Acceso de las mujeres a la justicia, lleno de estereotipos, prejuicios y opacidad, denuncia ONG
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Cuartoscuro

Acceso de las mujeres a la justicia, lleno de estereotipos, prejuicios y opacidad, denuncia ONG

Resoluciones de casos en los que jueces no respetan el derecho a la igualdad y a la no discriminación han quedado fuera del escrutinio público, ante la negativa de los 32 poderes judiciales del país a cumplir con su obligación de transparentar las sentencias.
Cuartoscuro
Por Andrea Vega
5 de diciembre, 2017
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El acceso de las mujeres a la justicia ya no está sujeto sólo a los estereotipos, prejuicios y sesgos de jueces y juezas. Ahora también tiene que someterse a resoluciones injustas sin perspectiva de género que la opinión pública no puede conocer, ante la negativa de los 32 poderes judiciales del país a cumplir con su obligación de transparentar las sentencias, revela una investigación de EQUIS Justicia para las mujeres.

Fuera del escrutinio general han quedado resoluciones de casos en los que jueces no respetan el derecho a la igualdad y a la no discriminación, con el argumento de que no se cuenta con presupuesto para digitalizarlas y tenerlas en línea. Desde el 2015, una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) redujo la obligación de los poderes judiciales para difundir todas las sentencias.

Eso pese a que dinero sí hay en el poder judicial. Basta mirar las partidas que se han gastado para capacitación. En Veracruz, de 2008 a 2017, el presupuesto total en capacitación judicial en temas de derechos humanos fue de 116 millones 507 mil 397 pesos. Tan sólo en 2009 tuvo un presupuesto de 34 millones 060 mil 312 pesos. El poder judicial más grande del país, el de Ciudad de México, no ha tenido desde 2012 a 2017 un monto que alcance al de Veracruz.

Lo poco que se puede saber en cuanto a los resultados de ese gasto no los deja bien parados. En Veracruz se registró el caso Daphne y “Los Porkys”, en el que el juez Anuar González sentenció que el acta bajo la cual fue encarcelado Diego Cruz, uno de los imputados de cometer abuso sexual contra la menor, era inconstitucional porque “no se podía demostrar la actitud lasciva del agresor” y, por lo tanto, “no se podía probar el abuso”.

Otro ejemplo es el caso que se conoce como “rol de madre tradicional”, en el que el juez Andrés Linares Carranza decidió quitar la patria potestad de sus hijos a una mujer española “por no cumplir con el rol de madre mexicana”. La sentencia recibió en 2016 el Premio Garrote Especial del Público en los premios Género y Justicia al descubierto, de la organización internacional Women’s Link Worldwide, que visibiliza las decisiones judiciales que favorecen o perjudican la equidad de género en todo el mundo. La sentencia en contra de Silvia fue catalogada por los lectores como la decisión judicial con mayor impacto negativo sobre la vida de mujeres y niñas.

Gamboa enfatiza que ahora que hay menor rendición de cuentas, habrá menos posibilidad de saber si esa capacitación en material de derechos ha mejorado las prácticas de los jueces y juezas o no.

Esta opacidad es muy grave en un país como México, agrega la abogada, donde el 65.1 % de la población considera que los jueces son corruptos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016.

Mal y peor

A partir de un análisis que se centra en la legislación, el informe de EQUIS Justicia para las Mujeres expli­ca cómo se ha modificado en las leyes locales la obliga­ción de publicar sentencias con base en lo estipulado por la LGTAIP en sus artículos 70 y 73. El documento pone un caso especial: el del Estado de México, la última entidad en homologar su ley estatal con la nacional.

“En 2015 –cuenta Gamboa– el Estado de México no tenía en su ley local de transparencia, la obligación de publicar sentencias. Tenía publicadas algunas, pocas, en las que era obvio que mal entendieron la protección de datos personales, en lugar de quitar los datos de las personas justiciables, lo que resguardaban eran los del juzgado, del juez y de los secretarios, lo que sólo da pie a generar más corrupción”.

Después vino la Ley General, publicada el 4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que obliga, en el término de un año, a homologar todas las legislaciones locales. El Estado de México fue el último en cumplir, y lo hizo en la rayita, el 4 de mayo de 2016.

Respecto a otras entidades, para homologarse con la Ley General, diez legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de publicar sentencias: las de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas, que sí establecían la obligación de hacer públicas todas, ahora, en cambio, ordenan difundir sólo las de interés público.

Seis estados no tuvieron avance o retroceso en esto: Baja California, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Sus legislaciones sólo cambiaron el criterio de publicar sentencias relevantes o de interés general (términos considerados ambiguos y vagos en su interpretación) por el de interés público (otro concepto jurídico indeterminado).

Al incluir el término interés público en las leyes de transparencia locales no se establece con precisión qué tipo de sentencias o resoluciones cumplirán con este requisito, por lo tanto, el contenido y el alcance de la obligación de hacerlas públicas quedan sujetos a la interpretación que las autoridades hagan sobre la misma, se lee en el informe de EQUIS Justicia para las Mujeres.

Además cuatro legislaciones, la de Colima, Guerrero, Michoacán y Morelos, tienen criterios diferenciados respecto a esta obligación; en un artículo hablan de publicar todas las sentencias y en otro, sólo las de interés público, lo que crea incertidumbre jurídica sobre el precepto que debe atenderse para que el Poder Judicial cumpla su obligación.

La LGTAIP sólo mejoró la situación en siete entidades, además del Estado de México, que no contemplaban antes la obligación de publicar sentencias judiciales: Baja California Sur, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.

En cuanto a buenas prácticas, cuatro legislaciones, las de Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Tlaxcala, no modificaron sus legislaciones de conformidad con lo establecido en la Ley General, de tal forma que ahora tienen un criterio más amplio que ésta, al seguir estipulando el precepto de publicar todas las sentencias.

 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

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Rusia y Ucrania: los 3 ciberataques rusos que más teme Occidente

Los servicios de inteligencia de EU dicen que Rusia podría lanzar ciberataques contra Occidente. ¿Cuáles son los mayores peligros?
24 de marzo, 2022
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El presidente de EU, Joe Biden, pidió a las empresas y organizaciones privadas en su país que “cierren sus puertas digitales”, alegando que informes de inteligencia sugieren que Rusia está planeando un ataque cibernético.

Las autoridades cibernéticas de Reino Unido también respaldan los pedidos de la Casa Blanca de “mayores precauciones de seguridad cibernética”, aunque no han aportado ninguna evidencia de que Rusia esté planeando un ataque de ese tipo.

Rusia declaró anteriormente que tales acusaciones son “rusofóbicas”.

Sin embargo, Rusia es una superpotencia cibernética con un arsenal importante de herramientas cibernéticas y piratas informáticos capaces de ataques disruptivos y potencialmente destructivos.

Ucrania relativamente no se ha visto perturbada por las ofensivas cibernáticas rusas, pero los expertos ahora temen que Rusia pueda emprender uno de estos ataques contra los aliados de Ucrania.

“Las advertencias de Biden parecen plausibles, particularmente porque Occidente introdujo más sanciones, los hackers continúan uniéndose a la lucha y los aspectos cinéticos de la invasión aparentemente no van según lo planeado”, señala Jen Ellis, de la firma de seguridad cibernética Rapid7.

Estos son los ataques que más temen los expertos.

BlackEnergy: ataque dirigido a infraestructuras cruciales

Ucrania a menudo se describe como el patio de recreo de la piratería informática de Rusia, que ha llevado a cabo ataques allí aparentemente para probar técnicas y herramientas.

En 2015, la red eléctrica de Ucrania se vio interrumpida por un ataque cibernético llamado BlackEnergy, que causó un apagón a corto plazo para 80.000 clientes de una empresa de servicios públicos en el oeste de Ucrania.

Planta de energía en Ucrania

Reuters
La red eléctrica de Ucrania se ha visto afectada anteriormente por ciberataques.

Casi exactamente un año después, otro ataque cibernético conocido como Industroyer dejó sin energía durante aproximadamente una hora a casi una quinta parte de Kiev, la capital de Ucrania,

EE.UU. y la UE nombraron y responsabilizaron de los ataques a hackers militares rusos.

“Rusia podría absolutamente intentar ejecutar un ataque como este contra Occidente como una ilustración de sus capacidades y para enviar una señal”, afirma Marina Krotofil, responsable de seguridad cibernética ucraniana, quien ayudó a investigar los cortes de energía.

“Sin embargo, ningún ataque cibernético contra una red eléctrica ha resultado en una interrupción prolongada del suministro de energía”, precisa.

“Ejecutar ataques cibernéticos en sistemas de ingeniería complejos de manera confiable es extremadamente difícil y lograr un efecto dañino prolongado a veces es imposible debido a las protecciones”.

Expertos como Krotofil plantean la hipótesis de que esto también podría ser contraproducente para Rusia, ya que es muy probable que Occidente también pueda posicionarse en las redes rusas.

NotPetya: destrucción incontrolable

Se cree que NotPetya es el ataque cibernético más costoso de la historia y las autoridades de EE.UU., Reino Unido y la UE han culpado a un grupo de hackers militares rusos.

El software destructivo se ocultó en una actualización de un popular software de contabilidad utilizado en Ucrania, pero se extendió por todo el mundo destruyendo los sistemas informáticos de miles de empresas y causando daños por aproximadamente US$10.000 millones.

Un mes antes se acusó a los piratas informáticos de Corea del Norte de causar una gran interrupción con un ataque similar.

WannaCry

Webroot
Esto es lo que veían las víctimas del WannaCry en sus pantallas.

El criptogusano WannaCry (un tipo de virus) codificaba datos en aproximadamente 300.000 computadoras en 150 países.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido se vio obligado a cancelar un gran número de citas médicas.

“Este tipo de ataques causaría la mayor oportunidad de un caos masivo, inestabilidad económica e incluso pérdida de vidas“, afirma Ellis.

“Puede sonar exagerado, pero la infraestructura crítica a menudo depende de tecnologías conectadas, igual que cualquier otra parte de nuestra vida moderna, y hemos visto el potencial de eso con el impacto de WannaCry en los hospitales de Reino Unido”.

Sin embargo, el profesor Alan Woodward, científico informático de la Universidad de Surrey, dice que tales ataques también conllevan riesgos para Rusia.

“Este tipo de hackeos incontrolables son similares a la guerra biológica en el sentido de que es muy difícil alcanzar infraestructuras específicas en lugares concretos. WannaCry y NotPetya tuvieron víctimas en Rusia también”.

Colonial Pipeline: los ataques cibercriminales se intensifican

En mayo de 2021 se declaró el estado de emergencia en varios estados de EE.UU. después de que un grupo de hackers causara el cierre de un gasoducto vital.

Filas de carros para llenar el depósito el 11 de mayo de 2021 en EE.UU.

Getty Images
El temor a la escasez de gasolina hizo que los estadounidenses acudieran a llenar el depósito en mayo de 2021.

El Colonial Pipeline transporta el 45% del suministro de gasolina y diésel de la costa este de EE.UU. y el ataque desencadenó el pánico en las gasolineras.

El cibertaque no fue obra de hackers del gobierno ruso, sino del grupo de ransomware DarkSide, que se cree tiene su base de operaciones en Rusia.

La empresa del gasoducto admitió haberles pagado a los criminales US$4,4 millones en bitcoin, difíciles de rastrear, a cambio de volver a poner en funcionamiento los sistemas informáticos.

Pocas semanas después, la cadena de suministro de carne fue afectada cuando otro grupo de ransomware de nombre REvil atacó JBS, el mayor procesador de carne de res del mundo.

Uno de los mayores temores que tienen los expertos respecto a las capacidades cibernéticas rusas es que el Kremlin inste a grupos cibercriminales a coordinar ataques contra objetivos estadounidenses para causar la mayor disrupción.

Trabajadores en una planta de procesamiento de JBS en Santana de Parnaiba, Brasil, en diciembre de 2017.

Reuters
La empresa JBS, fundada en Brasil en 1953, es el mayor abastecedor de carne del mundo.

“El beneficio de ordenar a los cibercriminales que ejecuten ataques de ransomware es el caos general que pueden causar. En números lo suficientemente grandes pueden causar daños económicos graves”, dice el profesor Woodward.

“También le añaden la ventaja de poder negar su participación, ya que estos grupos están separados de lo que sería un ataque del Estado ruso”.

¿Cómo puede responder EE.UU.?

En el altamente improbable caso de que un país de la OTAN sea objetivo de un ciberataque que cause pérdidas de vida o un enorme e irreparable daño, esto podría activar el Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva de la Alianza.

Pero los expertos dicen que esto conduciría a la OTAN a una guerra en la que no quiere participar, por lo que es más probable que cualquier respuesta llegue de EE.UU. y sus aliados cercanos.

El presidente Biden ya ha dicho que su país “está preparado para responder” si Rusia lanza un gran ataque contra EE.UU.

Sin embargo, el cibercaos sin precedentes que se vio en Ucrania en las últimas semanas de hackers de ambos lados de la guerra muestra lo fácilmente que puede escalar la situación.

Por lo tanto, cualquier acción será considerada con extremo cuidado.


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