Gobernadores apoyan Ley de Seguridad Interior; son comodinos, acusan senadores de oposición
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Senado de la República

Gobernadores apoyan Ley de Seguridad Interior; son comodinos, acusan senadores de oposición

Gobernadores señalaron que la ley no busca militarizar el país; en tanto, senadores de oposición acusaron que con ella los mandatarios estatales se deslindan de su responsabilidad en seguridad pública.
Senado de la República
Por Redacción Animal Político
11 de diciembre, 2017
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Los senadores de las comisiones de Gobernación, de Marina, de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos Segunda, se reunieron este lunes con gobernadores para revisar la Ley de Seguridad Interior. 

Los mandatarios priistas Héctor Astudillo, de Guerrero, José Ignacio Peralta, de Colima, Juan Carreras, de San Luis Potosí y Marco Mena, de Tlaxcala; además de los panistas  José Rosas Aispuro, de Durango, y Francisco Domínguez, de Querétarocoincidieron en que la ley no busca militarizar el país, pues ésta sí atiende y defiende los derechos humanos.

“Queremos certeza jurídica para las fuerzas armadas”, dijo el mandatario queretano. 

Lee: 8 puntos clave de la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, destacó su respaldo a la ley, así como la labor del Ejército mexicano y la Marina en Guerrero para combatir la incidencia delictiva desde hace varios años.

“La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y, paralelamente, señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal”, dijo Astudillo.

“Con este marco legal las Fuerzas Armadas finalmente contarán con una ley que regule su actuación conforme a un procedimiento específico y con pleno respeto a la ley y a los derechos humanos”, concluyó.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo que el gobierno federal debe darle certeza y seguridad a la sociedad civil, y también darle capacidades y límites a las fuerzas armadas.

Dijo que la Ley de Seguridad Nacional no va a resolver sola el problema, pues sigue pendiente la creación de un mando único policial para contar con policías capacitadas.

Leer: PRI, Verde, panistas y hasta del PRD, ¿quiénes votaron a favor de la Ley de Seguridad Interior?

En la reunión gobernadores y legisladores dieron su punto de vista, aunque la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, dijo que el verdadero debate se dará más adelante, en comisiones. 

Díaz Salazar mencionó que el Senado va a escuchar a todas las voces, organizaciones, académicos, instituciones y funcionarios, con el fin de fortalecer este debate y transparentarlo.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que es necesario un marco normativo que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, y que la minuta de Seguridad Interior debe perfeccionarse.

“Las Fuerzas Armadas han dicho que si no cuentan con este marco normativo se van a retirar. Por supuesto que esto es preocupante para todo el país. Yo creo que hay que hacer algo, estoy muy convencido de que hay que dar este marco de legalidad, sin embargo no quiero dejar de señalar que en esta minuta yo advierto excesos y algunas disposiciones que rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas”, dijo Mancera.

Algunos artículos, apuntó, podrían colocar en riesgo la soberanía de los estados. “No se está regulando sino se está dejando una puerta abierta que rayaría en un exceso de tomar el asidero de esta ley, incluso creo que sería extra legal”, mencionó Mancera.

En tanto, senadores de oposición criticaron que, al respaldar la Ley de Seguridad, los gobernadores asumen una posición cómoda, ya que delegan en el Ejército la seguridad pública.

“Yo también fui gobernador y lo sé, es difícil, pero es un tema que le corresponde a los Gobernadores y meter al Ejército a realizar funciones de los gobernadores es simplemente romper la estructura política del país”, dijo Manuel Bartlett, de PT-Morena, de acuerdo con Reforma. 

“Es la sustitución del Ejército por las policías y entonces pareciera una actitud cómoda. Pareciera entonces que los gobernadores adoptan la actitud cómoda de que el Ejército haga las tareas que les corresponden a los gobernadores”, comentó Dolores Padierna.

El PRI y el presidente Enrique Peña Nieto apoyan la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Sin embargo, la iniciativa – que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y que ahora deberá discutirse en el Senado – es rechazada por organizaciones ciudadanas y partidos de la oposición, al señalar que militariza el país y abre la puerta a violaciones de derechos.

Organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron que la Ley contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.

Con información de Notimex.

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Tribunal Constitucional de Perú ratifica el indulto a Alberto Fujimori y ordena liberar al expresidente

El exmandatario, de 83 años, cumple condena por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos y pidió su liberación por motivos humanitarios.
17 de marzo, 2022
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El Tribunal Constitucional de Perú acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad, según informaron medios locales.

El Tribunal votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y fuera puesto en libertad por motivos humanitarios, lo que podría suceder en las próximas horas.

Su abogado, César Nakazaki, informó en su cuenta de Twitter que se dirige al penal de El Barbadillo, donde Fujimori está encarcelado, para comunicarle la decisión del Tribunal.

https://twitter.com/CesarNakazaki/status/1504531283241807872

Los delitos por los que se condenó a Fujimori

Alberto Fujimori, de 83 años, cumple condena por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, en los que grupos parapoliciales dirigidos desde el gobierno acabaron con la vida de 25 personas.

Fujimori fue acusado de ordenar que un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina cometiera las dos masacres.

La primera tuvo lugar en 1991 en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la segunda en 1992 en la Universidad de la Cantuta, también en la capital.

También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.

Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.

Su familia solicitó en repetidas ocasiones su puesta en libertad por motivos de salud, a lo que se oponen sus víctimas, que denuncian que nunca se arrepintió de sus delitos ni abonó las compensaciones establecidas.

Manifestante contra el indulto (foto de archivo)-

AFP
El indulto a Fujimori es motivo de gran polémica en Perú (foto de archivo).

En 2017, en mitad de la crisis política que acabó costándole la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori, en lo que fue interpretado como un intento de ganarse el apoyo del fujimorismo en el trámite de la moción de vacancia que se había presentado en su contra en el Congreso.

Pero la Corte Suprema anuló más tarde ese indulto porque consideró que no cabía la concesión de la medida de gracia en casos de crímenes de lesa humanidad, y Fujimori tuvo que regresar a la cárcel de la que había salido temporalmente.

El Tribunal Constitucional anula ahora esa anulación y restablece la concesión del indulto.

Lo ha hecho en una votación dividida en la que, según los medios locales, tres de sus magistrados votaron a favor y tres lo hicieron en contra, dirimiéndose finalmente el asunto por el voto de calidad del presidente.


Otro capítulo polémico en una polémica biografía

Por Guillermo D. Olmo, corresponsal de BBC News Mundo

Si nada inesperado lo impide, Fujimori saldrá de la cárcel.

La decisión del Tribunal Constitucional ha provocado gran indignación entre las víctimas de los crímenes de Fujimori y entre sus detractores.

El expresidente sigue siendo una de las figuras que más divide a los peruanos y la noticia del restablecimiento de su indulto ha vuelto a ponerlo de manifiesto. Los partidarios de su puesta en libertad subrayan su edad, sus problemas de salud y no son pocos quienes todavía le agradecen por el papel clave que le atribuyen en el saneamiento de la economía peruana y en la desarticulación del movimiento armado Sendero Luminoso.

Quienes se oponen a la liberación recuerdan la gravedad de los crímenes por los que fue condenado y los escándalos de corrupción que han salpicado a su familia, y dirigen ahora su mirada hacia Pedro Castillo.

Fue elegido presidente frente a la hija de Fujimori, según los analistas, sobre todo por el rechazon que el fujimorismo ha provocado en gran parte de la sociedad peruana.

Ya hay manifestaciones de protesta convocadas en Lima. Si son masivas, a Castillo le resultará difícil no tomar cartas en el asunto ante una liberación que para muchos es una afrenta.


Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar.

En distintos foros digitales ya se ha convocado a una manifestación de protesta esta tarde en Lima, y en otros puntos del país. Las protestas cuentan con el apoyo de varias bancadas del Congreso.

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en la cadena RPP que con esta decisión el tribunal “garantiza la impunidad, no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”.

Mirtha Vásquez, ex primera ministra, aseguró que el fallo “atropella la memoria y el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura de los años 90”.

Eduardo Castillo, uno de los voceros de la bancada fujimorista en el Congreso peruano, consideró en cambio que “al fin se hace justicia con el hombre que le devolvió la esperanza al país”.


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