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Foto: Cuartoscuro

Detenciones militares y espionaje, lo que está en juego con la Ley de Seguridad Interior

De entrar en vigor, la ley daría facultades al presidente de ordenar una intervención militar en una región, incluso cuando no lo solicite el estado o lo apruebe el Congreso.
Foto: Cuartoscuro
Por Arturo Angel
1 de diciembre, 2017
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Los diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior que reglamenta la intervención de las fuerzas federales y armadas en los estados del país, cuando la seguridad de los ciudadanos e instituciones (seguridad interior) se vea comprometida, y donde las capacidades de un estado o municipio estén rebasadas.

La ley compuesta por 34 artículos (que aún debe pasar el filtro de la aprobación del Senado) establece de forma general en qué situaciones intervendrán las fuerzas federales y armadas en un municipio o entidad, así como el método por el cual se aprobaría. En todos los casos, la decisión será facultad del Presidente de la República sin necesidad de aprobación del congreso.

Pero además, la ley incluye otros elementos importantes como la clasificación de la información reservada en estas acciones, la posibilidad de realizar acciones de espionaje, la condición de que las marchas sean “pacíficas” para que no se les considere una amenaza, y efectuar detenciones con la policía.

Animal Político te presenta 13 puntos clave de esta ley:

  1. ¿Qué es la seguridad interior y cuándo está amenazada?

El artículo 2 de la nueva ley establece que la seguridad interior es “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad”.

Ésta se verá amenazada (según la propia ley) en situaciones que se originen dentro del país, por ejemplo, hechos que impidan combatir a la delincuencia organizada o actos de terrorismo, así como por emergencias o desastres naturales, epidemias, o cualquier fenómeno que afecte las capacidades de estados y municipios en temas de seguridad nacional (sin especificar cuáles).

  1. ¿Qué es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior?

El artículo 4 define que es la orden del Presidente que “habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior”.

La Declaratoria es un requisito indispensable para que se autorice la intervención federal y militar en un estado, aunque el artículo 6 establece que las fuerzas armadas pueden implementar por su cuenta (sin declaratoria) acciones para prevenir o atender “riesgos” identificados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Cabe señalar que la Agenda Nacional de Riesgos está contemplada en el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional y por ser de ese ámbito, su contenido es clasificado como reservado.

  1. Derechos humanos: respeto y suspensión

El artículo 7 de la nueva Ley de Seguridad Interior señala expresamente que todos los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior deben respetar los derechos humanos sin excepción.

Solo en casos de graves perturbaciones a la paz pública o cualquier incidente que represente un riesgo grave se podrá autorizar la suspensión de derechos, de acuerdo a lo que ya está previsto en el artículo 29 de la Constitución.

  1. Marchas no son amenazas, mientras sean pacíficas

Según el artículo 8, ningún tipo de movilización de tipo social o electoral puede considerarse una amenaza a la seguridad interior mientras esta se desarrolle de forma “pacífica”. La ley no detalla que se considera pacífico y que no en este punto.

  1. Opacidad

“Toda la información” que se origine con motivo de la aplicación de esta nueva norma será considerada de Seguridad Nacional y será clasificada en materia de transparencia, por lo cual no podrá ser de conocimiento público, de acuerdo con el artículo 9.

  1. Intervención federal: cuándo, cómo y dónde

La intervención de la federación en un estado o municipio, con las fuerzas federales y/o armadas, será una decisión exclusiva del Presidente, previa emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

El Presidente, según el artículo 11, podrá promover por sí mismo la intervención federal o hacerlo a solicitud de algún congreso estatal. Si la intervención es por solicitud el presidente deberá definir en un plazo máximo de 72 horas si se aprueba o no el envío de fuerzas federales.

En casos de emergencia, añade el artículo 16, se podrá autorizar un despliegue inmediato aún cuando no esté lista la declaratoria. (No se dan detalles de en qué situaciones específicas).

La intervención federal en una entidad será procedente también cuando la amenaza supere las capacidades de las autoridades locales para atenderla, o cuando estas se originen por la “insuficiente colaboración” de entidades y municipios en temas de seguridad nacional.

El artículo 14 señala que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá contener, entre otras cosas, la autoridad que coordinará el despliegue, las amenazas que se atenderán, las zonas de atención, el visto bueno al despliegue militar de ser necesario, las acciones que se llevarán a cabo y la temporalidad.

También señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá ser notificada de cada declaratoria emitida.

 

  1. ¿Cuánto duraría una intervención? Un año pero…

La Ley sostiene en su artículo 15 que una declaratoria que autorice la intervención federal en un estado tendrá como máxima duración un año, sin embargo se establece también que esta vigencia podrá “modificarse o prorrogarse” por acuerdo del Presidente y si se justifican estas acciones. No se detallan otras condiciones.

  1. Que no es seguridad pública… ni exime a gobiernos locales

El artículo 18 de la ley señala que “en ningún caso” las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las autoridades federales tienen por objeto sustituir las autoridades locales ni “eximirlas de sus responsabilidades”.

Incluso, asegura que las acciones que lleven a cabo las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior “no tendrán la condición de seguridad pública”.

  1. La participación de las Fuerzas Armadas

El artículo 20 establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en acciones de seguridad interior si las capacidades de las Fuerzas Federales civiles son insuficientes “para reducir y contener” la amenaza de la que se tarde.

En caso de que esto ocurra el presidente nombrará a un comandante de las Fuerzas Armadas que coordinará todo el despliegue operativo así como la colaboración con otras fuerzas que participen (federales y locales) a través de grupos interinstitucionales. Además definirá un protocolo de actuación.

El artículo 21 señala que los “grupos interinstitucionales” deberán contar con un representante de todas las fuerzas que intervengan.

  1. ¿Y los estados y municipios que harán mientras tanto?

Según la ley, los estados y municipios cubiertos por una intervención federal tendrán varias obligaciones, entre ellas, atender todas las órdenes que se adopten en los grupos de coordinación, aportar la información solicitada, mantener el desarrollo y crecimiento de su fuerza de seguridad, y elaborar un programa de fortalecimiento de sus instancias en esta materia del que se deberá informar periódicamente su progreso.

  1. Detenciones militares sí… con policías.

El artículo 27 faculta a las Fuerzas Armadas que participen en alguna acción de seguridad interior a “poner a disposición de la autoridad correspondiente” a personas detenidas por un hecho delictivo, siempre y cuando sea “por conducto” o en “coordinación” con la policía, sin dar mayores detalles.

Además establece que los militares estarán obligados a notificar de un posible delito a la policía y al Ministerio Público, y a resguardar el lugar de los hechos.

  1. Espionaje militar… con apego a la ley

 

El artículo 30 faculta a fuerzas Federales y Armadas por igual a realizar trabajos de espionaje en temas de seguridad interior, bajo las condiciones que marca la ley.

“Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información” indica el artículo.

  1. Órganos autónomos deben dar información

El artículo 31 señala que en materia de seguridad interior los “órganos autónomos deben proporcionar la información que les requieran las autoridades”.

 

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Fusiles Barret, AR-15 y lanzacohetes, los arsenales estadounidenses del crimen organizado en México

Los cárteles mexicanos de narcotráfico suelen utilizar armas de guerra, la mayoría compradas ilegalmente en EE.UU. Su creciente capacidad de fuego preocupa a las autoridades de ambos países.
25 de octubre, 2019
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Es una de las imágenes más vistas en redes sociales: camionetas con ametralladoras patrullando las calles de Culiacán, Sinaloa, durante la fallida operación para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Autoridades y expertos identificaron el arma como una Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos.

Pero no fue la única. El día del operativo, el jueves 17 de octubre, decenas de jóvenes recorrían la ciudad con fusiles de asalto AK47 y R15, además de granadas y pistolas 9 milímetros.

En estos días la atención de los medios y analistas mexicanos se concentra en la batalla de Culiacán.

Pero en realidad, el uso de armas compradas ilegalmente en Estados Unidos es frecuente entre la delincuencia organizada del país, que según especialistas han acumulado verdaderos arsenales con estas importaciones.

Emboscada Aguililla

AFP
El CJNG atacó a policías con granadas y fusiles de asalto en Aguililla, Michoacán.

Un ejemplo ocurrió el 14 de octubre, durante el enfrentamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación con policías en Aguililla, Michoacán.

Las autoridades encontraron evidencias de que en la emboscada se utilizaron casquillos del calibre .50 como los del Barret.

Se trata de un arma, capaz de atravesar fuertes blindajes, utilizada por francotiradores de élite de las tropas estadounidenses.

Ninguna de estas armas es fabricada en México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayoría proviene de armerías en Arizona y Texas.

El destino de este mercado son bandas de delincuencia organizada, como se demostró en los ataques de Culiacán y Aguililla. Y el resultado es violencia en el país.

“La correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta”, le dice a BBC Mundo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

Bazucas, morteros, granadas

Lo que sucedió en Sinaloa y Michoacán es una muestra de la capacidad de respuesta militar que han adquirido los carteles de narcotráfico en los últimos años, coinciden especialistas.

Lanzacohetes

AFP
El CJNG usó lanzacohetes para derribar un helicóptero militar.

Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no solo en la batalla contra grupos rivales sino como respuesta a las autoridades.

Por ejemplo, en 2015 el CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales.

En 2016, tras la tercera captura de “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró decenas de fusiles de asalto, entre ello un Barret.

Ese modelo de arma se utilizó en enero de este año en Tamaulipas durante un enfrentamiento entre los carteles del Noreste y El Golfo que causó la muerte a 21 personas, según la Fiscalía del estado.

Pero en distintos momentos las autoridades han confiscado otros artefactos de guerra.

Durante una operación contra el cartel de La Familia Michoacana, la Sedena confiscó ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de 700 disparos. También fusiles Remington 700 utilizado para francotiradores, granadas y bazucas.

Fusil Barret

AFP
El gobierno de México ha confiscado fusiles Barret a carteles de narcotráfico.

Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados establece que el arsenal de los carteles incluye granadas de 47 milímetros, por ejemplo.

También pistolas consideradas de última generación que utilizan balas trazadoras capaces de traspasar blindajes. En México se conocen como “matapolicías”.

Al Cartel de Sinaloa se le han confiscado bazucas y morteros utilizados en el ejército estadounidense.

Algunos de estos ejemplares se exhiben en el Museo de los Enervantes en las instalaciones centrales de la Sedena, en Ciudad de México.

“Operación Frozen”

El creciente poder de fuego de los carteles de narcotráfico es uno de los problemas más graves del país reconocen autoridades.

De hecho tras la batalla en Culiacán, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron implementar una estrategia especial en la frontera común contra el tráfico de armas.

Culiacán

AFP
En la operación de Culiacán para rescatar a Ovidio Guzmán se usaron armas de guerra.

El operativo se llama “Frozen” y según el presidente Andrés Manuel López Obrador fue parte de una conversación telefónica con Donald Trump tras la fallida operación militar en Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la estrategia consiste en “sellar las fronteras”, para impedir el tráfico ilegal de armas.

La vigilancia se aplicará especialmente en cinco de los principales sitios de cruce fronterizo, donde según la Sedena se concentra el paso irregular de arsenales.

López Obrador propuso que Estados Unidos utilice más sistemas de tecnología, como rayos X o detectores de metales en sus pasos fronterizos.

Más de 200.000 armas ingresan cada año a México y el 70% proviene de armerías estadounidenses, afirma la Secretaría de la Defensa.

De acuerdo con la SRE en el 70% de los homicidios en el país se cometieron con armas de fuego. Muchas son estadounidenses.

Homicidios en México

AFP
El 70% de los homicidios en México se cometen con armas de fuego.

Las estimaciones oficiales indican que en los últimos diez años ingresaron al país unos dos millones de armas de fuego, de distintos calibres. De éstas se han confiscado 193.000 de acuerdo con la Sedena.

Con la operación “Frozen” se pretende reforzar la seguridad en las aduanas fronterizas donde, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) existen serios problemas.

En 29 de las 49 garitas aduanales “no existe la infraestructura necesaria para la aplicación de sistemas de Reconocimiento no intrusivo, lo que implica debilidades en la operación”.

El dato corresponde al informe de la cuenta pública presentado en 2018 por la ASF, el organismo del Congreso responsable de fiscalizar la aplicación del presupuesto.

Miedo en la frontera

Las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales a carteles y bandas de delincuencia organizada, dice Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

La operación la realizan redes capaces de introducir “camiones completos” con armamento, le dice Rivas a BBC Mundo.

Fusil Barret

AFP
El fusil Barret es usado por las tropas de EE.UU.

“Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos suficientes de control y no hay decomiso suficiente de armas”.

Por ejemplo en las garitas fronterizas existen básculas que detectan el peso excesivo de los vehículos, un elemento para sospechar que lleva armamento.

Pero en muchos casos los agentes aduanales se ven obligados a permitir el paso de los camiones.

“Si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias”.

El destino de esos cargamentos son los grandes carteles de narcotráfico, pero no es el único.

En muchos casos, las autoridades han confiscado armas provenientes de Estados Unidos a bandas más pequeñas. Un ejemplo ocurrió en el barrio de Tepito, en el centro de Ciudad de México.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana confiscaron al grupo Unión Tepito fusiles AK47, R15 y una bazuca. La operación ocurrió este martes.

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