Inversión millonaria, sin resultados: centro de salud mental en Ciudad Juárez es inoperante
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Jonathan Álvarez (Yo Ciudadano)

Inversión millonaria, sin resultados: centro de salud mental en Ciudad Juárez es inoperante

La administración de Javier Corral argumenta que “sale carísimo” hacer funcionar el Centro de Atención a la Salud Mental; fue uno de los proyectos contemplados dentro de la estrategia Todos Somos Juárez, y lo inauguró César Duarte.
Jonathan Álvarez (Yo Ciudadano)
Por Jonathan Álvarez (Yo Ciudadano)
6 de diciembre, 2017
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La inversión millonaria de 167 millones de pesos para operar el Centro de Atención a la Salud Mental (CAISM), ubicado en el suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua, no ha sido suficiente para echar andar al 100% esta clínica que desde sus inicios fue pensada para dar atención especializada a todas aquellas personas que han sufrido secuelas por la violencia registrada en este municipio fronterizo con Estados Unidos.

A siete años de su construcción y a tres de su inauguración, el centro sólo funciona para consultas externas y las actuales autoridades argumentan que “sale  carísimo” ponerlo a funcionar como centro de cirugía y psiquiatría, área de hospitalización, área de urgencias y atención para las adicciones, como originalmente fue concebido.

El centro fue uno de los proyectos contemplados dentro de la estrategia Todos Somos Juárez, que se implementó tras la masacre de 15 estudiantes en una vivienda del Fraccionamiento Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010.

En la actualidad, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua tiene un convenio con el CAISM, el cual ofrece únicamente consultas para atender a 10 sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre.

Para atender estos casos, en los que la atención psiquiátrica es necesaria, la FGE canaliza a los pacientes a este centro. Sin embargo, en caso de necesitar internamiento, deben ser trasladados al Hospital Civil Libertad, ubicado en el Centro de Ciudad Juárez.

Un poco de contexto

Las primeras gestiones para la construcción del CAISM se dieron en 2008, de acuerdo con el contrato, bajo la administración del exgobernador José Reyes Baeza, actual director del ISSSTE.

En mayo de 2010, el centro terminó de ser construido en la época del exgobernador Reyes, pero fue hasta la gestión de César Duarte, en agosto de 2014, que el hospital fue inaugurado. En esa ocasión, las autoridades estatales informaron que mensualmente el CAISM tendría un costo operativo de 20 millones de pesos, esto por tratarse de un complejo de 7 mil 030 metros cuadrados en construcción.

El centro fue construido por la empresa Laguera Construcciones, propiedad de Ismael Rodríguez Saldaña, quien en 2015 fue acusado públicamente por regidores del PAN en Chihuahua por haberse beneficiado de contratos públicos con el gobierno municipal de extracción priista, esto luego que trascendiera un viaje a la ciudad de Paris, Francia, hecho por el empresario constructor y el director de Obras Públicas de ese municipio, Gabriel Aude Venzor.

Información opaca

Luego de siete años de haber sido construido, el CAISM, que se edificó con inversión federal y que cuenta con 8 millones 694 mil pesos en equipo, de acuerdo con el primer inventario de la Secretaría de Salud, no cumple con el propósito por el cual fue creado: servir como un hospital psiquiátrico en Ciudad Juárez y atender la demanda en servicios de salud mental.

El CAISM se encuentra en el suroriente de Ciudad Juárez. La zona se caracteriza por encontrarse en la periferia, en donde las casas deshabitadas y vandalizadas son el paisaje común en las inmediaciones del centro.

Este complejo se suma a otras grandes edificaciones del sector salud, como el Centro de Formación Integral para la Prevención y Atención a las Adicciones (CEFIPAA), que tampoco está en operaciones.

La información relativa a ambos centros y su construcción es opaca. “Es mucho reborujo, nadie sabe nada”: así se expresó la titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud de Chihuahua, Wendy Ortega, al mencionar que la actual administración tiene dificultades para localizar información pública, que no fue debidamente documentada por la administración priista de Cesar Duarte.

Centro inoperante

Aun cuando los pacientes con problemas graves de salud mental y que requieren hospitalización tienen un edificio de primer nivel en el CAISM, en la práctica son atendidos en un antiguo hospital de la Revolución.

Durante la Revolución Mexicana, el Hospital Civil Libertad funcionaba como hospital general que atendió a personas con enfermedades contagiosas, de acuerdo con Víctor Acosta Chávez, quien tiene a su cargo ese hospital y el CAISM.

Más tarde, se quedaron sólo los pacientes con enfermedades mentales. Aunque remodelado, la estructura no remozada delata la antigüedad del recinto.

Acosta Chávez justificó que el motivo por el que no opera en su totalidad el CAISM se debe a que “acaba de entrar una nueva administración que apenas lleva un año, y todo ese desmadre que dicen que se hizo (en alusión a la gubernatura de César Duarte)”.

El círculo de los problemas

El contexto de violencia que repuntó en Ciudad Juárez en la primera década de los 2000, hace que los problemas de salud sean muy comunes como consecuencia de haber presenciado un hecho violento.

En Ciudad Juárez, según reportó la Secretaría de Salud de Chihuahua, los principales problemas de salud mental son la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia.

Aun así, el presupuesto destinado por el gobierno es poco, pues el Municipio de Juárez reportó que no se tienen recursos destinados a este rubro, mientras que el Gobierno del Estado de Chihuahua invirtió 30 millones 371 mil 236 pesos en 2017: menos del 1% de lo destinado en servicios de salud en ese mismo año, de 3 mil 364 millones de pesos.

La coordinadora estatal de Salud Mental y Adicciones de Chihuahua, Adriana Bouchot Beltrán, aseguró que el estado de Chihuahua no tiene la capacidad financiera para poner a operar el CAISM y el CEFIPPA, los cuales en conjunto costaron casi 167 millones de pesos.

“Para este gobierno sale carísimo, no se pueden arrancar los dos, imposible”, comentó la coordinadora.

De acuerdo con Bouchot, se tiene contemplado abrir únicamente el CAISM, en donde se dará atención a personas usuarias de drogas, pero solo se internarán aquellas que tengan dependencia crónica de alguna sustancia.

Añadió que la Organización Panamericana de la Salud está próxima a publicar un diagnóstico en cuanto a salud mental en el estado de Chihuahua.

Para Marisa Colmenero, maestra en psicoterapia clínica, la salud mental es un aspecto descuidado por el gobierno, el cual debería comprender el impacto que tiene en sus ciudadanos.

De acuerdo con la especialista, todo se debe ver desde una perspectiva integral, en donde la desatención a la salud mental repercute en la cuestión social y económica, y éstos a su vez afectan a la salud mental de los ciudadanos.

Colmenero mencionó que uno de los factores por los cuales las personas no atienden su salud mental, es porque las emociones son asociadas a “personas débiles”.

Por lo pronto, el CAISM es un centro de salud mental de primer nivel, en el que dos administraciones estatales han invertido millones de pesos, y que está a la espera de que una tercera administración, ahora de Javier Corral Jurado, lo haga funcionar.

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El caso que puede cambiar cómo se juzgan las violaciones en EU

Por primera vez en Estados Unidos, un jurado convocado por ciudadanos decidirá si un encuentro sexual violento justifica presentar cargos de violación.
4 de octubre, 2021
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Los delitos sexuales son notoriamente difíciles de procesar en un juicio, pero una mujer en Kansas está usando una ley del siglo XIX para pedir a sus conciudadanos que la ayuden a presentar cargos contra el hombre que dice que la violó.

En 2018, Madison Smith alegó que un compañero de clase la atacó cuando era estudiante universitaria en Bethany College en Kansas. La joven denunció el caso como violación.

Sin embargo, el fiscal del condado se negó a presentar cargos de violación, diciendo que Smith simplemente había experimentado un encuentro sexual “inmaduro”. Su atacante fue condenado por agresión.

La decisión del fiscal del condado llevó a Smith, ahora de 23 años, a utilizar una ley estatal que data de 1887 para convocar a un “gran jurado ciudadano”.

Este jurado se reunió por primera vez el miércoles, en lo que se cree que es el primer caso de este tipo en Estados Unidos.

Qué hace este gran jurado

Por lo general, las autoridades que investigan los casos forman un gran jurado para determinar si hay pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.

Este jurado, que se reune en secreto, no decidirá si el imputado es culpable o inocente, solo si se deben presentar cargos.

En entrevista con la BBC, Smith dijo que espera que el resultado anime a otras personas que creen que han sido víctimas de delitos sexuales y quieren presentar cargos. “Las víctimas tienen derechos”, dijo.

La mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de delitos y, cuando se denuncian, el proceso no suele seguir adelante.

Madison Smith y su madre, Mandy.

Getty Images
Madison Smith y su madre, Mandy.

Según una investigación realizada en la Universidad de Massachusetts en Lowell, menos del 20% de las violaciones que se denuncian conducen a un arresto.

“Tenemos que cambiar la cultura ”, agregó Mandy, la madre de Madison.

Defensa del acusado

Sin embargo, el excompañero de clase acusado, Jared Stolzenburg, ahora también de 23 años, negó que la hubiera violado.

El joven fue acusado de agresión, de lo que se declaró culpable.

Le dijo a la BBC que lamentaba aquel encuentro, admitió que había sido duro y que erróneamente creyó que estaba todo bien. Pero, insistió, fue consensuado.

Lo que decida el gran jurado en ese condado del estado de Kansas tendrá consecuencias de gran alcance para ambos, tanto para el acusado como para la supuesta víctima, y quizás para el resto del país.

Los expertos dicen que el proceso iniciado por Smith podría sentar un precedente y que otras personas podrían querer convocar un gran jurado en casos relacionados con delitos sexuales.

Pero aquellos que no enfrentaron cargos pueden encontrarse, como Stolzenburg, en un purgatorio legal, esperando a ver si todavía podrían ser acusados.

Un encuentro que se convirtió en ataque

Smith estaba en su primer año en Bethany College, una pequeña escuela luterana a un par de cuadras de su casa, y solía pasar el rato con Stolzenburg y jugar juegos de mesa.

Una noche, en febrero de 2018, acabaron en el dormitorio de Stolzenburg. Se besaron y comenzaron a tener relaciones sexuales, le dijo Smith a la BBC. De repente, él la abofeteó, dice ella, luego la agarró por el cuello y, según ella, comenzó a violarla.

“Estaba tratando de quitar sus manos de mi cuello, y lo miré a los ojos, y tenía una mirada que nunca había visto antes”, dice. “No era la persona que yo pensaba que era mi amigo. Era una persona peligrosa”.

Smith cree que Stolzenburg intentó asesinarla.

Tenía tanto miedo, dijo, que pensó que lo mejor era dejar de luchar.

“Te quedas ahí y simplemente dejas que pase”, dice.

“Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir”.

Al describir lo sucedido esa noche, su voz era firme, como si estuviera contando cosas que le habían pasado a otra persona. Miraba a lo lejos mientras hablaba.

Protesta de mujeres en M'exico

Getty Images
Un estudio encontró que pelear o suplicar durante un episodio de agresión sexual puede, en algunas circunstancias, aumentar el riego de sufrir heridas físicas durante el abuso.

Smith acudió a la policía poco después, y luego de varias semanas la llamaron para ver a un fiscal del condado, Greg Benefiel.

Dejó en claro que quería presentar cargos, dice, pero Benefiel veía las cosas de forma diferente.

Benefiel dijo que no presentaría una acusación sexual contra Stolzenburg, y en su lugar pesentó cargos de agresión agravada. Benefiel no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

En 2020, Stolzenburg fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tuvo que pagar US$790 en concepto de restitución, una suma que fue destinada a una junta de compensación de víctimas.

Un nuevo camino legal

Después de que el fiscal se negase a presentar cargos por violación, Smith decidió utilizar la antigua ley que le permitía convocar a un gran jurado. Su madre se había enterado de esta fórmula mientras escuchaba un podcast.

En la mayor parte de EE.UU., solo un juez o un fiscal tiene el poder de convocar a un jurado, pero Kansas, junto con Oklahoma, Nebraska y otros tres estados, permiten que los propios ciudadanos convoquen a uno.

Para hacerlo en Kansas, un residente del estado debe hacer circular una petición y recolectar cierta cantidad de firmas. El número varía de un condado a otro, pero se calcula en función del número de personas que votaron en las últimas elecciones a gobernador.

Quien encabeza la petición debe recolectar firmas que equivalgan al menos al 2% del número de votos, y 100 adicionales.

La petición de Smith fue publicada en bares y cafés de la ciudad y, después de varios meses, consiguió el número suficiente de ciudadanos que apoyaban su petición.

Grandes jurados anteriores

Los miembros de los grandes jurados se eligen entre personas que tienen licencia de conducir o están registradas para votar.

Los miembros actúan como agentes de policía, examinando pruebas. A veces, citan documentos del acusado. Otras veces, solo miran las pruebas que han reunido los agentes de policía.

Pancarta en protesta por los abusos sexuales

Getty Images
Hacer la denuncia inmediatamente y someterse a un examen médico no significa necesariamente que el agresor sea identificado y menos condenado.

Por eso, no llaman ni al acusador, ni al acusado ante ellos.

La ley de Kansas se remonta a 1887 y fue diseñada para garantizar que las personas que no tienen dinero o poder tengan la oportunidad de responsabilizar a alguien por sus acciones.

“Es una forma de asegurarse de que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema legal”, dice John Mullen, profesor asociado de filosofía en Bethany College.

Los grandes jurados de ciudadanos en Kansas se han convocado anteriormente por el descontento con obras de arte expuestas en público, porque alguien consideraba que una escultura era indecente, o para exigir investigaciones sobre los médicos que realizan abortos.

Pero no parece que ningún gran jurado haya sido llamado alguna vez para decidir si presentar cargos por un delito sexual.

El jurado tiene 60 días para llevar a cabo su investigación en procedimientos cerrados y confidenciales.

Si se presentan cargos, el caso se manejaría como un asunto penal estándar.

El acusado se declara culpable o no culpable en un juicio con jurado tradicional.

Un debate sobre el consentimiento

Smith está ahora casada y trabaja como asistente médica en un centro de atención familiar. Se ha convertido en una figura reconocible en Lindsborg, su ciudad natal, un lugar apartado y rodeado de campos de trigo.

Sentada en un bar de Main Street unas noches antes de que se reuniera el gran jurado, reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos tres años.

“Intentó hacerme mucho daño, y de alguna manera lo hizo”, dice sobre Stolzenburg. “Pero también volví para pelear, y no creo que él lo viera venir”.

Mujer atemorizada

Getty

Algunos han aplaudido los esfuerzos de Smith para presionar por la convocatoria de un gran jurado ciudadano y creen que ayudará a fortalecer la determinación de otras mujeres que acudieron a la policía, tras sentirse violadas o agredidas sexualmente.

Caroline De Filippis, activista de Lindsborg, dice que las mujeres necesitan más protección. “Muchos casos de falta de consentimiento aún son desestimados, o ni siquiera llevados ante la justicia, porque no tienen ‘suficientes’ ”.

“La definición de consentimiento es todavía muy amplia”, agregó, “y no muestra una comprensión de lo que significa ser agredido sexualmente”.

Otros, sin embargo, advierten que se podría abusar fácilmente de este procedimiento. Laura Kipnis, autora de Unwanted Advances: Sexual Paranoia Comes to Campus (Avances no deseados: la paranoia sexual llega al campus), dijo que las investigaciones sobre delitos sexuales en el campus plantean una serie de problemas.

Los incidentes tienen lugar en privado y puede ser extremadamente difícil para los miembros de un gran jurado llegar a una conclusión. “Es casi imposible”, dice. “Están adivinando”.

Las investigaciones también pueden ser devastadoras para los hombres acusados, dice, incluso cuando son exonerados: “Sus vidas quedan destrozadas”.

La vida de Stolzenburg ciertamente ha cambiado.

Su voz en el teléfono es tensa y se nota que luchaba por contener las lágrimas.

Fue suspendido de Bethany después del ataque por violar el código estudiantil de la universidad y perdió su trabajo en una compañía discográfica.

“En ese entonces, tenía 19 años y era nuevo en el sexo y las relaciones sexuales”, dice. Sostiene que su agresión contra Smith fue un intento de representar una “escena sexual” que había visto en internet.

“Pensé que sería algo que podía intentar, y fui estúpido al hacerlo”, dice.


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