En Oaxaca y Chiapas, las personas indígenas privadas de la libertad son objeto de violaciones a derechos humanos, como la falta de acceso a un intérprete traductor y a una defensa adecuada, y las malas condiciones de vida dentro de los Centros de Reinseción Social, de acuerdo con un informe de la organización ASILEGAL.
[contextly_sidebar id=”UdAcNH34NqInYIw99gpZ5NApRF8TAEHu”]Según el informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca”, en estos estados, que concentran el 45% de la población indígena nacional, las violaciones de derechos humanos durante la detención fueron una constante.
El estudio registra casos de enero de 2016 a mayo de 2017.
En Chiapas, solamente al 17% de las personas indígenas privadas de libertad se le mostró una orden de aprehensión al ser detenidas, mientras al 83% los detuvieron sin mostrarles el oficio.
Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, muestran que en Chiapas el 76.5% de las personas reportó haber sido esposada durante su detención, al 60.8% la amenazaron con algún arma, al 8.6% la sometieron con alguna sustancia química, y al 3.8% le dispararon con un arma de fuego.
Respecto de a la reacción de la persona, el 86.3% expresó que no trató de defenderse.
En Oaxaca, el 20.3% de las personas indígenas privadas de libertad dijeron que fueron sacadas del lugar donde se encontraban, y el 20.1% iban pasando por la calle cuando las detuvieron sin orden de aprehensión.
Así sucedió en el caso de Dolores, mujer indígena detenida arbitrariamente y encarcelada por casi tres años, acusada de haber secuestrado a una mujer y quien fue absuelta luego de comprobarse que no cometió el delito.
El 8 de mayo de 2014, Dolores, quien se encontraba embarazada, acudió a buscar al padre de su hijo, pero al llegar a su casa, antes de tocar a la puerta escuchó gritos, por lo que decidió retirarse del lugar.
“Estaba por tomar mi transporte, cuando de repente aparecieron dos hombres, los cuales me tiraron al piso y me empezaron a patear. Entré en pánico y les grité que se detuvieran, porque estaba embarazada. Todo pasó muy rápido, me subieron a una camioneta particular y me llevaron a una celda con otros dos desconocidos”, testificó Dolores.
La falta de atención médica oportuna a Dolores derivó en la práctica de un legrado a la mujer indígena, pero esa no fue la única irregularidad en el caso.
En los casi tres años de reclusión, las audiencias de Dolores fueron reprogramadas en dos ocasiones “porque no había dinero para comprar gasolina y trasladarla”.
Finalmente, el 15 de marzo pasado, Dolores fue liberada y absuelta, pues se comprobó que no cometió el delito por el que fue acusada.
En Oaxaca, de acuerdo con ASILEGAL, el 97.44% de las personas en prisión no están sentenciadas, mientras en Chiapas la cifra es de 52%.
Presos sin entender acusaciones, y en condiciones indignas
En el país existen solo 575 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del INALI, los cuales, de acuerdo con ASILEGAL, son “evidentemente insuficientes” para atender a las 7 mil 433 personas indígenas privadas de libertad.
Según reportes de la organización, en 2016, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del Programa de Derechos Indígenas, brindó apoyo a 70 intérpretes traductores para participar en diligencias de población indígena en Oaxaca, y a 17 en Chiapas.
Sin embargo, concluye el informe, “el esfuerzo resulta aún insuficiente para garantizar el derecho de las 1,174 personas indígenas privadas de libertad en Oaxaca y las 284 en Chiapas”.
En Oaxaca, el 60% de las personas indígenas refirió no haber contado con un intérprete traductor en su proceso; en Chiapas, el 42%.
Esta falta de traductores derivó en que, en Oaxaca, el 46.1% refirió que la autoridad no apuntó exactamente lo que dijo, el 54.8% que los policías o autoridades lo presionaron para dar otra versión de los hechos, el 61.6% dijo que no estuvo de acuerdo con la declaración que firmó, y en el 60.5% de los casos los detenidos no tuvieron presente a su defensor durante su declaración.
En el caso de Chiapas, el 57.6% mencionó que la autoridad no apuntó exactamente lo que dijeron, 41.4% mencionó haber sido presionado para dar otra versión de los hechos, 73.4% no estuvo de acuerdo con la declaración que firmó y en el 78.8% no estuvieron acompañados por sus defensores.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Chiapas y Oaxaca son entidades reprobadas en lo que se refiere al establecimiento de condiciones dignas para la vida en reclusión.
En México, conluyó ASILEGAL, existe un vasto ordenamiento jurídico en materia de comunidades y personas indígenas; sin embargo, como constata el Informe, estos derechos están muy lejos de ser una realidad”.
Para conocer y descargar el informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en los estados de Chiapas y Oaxaca”, consulta la página de ASILEGAL.
