Es un gastadero: La corrupción reina en las prisiones mexicanas
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Es un gastadero: La corrupción reina en las prisiones mexicanas

Una mujer narra que en cada visita a su esposo en el Reclusorio Oriente llega a gastar 800 pesos, por los sobornos y otros pagos que le exigen guardias y reclusos. Su historia es una muestra de la corrupción que hay en las prisiones mexicanas.
Global Press Journal
Por Mayela Sánchez / Global Press Journal
8 de diciembre, 2017
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Cuando A.M. visitó a su esposo en la cárcel por primera vez, no sabía que estaba prohibido visitar con sostén con varillas.

Esas débiles piezas en forma de “u” no están permitidas dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, una de las 10 cárceles de Ciudad de México.

Un guardia la revisó y lo encontró. Pero no le dijo que se lo quitara o se fuera de la prisión, dice A.M.

“Pues cáele”, recuerda A.M. que le dijo la guardia.

A.M. le dio 10 pesos mexicanos (unos 50 centavos de dólar), dice, y la guardia la dejó entrar. (A.M. pidió que sólo se publicaran sus iniciales para proteger la identidad de su esposo).

Ese día, A.M. también le pagó 10 pesos a un guardia que revisó la comida que llevaba y 20 pesos (alrededor de un dólar) a un guardia que le entregó un pase de visitante. Pagó por sentarse en una mesa y pagó por calentar la comida que le llevó a su marido. Incluso le pagó a otros reclusos para que le avisaran a su esposo que ella había llegado.

“La necesidad de querer verlo te hace pagar. Esa es la realidad”, dice A.M. “Del querer verlo, querer abrazarlo, decirle ‘aquí estoy, no tengas miedo. Voy a estar contigo hasta el final’, pues ya, lo pagas”.

A.M. dice que les paga a los guardias e internos por lo menos 150 pesos (8.08 dólares) en cada una de sus visitas.

Su esposo también tiene que pagar sobornos, así que A.M. lleva 300 pesos (16,16 dólares) o más para darle cada vez que lo visita. Él, a su vez, les entrega 5 pesos (25 centavos) a los guardias en cada uno de sus tres llamados de lista diarios y paga 50 pesos (2,70 dólares) cada semana, principalmente para mantener la electricidad en su celda, y otros 50 pesos para tener acceso a agua (ambos pagos van para otro recluso que controla la celda. Si su esposo no paga, podría enfrentar violencia u otras consecuencias, dice A.M.).

A fin de cuentas, A.M. dice que a veces ella gasta hasta 800 pesos (unos 43 dólares) en cada visita, incluyendo el transporte hacia y desde la prisión, y todo el dinero que ella tiene que gastar mientras está allí. Cuando no puede visitar, envía el dinero para que su esposo pueda pagar los sobornos que le exigen.

“Como dice mi papá, ‘vamos a la feria’, porque es un gastadero”, dice A.M.

Hay avisos fijados en las paredes que dicen que los sobornos no están permitidos. Pero los guardias de la prisión dejan en claro que nadie puede pasarlos sin pagar un precio, dice A.M.

El sistema penitenciario de México es notablemente corrupto. Cuando el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, se escapó dos veces (en 2001 y 2015) de cárceles de máxima seguridad, los guardias y los administradores penitenciarios de esos lugares fueron acusados por muchos de haber sido cómplices. En Coahuila, un estado al norte de México, el cartel narcotraficante de Los Zetas controlaba una prisión y la usaba para torturar y matar a sus enemigos y a sus víctimas de secuestro.

Esos son los tipos de historias que se vuelven famosas alrededor del mundo, haciendo que muchos extranjeros vean a México como un país podrido hasta la raíz.

Los mexicanos del común tienen poco que ver con esas cosas.

Pero cuando un amigo o un familiar va a la cárcel, esos mexicanos comunes, aunque sean inocentes, se ven forzados a entrar a un sistema que los obliga a cometer actos de corrupción.

“Tú ahorita me preguntas: ¿eres corrupta? Hoy te lo puedo decir: Juego en el juego de la corrupción, y no porque yo quiera, sino porque la vida así nos lo está haciendo jugar”, dice A.M.

Los sobornos en el sistema penitenciario son generalizados y crónicos, según datos reunidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Tan solo el año pasado, cerca del 21 por ciento de los casi 211.000 prisioneros dijeron que sus visitantes habían tenido que sobornar a por lo menos una persona. Esos datos, con estadísticas detalladas sobre el alcance de la corrupción en el sistema penitenciario, son los primeros de este tipo.

La mayoría de pagos fueron hechos para entrar a la cárcel, para notificar a las personas dentro de la cárcel que alguien había llegado, o para permitir el ingreso de comida, ropa, o artículos personales a la cárcel. Cerca del 85 por ciento de esos pagos fueron hechos a guardias, según el informe.

Unos 22.000 prisioneros dijeron que habían sido forzados a pagar dinero por servicios básicos como el acceso al agua potable, a electrodomésticos, o salir a un patio.

Casi todos los prisioneros (el 94 por ciento) de los prisioneros que dijeron que habían visto corrupción también dijeron que no la habían denunciado, usualmente porque temían represalias, creían que sería inútil, o veían el soborno como una práctica común.

La Ciudad de México tiene el número más alto de prisioneros de cualquier área del país y los prisioneros allí ven casi el doble de corrupción que los prisioneros en el resto de México. Los datos, publicados en julio del año pasado, son parte del primer informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en incluir información sobre corrupción en las cárceles.

Antonio Hazael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, deja de lado los reclamos de corrupción.

“Los señalamientos existen, lo que no quiere decir que se den”, dice.

Los prisioneros que denuncian la corrupción no enfrentan represalias, dice.

“Nunca”, dice. “No, no es posible”.

Ruiz Ortega dice que su contraloría interna es notificada cada vez que un prisionero o un visitante denuncia sobornos y añade que él mismo responde a todos los señalamientos que se reportan en las noticias o que se presentan frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

El despacho de Ruiz Ortega no le respondió a la petición de GPJ de enviar el número total de señalamientos que han atendido él o la contraloría interna. Según datos que le fueron suministrados a GPJ tras enviar un derecho de petición, la Contraloría General de Ciudad de México documentó 13 señalamientos y denuncias, entre 2007 y 2015, con relación a la corrupción en el sistema penitenciario.

Todos ellos fueron investigados y 12 de ellos fueron declarados “improcedentes”, es decir infundados. Una sanción fue impuesta en el otro caso de esos nueve años.

Hay evidencias amplias de que la corrupción en el sistema penitenciario está mucho más generalizada de lo que sugiere el pequeño número de casos que manejó la Contraloría.

En enero, un canal nacional de televisión transmitió una serie de videos grabados secretamente dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, otra cárcel en Ciudad de México que está bajo la supervisión de la subsecretaría. Los videos mostraban a guardias cobrándoles sobornos a los prisioneros en el llamado de lista, golpeando a los reclusos que no pagaban y cobrando por la venta de drogas. También se veían algunos prisioneros confabulando con los guardias, vendiendo drogas y haciendo otras actividades ilegales.

Después de la transmisión de esos videos, Patricia Mercado Castro, la secretaria de gobierno de Ciudad de México, encargada de la división que está a cargo del sistema penitenciario, anunció una investigación y dijo que los servidores públicos implicados serían despedidos. Finalmente, tres servidores públicos fueron despedidos y el director de la prisión renunció.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió tres investigaciones sobre este asunto, según información que GPJ obtuvo con un derecho de petición. Esas investigaciones involucraban a un director, un subdirector de seguridad y vigilancia, un director de área y siete guardias. Las investigaciones estaban todavía abiertas en junio, cuando la Procuraduría le respondió a GPJ.

Las cárceles “son un reflejo de cómo funciona el sistema en general en México”, dice Karen Silva Mora, una investigadora de México Evalúa y de CIDAC, un par de think tanks que trabajan investigando el sistema de justicia mexicano, entre otros temas.

Cerca del 51 por ciento de mexicanos encuestados dijo que habían pagado sobornos para recibir un servicio público en los últimos 12 meses, según una encuesta publicada en octubre por Transparencia Internacional, una organización no gubernamental global que lucha contra la corrupción. El porcentaje era el más alto de los 20 países latinoamericanos en los que se realizó la encuesta.

Pero las cárceles son más propensas a la corrupción, según Silva Mora, a causa del hacinamiento y de otros indicadores de malas condiciones de vida. Las cárceles suelen contar con condiciones poco higiénicas en las habitaciones, las cocinas y los comedores, entre otros problemas, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Como el gobierno no está siendo capaz de proveer estas condiciones básicas, las autoridades  aprovechan para ofrecerlo como un privilegio dentro de las prisiones”, dice Silva Mora.

Los activistas de los derechos de las personas presas tienen sus esperanzas puestas en una ley de junio de 2016, conocida oficialmente como la Ley Nacional de Ejecución Penal, que crea lineamientos para el encarcelamiento, como el trato humano de los internos, y creen que puede ser una manera en la que los presos denuncien la corrupción de forma segura. La ley no ha sido implementada del todo, pero una vez que esto suceda, las organizaciones sociales y los grupos de derechos humanos podrán tener la capacidad de solicitarles a las autoridades que actúen sobre las condiciones de las prisiones a nombre de los prisioneros.

Con esta ley, la identidad de un prisionero que quiera denunciar actos de corrupción puede ser protegida, dice Layda Negrete, una investigadora del sistema de justicia criminal.

La ley prevé un periodo de hasta cuatro años para su implementación. Hasta ahora, prácticamente no ha habido movimiento para hacerla progresar, dice Silva Mora, la investigadora de México Evalúa.

Para A.M., no hay más opción que seguirle llevando dinero a su esposo, dice. Teme que otros reclusos y que los guardias lo puedan herir si no les paga, dice.

Su esposo fue arrestado en agosto de 2015 y luego condenado por robo. Está pagando una condena de siete años.

A.M. quiere que su esposo consiga un trabajo en la cárcel (hay quienes hacen artesanías para vender, mientras que algunos trabajan limpiando o en la cocina), pero él le dijo que tendría que pagar un soborno de hasta 5000 pesos (270 dólares) para conseguir un trabajo. En cambio, les lava la ropa a otros prisioneros, quienes le pagan 1 peso (5 centavos de dólar) por prenda.

La única solución es que la sociedad mexicana rechace ampliamente la corrupción, dice A.M.

“Necesitaríamos todos decir no. Pero todos, que no hubiera ni uno que pagara un peso. Ni uno, ni uno, ni uno”, dice. “Ahí se acabaría la corrupción”.

Pero para A.M. no es una opción dejar de pagar sobornos y dejar de ver a su esposo, así como tampoco es una opción dejar de enviarle dinero y dejarlo solo lidiando con sus corruptos tormentos.

Al principio, A.M. visitaba tres veces a la semana. Luego una vez a la semana, después una vez cada dos semanas. Ahora intenta visitar una vez al mes, pero eso ocurre con menos frecuencia. A.M. seguirá visitando a su esposo (y pagando sobornos) hasta que no le quede nada.

“Lo poco que teníamos ahorrado, lo poco que nos ayudó la familia, pues ya se acabó”, dice.

Pablo Medina Uribe, GPJ, adaptó esta historia de su versión en inglés.

Esta historia fue publicada originalmente en Global Press Journal

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Rusia y Ucrania: los complejos escenarios para una solución negociada a la guerra

Aunque las negociaciones continúan, las perspectivas para una resolución por la vía diplomática se están tornando cada vez más complejas, según analistas consultados por la BBC.
14 de marzo, 2022
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Este lunes empezó una cuarta ronda de negociaciones entre Kiev y Moscú para detener el conflicto. Sin embargo, las tentativas previas e incluso un alto el fuego temporal han fracasado. Y los escenarios para una resolución por la vía diplomática son cada vez más complejos, según analistas internacionales consultados por BBC News Brasil.

“Mi visión es bastante pesimista sobre la posibilidad de un alto el fuego en el que Rusia acepte menos de lo que ha estado pidiendo en los últimos meses y en estas dos últimas semanas principalmente”, dice Felipe Loureiro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sao Paulo (USP) y coordinador del Observatorio de la Democracia en el Mundo (ODEC-USP).

Un portavoz del gobierno ruso reafirmó el lunes (07/03) algunas condiciones impuestas incluso antes de la invasión del territorio ucraniano el 24 de febrero, para detener la agresión militar:

1) El compromiso de Ucrania con la “neutralidad“: Moscú exige que los ucranianos se comprometan en su Constitución a que el país renuncie a participar en bloques multilaterales como la OTAN (Alianza Militar del Atlántico Norte) y la Unión Europea. Rusia dice que la OTAN se está expandiendo en dirección al territorio ruso al aceptar como miembros a países que eran exrepúblicas soviéticas o que pertenecían a la esfera de influencia soviética.

2) Reconocimiento de Crimea: el Kremlin quiere que la región, que fue anexada militarmente en 2014, sea aceptada internacionalmente como parte del territorio ruso. En la época de la Unión Soviética, Crimea se incorporó a Ucrania y permaneció así tras la implosión del bloque en 1991. Una corriente en Rusia sostiene que históricamente este pedazo de tierra es parte del país.

3) Reconocimiento de Donetsk y Luhansk: otro requisito es que estas regiones del este de Ucrania, actualmente bajo el dominio de los separatistas prorrusos, sean reconocidas por la comunidad internacional como estados independientes.

4)“Desmilitarización” del Estado ucraniano: aunque aún no se han establecido los parámetros para esta condición, miembros del gobierno ruso reiteran que las armas en territorio ucraniano amenazan la integridad y seguridad de Rusia.

“Es muy complicado imaginar que cualquier gobierno soberano acepte la desmilitarización. Más aún después de la invasión”, dice Loureiro.

Mapa que muestra los países que ingresaron a la OTAN desde 1997

BBC

Neutralidad ucraniana

Ashok Swain, profesor del Centro de Estudios de Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala en Suecia, dijo a BBC News Brasil que un compromiso de neutralidad por parte de Ucrania representaría lo que Putin más necesita en este momento: una salida que preserve su imagen.

Es un enfoque similar al de Andrei Kortunov, director general del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia (RIAC), organismo de consultoría en asuntos internacionales vinculado al gobierno ruso.

Para Kortunov, “Putin necesitará algo para declarar la victoria. No puede aceptar la derrota, porque políticamente esto podría tener riesgos muy grandes para su liderazgo. Necesita tener algo que le permita básicamente decir gané’“.

Swain describe un escenario complicado. “Si la insurgencia (contra las fuerzas rusas) continúa y se profundiza, Putin tendrá que mantener un gran contingente militar en el país y llevar a cabo una operación brutal contra la insurgencia”.

“Y habrá más presión sobre la OTAN para un compromiso directo. Por otro lado, Putin dependerá cada vez más de China para obtener apoyo diplomático y económico. A partir de la situación actual, parece que será un conflicto prolongado y terrible, que empujará al mundo a una división entre dos campos”.

Vladimir Putin

Getty Images
“Putin necesitará algo para declarar la victoria. No puede aceptar la derrota, porque políticamente esto podría tener riesgos muy grandes para su liderazgo”, señala Andrei Kortunov.

Carolina Boniatti Pavese, profesora de relaciones internacionales de la ESPM, una institución privada de educación superior en Brasil, dice que aún no está claro si las dificultades de la incursión rusa en Ucrania están fuera del cálculo que hizo Putin antes de iniciar la ofensiva.

“Al construir escenarios de análisis de riesgo es necesario anticipar todas las posibilidades. Ciertamente Putin lo hizo como lo hace todo estratega militar. No sabemos si lo que está sucediendo ahora no estaba dentro de lo que él anticipó como un riesgo calculado”, dice. “Lo que tenemos hasta ahora es una derrota para Ucrania”.

Loureiro, de la USP, dice que Putin sólo retrocederá si pesan cada vez más “los costos de la guerra desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material, incluyendo los efectos de las sanciones económicas, y sobre todo, si la oposición dentro de Rusia se vuelve significativa“.

“Pero este escenario me parece muy poco probable porque, para que Rusia acepte ceder en sus posiciones, estos costos tienen que ser muy altos. Mayores que el costo para Putin de abandonar esta invasión con solo una parte de sus objetivos cumplidos”.

Una joven es arrestada por la policía rusa durante una protesta contra la invasión a Ucrania

Getty Images
Protestas en Rusia contra la invasión de Ucrania. El aumento de la oposición a la guerra puede incrementar el riesgo político para Putin.

Adriana Erthal Abdenur, directora ejecutiva de Plataforma Cipó, un centro de estudios con sede en Brasil que se ocupa de temas de paz, clima y gobernanza global, señala que la ONU podría desempeñar un papel muy importante.

“El secretario general (de la entidad) podría nombrar un enviado especial para señalar caminos más allá de las negociaciones de paz y la implementación de un alto el fuego. La ONU en muchas ocasiones juega un papel muy fundamental que es monitorear la implementación del alto el fuego de las hostilidades para que se pueda realizar una negociación más detallada y sustantiva”.

El Protocolo de Minsk

Una salida intentada a fines del año pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, para disuadir las tensiones que eventualmente resultaron en la invasión rusa, fue la reanudación del Protocolo de Minsk.

Manifestantes con la bandera ucraniana

Getty Images
El tratado de Minsk nunca se implementó por completo debido a la gran resistencia expresada por los ucranianos.

Este tratado fue firmado en 2015 por Putin, el entonces presidente ucraniano Petro Poroshenko y representantes de grupos separatistas prorrusos, y contó con el apoyo de Francia y Alemania.

En sus 13 puntos, el acuerdo prevé la desmilitarización y la reanudación por parte de Ucrania del control del este del país, en la frontera con Rusia.

Donetsk y Luhansk, ahora bajo el dominio separatista, serían reconocidas como parte del territorio ucraniano, pero con una condición especial: las regiones obtendrían el derecho a celebrar elecciones locales y tendrían mucha más independencia del gobierno central.

El tratado nunca se implementó por completo debido a la gran resistencia expresada por los ucranianos.

Una mujer de avanzada edad en silla de ruedas es cargada por soldados ucranianos

Getty Images
“Parece que será un conflicto prolongado y terrible, que empujará al mundo a una división entre dos campos”, opina Ashok Swain.

“Los acuerdos de Minsk son vistos negativamente en la sociedad ucraniana porque existe la percepción de que, a través de ellos, Rusia podrá ejercer una influencia directa sobre el país, limitando su soberanía. Parte de la sociedad y las élites creen que los líderes de las regiones separatistas son ‘controlados’ por Putin”, dice Vicente Ferraro, politólogo e investigador del Laboratorio de Estudios Asiáticos de la USP.

“Por lo tanto, se argumenta que la reintegración de estas regiones en las condiciones defendidas por Rusia permitiría a Putin influir en el curso de la política ucraniana e incluso vetar proyectos de integración con la Unión Europea y la OTAN”.

“Rusia está incómoda con el hecho de que el gobierno ucraniano declare al público su intención de implementar los acuerdos, pero dentro del país los critica. La estigmatización de las posiciones prorrusas en la sociedad ucraniana después de la crisis de 2014 ha tornado la discusión interna de los acuerdos un verdadero tabú. De hecho, ambas partes hicieron poco para implementarlos“.

“Con el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas por parte de Rusia y la intervención militar, las posibilidades de que se reintegren en territorio ucraniano se volvieron áreas aún más remotas”, añade Ferraro.

Un edificio de apartamentos completamente destruido por bombardeos

Getty Images
Devastación en Járkiv. “Mi visión es bastante pesimista sobre la posibilidad de un alto el fuego en el que Rusia acepte menos de lo que ha estado pidiendo en los últimos meses”, señala Felipe Loureiro.

Otra salida

Una propuesta lanzada en 2019 por investigadores de la Rand Corporation, un centro de estudios de política global con sede en Estados Unidos, tomaba en cuenta las tensiones geopolíticas que resultaron tanto del colapso de la Unión Soviética como de la expansión de la OTAN.

El ambicioso proyecto aboga por una zona especial de neutralidad que incluiría a Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, así como a Ucrania y todas las exrepúblicas soviéticas.

La idea es establecer mecanismos con la participación de las principales potencias y organismos multilaterales para definir soluciones de diálogo y reglas de seguridad y comercio que involucren a esta región entre Europa y Rusia.

El objetivo principal es crear un ambiente de confianza para lograr una distensión en las relaciones.

Pero los propios autores de la propuesta reconocen que sus términos difícilmente podrían complacer por completo a todas las partes.


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