Universidad de Maryland indicó que el 83% de los estadounidenses se oponía al cambio de la ley. Solo entre los republicanos, el nivel de oposición era de 75%.

“Esto, lógicamente, es negativo también para la imagen del gobierno, porque es algo que el pueblo no quería, pero que no los escuchó y lo aprobó de todas formas. Eso no es una buena forma de hacer a la gente creer en la democracia y en los procesos democráticos”, concluye.

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Acuerdo de preliberaciones de AMLO: sin comité, sin reglas de operación y sin beneficiados

El año pasado, el gobierno publicó un acuerdo que prometía liberar a personas presas injustamente y que cumplieran cierto perfil, pero la implementación de esta medida no ha tenido avances.
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A prácticamente 10 meses de anunciarlo y a nueve de formalizarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para liberar a presos de cárceles federales con más de 10 años sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores que padezcan enfermedades crónicas y presos víctimas de tortura no tiene ningún beneficiario. 

En respuesta a distintas solicitudes de información pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Adán Augusto López, confirmó que no se ha instalado el comité que deberá analizar los casos —ni hay fecha para hacerlo—, y aunque se emitieron lineamientos para el beneficio, no hay reglas de operación pues estas deben ser aprobadas por dicho comité.

“Desde su diseño ya era totalmente factible concluir que no iba a tener absolutamente ninguna utilidad práctica para que las personas pudieran salir. En este sentido, no nos sorprende que no esté funcionando, que no se estén liberando a personas, lo que sí nos causa mucho pesar es que el anuncio del presidente en la mañanera y la emisión del propio acuerdo generó muchísimas expectativas entre las víctimas de fabricación de culpables, entre las víctimas de tortura”, lamentó Víctor del Pozo, abogado en el Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Animal Político buscó a la Segob para conocer las razones por las que no se ha instalado el comité, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Sin resultados 

El 29 de julio de 2021, durante su conferencia matutina, el presidente informó que a la brevedad firmaría un decreto —que a la postre fue un acuerdo— para que personas privadas de la libertad que tuvieran más de 10 años en prisión sin sentencia, adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con alguna enfermedad crónica y personas torturadas fueran liberadas.

Aquella mañana, incluso dijo: “La justicia, como lo establecen los ordenamientos legales, tiene que ser rápida, expedita. Cómo va a estar una persona detenida por más de 10 años sin sentencia”.

Un mes después, el 25 de agosto, en el DOF se formalizó el acuerdo que instruía a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), esta última a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a implementar las disposiciones del acuerdo.

La Segob debía crear el comité permanente y obligatorio que daría seguimiento a los expedientes de las personas que quisieran beneficiarse del acuerdo. Para ello, en apego a los artículos transitorios, la dependencia contaba con tres días hábiles.

Una vez instalado, tendría 15 días más para emitir sus reglas de operación. Sin embargo, a la fecha esto no ha sucedido, por lo que ninguna persona privada de la libertad ha sido beneficiada.

A través de solicitudes de información, este medio solicitó a la Segob conocer cuántas personas habían sido beneficiadas por el acuerdo y que se detallara las causas de su liberación, es decir, en cuál de los cuatro considerandos que contempla el acuerdo recaían sus casos. También se solicitó conocer cuántas veces había sesionado el comité, pero ambas solicitudes tuvieron la misma respuesta: no se ha instalado el comité, no hay fecha para hacerlo y no hay reglas de operación.

“En ese sentido, se informa que con fecha 24 de marzo de 2022, el Titular de la Unidad de Apoyo a Sistema de Justicia, envió al Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana correo electrónico con la finalidad de estar en condiciones de fijar la fecha de la sesión en la que se instalará el Comité y en la que también serán aprobadas las Reglas de Operación. Es pertinente aclarar que dicha fecha no se ha concretado”, informó la Segob en la respuesta enviada a través del oficio S.I. 330026222000559.

En dicho correo electrónico, del cual se proporcionó una copia, Crescencio Jiménez Núñez, titular de la unidad de apoyo al sistema de justicia de la Segob, envió a Rubén Fernández, coordinador general de prevención y readaptación social de la SSPC, la versión final de las Reglas de Operación del Comité Permanente de Seguimiento, con lo que ya estarían en condiciones para fijar la fecha de instalación y aprobación de las mismas. Sin embargo, esto no ha sucedido.

En tanto, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó en el oficio PRS/OC/UNIT/0557/2022 que ha integrado algunos expedientes de personas que buscan beneficiarse del acuerdo, pero que ese análisis se hará hasta la instalación del comité.

“Ahora bien por lo que hace a libertades concedidas en los Centros Penitenciarios Federales, se informa que se han integrado los expedientes respectivos, y una vez que se instale el Comité de carácter Permanente, los mismos serán analizados y se realizarán las gestiones ante las autoridades judiciales correspondientes, quienes son las facultadas para negar o conceder los mismos”, informó. 

El 14 de septiembre, también en conferencia matutina, el secretario de Gobernación celebró que los gobiernos estatales hayan hecho suyo el acuerdo y lo estuvieran implementando en sus estados. De hecho, afirmó que al otro día, 15 de septiembre, se pondría en libertad a las primeras 682 personas; 36 de ellas —declaró— correspondían a presos en penales federales, pero la propia Segob desconoce esta información.

“Se informa que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, sin embargo, no se localizó expresión documental que dé cuenta de la información requerida”, informó la dependencia en la respuesta con folio 330026222000558, para la que se solicitó conocer el detalle de las personas liberadas: entidad, centro penitenciario, sexo y razón de liberación.

18 años en prisión y sin sentencia

El día que el presidente dio a conocer que se trabajaba en este acuerdo, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en México había 94 mil 547 personas encarceladas que no tenían sentencia, es decir, el 43% de la población penitenciaria estaba en prisión preventiva.

De esas personas que no tienen una sentencia, 12 mil 358 son por delitos del fuero federal, mientras que 82 mil 189 son por delitos del fuero común.

Dulce María Obregón Cervantes, privada de su libertad desde hace 18 años sin una sentencia, es una de las personas que, al enterarse de este beneficio, vio una posibilidad de salir de prisión y recuperar su vida, pero los días pasan y sigue tras las rejas.

El 16 de febrero de 2004, cuando regresaba de dejar a su pequeño de cinco años en el kínder, fue detenida. Unos hombres le preguntaron sobre una dirección y cuando menos advirtió ya estaba rodeada y en segundos la subieron a un automóvil.

En entrevista telefónica desde la prisión de Neza Sur, la mujer contó que sin una orden de aprehensión fue detenida a media calle. Horas después y tras ser torturada diciéndole que le harían daño a su hijo y a su familia, le comunicaron que estaba señalada en el secuestro de su exjefe y del hijo de este, un hecho que había pasado dos años atrás.

Recuerda que horas después un elemento de la extinta AFI le dijo: “Los jefes ya me tienen hasta la madre, ya tenemos dos años, ellos quieren un pagador de este secuestro porque ellos no pueden cobrar sus seguros… de la empresa teníamos cinco personas pero a la única que localizamos fue a ti… Ya te chingaste”.

Dos años antes —contó—, ella trabajaba en una empresa de ropa a donde llegaron unas personas a secuestrar al dueño y a su hijo. Todos los empleados, incluyéndola, fueron convocados como testigos, por lo que rindieron su declaración.

Su exjefe fue liberado al otro día y su hijo algún tiempo después.

Al medio año de los hechos, el jefe informó a sus trabajadores que la fábrica, que para entonces se ubicaba en Tlalnepantla, Estado de México, cerraría sus puertas y se iría a Toluca. Dulce recuerda que tuvo que renunciar y entró a trabajar como cajera en una tienda de autoservicio. Año y medio después, fue detenida.

“Querían que grabara un video en donde yo aceptaba el delito; me pusieron en una cartulina detrás de la cámara lo que querían que dijera y se enojaron porque yo veía la cartulina y no a la cámara… hasta me dieron una cachetada porque jamás lo acepté”, relató.

“(Después) me suben a una oficina en donde había como 10 personas, entre ellas mi exjefe, y los demás eran de la AFI. Me sientan ahí en medio y es mi exjefe el que me empieza a interrogar, ni siquiera el Ministerio Público, y me amenaza diciéndome que le diga dónde está la casa de seguridad (porque) yo había participado”.

En ningún momento firmó una declaración donde aceptara el delito del cual era señalada. Sin embargo, al cabo de las horas le llevaron unas hojas en las que le dijeron que pusiera sus huellas porque con eso la dejarían en libertad. No fue así.

“Se supone que esas son las declaraciones en las que yo acepto”, contó.

Después de 52 días arraigada en un hotel de la colonia Doctores, 18 años en prisión y un Protocolo de Estambul positivo en el que se confirma fue víctima de tortura, Dulce exige a las autoridades “que apliquen sus leyes porque solo dicen y prometen, hay una amnistía o un decreto que realmente no los están cumpliendo como debe de ser; lo publican y hasta en la tele sale, pero realmente no lo trabajan”.

“Si realmente quieren hacer justicia, que vengan a los penales y que realmente vean. Yo quiero justicia porque, se escucha feo, pero aquí dejé mis mejores años cuando yo no cometí nada”, dijo.

En estos 18 años, el niño de cinco años que dejó ahora es un joven de 23 que tuvo que ser criado por su abuela, mientras que sus cinco hermanos han buscado la forma de apoyarla pagando abogados privados que —reclama— no han hecho nada por ayudarla.

En 2007, por ejemplo, uno de los abogados que tuvo no entregó conclusiones de su caso y Dulce recibió una condena de 36 años de prisión. Apeló y esa sentencia fue cancelada porque su caso se volvió a abrir.

En 2017, se le volvió a dar la misma sentencia y volvió a apelar. Desde esa fecha su caso sigue abierto y ella sin una sentencia.

“Dicen que la cárcel es para los pobres y yo te puedo decir que sí, yo he visto a mucha gente que igual paga y tiene dinero y se va… yo seguiré peleando hasta que me hagan justicia”, sostuvo.

Reconocer fabricación de culpables 

Víctor del Pozo, abogado en la CMDPDH, afirmó que desde la emisión del acuerdo para liberar a presos que oficializó el presidente se advertían las fallas en su implementación, particularmente en la acreditación de la tortura.

En entrevista, el experto consideró que las autoridades deberían buscar la manera de adoptar una política de Estado integral para hacer frente a la fabricación de culpables.

Una política, explicó, en la que las personas privadas de la libertad no necesiten un abogado o un dictamen tan complejo como el Protocolo de Estambul, sino que realmente haya un compromiso para identificar qué personas están injustamente detenidas y que se les conceda alguna forma de extinción de la acción penal.

“Sería una forma de liberarlas y que al mismo tiempo esté acompañado de un reconocimiento de inocencia, que no sea simplemente un indulto de que ‘yo, por mi buena gracia, Poder Ejecutivo, te voy a dejar ir’, sino que se reconozca que las personas que tienen encerradas son inocentes y que fueron de alguna forma alcanzadas por la mano abusiva y arbitraria del Estado, que ante su incapacidad de hacerle frente a la violencia decide fabricar culpables para inflar sus cifras, y que esto esté acompañado de una reparación integral del daño”, afirmó el defensor.

Agregó que el acuerdo emitido por el Ejecutivo parte de una visión en donde la tortura es una situación excepcional, pero la realidad es que “hay una cantidad aún indeterminada, pero seguramente enorme, de personas injustamente privadas de su libertad consecuencia de las políticas de fabricación de culpables que se tiene no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las entidades y a nivel federal en donde la mayoría de las personas han sido víctimas de tortura o detención arbitraria”.

Por separado, Melissa Zamora, abogada del Centro Prodh, consideró que el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la existencia de la tortura y la gravedad de que las personas pasen tanto tiempo sin sentencia sin duda es positivo, pero no suficiente.

“Creemos que fue muy bueno, el primer paso es reconocer, que haya una mirada de comprensión y sensibilidad para las personas que están en prisión por tanto tiempo; sin embargo, no se trata solo de hacer una muestra de interés, sino que esto se traduzca en recursos y personal suficientes. En este tipo de medidas no puede aplicar una visión de austeridad”, expuso la defensora.

“Al final, es un tema de voluntad política, pero también de no ver la dimensión de esto. Mientras tengamos denuncias de tortura de personas privadas de la libertad, estamos hablando de un sistema de procuración de justicia sin capacidad para investigar realmente delitos, y de ahí que sea persistente la tortura en contexto de detención o de investigación criminal”.

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