Pedro Gutiérrez Farías, fundador de Ciudad de los Niños, ocultó tráfico de influencias y enriquecimiento
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Pedro Gutiérrez Farías, fundador de Ciudad de los Niños, ocultó tráfico de influencias y enriquecimiento

La obra de rescate de niños en situación de abandono le ganó prestigio social e influencia política al sacerdote avecindado en Salamanca, pero también fue la fachada de una acumulación de recursos y propiedades.
Por Zona Franca
17 de diciembre, 2017
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Durante 40 años la obra social liderada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías gozó de gran prestigio por su labor con los niños en situación más desfavorable. Sin embargo, una denuncia de maltratos a menores de edad y malversación de fondos, así como la resolución de una juez federal puso al descubierto una realidad distinta: el refugio Ciudad de los Niños se había convertido en un lugar de riesgos extremos para algunos de sus habitantes y un negocio para su fundador.

Para procurar recursos y así sostener las seis sedes de la Ciudad de los Niños, Gutiérrez Farías creó ocho asociaciones, con sólo tres de ellas obtuvo 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos, en trece años. De manera inexplicable, es dueño de ocho bienes inmuebles, uno de ellos, un terreno de 17 hectáreas.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables pese a que han pasado veinte meses desde que se presentó de manera anónima una denuncia que señalaba maltratos y desvíos de los donativos.

“Me percaté que hay una bodega de la casa donde hay mucha despensa, arroz, comida en general, pero al parecer la vendía a quienes pasan y se llevaban cosas, mientras que a todos los que vivimos en la casa nos dan frijoles con gorgojos, arroz sin sal, todos nos intercambiamos la ropa o salimos de la casa para pedir ropa”: declaración contenida en Sentencia de Amparo Ciudad de los Niños.

Para recaudar donativos, Pedro Gutiérrez creó ocho asociaciones civiles: Ciudad de los Niños Salamanca; Patronato de la Ciudad de los Niños Pobres de Salamanca; Convento Casa Cuna de Salamanca; Ciudad de los Niños Morelia, Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato pro Construcción Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Cooperadoras de la Sagrada Familia y Cooperadoras de la Sagrada Familia Proniñez Desamparada.

Gutiérrez Farías recibió en trece años, 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos, sólo con tres de sus asociaciones, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el gobierno estatal de Guanajuato y los gobiernos municipales de Moroleón y Salamanca.

De acuerdo a lo reportado por el gobierno estatal y los gobiernos municipales de Guanajuato, se destinaron a dos asociaciones civiles de Gutiérrez Farías alrededor de 13 millones 617 mil 536 pesos en catorce años.

Se presume que podría ser más dinero pues sólo hay datos a partir de 2004, aunado a que no coincide lo reportado ante Hacienda con lo otorgado por las dependencias locales y federales; así como la reticencia de las autoridades locales a proporcionar información completa.

Aunque el gobernador Miguel Márquez aseguró que todos los recursos estatales entregados a la Ciudad de los Niños han sido fiscalizados, una muestra de lo contrario es la instalación de una planta empacadora de cacahuate que se instalaría en 2008. La idea era que le proporcionara cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los capacitaría en un oficio. El gobierno estatal donó 2.7 millones de pesos y el municipio de Salamanca apoyó con 1.2 millones de pesos.

La planta nunca se echó a andar, pues no contaba con proveedores, clientes, ni plan de negocios. Aún así, el entonces secretario de Desarrollo Social y actual gobernador, Miguel Márquez, avaló que Gutiérrez Farías no comprobara el uso del recurso y pidió que se cerrara el caso sin dar explicaciones del destino final del dinero público.

Las asociaciones: Ciudad de los Niños Moroleón; Patronato pro construcción de Ciudad de los Niños Moroleón- Uriangato; Patronato de la Ciudad de los Niños Pobres de Salamanca; Cooperadoras de la Sagrada Familia; Cooperadores de la Sagrada Familia Pro niñez Desamparada y Convento Casa Cuna de Salamanca, no tienen registros oficiales que permitan rastrearlas.

No obstante el flujo continuo de recursos gubernamentales, el DIF estatal ha gastado en dos meses y medio 1.7 millones de pesos para darle mantenimiento al albergue, así como atender a los infantes, luego de haber intervenido las casas hogar. Esta inversión contradice el discurso oficial que asegura que los hospicios estaban bajo supervisión constante y se encontraban en buen estado, así como los niños.

Las propiedades de Pedro Gutiérrez Farías

“Se observaron irregularidades en las condiciones físico-sanitarias del inmueble: falta de aseo y mantenimiento en todas las áreas, equipo e instalaciones, mobiliario deteriorado y en mal estado, instalación eléctrica expuesta, manejo inadecuado de alimentos, existencia de fauna nociva, falta de puertas de acceso a sanitarios y área de regaderas, entre otros”: reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato realizado en 2014.

Pedro Gutiérrez Farías, quien no percibía un sueldo y sólo vivía de donativos, cuenta con ocho propiedades: siete en Salamanca y una en Irapuato entre casas y terrenos, uno de ellos con una superficie de 17 hectáreas. Las propiedades del cura fueron compradas a partir de 1995 y las últimas dos le fueron heredadas en julio de 2017.

Las asociaciones de las que es representante legal y presidente, son propietarias de cuatro inmuebles en Salamanca, Moroleón y Tarímbaro. Ha trascendido que la Procuraduría General de la República ubicó más propiedades en Guanajuato y Michoacán.

Simulación en cierre de albergues

La juez Karla Macías ordenó que todos los menores de edad fueran sacados inmediatamente de las distintas sedes de la Ciudad de los Niños y llevados a lugares seguros. El gobierno de Guanajuato tardó más de un mes en atender la petición y los concentró en una de las casas de Salamanca e informó que se cerraban los centros en Moroleón e Irapuato.

Sin embargo, en una visita realizada por Zona Franca al albergue en Moroleón se pudo constatar que el recinto estaba en operación. Una persona que labora en las inmediaciones del albergue, en entrevista dijo que aún hay niños: “a veces salen en una camioneta, ahí atrás, todos. No sé cuántos hay, pero a veces pasan unos cinco o seis, de unos trece años. A los más chiquitos se los llevó el DIF. A veces los llevan a la escuela y veo a una mayor que lleva a una bebé más chiquita, no sé si la lleve al kínder”.

Aunque el gobierno local es el responsable de la administración de los sitios, cuestionados sobre el estatus de los albergues, funcionarios respondieron que tienen “conocimiento” que sólo le dan “asistencia a personas mayores de edad”. Activistas han denunciado que la Ciudad Juvenil en Salamanca también sigue aperando, por lo que consideran que el gobierno estatal sólo ha simulado cumplir con la sentencia.

La sede Morelia nació con conflictos

En 2000, el entonces alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona, donó al albergue en Michoacán un terreno de una hectárea que era propiedad del fraccionamiento El Trébol. Además de la donación del predio sin consentimiento de los vecinos, el conflicto arreció cuando los habitantes de la zona descubrieron que la asociación civil Ciudad de los Niños de Morelia se extinguió el 14 de julio de 2006 por no cumplir con el objetivo para el que fue creada. Ante la prensa local aseguraron que los representantes de la asociación civil intentaron sobornar “con fuertes sumas al encargado del orden”, posteriormente, personas desconocidas con machetes y actitud intimidatoria se apostaron en algunas casas.

La casa hogar no contaba con un dictamen de Protección Civil a pesar de que custodiaba infantes y está en una zona peligrosa pues hay una ladera sin protección. Además derribaron la malla perimetral alrededor del estanque y los niños se metían a nadar y tomar agua en el depósito sin supervisión.

Tampoco contaban con servicio agua y se conectaron de manera ilegal a la red hidráulica y drenaje. Fueron denunciados por romper los sellos de clausura de obra y por no tener permiso de construcción ni cambio de uso de suelo. Los habitantes recurrieron a las autoridades locales para denunciar los hechos, pero no tuvieron respaldo.

Los vecinos dicen que vieron cómo eran maltratados los infantes, “no hay especialistas que estén al pendiente de ellos, siempre los tienen con ropa en mal estado, son como mercancía para que la gente se apiade de ellos”.

Los habitantes de El Trébol declararon: “por todo lo antes expuesto y otras irregularidades graves, desconfiamos totalmente de que persigan un fin altruista, consideramos que más bien utilizan la bandera de ayudar a niños para bajar recursos federales porque esto se ha convertido en un gran negocio utilizando el chantaje de la fe para sus fines”.

Actualmente la Ciudad de los Niños Morelia sigue operando, en los registros federales tiene estatus de “no activa” por no presentar los informes financieros de 2015 y 2016.

De la esperanza al abandono

“Soy originaria de Michoacán (…) antes vivía con mi mamá (…) ya no recuerdo sus apellidos, (…) tengo 4 hermanos de los cuales no me acuerdo de su nombre, en Michoacán yo vivía con mi mamá y mi papá de quien no recuerdo el nombre”.

Los niños y niñas del albergue fueron víctimas de abandono o violencia familiar; algunos otros eran huérfanos, el sacerdote católico nunca ocultó que les diera una nueva identidad a cientos de niños; sin un juicio de adopción de por medio.

A los niños y niñas les ponían los apellidos del cura y de quien fuera la madre superiora en turno, de tal suerte que hay personas con apelativos Gutiérrez Anguiano, Gutiérrez Morales o Gutiérrez Jiménez, entre otros. Oficialmente no se sabe a cuántas personas les cambiaron su filiación, pues los archivos más antiguos fueron destruidos, las cifras van de los 134 (según la sentencia) hasta 310 (según el cura). En los archivos del Registro Civil se encontraron 168 cambios de identidad, realizados en las administraciones de los priistas Enrique Velasco Ibarra y Rafael Corrales Ayala y de los panistas Vicente Fox y Juan Carlos Romero Hicks.

Gobierno de Guanajuato se olvida de las víctimas

“Yo viví en ciudad de los niños desde que era un bebé, (…) desde que tengo uso de razón sufrí de golpes con palos, (…) tengo varias cicatrices en el cuerpo (…), nos encerraban por días en un cuartito de un metro de alto (…) metían a varios jóvenes ahí (…). (El padre Pedro) también sé que abusaba de las niñas, porque se metía a sus dormitorios y se escuchaba llorar a las niñas y ellas después (ilegible) salían corriendo y no querían decir nada..”.

Las autoridades de Guanajuato aseguran que trabajan por los infantes violentados en el albergue. Activistas difieren de esa afirmación. Raymundo Sandoval, director de NIMA, Centro de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, señala que el Gobierno del Estado miente pues no cuenta con acciones que garanticen que los infantes obtengan justicia, pues “es un plan institucional emergente y mientras no tengamos claro cuántos niños y niñas son, cuáles son las violaciones a los derechos humanos y los delitos en cada caso, no vamos a poder establecer claramente los planes de restitución”.

No hay registros de cuántos menores de edad habitaron a lo largo de 40 años los albergues Ciudad de los Niños ni del tiempo que vivieron ahí, no hay coincidencia entre las cifras del gobierno estatal, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), las de Gutiérrez Farías y las del expediente judicial. No se ha explicado porqué las cifras varían y si se tienen ubicados a los menores que alguna vez habitaron la casa hogar.

Para Raymundo Sandoval este hecho demuestra claramente la omisión de las autoridades porque enviaban a las niñas y niños a dicho refugio, sin supervisar y sin tener las garantías necesarias para asegurar su integridad y su vida.

Guanajuato sólo tiene registro de las casas hogar que reciben recurso público estatal, de mil 314 niños que según el INEGI habitan en 47 hospicios, el gobierno local sólo tiene responsabilidad legal sobre el 6% de ellos. Actualmente el gobierno tiene bajo custodia a 54 menores de edad rescatados de la Ciudad de los Niños, siete están en otros centros y uno regresó con su familia.

Complicidad, omisión y opacidad de las autoridades

“Está acreditado que los niños y los mayores de edad en estado de vulnerabilidad que viven en las casas de asistencia social a cargo de la asociación civil Ciudad de los Niños, han sufrido violencia por parte de los encargados; y existen fuertes indicios de que los encargados han abusado sexualmente de los menores”.

Organizaciones nacionales e internacionales han solicitado al Gobierno Federal que realice las investigaciones, pues el gobierno estatal no ha emprendido acciones legales en contra de los responsables. Para Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, este asunto “da cuenta de muchas irregularidades, esperamos que la autoridad federal pueda demostrar la adopción ilegal, el cambio de identidad, el tráfico de influencias, el uso de recursos ilícitos y todo esto encubierto por las más altas autoridades del estado”. El activista señala de manera directa de entorpecer las investigaciones al sistema DIF, al secretario de gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, al gobernador Márquez y al procurador de justicia, Carlos Zamarripa.

La Procuraduría General de Justicia estatal ha dado información poco clara sobre el número de carpetas de investigación: en rueda de prensa dijo que eran siete y vía la Unidad de Acceso a la Información respondió que sólo dos. Se desconoce si son en contra de Gutiérrez Farías o de sus colaboradores. La jueza Macías ha señalado que el agente del Ministerio Público sólo pidió un informe de las condiciones de las casas hogar, “sin que los hubiera citado a rendir entrevista en calidad de testigos, o bien, de imputados” a casi dos años de que se realizara la denuncia.

Nadia Sierra, asesora en temas de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que se debe investigar si hay servidores públicos que por omisión no le dieron seguimiento a las denuncias, pero también, a aquellos implicados en la alteración de datos del registro civil y otros presuntos delitos, “creo que tienen pruebas suficientes para hacerlo”.

Se solicitó una entrevista con Pedro Gutiérrez Farías, pero su asesor jurídico, Julián García, dijo que el prelado se encuentra enfermo y fuera del estado de Guanajuato, por lo que era difícil contactarlo. Finalmente dejó de contestar los mensajes de la reportera.

Este reportaje fue realizado por Kennia Velázquez para Zona Franca en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS, para leer la investigación completa, ingrese aquí.

 

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Los controvertidos planes de Reino Unido para enviar a Ruanda a solicitantes de asilo

Algunos solicitantes de asilo que llegan en embarcaciones pequeñas serán enviados al país africano como parte de un programa de prueba de US$150 millones.
14 de abril, 2022
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Algunas personas que buscan asilo en Reino Unido serán trasladadas a Ruanda -a más de 6.500 km de distancia- para ser procesadas en el país africano, según los nuevos planes del gobierno británico.

El controvertido programa forma parte de las nuevas y severas medidas del gobierno para reducir el número de migrantes que llegan al país en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha.

La ministra del Interior, Priti Patel, se encuentra en la nación africana para firmar el acuerdo de US$150 millones que involucra probar el esquema con hombres solteros que llegan a Reino Unido y serán enviados a Ruanda.

En un discurso el jueves el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó el programa diciendo que era necesario “para salvar innumerables vidas” y evitar que “los traficantes de personas” conviertan el océano en un “cementerio acuático”.

Indicó que bajo el nuevo esquema cualquier persona que llegue ilegalmente a Reino Unido podría ser “reubicada” en Ruanda.

“Esta política no tiene límites”, indicó. Y agregó que Ruanda ha aumentado su capacidad de acoger personas a decenas de miles en los últimos años.

“No podemos mantener un sistema ilegal paralelo”, dijo Johnson. “Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para ayudar a las personas no lo es”.

Se sabe que el año pasado, 28.526 personas cruzaron el Canal en botes pequeños, comparado con 8.404 en 2020.

Un 600 cruzaron el Canal el miércoles y, según Johnson, la cifra podría alcanzar 1.000 al día en las próximas semanas.

La BBC vio el alojamiento en el que serán ubicados los solicitantes de asilo, que se cree que tiene espacio para unas 100 personas a la vez y para procesar hasta 500 al año.

“Impracticable y poco ético”

El nuevo programa ha sido extensamente criticado tanto por grupos humanitarios, que calificaron los planes de crueles, como por los partidos de oposición que dicen que será “”impracticable, poco ético, exorbitante e ineficaz”.

BBC

BBC

Los partidos de oposición también han dicho que el costo anual del plan completo sería mucho más alto que el pago inicial de US$150 millones y expresaron su preocupación por el historial de derechos humanos de Ruanda.

El editor de asuntos nacionales de la BBC, Mark Easton, informando desde Ruanda, explicó que el gobierno enfrenta obstáculos legales y costos sustanciales para lanzar el plan.

Los detalles precisos del plan aún no se han confirmado, pero dijo que el programa de prueba se limitaría en su mayoría a hombres solteros que las autoridades británicas consideran que son inadmisibles.

Según la propuesta, Ruanda asumiría la responsabilidad de las personas que hacen el viaje de más de 6.500 km, las sometería a un proceso de asilo y, al final de ese proceso, si tienen éxito, tendrán alojamiento a largo plazo en Ruanda.

El gobierno de Ruanda indicó que los migrantes tendrán “derecho a la protección total bajo la ley de Ruanda, igualdad de acceso al empleo e inscripción en los servicios de atención médica y social”.

El Ministerio del Interior del Reino Unido cree que la ley de asilo existente será suficiente para implementar el plan, pero quedan dudas sobre la legalidad del esquema.

Priti Patel en Ruanda

PA Media
La ministra del Interior, Priti Patel, (centro) llegó a Ruanda para firmar el acuerdo de US$150 millones.

También se han planteado dudas sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Ruanda y su presidente, Paul Kagame.

Varios de sus críticos han muerto o han sido víctimas de intentos de asesinato, pero Ruanda siempre ha rechazado las sugerencias de que su gobierno ha estado involucrado.

También se han planteado preocupaciones sobre la condena por acusaciones de terrorismo de Paul Rusesabagina, quien fue representado en la película de Hollywood Hotel Ruanda por su papel en la salvación de más de 1.000 personas durante el genocidio en ese país en 1994.

El año pasado, el propio gobierno de Reino Unido expresó su preocupación en Naciones Unidas por las “continuas restricciones a los derechos civiles y políticos y la libertad de prensa” en Ruanda, y pidió investigaciones independientes sobre “acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y tortura”.


Un plan extremadamente controvertido

Análisis de Mark Easton, editor de asuntos nacionales, BBC

La asociación con Ruanda es la pieza central de una extensa campaña política más amplia para hacer frente a lo que ha sido una humillación para los ministros que prometieron que Brexit significaría poder controlar las fronteras de Reino Unido.

En cambio, un número récord de solicitantes de asilo ha estado apareciendo en embarcaciones frente a los acantilados blancos de Dover.

Este año se han visto 4.578 llegadas y parece que será un nuevo récord.

Sin embargo, es probable que enviar solicitantes de asilo a Ruanda resulte muy controvertido y legalmente complicado.

Los críticos apuntan al pobre historial de derechos humanos de Ruanda. El año pasado, el Reino Unido exigió en la ONU que se investigaran los presuntos asesinatos, desapariciones y torturas.

Los ministros tendrán que explicar por qué Ruanda es el lugar adecuado para confiar la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables que esperaban que Reino Unido los protegiera.


migrantes

Getty Images
Decenas de miles de migrantes podrían ser enviadas a Ruanda.

Activistas de derechos humanos destacan el impacto negativo en los derechos humanos de los refugiados, el costo del esquema y cuestionan si éste podrá lograr sus objetivos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Refugee Council, dijo que la propuesta no aborda las razones por las que las personas desesperadas viajan a Reino Unido.

Amnistía Internacional Reino Unido describió el plan como una “idea sorprendentemente mal concebida” que desperdiciaría dinero público.

La secretaria de cultura del Partido Laborista de oposición, Lucy Powell, dijo que su partido aboga por “medidas aburridas” como restricciones a los traficantes de personas que promocionan negocios en internet.

El Partido Demócrata Liberal señaló que el gobierno estaba “cerrando la puerta” a los refugiados, mientras que Ian Blackford, del Partido Nacional Escocés, describió el plan como “absolutamente escalofriante”.

¿Es legal enviar solicitantes de asilo a Ruanda?

El gobierno británico quiere introducir nuevas leyes, bajo el Proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, para facilitar que el Reino Unido envíe refugiados a otro país para que se procese su solicitud de asilo.

Pero el país debe ser “seguro” y Reino Unido también firmó dos tratados internacionales clave que garantizan los derechos de los refugiados:

  • La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, que protege a las personas de ser enviadas a un país donde se enfrentan a graves amenazas a la vida o la libertad.
  • El Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

Entonces, si existe el riesgo de que una persona sea maltratada en Ruanda, no podría ser enviada allí.


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