El escándalo de corrupción de Odebrecht entró a una nueva fase que apunta a ‘cortar la cabeza’ de un funcionario de máximo nivel, con la posible destitución del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la sentencia de seis años de cárcel contra el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas.
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La red de corrupción de la constructora brasileña, que reconoció haber pagado millones en sobornos a cambio de licitaciones involucra a ministros, diputados, empresarios y funcionarios de niveles medio y menores en varios países de América Latina.
El primer mandatario que podría ser destituido por presuntamente haber recibido 5 millones de dólares en asesorías cuando era ministro es Pedro Kuczynski, a quien el Congreso de Perú le tiene los días contados al contar la oposición con mayoría.
En Perú ha sido donde particularmente Odebrecht ha dejado una lista de funcionarios de primer nivel involucrados, ya que el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa están en prisión preventiva, ya que supuestamente recibieron 3 millones de dólares para su campaña.
Además, el expresidente Alejandro Toledo tiene una orden de captura y extradición desde Estados Unidos por beneficiarse supuestamente con 20 millones de dólares.
Las consecuencias de los sobornos de Odebrecht ya alcanzaron a Ecuador, donde el vicepresidente en funciones, Jorge Glas, fue sentenciado el miércoles 13 de diciembre a seis años de prisión por asociación ilícita por recibir 13.5 millones de dólares en sobornos.
Por otra parte, en Brasil el expresidente Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (2003-2010), quien es favorito para volver a la presidencia en las próximas elecciones, es investigado por la justicia si Odebrecht le pagó un terreno para su instituto en Sao Paulo y si ofreció un apartamento a su familia.
Por la investigación Lava Jato, Lula ha sido condenado a nueve años de cárcel y si la segunda instancia judicial confirma la condena, podría ir a prisión y quedar fuera de las elecciones de 2018.
En tanto, el empresario Marcelo Odebrecht, director ejecutivo de la compañía, fue condenado a 20 años de prisión, que después redujeron a 10 y a partir del próximo 19 de diciembre para a prisión domiciliaria por colaborar con la justicia, tras haber estado dos años y medio en un reclusorio de Curitiba.
Sus declaraciones permitieron investigar a ocho ministros del actual presidente, Michel Temer, un tercio del Senado y unos 40 diputados. El mandato del propio Temer también peligró por las denuncias sobre la presunta aportación de Odebrecht a la candidatura presidencial que formó con Dilma Rousseff, su antecesora, aunque la justicia electoral lo absolvió en junio de este año.
Las garras de la constructora brasileña también apuntaron a Venezuela, donde dijo haber desembolsado 98 millones de dólares.
El presidente Nicolás Maduro se vio envuelto en la polémica, pero la justicia –acusada por la oposición de ser partidista– frenó las acusaciones y descartó investigarlo.
Los tentáculos también alcanzaron a dos hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a tres de sus ministros, todos imputados, y al exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, único funcionario de alto rango investigado en el país y acusado de aceptar al menos 10 millones de dólares.
Con información de AFP.
